Un nuevo aniversario de la recuperación transitoria de las Islas Malvinas y demás territorios del Atlántico Sur ha pasado y están por cumplirse los 42 años del hundimiento del crucero ARA General Belgrano. Esta vez en un contexto político impensado, con un gobierno encabezado por un Javier Milei que se declara admirador de la criminal de guerra Margaret Thatcher y de otros nefastos personajes del atlantismo anglosajón como Winston Churchill y Ronald Reagan, cuyos objetivos han sido en su tiempo la disminución de la soberanía argentina.
Lo paradójico de este escenario es que llegamos a él por la vía electoral, ante el hartazgo de la mayoría del pueblo argentino frente a una dirigencia política divorciada del bien común y sólo interesada en preservar sus privilegios personales o de facción. Y que, para librarse de la “casta política”, gran parte de nuestra comunidad eligió a un gobierno cuyo programa encarna la entrega total de nuestra soberanía, lo que nos coloca en la disyuntiva histórica de “ser o no ser”, una etapa crucial de nuestro desarrollo en el que somos llamados a decidir qué tipo de nación seremos en lo sucesivo, e incluso si seguiremos siendo una nación.
El alineamiento total del gobierno de Milei con Estados Unidos, Israel y fundamentalmente Gran Bretaña supone la renuncia fáctica de nuestro reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y San Pedro o Georgias del Sur con todo el mar correspondiente, su proyección bioceánica y la porción de la Antártida argentina. Es decir, la cesión gratuita de más de un tercio del territorio nacional.
La ocupación colonial británica en el Atlántico Sur se ha sostenido en la posguerra con la depredación de nuestros recursos ictícolas, a través del otorgamiento de licencias de pesca a terceros países (España, fundamentalmente). Para el futuro cercano los británicos anunciaron el inicio de la explotación petrolera off-shore en la cuenca Sea Lyon (noreste de Malvinas), en alianza con la petrolera israelí Navitas, que compró la mayoría del paquete accionario de la Rockhopper Exploration, empresa que a su vez centralizó las labores de exploración durante las dos últimas décadas.
Además de los miles de millones de dólares que recaudaron Gran Bretaña y sus súbditos isleños con las licencias truchas de pesca, se calcula que tan sólo con el descarte de esas capturas podrían comer pescado seis millones de niños argentinos. Si a ello le sumamos la fuga de capitales por las maniobras vinculadas a la deuda externa, las cuasi inexistentes retenciones por la explotación minera, la evasión fiscal por contrabando de cereales en la red troncal del Río Paraná, la ausencia de tributos por la exacción de tierras raras, etc., podemos comprender por qué seis de cada diez niños argentinos se encuentran bajo la línea de pobreza.
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