Resulta increíble que luego de la sanción de las resoluciones de las Naciones Unidas 1514, 2065 y 37/9 el hecho más relevante de visibilidad de los derechos argentinos sobre Malvinas fuera la exhibición ante miles de millones de personas en el mundo de un trapo blanco con el texto “Las Malvinas son argentinas” por parte de nuestros jugadores que derrotaron en la semifinal del Mundial de fútbol al seleccionado inglés. Tras ese hecho ya no fue necesario ganar el Mundial. Al contrario, ese triunfo hubiese actuado como cortina de humo para enmascarar el hecho popular sobresaliente de haber recuperado la dignidad nacional de defender nuestros derechos territoriales y recordarle al gobierno que la patria no se vende, como ocurriría días después. La gesta de los jugadores de la selección de fútbol también desnudó la lamentable política —con excepciones— llevada por la Cancillería en estos años.
No habrá ya que dar explicaciones de por qué los argentinos, necesitados de alegrías, corramos a juntarnos alrededor del Obelisco, dándoles sentido a muchas interpretaciones simbólicas y culturales que consideran a éste un elemento fálico. Inglaterra perdió en el juego y también en sus falsos argumentos esgrimidos para justificar su invasión y la apropiación de territorios y recursos. También perdió el gobierno argentino que viene desplegando una política de sumisión que será recordada como la que mayor daño ha hecho a la integridad territorial de Malvinas, del continente argentino y de debilitamiento del aparato productivo nacional.
El 2 de enero de 1833, cuando los ingleses invadieron las Malvinas, el teniente coronel de la Armada argentina José María Pinedo, gobernador y comandante en las Islas, evaluó la inferioridad de las fuerzas propias respecto a las inglesas y no ofreció resistencia alguna, arrió la bandera y, dos días después, “se tomó el buque”. ¿Quién recuerda el lamentable rol de Pinedo? Un siglo y medio después, en 1976, cuando se le preguntó en su huida a Montevideo qué pasaba en Buenos Aires, el entonces secretario general de la CGT Casildo Herreras contestó: “Ah, no sé. Yo me borré”. Está claro que traidores siempre los hubo y hoy los hay a montones.
Si nuestros generales, coroneles y soldados por una inferioridad numérica hubiesen seguido el camino de Pinedo, un San Martín derrotado en la batalla de Cancha Rayada en marzo de 1818 no habría ganado días después la de Maipú, en abril del mismo año, dando paso a la independencia de Chile y la posterior libertad de Perú. Artigas no hubiera peleado contra los españoles en Las Piedras ni contra los portugueses-brasileños o contra las fuerzas porteñas y centralistas del Directorio unitario de Buenos Aires. Belgrano no lo hubiese hecho contra las fuerzas realistas con el Ejército del Norte y tampoco el general Martín Miguel de Güemes hubiese frenado con sus gauchos infernales a los ejércitos realistas.
Del mismo modo, el Almirante Guillermo Brown no hubiese combatido en inferioridad de condiciones contra los españoles en Martín García. El Combate del Buceo contra el imperio de Brasil, el Combate de Los Pozos, el de Quilmes y el de Juncal, donde Brown destruyó la escuadra brasileña en el Río Uruguay, tampoco habrían tenido lugar. Por cierto, no se hubiesen homologado nuestros combatientes y caídos en Malvinas a nuestros héroes nacionales de la Independencia si no hubiesen peleado con el coraje y entrega que lo hicieron para defender en Malvinas nuestra bandera y la integridad territorial nacional.
Es probable que si no hubiese existido un fuerte rechazo a los personajes apátridas que niegan y no defienden los derechos argentinos sobre nuestras islas del Atlántico sur (por ejemplo, la embajadora en Londres Mariana Plaza, una diplomática que “propone abandonar el reclamo de Malvinas”) nuestra nación ya hubiese quedado reducida a una colonia, aunque estamos muy cerca de serlo. Entre los personajes nefastos antes mentados hay quienes favorecen con sus políticas y declaraciones —y ya fueron citados aquí muchas veces, entre ellos el propio presidente— la dominación política y económica de nuestros territorios y recursos.
El objetivo es favorecer los intereses de las potencias centrales en Argentina. Aunque todavía se siguen utilizando métodos bélicos para hacerse de territorios y recursos, es con el pretexto del liberalismo y promoviendo el libre mercado como las potencias con gran capacidad económica, tecnológica y comunicacional se apropian hoy de tierras y de la riqueza natural de terceros países que se encuentran endeudados y con sus defensas bajas, produciendo en estos una paulatina y sostenida pérdida de soberanía. El poder imperial aplica aquí la metáfora de la rana hervida y lo hace con la complicidad de un gobierno entregado.
Grandes cambios territoriales ocurrieron en las guerras griegas/helenísticas, en las romanas y en las derivadas de la Primera Guerra Mundial con la creación de nuevos Estados, al igual que las pérdidas de territorio luego de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, hay que recordar las guerras napoleónicas, las guerras de la independencia americana y el fin en América de los imperios coloniales británico, español, portugués, francés y holandés. También la independencia de nuevas repúblicas luego de la disolución de la Unión Soviética y, por cierto, los actuales conflictos de Irán, Israel/Palestina, Ucrania/Rusia, etc.
Sacando los millones de muertos que estas guerras dejaron y dejan, lo cierto es que las nuevas formas de dominación incruentas se están apropiando de los bienes elementales de las naciones, provocando desocupación, pobreza, hambre, sumisión e indignidad en los pueblos bajo pretexto de una hipótesis de bienestar general que nunca llegará. El gobierno argentino, a este efecto, actúa de virrey. Después podremos imaginar si el presidente está o no en su juicio, pero los objetivos extranjeros los cumple.
Los cumple con creces, dicho sea de paso, empezando por el ya referido aquí proyecto del gobierno incluido en la llamada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que otorgaba libertad total a los buques extranjeros para pescar en la Zona Económica Exclusiva argentina y era un proyecto que, de no haber recibido un masivo rechazo, habría llevado a la quiebra a la industria pesquera nacional.
Hasta ser amputado por presión popular, el proyecto de Milei y Sturzenegger para extranjerizar la tierra era idéntico a la propia existencia de extranjeros en Malvinas, ya que proponía ampliar las áreas estratégicas del territorio que pueden enajenarse. Eso es todo lo opuesto a lo que hacen los mismísimos británicos en Malvinas al no permitir allí la radicación e inversión de argentinos. Ese lamentable proyecto, independientemente de aumentar el porcentual posible a extranjerizar, proponía liberar las zonas fronterizas y, además de ello, todas aquellas áreas que tengan recursos acuíferos, petroleros, gasíferos, mineros, pesqueros, etc. Suena literalmente al cuento de la gallina de los huevos de oro. Una entrega total.
Las empresas extranjeras —que las hay con muy buenas y con valiosas intenciones— no vienen a la Argentina a administrar el país, a cuidar su soberanía y a proveer de bienestar a sus ciudadanos. Vienen a llevarse legalmente, porque los gobiernos los autorizan, los recursos o a mejorar los resultados de sus sociedades. Suelen generar empleo y las obras necesarias para extraer y movilizar los recursos. En muchos de los casos, provocan pasivos ambientales e inexorablemente se irán cuando esos recursos se hayan agotado, como lo harían también las empresas argentinas.
Aquí la diferencia es que a ningún gobierno se le ocurriría darles facilidades de todo tipo a las inversiones extranjeras mientras deja desatendidas las empresas nacionales y les impone una carga impositiva altísima, permite la liberación de todas las importaciones en detrimento de la producción local y castiga con altos costos internos de los servicios básicos.
El intento por modificar la ley de tierras 26.737 establecía un nuevo tope porcentual en manos extranjeras llevándolo del 15% al 25% y ello alcanzaba incluso a los topes máximos por provincia o departamentos, eliminando el máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero y la prohibición de compra de tierras que tuviesen lagos, ríos, etc. Esta posibilidad podría incluir también la explotación extranjera de la Zona Económica Exclusiva y de hecho el gobierno ya ha autorizado la explotación de recursos petroleros hasta nuestros días, incluso violando la ley Solanas 26.659. El agua es un recurso esencial que no debe enajenarse.
La modificación de la ley de tierras podría dar lugar a que el Reino Unido se compre incluso por unas libras las Malvinas y las aguas que le dan sustento, poniendo punto final a los reclamos económicos argentinos o, tal vez, adquiera la provincia de Tierra del Fuego realizando el proyecto que iniciara en 1863 el anglicano inglés Thomas Bridges. Y el intermediario podría ser el diputado libertario y vendedor de tierras Joaquín Benegas Lynch. Total, todo es una cuestión de dinero y a los que se endeudan, como diría Milei, “nadie les pone una pistola en la cabeza. Es un acuerdo entre privados”.
Cuando el diputado por Buenos Aires Pedro Medrano propuso modificar el juramento del Acta de Independencia, de modo tal de no limitarse solo a ser “independiente del Rey Fernando VII y sus sucesores” sino “de toda dominación extranjera”, el mensaje estaba implícitamente destinado a la corona británica, la que había pretendido invadir en 1806 y 1807 Buenos Aires, una ciudad que con sus 203 kilómetros cuadrados solo tiene el 1,78% de la superficie de Malvinas, sin contar los 1.639.900 kilómetros cuadrados que ocupan y explotan los británicos en materia pesquera y petrolera. El territorio argentino usurpado por los británicos equivale en tamaño a todas las provincias argentinas salvo Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
Obsérvese que las Provincias Unidas del Río de la Plata firmaron en 1825 con la Corona Británica el Tratado de Perpetua Amistad, Comercio y Navegación, lo que no impidió que pocos años después, en 1833, Gran Bretaña invadiera arteramente el territorio nacional en Malvinas. Pese a ello, hasta la fecha, se mantienen vigentes la Ley 24.184 de protección y promoción de las inversiones británicas y los Acuerdos de Madrid que otorgan privilegios al Reino Unido y limitan nuestra capacidad defensiva.
Por otra parte, el gobierno actual otorgó en marzo de 2024 al cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos la autorización para realizar, “entre otras actividades no detalladas”, tareas de mantenimiento de la red troncal Paraná-Paraguay y del Río de la Plata, cuyo manejo se está concesionando hoy por 30 años a empresas extranjeras. Es llamativa también la intervención del Puerto de Ushuaia con el pretexto de una mala administración de un funcionario provincial, mientras el gobierno nacional discute proyectos de cooperación relativos a la defensa de la región con Estados Unidos y Gran Bretaña. Es algo así como acordar con el zorro el cuidado del gallinero.
Otro capítulo del entreguismo es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en la Ley de Bases Nº. 27.742 para atraer grandes inversiones en sectores estratégicos, especialmente por parte de empresas extranjeras, ofreciendo en una evidente política inequitativa a estas diversos beneficios que no alcanzan a las empresas nacionales. Aquí la afrenta a la soberanía es la aplicación de políticas de Estado que las grandes potencias no aplican y más bien, por el contrario, subsidian sus propias producciones. La Unión Europea, por ejemplo, impone barreras arancelarias diferenciadas al igual que los Estados Unidos.
En este contexto, son elocuentes las declaraciones del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, quien al respecto se dirigió a “todos los tarados que hablan de la industria” el pasado 5 de agosto en la Cámara de Agentes de la Bolsa de Comercio. Los “tarados” somos quienes criticamos el entreguismo en las políticas de Estado del gobierno de Milei.
Para acompañar estas políticas se desmantelan o privatizan las principales empresas u organismos públicos, en especial aquellos relativos al uso del agua, la producción y distribución de energía y las comunicaciones, entre otros. AySA en agua, Enarsa en energía y Transener en centrales térmicas; las represas hidroeléctricas del Comahue, Nucleoeléctrica Argentina, Télam y Radio y Televisión Argentina, incluidas todas estas en listas de privatización o transformación; ARSAT en satélites y telecomunicaciones, Intercargo en servicios aeroportuarios, el Belgrano Cargas, Corredores Viales y Trenes Argentinos, todas sujetas a privatización o concesión. Y finalmente el ramal fluvial Paraná-Paraguay con el 80% del comercio nacional adjudicado en concesión de largo plazo.
Todo eso sin hablar del desfinanciamiento de la universidad pública y otras empresas donde la presión pública impidió la privatización, como YPF y Aerolíneas Argentinas. La del actual gobierno es una clara política de debilitamiento de la soberanía nacional.
La política de Malvinas, la pretensión de extranjerizar la tierra y debilitar la industria nacional son parte de un esquema orquestado internacionalmente y que el gobierno nacional ejecuta sin pudor frente al poderdante siguiendo al pie de la letra, como lo haría un régimen de cualquier país bananero, las nuevas tendencias de las grandes potencias imperialistas de apropiarse de la tierra y los recursos de los países emergentes y endeudados. Y todo lo hace con el fin de desalentar la integración territorial de Argentina.