La “cuestión indígena” se instala pasito a paso en la Argentina

Fenómeno extraño, pues de acuerdo con los datos disponibles, uno de entre tres y cuatro argentinos somos descendientes de pueblos originarios. El componente indígena de nuestra sociedad, además, se encuentra predominantemente asimilado a la comunidad y en su mayoría reside en zonas urbanas. Esto es al menos lo que concluyó un estudio realizado hace nueve años en Brasil, que analizó el genoma de la sociedad argentina y cuyos resultados arrojaron evidencia a favor de la hipótesis del mestizaje como producto de los más de quinientos años desde la llegada del europeo a tierras americanas.

En 2012, el laboratorio de Antropología Biológica de la Universidad Maimónides analizó muestras de sangre de habitantes de todo el país, concluyendo que el genoma argentino está compuesto en un 30% por sangre de indígenas americanos, un 65% por descendientes de nativos europeos y un 5% por descendientes de africanos.

Otro estudio más reciente realizado por investigadores de distintos países y publicado en la revista PloS One Genetics en 2015, llegó a resultados aún más elocuentes: el 90% de la población argentina tiene una composición genética muy distinta de los europeos nativos, evidencia del mestizaje. Dicho en criollo: el pueblo argentino es mestizo. Ni indígena americano ni europeo, sino producto de la asimilación genética entre una etnia y otra a través del tiempo. Entonces vale preguntarse: ¿dónde radica la “cuestión indígena”, por qué se sostiene la existencia de una convivencia conflictiva entre unas comunidades que se autoperciben indígenas y la mayor parte de la sociedad, que no se considera a sí misma ni indígena ni europea, sino sencillamente argentina, en el contexto de una sociedad mestiza, esto es, que posee en su constitución genética elementos indígenas y europeos en igual medida?

De un tiempo a esta parte se han comenzado a multiplicar las manifestaciones reivindicativas de las culturas indígenas, y esto no tiene en sí mismo nada de reprochable. Por el contrario, resulta en expresiones culturales cuyo rescate merece la pena para las nuevas generaciones por el valor histórico que poseen. El problema comienza cuando bajo la pátina de una reivindicación cultural se esconden como resultados la disolución social e incluso la rendición de cuentas a poderes de orígenes inciertos o intenciones espurias.

Los argentinos nos estamos acostumbrando muy de a poco a respaldar acciones que en el mediano o largo plazo terminarán chocando de frente con el interés de las mayorías y sobre todo, con el interés soberano del país. Sucede en la Patagonia con la proliferación de comunidades que por reivindicarse indígenas están empezando a generar conflictos latentes y cada vez más frecuentes entre Estados nacionales, o entre estos últimos y jurisdicciones provinciales, como ya sucedió hace pocas semanas en la provincia de Río Negro con los entredichos entre la gobernadora Arabela Carreras, el presidente de la Nación y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, con motivo de actos vandálicos cometidos por comunidades que se reivindican a sí mismas mapuche.

Sin pretender demonizar a las comunidades, es sin embargo preciso separar la paja del trigo, recoger las demandas que los pueblos originarios plantean al Estado pero sobre todo sostener en todo momento la defensa de la unidad nacional, la unidad territorial y la autoridad efectiva del Estado nacional por encima de las personas y las comunidades.

El conflicto mapuche escala en magnitud y se sostiene en el tiempo sin que a priori se comprenda muy bien a qué intereses responde, quién financia a las agrupaciones ni por qué lo hace, pero no hace falta viajar hasta el sur del país para empezar a ver cómo las comunidades autopercibidas indígenas están comenzando a multiplicarse en el territorio para llevar adelante acciones que resultan de mínima de una legalidad “flexible” cuando no abiertamente ilegales, y de una legitimidad más bien dudosa.

En plena ciudad Evita, partido de La Matanza, en el conurbano bonaerense, el pasado martes 2 de noviembre tuvo lugar un suceso inesperado. Un grupo de personas decidió establecer lo que llaman un “acampe” en un predio considerado yacimiento arqueológico indígena, conocido vulgarmente como “Tres Ombúes”, aunque su nombre legal es Ezeiza III. El lugar se encuentra en la intersección de Ruta 4 y Autopista Ricchieri, a la vera del Río Matanza y cercano al puente 13 del mismo río. Originalmente estaba incluido en el proyecto de la Reserva Natural de Ciudad Evita creada en 2015 (Ordenanza 24247), pero finalmente fue excluido. Allí, según afirma este grupo que se autodenomina indígena, es posible encontrar “vestigios de nuestros antepasados”.

De hecho, el área ha sido declarada Lugar Histórico Municipal por el Municipio de La Matanza (Ordenanza 10146) y Lugar Histórico Nacional (Decreto 1110 del año 1997, firmado durante el gobierno del presidente Carlos Saúl Menem), pues allí tuvo lugar la batalla de Corpus Christi librada el 16 de junio de 1536, cuando indígenas derrotaron a las tropas españolas que actuaban bajo el mando de Diego de Mendoza, hermano del primer fundador de la ciudad de Buenos Aires.

Además, se ha descubierto la existencia en el lugar de un área antiguamente utilizada por la comunidad querandí como cementerio, habiéndose reportado el hallazgo de restos óseos humanos. Desde la década de 1930 del siglo XX, por otra parte, se considera al sitio como un reservorio arqueológico donde investigadores han hallado piezas pertenecientes a las culturas cazadoras recolectoras de la era precolombina, que algunos estudiosos también asimilan a la cultura querandí.

El predio posee también importancia ambiental, pues sus humedales y espejos de agua absorben la humedad proveniente de las zonas urbanas de los alrededores, previniendo las inundaciones en el casco urbano de Ciudad Evita, la que fue diseñada para drenar sus lluvias hacia esa bajante.

Sin embargo, en los últimos años el espacio ha sido foco de conflictos en virtud de la crisis habitacional que aqueja a grandes zonas de la provincia de Buenos Aires. Los terrenos, propiedad de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se encontraron por décadas en manos de una persona que tenía un contrato de guarda con el Estado. Cuando esta falleció, su familia loteó y vendió las parcelas para construir viviendas, pese a que el Estado nacional solicitó el desalojo.

En la actualidad están en curso dos procesos legales, uno de parte del Estado hacia esa familia y el otro en el sentido contrario, dado que los herederos del acreedor del contrato de guarda afirman ser legítimos dueños de los terrenos bajo la figura jurídica de usucapión, es decir, en función del tiempo que hace que ese inmueble se encuentra bajo el dominio de los demandantes.

Ese es el estado de cosas en Tres Ombúes. Allí viven cientos de familias, muchas de ellas rayanas en la indigencia, que han adquirido sus terrenos mediante estos negocios particulares entre la familia que se adjudica la propiedad y han construido sus viviendas allí. En ese contexto, ¿qué rol juegan las comunidades originarias?

En el año 2018 se produjo en el predio un intento de toma de las tierras por parte de vecinos de las zonas aledañas. Eran en su mayoría familias inmigrantes y miembros de agrupaciones sociales sin acceso a viviendas. En ese contexto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires a cargo de María Eugenia Vidal ordenó una represión que terminó con un dirigente social fallecido, miembro de la Organización Libres del Pueblo.

En ese momento, el diario Clarín publicó que la muerte se había producido por una herida de arma blanca en medio de un presunto enfrentamiento entre vecinos por la ocupación del predio. El procurador general bonaerense Julio Conte Grand, no obstante, lo desmintió al día siguiente: “La autopsia preliminar determina el ingreso de un proyectil de arma de fuego por la zona del omóplato de la espalda y orificio de salida en la zona facial a la altura de la nariz, luego de penetrar el maxilar y la zona dentaria”. La muerte se produjo por una bala policial. El militante, de apellido Orellana, fue rematado de un tiro a corta distancia cuando se encontraba en el suelo, donde había caído en medio de un tumulto durante la represión.

Pero lo cierto es que este punto caliente de conflictos derivados de la crisis habitacional en el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires poca relación guarda (o ha guardado históricamente) con la “cuestión indígena”.

Los acontecimientos de noviembre de este mes resultaron sorpresivos porque si bien el área es reconocida como un yacimiento arqueológico que por preservar vestigios de un cementerio precolombino es considerado como un lugar sagrado por las comunidades originarias, el conflicto habitacional no atañe únicamente a esas comunidades, sino a todos los vecinos de la zona que desde hace años vienen reclamando poder construir sus casas en parcelas que en muchos casos pagaron, pues han sido víctimas de reiteradas estafas y de las idas y venidas entre la superposición de figuras jurídicas que se revolean de un lado a otro los presuntos propietarios mientras los vecinos de Villa Celina esperan por su tierra.

La irrupción de miembros de la comunidad “Tres Ombúes”, —que se describen a sí mismos como “hermanxs” pertenecientes a los pueblos diaguita, kolla, quechua, guaraní, mapuche, qom y otras etnias— viene a agregar más leña a un conflicto ya candente, que no se comprende bien del todo.

El pasado 2 de noviembre esta comunidad plantó bandera allí —la whipala— y desde entonces permanece sosteniendo lo que considera un “acampe” que debería derivar según sus planes, en la “recuperación” del territorio para las comunidades, en virtud de presuntos “derechos ancestrales” que estas ostentarían. Así, se abre un nuevo capítulo en el conflicto, que ya lleva años y que en definitiva aún no ha alcanzado soluciones concretas a los habitantes del partido de La Matanza que no tienen dónde vivir a pesar de haber pagado de buena fe por sus terrenos. Muchos han logrado regularizar su situación, demostrando haber pagado por sus parcelas, pero muchos otros siguen en litigio o directamente recurren a la ocupación como respuesta a su propia desesperación y a la desidia imperante.

Es una trama compleja en la que se entrecruzan las responsabilidades del Estado nacional, provincial y municipal a la de los herederos del adjudicatario del contrato de cesión del predio. Pero allí no acaba la cosa: ahora se suma también un reclamo indígena que no termina sino arengando la lucha de pobres contra pobres en una historia de nunca acabar.

El día 5 de noviembre, por ejemplo, a inicios del tercer día de acampe, la comunidad emitió un comunicado en el que describía: “‘Tenía que pasar’, la tensión con los vecinos de la zona se hizo notar, además de la desprotección y se teme por la integridad física de los miembros de la comunidad. Durante la noche y madrugada desmontaron parte del territorio para expandir un nuevo lote, sin importar la presencia de la comunidad que se encuentra acampando por la recuperación territorial. La ‘tregua’ consensuada el día anterior, entre los vecinos, voceros y miembros de la comunidad no fue respetada”.

En los sucesivos días esta clase de manifestaciones se repiten: los vecinos de la zona desean avanzar con tareas de construcción y surgen los conflictos, lo que da cuenta de la falta de acuerdos entre un sector y otro. Y entonces surge la pregunta: ¿por qué de un momento a otro este grupo decide unilateralmente “recuperar” para sí un predio que claramente está en pugna entre varias partes, exaltando la discordia con los sectores más vulnerables de la cadena, que son los vecinos? Todo apunta a sospechar que existe algún elemento en la trama que nos escapa.

Sin embargo, resulta llamativo que una comunidad tan heterogénea se arrogue para sí la propiedad en tanto que “descendientes” de los antiguos habitantes, aquellos pueblos cazadores-recolectores y los querandíes que ocupaban la zona pantanosa de la ribera del actual río Matanza. La propia comunidad informa estar constituida por diaguitas, kollas, quechuas, guaraníes, mapuches y qom. Ninguno afirma descender de los querandíes ancestrales que habitaron la zona.

O sea, son migrantes del norte y del sur del país de donde son originarios esos pueblos (aunque se podría incluso afirmar, hilando fino, que los mapuches y los quechuas pueden bien haber nacido en Chile o en Bolivia, por ejemplo). ¿Por qué los asistiría a estos grupos un derecho superior al acceso a las tierras del yacimiento arqueológico querandí que a cualesquiera otros habitantes del territorio nacional? Algo no termina de cuadrar en este esquema.

Y es preciso hacer la salvedad de que aquí nadie está afirmando que no sea legítimo el reclamo sobre el patrimonio arqueológico nacional, lo que no se termina de comprender es cuáles son las motivaciones que persiguen estos elementos para plantar batalla no solo contra las autoridades que se hicieron cargo del espacio administrándolo de manera de mínima deficiente sino, y sobre todo, contra los vecinos del área que poseen en su inmensa mayoría tantas dificultades para acceder a la tierra como pueden tenerlas las comunidades originarias y no en virtud de su condición de indígenas sino, en específico, por ser pobres.

Inmigrantes de países limítrofes o nacidos en la villa, crecidos en la marginalidad y alimentados con el esfuerzo de mujeres que sostienen comedores comunitarios: buscas, así son los vecinos de Villa Celina que ansían un lote en Tres Ombúes, aún a sabiendas de que la zona es inundable, la tierra es porosa y se necesitan sucesivos rellenos para poder construir en algunas áreas cercanas al río.

Como se ve, la cuestión indígena es apenas tema de mención en un país en el que al menos cuatro millones de personas viven en asentamientos y villas miseria, a menudo en zonas declaradas como insalubres e inhabitables. La cobertura mediática de la “recuperación del territorio ancestral” poco hincapié hace hoy en los conflictos que el yacimiento Ezeiza III arrastra desde antaño, aun de parte de medios que hace tres años pasaban revista de la existencia del lugar para echar la responsabilidad a la entonces gobernadora —y con toda la razón del mundo, por supuesto— por la muerte a manos de la policía de un dirigente social a quien habían prometido, según el testimonio de su esposa, lotear y vender el predio para construir allí su hogar.

Se llamaba Ronald y era padre de cinco hijos.

No era indígena, solo era pobre. Y víctima junto a otros millones de un déficit habitacional endémico al área metropolitana de la capital, donde había nacido, crecido y militaba. Allí, en La Matanza, como en tantos otros distritos del Conurbano, no hace falta autopercibirse indígena para estar desposeído, somos los mestizos de a pie quienes día a día luchamos por un espacio donde se nos permita asentarnos y progresar.

En ese contexto de limitaciones y marginalidad, a menudo uno tiende a preguntarse dónde empiezan los derechos de unos, por muy “ancestrales” que sean y comienzan los derechos de otros… De aquellos que a menudo no parecieran del todo tener derechos.

Dijo George Orwell, con capacidad de síntesis pero con la fuerza de una sentencia a muerte: todos los animales de la granja son iguales, pero algunos son más iguales que otros.