Un enigma llamado FMI

La Argentina se encuentra una vez más en la encrucijada de una historia cíclica: debe acordar con sus acreedores el pago de una deuda externa que no posee la capacidad material de enfrentar y decidir en el camino qué rumbo económico va a implicar este condicionamiento externo. En ese contexto, se sabe inminente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que el país entabló un compromiso por cincuenta y siete mil millones de dólares, aunque esa cifra finalmente no llegó a ser desembolsada por completo, alcanzando los depósitos de hecho los cuarenta y cuatro mil millones en moneda extranjera.

En ese estado de situación, el gobierno de Alberto Fernández sugiere una quita en los intereses o el capital del crédito concedido o un alargamiento de los plazos y fechas de pago, so argumento de que el préstamo en cuestión habría sido otorgado por el organismo para financiar la campaña política de la alianza Juntos por el Cambio en el año 2019. Una de las banderas que el Frente de Todos levantó a lo largo de esa campaña, justamente, fue la necesidad de investigar el origen de la deuda externa, el destino de los fondos otorgados y la legalidad de un crédito que el FMI concedió a contramano de sus propios estatutos, de un volumen inédito y a un país que no demostraba capacidad de pago.

Pero independientemente del discurso quisquilloso del oficialismo que habla de la “gula” del FMI, lo cierto es que difícilmente el Fondo vaya a admitir la supuesta ilegalidad del préstamo, por lo que se sabe que hay que pagar, que el tiempo apremia y que las cláusulas del acuerdo se habrán de anunciar previsiblemente entre el fin del corriente año e inicios de 2022, aunque también es posible que se extienda a lo largo del mes de enero.

En ese clima de expectativa, a comienzos del mes de diciembre el periodista del Diario La Nación y del canal televisivo homónimo Carlos Pagni hizo un extenso comentario en el que esbozaba la posibilidad de que el acuerdo de parte del Estado argentino con el Fondo Monetario Internacional implique más que el “simple” sometimiento de la economía del país a la égida de ese organismo a través de la imposición de un programa económico de ajuste tendiente supuestamente a la reducción del déficit fiscal y el achicamiento del gasto público para el pago de los intereses y el capital adeudados, sino que directamente pueda exigir del Estado argentino un alineamiento geopolítico del país dentro de la órbita de los Estados Unidos en el marco de la guerra económica que esta potencia sostiene con Oriente y en específico con la República Popular China y la Federación Rusa.

En ese editorial, Pagni planteaba que ya se sabe que los términos del acuerdo van a implicar un ajuste fiscal y que obligarán al gobierno a definir por primera vez su orientación económica abandonando la ambigüedad que lo caracterizó a lo largo de los dos primeros años de su mandato. La definición de un programa económico sería la condición sine qua non de un acuerdo que permita al país hacer frente a los compromisos establecidos con el organismo multilateral de crédito, pero también lo sería la toma de posición del gobierno argentino respecto de los bloques de poder que incluyen a las principales potencias miembros del propio Fondo: los Estados Unidos y China.

En ese sentido, el editorialista remarcaba como una señal la invitación por parte del presidente norteamericano Joseph Biden a la Argentina para participar de la llamada “cumbre por la democracia” convocada por el gobierno de los Estados Unidos, a realizarse los pasados días 9 y 10 de diciembre, y de la que naturalmente fueron excluidas Rusia y China, entre otros países a los que el gigante del norte ha considerado históricamente como autocracias.

No obstante, el propio Pagni hacía mención de un intento de la Argentina por acercarse a China con el propósito de obtener financiamiento del Estado por fuera del Fondo, aunque la respuesta del país asiático haya sido de una tajante negativa en tanto y en cuanto no exista un acuerdo firme de pago al FMI. Las concesiones, según Pagni, que el gobierno estaba a favor de ceder a China incluían una serie de acuerdos nucleares. Pero el país asiático, a la sazón hoy uno de los principales jugadores dentro del Fondo Monetario Internacional, antepuso la negociación con este último como condición para acordar todo plan de financiamiento del Estado con la Argentina.

Pero eso no es todo: a contrapelo del planteo del Diario La Nación a lo largo de las primeras semanas del mes de diciembre y ya desde finales de noviembre ha sido posible observar otras señales que podrían orientar al analista a suponer un derrotero opuesto al alineamiento que está vaticinando Carlos Pagni de una Argentina entregándose en bandeja de plata a Washington. Una de ellas ha sido el presunto acercamiento a Rusia en lo atinente a cuestiones relacionadas con la defensa, tales como la compra de cazas rusos para la Fuerza Aérea o los programas de entrenamiento militar en ese país.

De hecho, durante la primera semana de diciembre una comitiva diplomática argentina viajó a Rusia para una reunión entre el viceministro de Defensa ruso Alexandr Fomin y el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa argentino Francisco Cafiero durante la que, según fuentes oficiales, “se discutieron temas de actualidad de la cooperación militar y técnico-militar ruso-argentina y se esbozaron nuevos pasos para su desarrollo”. A partir de esa visita, ambas naciones firmaron un contrato para la admisión de militares argentinos en los centros de formación militar del Ministerio ruso, declarando que “las conversaciones se desarrollaron en un ambiente amistoso y confirmando la intención mutua de seguir construyendo una cooperación integral entre los departamentos de Defensa”.

Ya desde el mes de agosto, pero también en agenda en esa visita oficial, representantes de la Fuerza Aérea argentina vienen estudiando presupuestos para la adquisición por el Estado argentino de una serie de aviones de caza MIG-35 destinados a engrosar la flota de la Fuerza Aérea del país en materia de defensa de las fronteras. De hecho, el propio secretario de Asuntos Internacionales Francisco Cafiero se reunió con autoridades de Rosonboronexport, el fabricante ruso de esos aviones.

Del mismo modo resultó llamativa la negativa de parte del canciller argentino Santiago Cafiero a sumarse al boicot a los Juegos Olímpicos de invierno a realizarse en Beijing, China, en febrero del próximo año 2022. Este ha sido propiciado por los Estados Unidos y cuenta con el respaldo de países como el Reino Unido de Gran Bretaña, Canadá y Australia, todos ellos denunciantes de presuntas violaciones de los derechos humanos en el gigante asiático. La medida recuerda a los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, cuando el bloque occidental boicoteó la competencia realizada en esa ocasión en la Unión Soviética, por aquel entonces bajo la acusación de la violación del derecho internacional luego de la invasión soviética a Afganistán. El clima internacional, por lo tanto, remite vagamente al contexto de la Guerra Fría y es en esa pulseada que el gobierno argentino deberá tomar posición.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo pronto, ratificó su apoyo a Beijing, expresando que “desde su anuncio, la Argentina fue uno de los primeros países en apoyar a China en la realización de los Juegos Olímpicos de invierno en su capital y alrededores, que coincidirá con el 50º. aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales”.

En este complejo contexto internacional, entonces, lo único que se puede saber es que no sabemos nada. Los términos del acuerdo con el FMI seguramente van a implicar una serie de metas fiscales —eufemismo para ajuste fiscal con reducción del gasto público— que el gobierno argentino deberá firmar y el Estado cumplir en el tiempo, en virtud de la fragilidad de su capacidad para negociar de igual a igual. No obstante, para conocer los términos geopolíticos que el gobierno de Alberto Fernández acordó, si los hubiere, habrá que verlo caminar. Pues de la maraña de informaciones cruzadas, mensajes velados y ambigüedades no se desprenden aún conclusiones terminantes.

Si el gobierno está pensando recostarse en los favores de las potencias orientales como parecería desprenderse del coqueteo con la Federación Rusa en materia de defensa o de las iniciativas nucleares con China, ¿por qué uno de los principales editorialistas del medio más prestigioso de representación de los intereses de las clases dominantes en el país como lo es el Diario La Nación sugiere un corrimiento hacia la égida norteamericana? De acuerdo con la lógica lineal de la “grieta”, el Diario La Nación será opositor a un gobierno “peronista” y a su vez lo será también a las potencias orientales, por lo que no se comprende por qué un operador vendería pescado podrido a su audiencia sugiriendo un acercamiento con la potencia mejor vista a sus ojos, en este caso, los Estados Unidos.

Y en el sentido opuesto, si el gobierno está paulatinamente acercándose al área de influencia de los Estados Unidos, ¿por qué brinda estas señales de amistad hacia China y Rusia, en muchos casos recogidas con beneplácito por los medios afines y los funcionarios del kirchnerismo? ¿Acaso será un intento por congraciarse precisamente con el electorado kirchnerista que aún es mayoritario al interior del Frente de Todos y que siempre desde el punto de vista ideológico vio con mejores ojos a los líderes del antiguo bloque comunista que al imperialismo yanqui?

O bien alguien no dice la verdad o bien está dando señales de interpretación ambivalente para despistar o bien existe al interior del gobierno una disputa interna respecto del pago no de las cláusulas del acuerdo sino de los costos políticos que ese acuerdo va a implicar. Las manifestaciones públicas de personajes de primer orden al interior del oficialismo como la vicepresidenta Cristina Fernández refiriéndose a la necesidad de volcarse a las calles para “defender los derechos propios, los de los hijos o la patria” o las del presidente del bloque de diputados del Frente de Todos Máximo Kirchner denunciando la “actitud golosa” del Fondo Monetario podrían ser la punta del ovillo del que habrá que tirar para descubrir qué monstruo se esconde en el laberinto.

En definitiva, no se conocen con pelos y señales los términos del acuerdo, pero por primera vez desde que Mauricio Macri le abrió las puertas al Fondo Monetario Internacional se está hablando tímidamente acerca de la posibilidad de que en el camino el país no solamente comprometa su independencia económica a través de la imposición por parte de un agente foráneo y supranacional de un programa económico de ajuste, lesivo para los intereses del pueblo-nación argentino. Por primera vez nos encontramos frente a frente con la posibilidad cercana de que el país comprometa su soberanía política y de que el Fondo no se haya instalado en nuestro país para cobrar el préstamo otorgado tal como la mayoría imaginaba, sino directamente para gobernar.

Ya sea que nuestro país resuelva un alineamiento estratégico con los Estados Unidos como afirma Carlos Pagni o que vaya a escudarse en los favores de Rusia y China como el gobierno pareciera hacer querer ver, si en busca de un acuerdo favorable la Argentina compromete su soberanía nacional, la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional podría rubricar también un nuevo y definitivo estatuto legal del coloniaje. Sería, en los términos de Arturo Jauretche, cambiar de collar cuando en realidad de lo que se trata es de dejar de ser perros.

La salida a ese laberinto existe, aunque no pareciera estar en la agenda del Ministerio de Economía, cuya máxima autoridad es un tecnócrata de las finanzas que más parecería estar interesado en otorgar al Fondo lo que el Fondo pida que en asegurar para el país un acuerdo sustentable en el tiempo que no comprometa ni la independencia económica ni la soberanía política de la Argentina. Entre someter a millones de argentinos a un ajuste fiscal que va a tender a una caída de la recaudación del Estado y como profecía autocumplida a un proceso de recesión que obligará a más ajuste y más déficit y negociar con los dueños de la tierra, un gobierno que defendiera las banderas del justicialismo no de palabra sino en los hechos no debería tener demasiados problemas para escoger. Pero esa ya es harina de otro costal.