Entre el enemigo ausente y el interno

A pesar de las experiencias pasadas, ciertos sectores políticos de Argentina se rehúsan a abandonar la búsqueda de enemigos internos para los cuales es necesaria la utilización de las fuerzas armadas. Desde hace algún tiempo fenómenos tales como los “mapuches” en la Patagonia y el narcotráfico en Rosario han sido ejes de discusiones que alimentan la angustia social, donde se oyen voces que apelan a un viejo discurso que busca transformar a las fuerzas armadas en un especie poco acabada de Guardia Nacional.

Ante el deterioro notable del instrumento militar, el rol de las fuerzas armadas ha estado en constante debate de forma cíclica en la esfera pública desde hace décadas. Más allá de las noticias escandalosas de hechos criminales, una gran parte del arco político actual cree que las fuerzas armadas podrían ser bien aplicadas en seguridad interior.

Las comparaciones con otros países son inevitables. El fervor por la respuesta militar a la seguridad interna encontró un norte muy peculiar ante la campaña mediática internacional del presidente salvadoreño Nayib Bukele, que no solamente puso en funcionamiento una mega prisión, sino que dotó a las fuerzas nacionales de El Salvador de un gran poder para perseguir y aprehender a las maras, la organización criminal más importante de su país.

Es indudable que Argentina sufre diversos flagelos socioeconómicos que se traducen en una amplia variedad de situaciones que afectan y perjudican a las familias, trabajadores y ciudadanos honestos que buscan vivir en tranquilidad. Ahora bien, la utilización del instrumento militar ante la existencia de organizaciones que afectan el orden público interno no solamente responde a una mirada miope de la realidad, sino que colabora con la existente destrucción del aparato de defensa nacional; en definitiva, al debilitamiento geopolítico argentino.

Como punto de partida es importante distinguir entre fuerzas armadas (FFAA) y fuerzas de seguridad (FFSS). Las FFAA son el instrumento militar propiamente dicho, esa es la organización encargada de la defensa del territorio y de la soberanía de un país. En cambio, las FFSS son el cuerpo policial encargado del mantenimiento del orden público interno de un país. Es decir, las FFAA velan principalmente contra agresiones externas y las FFSS están a cargo del poder de policía en el cumplimiento de la ley a nivel interno. En Argentina se observa dicha distinción de forma legal con la Ley de Defensa Nacional (23.554) y la Ley de Seguridad Interior (24.059).

Muchos dirán que hoy en día existen amenazas que no distinguen diferencias tan taxativas. Claro que no. Sin duda, existen múltiples cuestiones que es necesario abordar y debatir, pero como señalaremos más adelante las principales problemáticas del sistema de defensa nacional son políticas y económicas, mal utilizarlas es nocivo y peligroso. Desde hace años, un cuerpo académico-político impulsado por los países centrales de Occidente se ha preocupado en impulsar la agenda internacional de las llamadas “nuevas amenazas” (narcotráfico, terrorismo, etc.). Es necesario ser cuidadoso, porque si bien estas amenazas existen, lo que es preciso debatir es la forma en la que se abordan como problemática nacional e internacional.

De forma resumida y de acuerdo con las leyes vigentes en Argentina la misión prioritaria de las fuerzas armadas es la defensa nacional ante agresiones externas de origen estatal. Existen también lo que se denominan misiones secundarias entre las cuales se ubican las tareas de apoyo a la comunidad, defensa civil, participación en misiones de paz y/o de cooperación para evitar situaciones de conflicto.

En general, se ha volcado especial atención pública a las misiones secundarias, cuando participan en misiones de paz o colaboran de distintas formas ante situaciones de desastres. Por ejemplo, durante la pandemia del Covid-19, la Fuerza Aérea colaboró logísticamente con el transporte de vacunas y el Ejército cuando preparó comida, viandas o instaló carpas o infraestructura para asistencia de salud o vacunación. Todo en el marco de la Operación General Manuel Belgrano que tenía por finalidad contener y mitigar los efectos de la pandemia. Las FFAA no fueron utilizadas como mecanismo represivo: eso le correspondió a cada provincia.

Ahora bien, en lo que respecta a la seguridad interior es importante destacar una cuestión fundamental del sistema argentino. A diferencia de muchos países que se toman como referencia, Argentina es un país federal y eso significa que existen distintos niveles de gobierno electos por ciudadanos en sus respectivas jurisdicciones que tienen responsabilidades, principalmente la seguridad. Es decir, cada provincia tiene su propio cuerpo policial.

Suele ocurrir que ante la falta de seguridad en un territorio determinado, sea la Ciudad de Buenos Aires o la provincia de Rio Negro, por ejemplo, se le asigne cierta responsabilidad al gobierno nacional, cuando en realidad corresponde a quien posee jurisdicción. Lógicamente, la realidad no es tan tajante. Así como existen espacios en cada provincia que corresponden a la Nación, también existen crímenes que son federales y deben responder las fuerzas nacionales. Estos solapamientos jurisdiccionales son generalmente donde ocurren los cortocircuitos políticos.

La observación es importante ya que, muchas veces, se utilizan ejemplos como Chile o El Salvador sin considerar que son países unitarios donde la capacidad de acción de la Nación sobre cualquier parte del territorio es mucho mayor. En Argentina la gestión de la seguridad pública en el territorio de las provincias corresponde a los gobiernos electos de cada una de ellas. Sin embargo, existen dos vías institucionales por las cuales las fuerzas armadas podrían hipotéticamente actuar como poder de policía en defensa del orden público: Una situación de emergencia que obligue al poder ejecutivo a declarar estado de sitio o una intervención federal a una provincia que amerite la participación de las fuerzas armadas.

Aun así, vale la pena insistir en un punto: existen FFSS nacionales, existen FFSS subnacionales y existen las FFAA. Las FFSS nacionales son la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval. ¿Por qué, más allá de las rispideces e incapacidades que tengan las provincias y la nación, se insiste tanto en utilizar las FFAA en seguridad interior si ya existen FFSS nacionales?

El “consenso básico” que se construyó a la caída del gobierno militar de 1976-1983 consistió en definir los límites y los alcances de las fuerzas armadas, no solamente en la democracia argentina, sino en el nuevo escenario geopolítico internacional de posguerra fría. La cuestión clave fue alejar de la seguridad interior a las fuerzas armadas y definir claramente su rol frente a agresiones externas de origen estatal.

¿Qué agresiones externas? ¿Qué estados? Estas son las preguntas que surgen naturalmente. Desde 1983 hasta la fecha se ha hecho una gran variedad de esfuerzos políticos internacionales que develan que el sistema de defensa argentina se sustenta en tres pilares: defensiva, cooperativa y por capacidades. En pocas palabras, solo se actúa se si somos atacados, se prioriza la cooperación internacional con todos los actores y se planifica por capacidades (no por hipótesis de conflicto). Es decir, no tenemos enemigos ni los buscamos. Cualquier disputa territorial existente se resuelve a través de la vía diplomática, el derecho internacional y los foros institucionales vigentes.

En este sentido, la misión prioritaria de las fuerzas armadas queda sumergida en una suerte de contradicción que explica en gran medida su propia decadencia. El problema político que muchos no han sabido abordar sobre la defensa nacional es qué hacer con las FFAA. Si no buscamos enemigos, no los tenemos ni los deseamos y todas nuestras disputas las resolvemos por medio de las organizaciones internacionales, ¿para qué queremos FFAA? Esto explica en gran medida la tendencia histórica de pérdida de relevancia, presupuesto y estatus de las FFAA. Es por ello que no resultan extraños los planteos de quienes promueven la eliminación de la institución castrense tal como ocurrió en Costa Rica o Panamá.

Subyacentemente todo lo relacionado con lo militar también genera desconfianza. Existe una mirada muy asentada producto de años de acervo cultural y político del militar como el potencial enemigo interno. Dotar materialmente al cuerpo nacional que puede atentar contra el equilibrio institucional ha sido una de las grandes contradicciones políticas democráticas desde 1983 hasta la fecha. Esta percepción se complementa con la “zona de paz” regional, la que supone que cualquier intento de promover el crecimiento del instrumento militar puede ser entendida como una política de rearme nacional generando descontento con nuestros vecinos.

La búsqueda del enemigo interno en el narcotráfico u otras organizaciones criminales funciona también como una “salida”. Si la misión principal de las fuerzas armadas queda socavada ante una visión estratégica del mundo que supone un multilateralismo optimista, lo que termina por ocurrir es que las funciones secundarias adquieren mayor relevancia. El recurso del militar como instrumento policial es tentador al imaginario punitivo de meter tanques en las villas. La operación mediática es bastante sencilla: existen pequeños grupos organizados que atentan contra la soberanía nacional, solamente las fuerzas armadas tienen el poder de fuego para destruirlos.

Dentro de esta lógica, dotar de mayores atributos institucionales a las FFAA para que cumplan un rol más activo en la seguridad pública complementando/compitiendo con la labor de las FFSS es una manera de convertir la misión secundaria en la primaria resolviendo la contradicción política. Es la salida fácil, la políticamente correcta. No hay que confundir, políticamente incorrecto es hablar de poder y proyección de poder nacional.

Tanto la visión del enemigo ausente —que ve al militar como potencial enemigo interno— como la del enemigo interno, que prioriza el conjunto de “nuevas amenazas”, han sido el eje del movimiento pendular político en materia de defensa de las últimas décadas. Los sectores que reivindican la misión principal de las FFAA lo hacen a través de una visión multilateralista-cooperativista “pacifista” que termina por degradar a la institución. Los que defienden la idea del enemigo interno lo hacen a través de una visión según la cual las principales amenazas de Argentina tampoco son enemigos externos sino una serie de nuevas amenazas internas que requieren imposición de la violencia a gran escala por medio las FFAA como instrumento civilizatorio.

El eje de la discusión política circula alrededor de la idea de la excepcionalidad. Si bien las fuerzas armadas operan de forma excepcional colaborando con operaciones de paz o apoyo a la comunidad, la realidad es que han sido sus principales funciones desde el fin de la Guerra de Malvinas. Lo que muchos no quieren admitir, es que, a pesar de defender la postura del instrumento militar como defensor de la soberanía nacional, la respuesta política ha sido la degradación tanto institucional como material.

La “salida” política ante la falta de voluntad decisoria de reivindicar económica y políticamente a las fuerzas armadas es utilizar la excepcionalidad como herramienta política. De allí surgen los discursos que buscan excepciones continuas bajo el rótulo de “nuevas amenazas”, con el fin de reconvertir a una vieja doctrina y aggiornarla a los fenómenos contemporáneos reproduciendo así un esquema de perjuicio geopolítico nacional.

Los problemas de inseguridad en Argentina son reales y se deben a una gran variedad de fenómenos estructurales. El involucramiento de las FFAA en temas de seguridad interior no es la solución, es una maniobra (geo)política. En primer lugar, la inseguridad siempre ha sido un importante eje de campaña. Alimentar los monstruos y hacer ver la incapacidad gubernamental actual permite también promover las posiciones de “mano dura” y punitivistas en una especie de tribunerismo político. Existe suficiente evidencia que demuestra que el involucramiento de las FFAA en la lucha contra el narcotráfico o cualquier fenómeno de dicha índole ha sido un fracaso. El ejemplo de ello es México.

En segundo lugar, lo que se observa es el típico cortocircuito que se produce porque la mayoría de las tareas de seguridad les corresponden, en realidad, a las provincias, considerando que Argentina es un país federal. Cuando se forman mafias y comienza a aumentar la corrupción, la raíz de los problemas cala más profundo involucrando a actores políticos, sociales y “policiales”. La cuestión es que la corrupción no se combate con tanques y aviones en barrios humildes, se necesitan otras herramientas más complejas. La disputa recae en una disputa discursiva: ¿Son amenazas que atentan contra los intereses vitales de la nación?

En tercer lugar, a diferencia de las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas son mano de obra más barata. Existe hoy una discrepancia salarial muy grande que se observa en un fenómeno securitizatorio interesante: mientras las FFSS crecen material y económicamente, las FFAA han ido perdiendo capacidades, personal y salario. Argentina le da más importancia a la seguridad interna que a su defensa nacional y esta aparente obviedad es algo que nos aleja del pensamiento de las potencias emergentes. Los países más poderosos invierten más en defensa que en seguridad interior.

En cuarto lugar, siendo víctimas de “lo políticamente correcto”, dotar material y económicamente a las fuerzas armadas ha sido un temor político de ser acusados de incentivar “carreras armamentísticas”. Es así como muchos países en vez de usar conceptos de rearme (para evitar rispideces con sus vecinos u otros países) han usado eufemismos tales como “modernización”. Argentina no ha hecho ni una cosa ni la otra porque armar a los militares es un potencial peligro para la nación (el otro enemigo interno).

Finalmente, la reivindicación de las misiones secundarias o involucrar a las FFAA directamente en el combate contra enemigos internos ha sido un grave error y lo sigue siendo. Más aun, es convertir al instrumento de poder nacional en una herramienta de control social interno. Esto también ha sido parte de una maniobra histórica de los “think tanks” anglosajones: convertir a las fuerzas armadas argentinas en brazo de la política exterior al servicio de potencias extranjeras.

El paradigma contemporáneo yace en un movimiento pendular controlado donde los márgenes han demarcado el sendero por el cual parece una alternativa viable volver a utilizar a las fuerzas armadas en un revival del Plan CONINTES. Las alternativas políticas de la defensa nacional yacen contenidas en un paradigma discursivo que se plantea cerrado entre dos posibilidades sin salida más que la decadencia. Es decir, la contención del instrumento militar —y el poder nacional argentino— quedó atrapado entre posturas que aparentan ser las únicas alternativas viables. Lo que se ignora es lo más evidente.