Bufones, bravucones e improvisados

A partir de los lamentables hechos ocurridos en Rosario, los que fueron muy notorios al quedar involucrada en calidad de víctima la familia de Antonela Rocuzzo, esposa del campeón mundial Lionel Messi, tuvo lugar una serie de declaraciones públicas desafortunadas por parte de dirigentes políticos que se asemejan a comentaristas de la realidad. Un show de horrores, un circo lamentable en el que quedaron expuestas la improvisación, la muy poca seriedad y la bravuconería de personajes que no saben cómo resolverle al pueblo argentino el problema de la inseguridad y además pretenden sacar rédito político de la situación proponiendo en algunos casos soluciones mágicas irrealizables, delirantes y hasta contrarias a la ley.

El flagelo de la inseguridad es una cosa complejísima y mucho más cuando existe el concurso del crimen organizado, esto es, de bandas delictivas que se dedican a millonarios negocios ilícitos y que por lo tanto tienen un nivel de organización interna al que se hace muy complicado desbaratar. No es lo mismo la prevención cotidiana del delito común que el control de las mafias que operan en un determinado territorio puesto que estas, las mafias, tienen recursos extraordinarios en materia de armamento, personal e inteligencia para llevar a cabo sus actividades ilegales. La inseguridad allí donde existe el crimen organizado no se resuelve improvisando y mucho menos con explosivas declaraciones mediáticas absolutamente vacías de contenido real. Se resuelve con estrategia a mediano y largo plazo, recursos y voluntad política con dirigentes preparados para hacer el trabajo.

No es el caso de la mayoría de los dirigentes políticos hoy ubicados tanto en el oficialismo como en la oposición. Desde los ministros de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández y de la provincia Sergio Berni, pasando por una extitular reciente de la cartera como Sabina Frederic hasta otra exministra con mucho talento para la puesta en escena como Patricia Bullrich, no hubo prácticamente un dirigente que no haya propuesto en estos días alguna “solución” para el problema de la seguridad que no es solución en absoluto. Hablan de militarizar las calles, de copiar fórmulas que en otras partes fracasaron o causaron indeseables efectos colaterales y hasta declaran el triunfo del narcotráfico sobre el Estado. Lo que ninguno de esos dirigentes hace es presentar un plan estratégico real y fundado en la ley para resolver de una vez el problema de la inseguridad en el país.

Para empezar, durante la semana la sociedad argentina fue sorprendida por las declaraciones del actual ministro de Seguridad Aníbal Fernández, quien tuvo la infelicidad de decir frente a las cámaras de televisión que “los narcos han ganado”, significando por lógica la derrota del Estado frente a la mafia. Es evidente que eso no es así, el narcotráfico no ha ganado nada. En todo caso, lo que actualmente hay es una impotencia manifiesta por parte del poder político para todo lo que tenga que ver con la imposición de su legítima autoridad y el ordenamiento del territorio. El narcotráfico no ganó ni puede ganar, el Estado siempre está en condiciones de destinar todos los recursos necesarios al combate del crimen organizado, hacer inteligencia criminal y sacar de circulación a los jefes de las bandas, con lo que quedarían inmediatamente desarticuladas las propias bandas y dispersos sus soldados.

Después del lamentable desatino de Aníbal Fernández habló su homólogo provincial en Buenos Aires, Sergio Berni, aparentemente para contradecir al preopinante diciendo que la situación de la inseguridad en Rosario no es terminal ni irreversible, lo que es rigurosamente cierto. Pero Berni agrega que esa situación puede revertirse en 15 días y eso es, ni más ni menos, una falsa promesa de solución mágica que no debe expresarse seriamente pues genera expectativas sobre lo irrealizable. Y eso suma frustraciones a un pueblo que ya está un poco cansado de promesas que no se cumplen, ya a punto de perder la confianza en la política de un modo general. El flagelo de la inseguridad, como veíamos, es una cosa compleja que se resuelve con políticas de Estado sostenidas en el tiempo, en el mediano y en el largo plazo, razón por la que hablar de soluciones de “15 días” no solo no es creíble para el ciudadano que exige respuestas, sino que además tiende a socavar lo que queda de fe en ese ciudadano en que el Estado podrá resolver el problema realmente.

Al coro de improvisados se sumó luego la exministra de Seguridad Sabina Frederic con una verdadera cortina de humo. Demostrando que jamás estuvo a la altura de la cartera que condujo desde el comienzo del gobierno de Alberto Fernández hasta fines de 2021, Frederic propuso una insólita campaña de desarme que podría —siempre de acuerdo con su proyecto— ser impulsada por Lionel Messi. Así, sin que nadie le haya preguntado nada, la exministra implicó a un ídolo del pueblo argentino en un asunto que es de exclusiva responsabilidad de la política en el Estado y además llevó el debate hacia cualquier parte. ¿En qué podría resultar útil una campaña de desarme en las actuales circunstancias? ¿Cree Sabina Frederic que la mafia organizada va a entregar voluntariamente sus armas, aunque lo pida Messi, en una campaña solidaria? No, el problema tampoco se resuelve haciendo jugadas de marketing personal ni ayuda mucho Frederic haciéndolo.

Pero todas las declaraciones anteriores pueden considerarse anecdóticas si comparadas a las de la también exministra de Seguridad Patricia Bullrich, que fueron verdaderamente muy graves. Bullrich quiere ser presidente a partir del 10 de diciembre de este año y para lograrlo recurre al discurso demagógico de lo irrealizable, lo que siempre es peligroso. El objetivo es el ganar las elecciones a cualquier costo y así sale Bullrich a proponer que se empleen las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico o al crimen organizado de un modo general. En otras palabras, Patricia Bullrich no tiene mejor idea que la de poner a los militares en las calles para hacer el trabajo que les corresponde a las fuerzas de seguridad, lo que ya de entrada no es legal y tampoco propio de un régimen democrático como el que actualmente rige en nuestro país. Militarizar las calles no es una buena idea en el marco de la vigencia de la Constitución.

El primer argumento para descalificar la propuesta demagógica de Bullrich está en la obviedad de que las fuerzas armadas no existen ni tienen el adecuado entrenamiento para ser policía, sino que tienen por finalidad la defensa de la soberanía nacional sobre el territorio y frente a amenazas externas, es decir, sirven para hacerle la guerra a un enemigo foráneo y no para controlar a los civiles fronteras del país adentro. Es un despropósito, por decir lo mínimo, el pretender movilizar a las tropas del Ejército hacia un centro urbano densamente poblado desplegando armamento de guerra en el proceso, las consecuencias son imprevisibles aunque existan las mejores intenciones entre los involucrados en el operativo. Patricia Bullrich lo sabe y hace demagogia barata, pero peligrosa, o no lo sabe y se suma a la lista de improvisados en materia de Seguridad. Sea como fuere, no califica para la resolución de un problema que preocupa muchísimo a los argentinos.

Si desde Aníbal Fernández hasta Patricia Bullrich los dirigentes que opinan y no resuelven la cuestión estuvieran verdaderamente capacitados para hacer el trabajo de darle seguridad al pueblo, lo que debería haber es un plan estratégico de políticas de Estado sostenidas en el tiempo con medidas de impacto inmediato para estabilizar la situación mientras se ejecuta el plan, porque también hay urgencias. La primera de esas medidas puede ser la rápida afectación de las fuerzas federales a los puntos más críticos del gran Rosario y del Conurbano bonaerense, que son regiones en las que el crimen organizado controla ciertas partes del territorio que debieron estar bajo la autoridad política del Estado. Con esa afectación de las fuerzas federales se logra como resultado inicial romper posibles complicidades criminales que hoy permiten a los delincuentes campear a sus anchas. Ese es el primer paso necesario para lograr su desarticulación definitiva, el impedir que hagan lo que quieran en el territorio.

Claro que ese desplazamiento de las fuerzas federales, al existir un número limitado de ellas, haría que escasearan donde actualmente se encuentran concentradas. En las fronteras, por ejemplo, que es por donde ingresan las drogas comercializadas ilegalmente por las bandas delictivas. Ahora sí, con cierto entrenamiento de las tropas y modificaciones puntuales en la ley de defensa pueden emplearse la fuerzas armadas en la protección de las fronteras y de objetivos estratégicos del país y cubrirles así las espaldas a las fuerzas federales —Gendarmería Nacional, Prefectura Naval— para poder concentrar sus efectivos allí donde el crimen domina partes del territorio, dar un golpe de efecto rápido y efectivo y calmar las urgencias de una población que hoy se siente desprotegida frente al crimen.

Luego sería necesario mejorar el sistema carcelario con la construcción de más y mejores unidades penales en las que, además de terminar con las condiciones precarias actualmente existentes y cumplir así lo previsto en la Constitución respecto a la sanidad y la limpieza de esos lugares, podría controlarse efectivamente que los detenidos no tengan acceso al uso de teléfonos fijos y celulares ni puedan de ninguna manera seguir regenteando las actividades ilegales desde la cárcel. Todo eso debe constar del plan estratégico en el tiempo y el modelo de construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo recientemente inaugurado por Nayib Bukele en El Salvador puede y debe orientar la forma que pueden tener las nuevas cárceles en nuestro país, tanto para garantizar el digno alojamiento de los presos como para evitar que estos sigan delinquiendo mientras cumplen sus condenas.

Las fuerzas armadas no están preparadas, equipadas ni instruidas como las fuerzas de seguridad para involucrarse en el complejo problema del combate al narcotráfico. Y tampoco son idóneas para hacerlo, pero pueden contribuir con esa causa supliendo la necesidad de efectivos en otras áreas, como de hecho ya ocurrió en otro tiempo cuando el Ejército se empleó para custodiar objetivos estratégicos y reforzar la protección en las fronteras, las que en el caso específico de nuestro país son muy extensas. Desplegando la tropa hacia la frontera norte mientras fui jefe del Ejército, logramos que con sus equipos y patrullas se utilizaran métodos y procedimientos de empleo que simulaban situaciones reales de combate, logrando entonces mejorar la preparación del personal a la vez que contribuíamos a la seguridad fronteriza sin emplear las fuerzas armadas en tareas que no le correspondían. Y además se les daba a nuestros soldados un muy buen entrenamiento para la defensa de la patria en la hipótesis de un conflicto real.

Por otra parte, el despliegue de las fuerzas armadas hacia la frontera tiene la virtud de generar un sentido de necesidad, de hacer que nuestras fuerzas armadas sean necesarias en un país con poca hipótesis de conflicto. Al ser infrecuentes los desastres y conmociones como las catástrofes naturales o las pandemias, al Ejército en un país pacífico como el nuestro le quedan las opciones de enrolarse fuertemente en las tareas de mantenimiento y de restablecimiento de la paz previstas en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas (ONU) o la custodia de fronteras u objetivos estratégicos de la nación. Un Ejército con dicha utilidad tiende a ser valorado por el pueblo y tiende asimismo a obtener las inversiones y los recursos que necesita para ser respetable. Desplegar a los militares hacia las fronteras, como se ve, es beneficioso tanto para las fuerzas armadas como para el pueblo y para el Estado.

Claro que eso requiere de la preparación mínima necesaria y de pequeñas modificaciones en la ley que habiliten a las fuerzas armadas a actuar con la autoridad suficiente en la frontera, cosas que a su vez se logran haciendo política en serio. Planificación a mediano y largo plazo, gestión y trabajo en reemplazo de la improvisación y las declaraciones estridentes que solo sirven para confundir al pueblo y perpetuar los problemas. Hacer política en serio no es exponerse al ridículo en una intriga electoral con el fin de saber quién grita más fuerte la incoherencia más grande, es abocarse a resolver las cuestiones que son realmente importantes para el pueblo argentino. Hacer política en serio requiere de dirigentes políticos serios y eso es exactamente lo que la Argentina anda necesitando para salir de un trance que dura varios años y no va a terminar hasta que dejemos de gritar y empecemos a trabajar por el país.

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