En 1988 el que más tarde sería ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante los años del kirchnerismo Eugenio Raúl Zaffaroni publicaba un libro titulado Criminología. Aproximación desde un margen, en el que abiertamente acusaba a la oenegé International Planned Parenthood Foundation (IPPF) de ser una “multinacional de la anticoncepción, el aborto y la esterilización, que controla foros y congresos internacionales” con el fin de retrasar el crecimiento demográfico y el desarrollo productivo en los países dependientes.
“El poder quiere eliminar cualquier disfuncionalidad que amenace su estabilidad”, afirmaba Zaffaroni, “no dudando para ello en acudir a propuestas y a prácticas evidentemente genocidas, que parecen moneda corriente en la ideología contemporánea. La tesis del poder mundial es cada vez más clara y resulta hoy manifiesta, pues sus propios teóricos se ocupan de escribirla con todas sus letras”.
Pero la crítica del jurista no concluía allí, ya que este describía además cómo las organizaciones no gubernamentales con sede en los países centrales extorsionaban a las naciones dependientes valiéndose de la manipulación por la ayuda alimentaria, que “únicamente sería dirigida a países que acepten planes de control de la natalidad”. Finalmente, Zaffaroni aseveraba taxativo: “Si estas propuestas no merecen el calificativo de genocidas, si las campañas de esterilización y aun la esterilización sin consentimiento no constituyen un genocidio, debemos concluir que el ‘genocidio’ solamente es tal cuando tiene víctimas en los países centrales”.
La denuncia de Zaffaroni, por otra parte, no salía de un repollo ni resultaba novedosa pues era abiertamente corroborada por los propios representantes del establishment mundial. En 1968, por ejemplo, el exsecretario de Defensa de los Estados Unidos durante los gobiernos demócratas de John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson Robert McNamara declaraba, en su rol de presidente del Banco Mundial, que era necesario promover políticas de control de la natalidad en los países periféricos pues el rápido crecimiento demográfico en estos constituía una “de las mayores barreras para el crecimiento económico y el bienestar social”. Si bien McNamara no lo aclaraba específicamente, es lícito pensar que cuando hablaba de “crecimiento económico y bienestar social” se refería en particular a los países centrales pues de ordinario organismos como el Banco Central no suelen dedicarse de lleno a defender los intereses de los países subdesarrollados.
La asociación entre dificultades para controlar a los países emergentes y poblamiento de los mismos ha sido, como se ve, una preocupación de los intelectuales orgánicos de la élite global desde por lo menos mediados del siglo XX, con mayor visibilidad a partir de la década de 1970. Fue en ese contexto cuando tuvo lugar la disputa diplomática entre el gobierno de Bolivia y el Cuerpo de Paz (Peace Corp), cuando por orden del entonces presidente Juan José Torres el organismo fue expulsado de ese país luego de que se conociera que este había estado dedicándose sistemáticamente a esterilizar a mujeres indígenas sin el consentimiento de las mismas.
Iniciativas como aquella han sido largamente documentadas y denunciadas entre otros por el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, uno de los autores preferidos por la izquierda progresista que hoy promueve con vehemencia las políticas de control de la natalidad en los países más pobres del mundo haciéndolas pasar por “derechos humanos” inalienables. En Las venas abiertas de América Latina, Galeano se preguntaba: “¿Qué se proponen los herederos de Malthus sino matar a todos los próximos mendigos antes de que nazcan? Robert McNamara, el presidente del Banco Mundial que había sido presidente de la Ford y secretario de Defensa, afirma que la explosión demográfica constituye el mayor obstáculo para el progreso de América Latina y anuncia que el Banco Mundial otorgará prioridad en sus préstamos a los países que apliquen planes para el control de la natalidad. También Rockefeller y la Fundación Ford padecen pesadillas con millones de niños que avanzan, como langostas, desde los horizontes del Tercer Mundo”.
¿Qué pasó a lo largo de los últimos cincuenta años para que los sectores asociados al nacionalismo popular y a la izquierda progresista en nuestra región diesen un giro de ciento ochenta grados en su propia orientación ideológica, para pasar a considerar al crecimiento demográfico de los países emergentes de un vector del crecimiento económico a una traba para el desarrollo de la región? La respuesta puede hallarse explícita en el célebre Memorando de estudio de seguridad nacional 200: Implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad de EE.UU. e intereses de ultramar, también conocido como Informe Kissinger en honor a quien fuera secretario de Estado durante los gobiernos republicanos de Richard Nixon y Gerald Ford, el inefable y longevo Henry Kissinger.
En ese informe emitido por el Departamento de Estado en respuesta a la primera Conferencia de Población y Desarrollo realizada en Bucarest en 1974 y donde el gobierno argentino encabezado por Isabel Martínez de Perón trabó por órdenes del recientemente extinto presidente Juan Perón el intento por institucionalizar el aborto en los países emergentes, Kissinger planteaba la imperiosa necesidad de frenar la explosión demográfica en los países emergentes como condición sine qua non de la continuidad del desarrollo en los países centrales y en particular en los Estados Unidos.
“En el siglo XXI”, advertía el memorando, “los Estados Unidos de América carecerán de los recursos minerales necesarios para su industria”, aunque para tranquilidad de los dueños del mundo “Estos yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo”.
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