El misterio de la letra chica en el acuerdo con el FMI: ¿dependencia o soberanía?

Tal como lo venimos sospechando y advirtiendo desde las sucesivas publicaciones de esta Tribuna, el acuerdo de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría significar un enorme retroceso en la senda de desarrollo soberano de nuestro país. A simple vista y como consecuencia de las lecciones que nos brinda la historia es posible conjeturar a ciegas sin mediar estudio alguno de los términos del acuerdo que nada promisorio para el futuro del país puede avecinarse si como pueblo no gozamos de la soberanía de decisión sobre el modelo económico que el país persiga. Es que de eso se trata, un país deudor está condenado a llevar a cabo una política económica tutelada que acorrala su soberanía y pone en jaque su crecimiento.

Pero el tiempo pasa y poco a poco surgen a la luz pública fragmentos de las posibles cláusulas de la negociación corroborando tristemente las peores hipótesis.

Al momento de escribir estas líneas, los medios de comunicación de alcance nacional especulaban acerca de una posible intermediación del presidente argentino Alberto Fernández entre los gobiernos de Rusia y Ucrania con el propósito de evitar un conflicto armado entre esos dos países o, en todo caso, para que nuestro país tome posición en uno u otro bando en caso de precipitarse los acontecimientos y desencadenarse la guerra. En ese sentido, los operadores mediáticos pugnaban por defender la supuesta conveniencia de que el país se alinee detrás de una u otra bandera, olvidando la histórica postura neutral de la Argentina en los conflictos bélicos que no involucran al país.

En ese estado de situación, algunos medios sugerían la importancia de bregar por una salida beneficiosa para Ucrania, aliada de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que presuntamente favorecería a nuestro país en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Pero eso no parecería ser del todo atinado. Independientemente de la postura que el país tome a nivel de la geopolítica lo más conveniente para cualquier nación es sostener una política económica soberana, cosa que la Argentina perdió cuando el gobierno de Mauricio Macri se comprometió con el FMI por 44 mil millones de dólares. No existen independencia económica ni soberanía sobre la propia política y por ello no somos los argentinos quienes decidimos cuándo y de qué modo haremos frente a nuestras obligaciones con el organismo multilateral de crédito, aunque debamos ser nosotros quienes le pongamos el cuerpo al asunto a través de nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio.

En las últimas horas rumores han alcanzado las páginas de los principales diarios, incluso de aquellos que por regla general se ocupan de difundir noticias favorables al gobierno nacional. Una palabra resuena los editoriales económicos corroborando los temores que muchos guardamos: el contenido documento de preacuerdo destinado a ser evaluado por el poder legislativo en el corto plazo se podría traducir en varias de sus cláusulas con la palabra ajuste.

Y, en particular, es el presunto ajuste previsional el que se dice estaría incluido entre los requerimientos expresados por el FMI, a pesar de que el presidente de la Nación Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán hayan negado con vehemencia la posibilidad de un achicamiento en el gasto social como consecuencia de las negociaciones con el FMI.

Para llevar adelante una reforma en el sistema nacional de jubilaciones y pensiones, el gobierno deberá seguramente contar con el apoyo del Congreso de la Nación y sin lugar a dudas esa clase de medidas tiene que haber entrado en la agenda de discusión entre el presidente Alberto Fernández y el jefe en la Cámara de Diputados, el líder del Frente Renovador Sergio Massa.

Pero allí no termina el ajuste, también se prevé que el acuerdo implique una reducción en los fondos de destinados a las provincias, lo que pondría en serias dificultades las finanzas públicas de más de una de ellas. Bajo la premisa de la necesidad de “racionalizar el gasto público” el FMI presiona con la necesidad de “limitar las transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales y administrar la masa salarial del sector público para asegurar que crezca consistentemente con la mejora de la actividad”. Aunque en rigor de verdad no se comprende qué significaría en dinero contante y sonante esa “administración” de los salarios del sector público, ni tampoco de los recursos destinados al sostenimiento de las empresas del Estado.

Hablemos en buen castellano: si se presupone una reforma previsional implique un golpe al bolsillo de nuestros jubilados y pensionados, una administración del dinero destinado al pago de los salarios de los empleados públicos bien puede significar la reducción de los salarios reales de nuestros maestros, nuestros médicos, las fuerzas de seguridad, etcétera, ya sea a través del mecanismo de la inflación o por vía de la devaluación de la moneda con estancamiento de los salarios nominales. Asimismo, una merma de partidas presupuestarias destinadas a las empresas estatales podría significar el desfinanciamiento de sectores clave que aún permanecen en manos del Estado nacional, como lo es por ejemplo el caso de la industria naviera en los astilleros nacionales.