En la Argentina del siglo XXI, atravesada por crisis económicas recurrentes, deuda externa y fragmentación social, emerge con fuerza renovada una pregunta incómoda para los representantes del poder real en la política: ¿Qué sucedería si la conciencia colectiva recuperara, no como nostalgia sino como programa, los principios y logros del primer y segundo plan quinquenal del peronismo? La pregunta no es meramente histórica. En los últimos años, algunos dirigentes del peronismo han ensayado propuestas de un Plan Quinquenal adaptado al presente, encendiendo en el acto todas las alarmas en los sectores más claramente alineados con el poder fáctico en nuestro país.
Conviene entonces entender desde una perspectiva sociopolítica cuáles son esos temores profundos que existen entre los representantes del poder real en la política —ese conjunto de fuerzas liberales, conservadoras y neoliberales que promueven un Estado mínimo, desregulación plena y apertura irrestricta a los mercados globales— cuando se vislumbra la posibilidad de que los logros del peronismo histórico vuelvan a instalarse como horizonte deseable en el imaginario popular.
Ese miedo central no es económico ni técnico, sino ontológico e ideológico: la reivindicación de aquellos planes amenaza con deslegitimar el relato fundacional de los enemigos del pueblo y la patria sobre la “ineficiencia estatal”, la “cultura del trabajo” y el “individualismo meritocrático”, al tiempo que recoloca en el centro del debate público categorías como justicia social, soberanía económica e interés nacional.
Para comprender ese temor es menester evocar, aunque sea esquemáticamente, qué fueron y qué significaron los dos planes quinquenales del primer peronismo (1947/1951 y 1953/1957, aunque este último quedó trunco por el golpe de 1955). El Primer Plan Quinquenal, presentado el 22 de octubre de 1946, fue el instrumento programático del gobierno de Juan Domingo Perón. Sus ejes eran tres: la independencia económica, la justicia social y la centralidad del trabajo en la dicotomía de este respecto al capital.
Para la independencia económica se nacionalizaban los ferrocarriles, los teléfonos y el Banco Central, además de crearse empresas públicas como Gas del Estado, Yacimientos Carboníferos Fiscales y la Flota Mercante. En materia de justicia social se expandía la cobertura a los trabajadores, se sancionaba el Estatuto del Peón, un régimen de jubilaciones y una ley de alquileres, todo esto a la par de la construcción de medio millón de viviendas populares y casi 8.000 escuelas. Finalmente, para darle al trabajo la debida centralidad en el sistema se ponía en marcha un plan integral que había sido elaborado con participación de la CGT para elevar a los trabajadores al lugar de sujetos privilegiados en el desarrollo.
El Segundo Plan Quinquenal fue anunciado en 1952 y profundizaba las líneas del primero, haciendo además énfasis en la consolidación de la independencia económica mediante la aceleración de la industrialización sustitutiva de importaciones, la ampliación de la red caminera y energética y la extensión del bienestar a las provincias. Incluía metas ambiciosas en vivienda, salud y educación y reforzaba el rol del Estado como planificador central.
Más allá de las cifras, los planes quinquenales construyeron un imaginario de país posible. El argentino común dejó de ser súbdito de una oligarquía terrateniente o de un capital extranjero para convertirse en ciudadano con derechos garantizados por un Estado nacional fuerte. Este imaginario, aunque erosionado por décadas de neoliberalismo, crisis y deuda, no ha desaparecido del todo. Sobrevive en la memoria familiar, en los relatos de abuelos, en las placas de las escuelas, en los nombres de los hospitales. Y es precisamente esa memoria latente la que la fuerza brutal de la antipatria se esfuerza por disolver.
Esta fuerza brutal de la antipatria no es un partido único, sino más bien una constelación de fuerzas que incluye a sectores del conservadurismo tradicional y del liberalismo económico que impulsan la dolarización, la eliminación del Banco Central, la privatización de todo servicio público y la libre importación sin aranceles, sumados estos a un rejunte de neoliberales tecnocráticos que tienen mucha influencia en algunos sectores del periodismo y la academia y promueven reformas estructurales de ajuste, flexibilización laboral y reducción drástica del gasto social. Todos estos coinciden en un punto nodal: el Estado debe ser pequeño, el mercado debe ser el principal asignador de recursos y la desigualdad debe naturalizarse como un fenómeno que no debe ser corregido por la política. Este consenso mínimo se enfrenta frontalmente con el legado de los planes quinquenales.
Esta constelación de vendepatrias teme la resurrección del Estado planificador, pues ha construido todo su relato en torno a la ineficiencia estatal. En su opinión el Estado es un depredador que roba la riqueza de los ciudadanos productivos y la malgasta en clientelismo y burocracia. Los planes quinquenales, por el contrario, son la demostración empírica de que un Estado centralizado, con capacidad de planificación a mediano plazo, puede transformar radicalmente la estructura productiva y la realidad social de un país.
El temor al Estado planificador además es doble, pues tiene una dimensión técnica allí donde si se demuestra que la planificación estatal puede ser eficaz (en vivienda, infraestructura, industrialización) se derrumba el dogma de que “el mercado siempre es más eficiente”. Y también tiene una dimensión política, ya que un Estado planificador fuerte implica burocracia técnica, autonomía de decisión y capacidad de regulación, reduciendo el poder de los grandes grupos económicos para fijar precios, condiciones laborales y orientación de la inversión. En el contexto actual, en el que la Argentina registra altos niveles de pobreza e indigencia, estos enemigos del pueblo saben que una propuesta de planificación estatal masiva podría interpelar a millones de argentinos cansados del “sálvese quien pueda”.
También existe entre los enemigos del pueblo y la patria el miedo a la soberanía sobre los recursos estratégicos. El primer plan quinquenal significó la nacionalización de los servicios públicos y la creación de un polo estatal en energía, transporte y comunicaciones. Esto permitió que las ganancias de esos sectores se reinvirtieran en el país y no se fugaran al exterior. Y esto es, como se sabe, precisamente lo que los cipayos no quieren ni pueden permitir.
Lo que quieren y promueven, en cambio, es la privatización de YPF y de todo lo demás, la apertura total a la inversión extranjera en minería y petróleo y la desregulación de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque temen que se reinstale en el debate la independencia económica como objetivo nacional, lo que implicaría revisar contratos actuales con empresas extranjeras, limitar la remisión de utilidades y priorizar el abastecimiento interno sobre las exportaciones. Pero además temen que el Estado recupere el control de precios y tarifas —impactando negativamente en la rentabilidad de los sectores concentrados— y que se desnaturalice el discurso de que “no hay plata” para el Estado cuando se demuestre que hubo épocas en que el Estado sí tenía plata porque gestionaba sus propios recursos.
En el plano de las tensiones sociales propias del cabotaje, la fuerza brutal de la antipatria no quiere la movilización sindical y popular, sabe que los planes quinquenales no fueron proyectos de gabinete, sino políticas de masas. Perón los presentaba en actos multitudinarios, los sindicatos los difundían en sus boletines y las organizaciones barriales los discutían en asambleas. El trabajo y la movilización eran parte del método. La reactivación de esa memoria podría resultar en un aumento de la capacidad de convocatoria de la CGT y los sindicatos de base, que hoy están fragmentados, la retomada del protagonismo de las organizaciones sociales, de los movimientos territoriales y de la cultura de la protesta y la lucha que se quiere reemplazar por el individualismo consumista y la despolitización.
El escenario más temido es una alianza entre el Estado planificador, los sindicatos movilizados y los movimientos sociales, replicando el cinturón industrial del primer peronismo y sumando a este nuevas capas sociales excluidas. En este escenario habría una democratización del bienestar con la construcción masiva de escuelas, hospitales y viviendas, que fue lo que ocurrió durante los planes quinquenales y permitió que un hijo de obrero fuera a una escuela pública de calidad, se atendiera en un hospital estatal y accediera a una vivienda digna sin la necesidad de endeudarse por décadas. En sus posturas más extremas, los vendepatria creen que la educación pública es un gasto innecesario, que la salud debe ser provista por el mercado y que la vivienda es una mercancía más. Y si se reactiva el recuerdo de que nada de eso tiene que ser así, pues hubo un tiempo en que el Estado garantizaba todo eso, sus políticas de ajuste y recorte se deslegitiman.
En el contexto actual, con la educación pública desfinanciada y colapsada la salud pública, la sola mención de lo que fue el sistema educativo y sanitario de los años 1940 y 1950 opera como un contrarrelato poderoso pues demuestra que el desastre actual no es inevitable, sino que es producto de decisiones políticas.
En el fondo, lo que se quiere evitar es la unidad política de los sectores de orientación nacional-popular, se trata de una cuestión estratégica. Como lo han señalado innumerables analistas, el proyecto neocolonial de los antipatria no es solo una opción económica: es un proyecto de poder que busca desarticular cualquier resurgimiento del peronismo o del nacionalismo popular en un sentido más amplio. El golpe de 1955 fue, en parte, una respuesta a los planes quinquenales y a la expansión del poder del pueblo que el peronismo había instalado en nuestra política.
¿Qué podría pasar si se activara la memoria de los planes quinquenales? En primer lugar, podría constituirse un poderoso símbolo de unidad para todos los sectores de un peronismo que hoy está fragmentado mediante una plataforma programática que permita superar las fracturas internas y presentar un frente común. Pero además surgiría un horizonte utópico para la movilización de jóvenes que no vivieron el peronismo histórico, que están hartos de la crisis y hoy no tienen a qué aferrarse.
Las alusiones esporádicas a un Plan Quinquenal por parte de algunos dirigentes peronistas en los últimos años han generado reacciones inmediatas en los medios hegemónicos, con calificativos como “añoranza totalitaria” o “fantasía estatista”. Esa reacción desmedida revela el temor a que la idea prenda.
Pero en la Argentina del presente existen condiciones objetivas que hacen más verosímil la revitalización de un plan quinquenal. La crisis económica persistente con inflación, recesión y caída del salario real erosiona la confianza en el modelo de mercado. El aumento de la pobreza y la indigencia pone la cuestión distributiva en el centro de la agenda. El desprestigio de las élites políticas y económicas favorece la búsqueda de alternativas disruptivas. Y súmese a todo esto el debilitamiento del consenso neoliberal a nivel global, con el resurgimiento de políticas industriales en Estados Unidos, China y Europa.
En este escenario, el enemigo del pueblo sabe que cualquier propuesta que conecte con el imaginario del Estado benefactor y la justicia social tiene altas probabilidades de ser receptiva. Su estrategia, entonces, es doble. Por un lado, desacredita el pasado calificando los planes quinquenales de populistas, inviables o autoritarios y, por el otro, presenta su propio modelo como el único camino factible. En ese sentido, los representantes del poder desarrollan un conjunto de estrategias activas para impedir que los logros de los planes quinquenales se reinstalen en la conciencia colectiva.
La primera de esas estrategias es la deshistorización que es un presentar los años peronistas como un paréntesis autoritario, evitando mencionar los logros concretos. En los manuales de historia que circulan en colegios privados y en ciertos medios de comunicación se enfatiza el culto a la personalidad y se omite la construcción de viviendas, escuelas y hospitales, etc. A esto se le suma una ridiculización en la que los planes quinquenales son calificados como “fantasías”, “utopías inviables” o “recetas del pasado”. Lo que se quiere es generar vergüenza o escepticismo en las generaciones más jóvenes que no vivieron esa época y pueden ser más permeables al relato de la ineficiencia estatal.
También se impone una asociación con el “populismo autoritario” que es un intento de vincular la planificación estatal con el totalitarismo, equiparando el peronismo de los años 1940 y 1950 con el fascismo europeo (una comparación históricamente discutible y políticamente interesada). El objetivo es generar rechazo automático en sectores liberales e indefinidos. Finalmente, se instrumenta un vaciamiento de las instituciones estatales. Paradójicamente, mientras critican al Estado, al gobernar los enemigos del pueblo se dedican a desmantelar las capacidades estatales con la reducción de planteles, cierre de áreas técnicas, privatizaciones, desregulaciones. Así garantizan que cualquier intento futuro de planificación quinquenal se enfrente a un Estado degradado, sin personal calificado ni presupuesto.
En el fondo, lo que la fuerza brutal de la antipatria más teme es aquello que podría definirse como una revolución de lo posible, esto es, un proceso en el que la sociedad descubra en el modelo de Estado benefactor, planificador y soberano un sueño perfectamente realizable, una realidad histórica con resultados concretos. Ese descubrimiento, en el contexto de crisis actual, podría operar como un catalizador político de primera magnitud. Entonces la memoria de los planes quinquenales es una memoria subversiva para el orden neoliberal y, por eso mismo, quienes sostienen ese orden no cesan en su intento de enterrarla. Pero el pasado, como enseña la historia argentina, siempre vuelve a la superficie, especialmente cuando el presente duele y el futuro se vuelve incierto.
La pregunta abierta es si esa memoria será capaz de traducirse en un nuevo proyecto político, en un plan quinquenal adaptado al siglo XXI, o si quedará reducida a un mero recuerdo melancólico. El poder fáctico y sus peones en la política, al temerla con tanta intensidad, quizá estén revelando que ella misma le otorga más fuerza de la que le reconoce en público.
Revivir los logros de los primeros planes quinquenales no implica copiarlos mecánicamente. El mundo cambió, la matriz energética, la tecnología, el comercio internacional y las subjetividades son radicalmente distintos. Pero los principios —soberanía, planificación, justicia social y centralidad del trabajo— siguen siendo vigentes. El desafío de quienes se oponen al poder real de las minorías privilegiadas es traducir esos principios al lenguaje de la posmodernidad que son la economía sustentable, la inteligencia artificial al servicio del bien común, las viviendas, la salud digital y la educación para el pensamiento crítico, entre otros.
Si esa traducción se logra los temores de los enemigos del pueblo y la patria se habrán vuelto proféticos: el fantasma del Estado benefactor no será una sombra del pasado, sino el proyecto del futuro. Y entonces el deseo de que esos planes no vuelvan a instalarse en la conciencia colectiva se frustrará transformándose para ellos en la más tangible de sus derrotas.
