Estado peronista

Una vez más se impone la necesidad de desmontar las confusiones que deliberadamente se instalan contra el peronismo con el propósito de vaciarlo de doctrina y reducirlo a una versión domesticada funcional tanto a sus enemigos declarados como a sus falsos intérpretes. En esta ocasión, el análisis se centrará en dos deformaciones persistentes del discurso público. La primera es la falsa dicotomía entre un Estado ausente y un Estado presente, tan cómoda para el liberalismo antiestatista como para el progresismo que se autoproclama nacional y popular. La segunda, más insidiosa aún, es la adulteración de la concepción doctrinaria del Estado peronista, reemplazada por la idealización de un Estado presente que no es más que un eufemismo tecnocrático, asistencialista y paternalista reducido a la administración de la pobreza sin capacidad real de liberación social. Frente a estos desvíos se analizará la auténtica concepción del Estado en el pensamiento peronista, orientado por el principio de subsidiariedad y encarnado en la comunidad organizada.

Lo primero que debe señalarse es la necesidad de recuperar una definición esencial del Estado, entendido no como un aparato burocrático ni como un simple gestor de servicios y subsidios, sino como la forma en que una nación se organiza política, social y jurídicamente. El Estado articula poder, conducción, legitimidad y fuerza normativa, pero también ordena la vida social y económica según una determinada visión del mundo, definiendo así el rumbo histórico de una comunidad. En este sentido, todo Estado implica una jerarquía de prioridades, una orientación ideológica y un proyecto nacional. No existe Estado neutro ni inocente. Toda forma estatal expresa una relación establecida entre el individuo, la comunidad y el poder.

Es imprescindible asumir que históricamente el Estado argentino ha sido y sigue siendo el escenario donde intereses sociales y económicos antagónicos se enfrentan por el control de la riqueza nacional según se pretenda construir un proyecto de país soberano o consolidar un modelo de colonia. Esa pugna no es pasajera ni circunstancial, sino la clave para entender el destino del Estado en la Argentina, siempre condenado a debatirse entre la emancipación nacional y la subordinación estructural.

El llamado “Estado ausente” es un relato de época que encubre su funcionalidad política mediante un engaño semántico. En realidad, el aparato estatal está más presente y activo que nunca, no se retira sino que se reposiciona activamente al servicio de las élites económicas dominantes garantizando sus privilegios, sostenibles únicamente a través de la exclusión de las mayorías. Hay Estado, está intacto y siempre interviene, pero no en beneficio de todos. Lo que verdaderamente está ausente no es el Estado, sino su función social, desplazada por una mano que no está ausente —aunque sí invisible—, la del mercado, que se arroga la potestad de asignar los recursos de manera óptima en una economía supuestamente autorregulada.

El abstencionismo estatal en lo social y económico hunde sus raíces en el liberalismo que dio forma al Estado moderno tras las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX, inauguradas por la Revolución Francesa. De esa matriz emergerá el liberalismo económico, que se convertirá en la base ideológica y funcional del capitalismo. De allí se desprende el modelo de Estado gendarme, propio del liberalismo clásico del laissez faire, cuyo rol central no es asistir ni intervenir, sino proteger la propiedad privada, reprimir las protestas obreras y administrar justicia en función del nuevo orden. No busca resolver conflictos sociales, sino impedir que se expresen e interfieran con la lógica del capital.

Desde una perspectiva opuesta, y con una claridad que desbarata toda ilusión de neutralidad estatal, Karl Marx —crítico implacable y enemigo acérrimo del capital como relación social de producción basada en la explotación del trabajo asalariado— demostró que el Estado no estaba ausente, sino plenamente presente como instrumento de dominación de clase. En vez de ser un árbitro imparcial cumplía una función superestructural clave en la reproducción del orden burgués. Su poder reposaba en el ejército, la policía y el conjunto de los aparatos represivos encargados de asegurar el sometimiento del proletariado a los intereses de una minoría propietaria.

Marx lo sintetiza con brutal claridad en el Manifiesto Comunista, al definirlo como “(…) el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”. Por eso su estrategia no fue reformarlo, sino abolirlo como condición necesaria para la emancipación de la clase obrera. A medida que las clases sociales desaparezcan, ya no se requerirá una estructura coercitiva para imponer el poder de una clase sobre otra y el Estado, como forma política de esa dominación, tenderá naturalmente a extinguirse.

Ajeno a toda simpatía marxista y figura insoslayable del liberalismo clásico, John Stuart Mill fue, sin embargo, un crítico agudo del laissez faire absoluto. Aunque defendía los principios del libre mercado, advirtió que el Estado no podía reducirse a la mera custodia de la propiedad privada y el mantenimiento del orden. Reivindicó su intervención en áreas como la educación, la protección de los más vulnerables y la moral pública, evidenciando que la pretendida neutralidad estatal no era más que una consigna ideológica carente de sustento real. Para nada ausente, el Estado debía —según Stuart Mill— asumir un rol activo allí donde el mercado mostraba su rostro más deshumanizante. En definitiva, hasta los propios liberales más lúcidos se vieron forzados a admitir que el Estado nunca fue enteramente prescindente; su aparente retirada no era sino una forma encubierta de intervención orientada siempre a preservar el orden establecido.

La Iglesia Católica, lejos de convalidar sin reparos el despliegue del capitalismo liberal, expresó tempranamente su preocupación por las consecuencias sociales, morales y espirituales del Estado gendarme, que abandona a los individuos a merced de las leyes del mercado. La Doctrina Social de la Iglesia —consagrada formalmente con la encíclica Rerum Novarum de León XIII en 1891— constituye una crítica frontal tanto al laissez faire como al socialismo estatista, proponiendo en cambio una vía propia fundada en la dignidad de la persona humana, el bien común, la justicia social y la función social de la propiedad.

En Rerum Novarum León XIII denuncia los abusos del capitalismo industrial y la explotación sistemática de la clase trabajadora, al tiempo que señala la pasividad del Estado ante condiciones de vida y trabajo abiertamente indignas. En lugar de justificar la abstención estatal, la Iglesia reclama una intervención activa guiada éticamente, capaz de proteger a los débiles y de moderar los excesos del capital. De este modo, se distancia del individualismo liberal clásico y plantea una concepción del Estado no limitada a funciones represivas o meramente legales, sino comprometida con la equidad y la solidaridad.

Esta línea de pensamiento se profundiza con el tiempo en otras encíclicas fundamentales, como Quadragesimo Anno (1931) de Pío XI, que incorpora el principio de subsidiariedad, o Populorum Progressio (1967) de Pablo VI, donde se denuncian las injusticias de carácter estructural vinculadas a la brecha creciente entre países ricos y pobres. En todos los casos, el modelo del Estado gendarme es rechazado en tanto no garantiza el bien común ni la justicia social. En su lugar, se postula un rol activo del Estado llamado a regular, orientar y corregir los efectos disgregadores del capitalismo.

Entre el Estado gendarme del liberalismo clásico y el Estado mínimo del neoliberalismo fundacional, se interpone —como excepción histórica y no como regla— el denominado Estado de bienestar social, cuya emergencia respondió a la necesidad de contener el avance del movimiento obrero y recomponer legitimidad en contextos de crisis estructural del capital. Este paréntesis no interrumpió la lógica de fondo, sino que la reconfiguró. Su estudio, y en particular su forma más profunda y nacional en el caso argentino, será abordado más adelante al analizar el Estado peronista.

El llamado Estado mínimo neoliberal no es más que una falacia sofisticada del viejo fantasma del Estado ausente. Su consolidación comenzó en la década de 1970 con el experimento chileno impulsado por la dictadura de Pinochet, se extendió a las demás dictaduras del Cono Sur y terminó institucionalizándose con el thatcherismo, el reaganismo y las recetas del Consenso de Washington.

El neoliberalismo no emergió por generación espontánea, sino que fue el producto de una construcción ideológica de largo aliento formulada por un núcleo de intelectuales reunidos en Suiza desde 1947 en la Mont Pèlerin Society, bajo el liderazgo de Friedrich von Hayek. Este colectivo se propuso disputar la hegemonía de la economía mixta y desmantelar el orden regulatorio nacido de los acuerdos de Bretton Woods. La oportunidad para su despliegue llegó tras el colapso del paradigma keynesiano, precipitado por la estanflación posterior a la guerra árabe-israelí de 1973. En ese contexto de crisis, el neoliberalismo se proyectó como falsa solución y alternativa dominante.

Al igual que su antecesor, el Estado mínimo constituye una forma regresiva del Estado como servidor del capital. Pero a diferencia del Estado gendarme, que al menos conservaba una función visible como garante del orden jurídico burgués, este simula retirarse mientras encubre una reconfiguración más profunda y nociva. Renuncia a sus responsabilidades sociales y productivas, privatiza sectores estratégicos, desmantela instituciones públicas, transfiere al mercado los resortes centrales de la vida colectiva y fomenta una economía financiarizada, rentista y depredadora de la producción.

Bajo el pretexto de “achicar el Estado”, lo que efectivamente se achica es su compromiso con el pueblo. Su supuesta “ausencia” es una coartada. El Estado sigue ahí, pero encapsulado en su rol represivo, fiscal y como garante de los intereses concentrados. Es un Estado irreconocible que ha roto su matriz burguesa para mutar en un Estado plutocrático. No se detiene ni ante las admoniciones de la Iglesia ni ante las advertencias de los propios que aún simulan escrúpulos. Su marcha es voraz.

Los liberales braman y se rasgan las vestiduras ante cualquier avance del Estado sobre la propiedad privada —al que denuncian como atropello confiscatorio—, pero guardan un silencio cómplice cuando el sector privado se apropia de bienes públicos mediante privatizaciones a medida, desregulaciones arbitrarias o políticas fiscales que transfieren recursos del pueblo a sus bolsillos. Para ellos el Estado es un monstruo cuando regula, pero un socio legítimo cuando subsidia, entrega o se retira. Y curiosamente solo se ausenta cuando no los beneficia. La propiedad, entonces, sólo merece defensa cuando es la suya. La de la nación, en cambio, puede liquidarse sin escándalo como mercancía disponible cuando los negocios mandan.

Las primeras expresiones del Estado gendarme en la Argentina se dieron hacia fines del siglo XIX y se extendieron durante las primeras décadas del siglo XX en paralelo con la consolidación del Estado oligárquico-agroexportador. En esta etapa, el Estado argentino asumía un rol similar al del Estado liberal europeo del siglo XIX: garantizaba el orden jurídico, resguardaba la propiedad privada y reprimía con dureza al movimiento obrero. Así lo prueban episodios como la Ley de Residencia, la Semana Trágica y las masacres de las huelgas patagónicas. Pero a diferencia del caso europeo, donde el Estado gendarme favorecía a una burguesía nacional, en la Argentina operaba además como agente local del imperialismo británico en manos de una oligarquía subordinada. Se trataba de un Estado formalmente liberal pero funcionalmente colonial y presente en la defensa del orden económico dominante.

Durante la etapa liberal-conservadora que abarcó la llamada “Década infame” (1930-1943) y en el contexto de la crisis mundial desatada tras el derrumbe de Wall Street en 1929, la clase dirigente argentina recurrió a un Estado intervencionista de tipo defensivo. Ante la abrupta caída de las exportaciones —en volumen y en precios— y las crecientes dificultades para importar manufacturas desde los países centrales, el Estado intervino de manera pragmática, transitoria y cuidadosamente acotada, adoptando medidas de adaptación al nuevo contexto sin apartarse del dogma liberal. Una vez más la presencia estatal no sirvió para aplicar justicia social sino para preservar los intereses de las clases dominantes agroexportadoras, contener conflictos y amortiguar los efectos de la crisis.

El Estado mínimo en Argentina se instala con la dictadura de 1976 y, con variaciones formales, se prolonga hasta la actualidad. Las eventuales excepciones no rompen esa continuidad, apenas introducen una dualidad discursiva y funcional en la que conviven relatos de inclusión social con la permanencia estructural del neoliberalismo. En rigor, no es la ausencia del Estado lo que define al período, sino su reformulación estratégica, ya que se desentiende de lo social y productivo pero permanece —y se refuerza— como garante de la lógica financiera, la concentración de la riqueza, el endeudamiento crónico y la dependencia externa.

Hablar de un “Estado presente” constituye en sí mismo una forma de degradación conceptual. El Estado no necesita adjetivos vacíos o autovalidantes, sino definiciones políticas, históricas o doctrinarias que expliquen su forma, su función y su orientación. No se lo define por el mero hecho de estar, sino por cómo actúa y al servicio de quién lo hace. Exige una toma de posición política, no una frase de autobombo. Decir “Estado moderno”, “Estado oligárquico” o “Estado neoliberal” implica una caracterización ideológica clara y precisa que permite ubicarlo en el mapa de la lucha política. En cambio, “Estado presente” no es una categoría, sino un placebo discursivo que busca tranquilizar donde debería incomodar. No pasa de ser una obviedad funcional a una propaganda que intenta tapar la carencia de proyecto y esquivar el conflicto que es el núcleo irreductible de toda praxis política.

El Estado existe o no existe. Calificarlo como “presente” supone aceptar implícitamente que su ausencia es posible dentro de su propia definición, lo cual es un contrasentido. Y si existe no basta con que esté, su mera presencia no es un mérito que corresponda agradecerlo ni esperarlo como si fuese una concesión. Su razón de ser no es estar, sino ejercer funciones ineludibles e indelegables que lo constituyen como tal. Un Estado que no cumple con su función esencial puede ser tan ausente como uno que no existe.

Alguna vez habría dicho Néstor Kirchner: “(…) cuando nos dicen kirchneristas es porque nos quieren bajar el precio, porque nosotros somos peronistas”. Más allá del gesto de unidad partidaria que encierra la frase, lo cierto es que, pese a la retórica nacional y popular con que se revestía un proyecto aparentemente peronista, el kirchnerismo fue desplazando progresivamente la noción de Estado peronista en favor de la fórmula “Estado presente”, con mayor énfasis desde el segundo mandato de Cristina Fernández y durante la gestión de Alberto Fernández. ¿Por qué rebautizar lo que el peronismo ya había definido con claridad? ¿Puede haber peronismo sin Estado peronista? El precio, al final, se lo bajaron ellos solos.

La omisión no fue casual. Sustituir “Estado presente” por “Estado peronista” no fue una simple elección léxica, sino un modo sutil de delimitar hasta dónde se estaba dispuesto a llegar. La fórmula habilitaba un modelo híbrido que combinaba una socialdemocracia progresista con un orden neoliberal vigoroso, al que no se pretendía cuestionar. Se intervenía, pero no se conducía; se subsidiaba, pero no se planificaba; se asistía, pero sin justicia social; se incluía, pero sin comunidad organizada. El kirchnerismo tardío necesitaba parecer peronista sin serlo. Levantó banderas, sí, pero foráneas, de colores arcoíris y ajenas a la causa nacional.

Su presencia olvidó estar donde verdaderamente importaba, en la revisión de la matriz productiva hacia la independencia económica, en el diseño de una política industrial sustitutiva de importaciones, en una nueva regulación del sistema financiero, en el control estatal del comercio exterior, en la creación de un sistema educativo orientado a la producción y a la conciencia nacional, en una política territorial y demográfica que repoblara el país y desconcentrara la región pampeana. Objetivos estos imposibles de cumplir cuando la filosofía política del gobierno se limitaba a administrar la pobreza en lugar de combatir la estructura de poder que la generaba y disputar su hegemonía. El resultado fue un Estado presente donde no debía estar y ausente donde debía emancipar con urgencia.

Tras años de insistencia con el mito del “Estado presente” y luego de haber fracasado con el mismo, Cristina Fernández propuso durante su discurso en el 215º. aniversario de la Revolución de Mayo cambiarlo por un “Estado eficiente”. El giro semántico no es menor ni inocente. La eficiencia es una categoría central del credo neoliberal celebrada por la economía ortodoxa y elevada a dogma por el gerenciamiento tecnocrático. Cambiar presencia por eficiencia no implica corregir un rumbo, sino profundizar su extravío para administrar lo que otros deciden. Ni el Estado presente fue peronista ni lo será el Estado eficiente, porque ambos terminan garantizando de manera obediente la continuidad de un orden funcional a una minoría dominante. Lo que en verdad se niega no es la ineficiencia, sino el Estado al servicio del pueblo. Ese, y no otro, es el Estado peronista.

La concepción peronista del Estado parte del rechazo a los modelos de Estado antinómicos. Por un lado, el liberal, que lo reduce a su más mínima expresión, lo subordina al mercado y abandona al hombre a la intemperie del individualismo. A su vez, el comunista, que lo convierte en un fin en sí mismo anulando toda autonomía individual y social. Ni la explotación del hombre por el hombre ni la del hombre por el Estado. Juan Domingo Perón propuso una tercera posición superadora de los extremos que este aforismo contrapone. En ella, el Estado justicialista concebido como sujeto histórico se pone a disposición de los intereses superiores de la persona humana. Actúa como instrumento de la comunidad organizada y garantiza la justicia social.

El Estado peronista no existe para sí mismo, sino como parte subordinada de un todo que lo contiene y lo trasciende que es la nación. Su papel como mediador activo entre el capital y el trabajo consiste en armonizar a las partes en conflicto, no desde una neutralidad ilusoria, puesto que todas forman parte de la comunidad organizada junto con el propio Estado. Sindicatos, cooperativas, organizaciones comunitarias, cámaras empresarias y asociaciones profesionales deben participar en el diseño y en el control de las políticas públicas. Esa articulación acorta la distancia entre gobernantes y gobernados. Convierte al Estado en un proyecto colectivo capaz de organizar a la sociedad como un organismo vivo dirigido hacia el bien común y a la justicia distributiva.

En la comunidad organizada no existe un ciudadano abstracto que habita en una unidad aislada, sino un hombre social que vive en comunidad, con derechos y deberes definidos por su función en la producción y su inserción en la vida colectiva. El Estado no suplanta ni tutela, sino que acompaña, regula y potencia la autonomía, la participación y el protagonismo genuino del pueblo. Partiendo de la afirmación doctrinaria de la supremacía del individuo sobre el Estado, la comunidad se estructura y organiza de abajo hacia arriba, no a la inversa como impusieron los modelos europeos mencionados anteriormente, reduciendo al pueblo a una masa pasiva e inercial, incapaz de decidir por sí misma y condenada a ser arrastrada por fuerzas ajenas.

Con la Revolución del 4 de junio de 1943 se pone en marcha un Estado planificador del desarrollo, forjado en sus bases por el gobierno militar del GOU y consolidado más tarde con el peronismo, superando el modelo intervencionista de carácter defensivo que lo precedía. En un extremo del laissez faire el Estado peronista orienta la economía a través de planes quinquenales y el control de sectores estratégicos. Su intervención asegura el abastecimiento, impide las concentraciones oligopólicas y promueve el desarrollo industrial. Así, el Estado actúa como articulador de inversiones y crédito dinamizando el mercado interno para evitar que quede subordinado a intereses externos.

La Doctrina Social de la Iglesia fue una fuente inspiradora para la doctrina justicialista de la cual Perón tomó el principio de subsidiariedad. Este principio sostiene que el Estado no debe asumir funciones que el hombre o los cuerpos intermedios pueden ejercer por sí mismos. La intervención estatal solo se justifica cuando los derechos del pueblo están amenazados o cuando la comunidad se encuentra desorganizada. En esos casos, su acción debe orientarse al bien común, nunca a intereses sectoriales o parciales. Al Estado no le corresponde sustituir a la sociedad, sino acompañarla para que alcance su plena realización.

Nunca faltan los habituales detractores del peronismo que, con una mezcla de liviandad, desconocimiento y en no pocos casos mala fe, insisten en comparar al Estado peronista con el Estado fascista. Existen argumentos históricos, doctrinarios y jurídicos más que suficientes para refutar semejante desvarío calumnioso. Pero para no extender este análisis, lo que merecería un ensayo entero, alcanza con remitirse a los artículos 15 y 40 de la Constitución Nacional de 1949 cuya lectura por sí sola desarma de forma definitiva una falsedad ideológica que ya carga con más de setenta años de incansable repetición.

Ambos artículos establecen la prohibición de milicias y simbolismos paramilitares, el no reconocimiento de ideologías contrarias al sistema democrático y la garantía de libertad de pensamiento. Definen una economía mixta con primacía del bien común, no del Estado absoluto, prohíben expresamente los abusos oligopólicos y toda forma de dominación privada y aseguran la soberanía sobre los recursos estratégicos y los servicios públicos. La intervención estatal queda delimitada, debe ser excepcional, regulada por ley y orientada al interés general. Todo esto coloca al Estado peronista en las antípodas del fascismo, tanto en su contenido económico como en sus fundamentos filosóficos, políticos y éticos, por más que algunos trasnochados se obstinen en confundir justicia social y Estado de derecho con aquel sistema totalitario, quizá porque nunca alcanzaron a entender ni lo uno ni lo otro.

Hoy no hacen falta nuevas ideas, modelos importados ni promesas de eficiencia. Hace falta conducción. La doctrina está viva, la historia dejó sus lecciones y el pueblo mantiene una potencia que resiste a pesar de las heridas y adversidades. Lo que está ausente son los dirigentes que estén a la altura del instrumento que tienen en sus manos, no para rebajarlo a mero gestor de la resignación, sino para ponerlo al servicio de una patria libre, justa y soberana. Solo recuperando el Estado peronista el pueblo dejará de ser gobernado por quienes no eligió y podrá volver a ser artífice de su propio destino. Pero, ¿quién de todos ellos tiene las manos limpias y el pecho caliente como para encabezar lo que viene?