Estado peronista

Una vez más se impone la necesidad de desmontar las confusiones que deliberadamente se instalan contra el peronismo con el propósito de vaciarlo de doctrina y reducirlo a una versión domesticada funcional tanto a sus enemigos declarados como a sus falsos intérpretes. En esta ocasión, el análisis se centrará en dos deformaciones persistentes del discurso público. La primera es la falsa dicotomía entre un Estado ausente y un Estado presente, tan cómoda para el liberalismo antiestatista como para el progresismo que se autoproclama nacional y popular. La segunda, más insidiosa aún, es la adulteración de la concepción doctrinaria del Estado peronista, reemplazada por la idealización de un Estado presente que no es más que un eufemismo tecnocrático, asistencialista y paternalista reducido a la administración de la pobreza sin capacidad real de liberación social. Frente a estos desvíos se analizará la auténtica concepción del Estado en el pensamiento peronista, orientado por el principio de subsidiariedad y encarnado en la comunidad organizada.

Lo primero que debe señalarse es la necesidad de recuperar una definición esencial del Estado, entendido no como un aparato burocrático ni como un simple gestor de servicios y subsidios, sino como la forma en que una nación se organiza política, social y jurídicamente. El Estado articula poder, conducción, legitimidad y fuerza normativa, pero también ordena la vida social y económica según una determinada visión del mundo, definiendo así el rumbo histórico de una comunidad. En este sentido, todo Estado implica una jerarquía de prioridades, una orientación ideológica y un proyecto nacional. No existe Estado neutro ni inocente. Toda forma estatal expresa una relación establecida entre el individuo, la comunidad y el poder.

Es imprescindible asumir que históricamente el Estado argentino ha sido y sigue siendo el escenario donde intereses sociales y económicos antagónicos se enfrentan por el control de la riqueza nacional según se pretenda construir un proyecto de país soberano o consolidar un modelo de colonia. Esa pugna no es pasajera ni circunstancial, sino la clave para entender el destino del Estado en la Argentina, siempre condenado a debatirse entre la emancipación nacional y la subordinación estructural.

El llamado “Estado ausente” es un relato de época que encubre su funcionalidad política mediante un engaño semántico. En realidad, el aparato estatal está más presente y activo que nunca, no se retira sino que se reposiciona activamente al servicio de las élites económicas dominantes garantizando sus privilegios, sostenibles únicamente a través de la exclusión de las mayorías. Hay Estado, está intacto y siempre interviene, pero no en beneficio de todos. Lo que verdaderamente está ausente no es el Estado, sino su función social, desplazada por una mano que no está ausente —aunque sí invisible—, la del mercado, que se arroga la potestad de asignar los recursos de manera óptima en una economía supuestamente autorregulada.

El abstencionismo estatal en lo social y económico hunde sus raíces en el liberalismo que dio forma al Estado moderno tras las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX, inauguradas por la Revolución Francesa. De esa matriz emergerá el liberalismo económico, que se convertirá en la base ideológica y funcional del capitalismo. De allí se desprende el modelo de Estado gendarme, propio del liberalismo clásico del laissez faire, cuyo rol central no es asistir ni intervenir, sino proteger la propiedad privada, reprimir las protestas obreras y administrar justicia en función del nuevo orden. No busca resolver conflictos sociales, sino impedir que se expresen e interfieran con la lógica del capital.

Desde una perspectiva opuesta, y con una claridad que desbarata toda ilusión de neutralidad estatal, Karl Marx —crítico implacable y enemigo acérrimo del capital como relación social de producción basada en la explotación del trabajo asalariado— demostró que el Estado no estaba ausente, sino plenamente presente como instrumento de dominación de clase. En vez de ser un árbitro imparcial cumplía una función superestructural clave en la reproducción del orden burgués. Su poder reposaba en el ejército, la policía y el conjunto de los aparatos represivos encargados de asegurar el sometimiento del proletariado a los intereses de una minoría propietaria.

Marx lo sintetiza con brutal claridad en el Manifiesto Comunista, al definirlo como “(…) el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”. Por eso su estrategia no fue reformarlo, sino abolirlo como condición necesaria para la emancipación de la clase obrera. A medida que las clases sociales desaparezcan, ya no se requerirá una estructura coercitiva para imponer el poder de una clase sobre otra y el Estado, como forma política de esa dominación, tenderá naturalmente a extinguirse.

Ajeno a toda simpatía marxista y figura insoslayable del liberalismo clásico, John Stuart Mill fue, sin embargo, un crítico agudo del laissez faire absoluto. Aunque defendía los principios del libre mercado, advirtió que el Estado no podía reducirse a la mera custodia de la propiedad privada y el mantenimiento del orden. Reivindicó su intervención en áreas como la educación, la protección de los más vulnerables y la moral pública, evidenciando que la pretendida neutralidad estatal no era más que una consigna ideológica carente de sustento real. Para nada ausente, el Estado debía —según Stuart Mill— asumir un rol activo allí donde el mercado mostraba su rostro más deshumanizante. En definitiva, hasta los propios liberales más lúcidos se vieron forzados a admitir que el Estado nunca fue enteramente prescindente; su aparente retirada no era sino una forma encubierta de intervención orientada siempre a preservar el orden establecido.

La Iglesia Católica, lejos de convalidar sin reparos el despliegue del capitalismo liberal, expresó tempranamente su preocupación por las consecuencias sociales, morales y espirituales del Estado gendarme, que abandona a los individuos a merced de las leyes del mercado. La Doctrina Social de la Iglesia —consagrada formalmente con la encíclica Rerum Novarum de León XIII en 1891— constituye una crítica frontal tanto al laissez faire como al socialismo estatista, proponiendo en cambio una vía propia fundada en la dignidad de la persona humana, el bien común, la justicia social y la función social de la propiedad.