La motosierra impuesta por el presidente Javier Milei tiene, en esta primera mitad del año 2025, un nuevo objetivo sobre el pueblo argentino: quienes deben padecer esta vez el ajuste son los científicos. El ataque ahora tiene por finalidad desmantelar el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), entidad estatal argentina mundialmente reconocida en el ámbito académico.
La situación preocupa y dispara todas las alarmas entre los trabajadores del organismo, cuya función consiste en promover y ejecutar actividades científicas y tecnológicas en todo el territorio nacional. Desde la creación del CONICET en 1958 los científicos argentinos han sido objeto de ataques que siempre resultaron en la fuga de cerebros con la migración de nuestros investigadores criollos al extranjero. El actual régimen mileísta no parece ser la excepción a esa tendencia.
Esa fuga de cerebros es un drama para el país, porque los investigadores y científicos que se van exportan en sí mismos la formación recibida en nuestras universidades y con esa formación van a enriquecer a otros países que nada invirtieron en su instrucción y desarrollo. Todo porque para el actual gobierno neoliberal el ámbito académico es un gasto prescindible que se debe recortar para destinarse al pago de los intereses de la deuda externa. En vez de volcarse al desarrollo de profesionales para el país, los fondos van a parar a las arcas del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La incertidumbre generada por las políticas de ajuste proviene de la falta de una información certera acerca del destino de la entidad, porque nadie sabe aún si el CONICET va a ser directamente disuelto o si va a fusionarse en algún ministerio. Sea como fuere, el proyecto de reestructuración también afectaría a otros organismos que cumplen roles clave en la ciencia y la tecnología nacionales, como lo son el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La fuga de cerebros tiene antecedentes en la historia de nuestro país, es el fenómeno de la migración de científicos que buscan mejores oportunidades laborales y de desarrollo personal en su profesión, recurriendo a la emigración como medio para obtener en el exterior mejores ofertas laborales que aquellas ofrecidas por el país al interior de nuestras fronteras. Esto resulta en una pérdida de capital humano, porque la emigración de un investigador que se capacitó y se formó en Argentina, pero luego va a ejercer su labor y a aportar a una comunidad extranjera, impacta negativamente en nuestra competitividad en el mercado de la investigación frente a otros países que reciben profesionales en lugar de expulsarlos.
El CONICET fue creado un 5 de febrero de 1958 mediante el decreto-ley 1291 como el sucesor del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONITYC), creado este durante la primera presidencia de Juan Perón. El objetivo de ambos organismos fue modernizar y desarrollar el país bajo un Estado promotor que mediante una estructura académica promoviera la investigación científica y tecnológica en el país.
Sin embargo, desde la creación del CONICET no le ha sido posible al país frenar el éxodo de profesionales altamente capacitados, generando este proceso un déficit intelectual en el territorio argentino. Los motivos de las sucesivas oleadas de emigración de científicos han estado relacionados sobre todo con las veleidades de la economía a lo largo de los diversos ciclos políticos que se sucedieron a través de las décadas, poco tienen que ver en ese sentido los motivos académicos propiamente dichos.
Como todo proceso migratorio, la fuga de cerebros repercute en consecuencias tangibles tanto en el país de origen de los científicos como en el país receptor de estos. En el primer caso, la situación constituye una doble pérdida: por un lado, al país le insume incalculables recursos materiales y humanos la formación de un profesional desde su etapa escolar hasta los estudios superiores. Por otra parte, una vez completo el proceso de su educación, el profesional en cuestión se marcha sin haber devuelto en servicio a la comunidad el esfuerzo que el país realizó por él.
Es necesario entonces fomentar el compromiso del científico con su patria de origen, porque solo aplicando sus conocimientos en el país puede este contribuir al desarrollo de la nación. Pero ese fomento debe ser efectivo y tangible, traducirse en medidas concretas que tiendan a contrarrestar la seducción que la emigración les representa a los profesionales en relación con las condiciones de trabajo a nivel local. Para eso el Estado debe garantizar herramientas tales como los recursos logísticos, la infraestructura, medios de movilidad, organismos de capacitación, prestigio social y lo más básico pero fundamental para el inicio de su actividad: un trabajo rentable.
A nivel de los países receptores, en contraste, las consecuencias de la llegada de científicos de excelencia capacitados y entrenados en el exterior significa un negocio con ciento por ciento de ganancia. Mediante la mera concesión de una visa o un permiso de residencia, se apropian de un capital humano altamente calificado que llega con el propósito de desarrollarse económicamente, mientras que su desarrollo científico beneficiará enteramente a un país receptor cuya inversión inicial ha sido virtualmente igual a cero.
No obstante lo anterior, la captación de personal científico argentino por parte de otros países viene sucediendo desde el siglo XX, precisamente en virtud de la ausencia de una política seria y permanente de estímulo al desarrollo académico en el país, que promueva la actividad científica en lugar de expulsar a los profesionales hacia destinos más promisorios. Es posible mencionar algunos procesos históricos argentinos que incentivaron a emigrar a la comunidad científica, como lo fue la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía a partir del golpe de Estado de 1966.
En el contexto de la llamada “Revolución Argentina” se destacan sucesos como el Cordobazo y la llamada “Noche de los Bastones Largos”, que derivaron en la represión violenta en universidades, resultando en la primera gran fuga de cerebros argentinos. El temor a las represalias ante la protesta constituyó un denominador común entre este régimen de facto y uno posterior, el llamado Proceso de Reorganización Nacional iniciado en marzo de 1976, que persiguió a los intelectuales por sus creencias ideológicas y sus afinidades políticas, constituyendo un segundo éxodo de académicos y científicos.
Pero también en procesos democráticos hubo ciclos de emigración de intelectuales, científicos y académicos en general. En esos casos, como lo enunciábamos más arriba, el móvil estuvo relacionado más que nada con la incapacidad de ciertos gobiernos para controlar la economía. Tales son los casos de la hiperinflación del presidente Raúl Alfonsín en 1989 o el corralito de Fernando de la Rúa en 2001, catástrofes que condujeron a los científicos hacia la disyuntiva de tener que optar entre emigrar o resignarse a engrosar las filas de desempleados o subempleados para poder sobrevivir.
Finalmente, vale mencionar un último motivo por el que la migración al extranjero resulta tan atractiva para los académicos locales. Se trata de la posibilidad de especialización en posgrados ofrecidos por países desarrollados precisamente con el propósito de seducir a profesionales desde el exterior. Estos programas cuentan con la entrega de becas que permiten no solo la posibilidad de solventar un estudio de especialización, sino también el sostenimiento de una vida cómoda en el país receptor. Al no existir programas análogos en nuestro país, la emigración termina siendo la opción más inteligente para un graduado argentino con aspiraciones de ascenso social.
Como hemos visto, la triste consecuencia de esta realidad termina siendo una doble pérdida y la tendencia se acentuará a medida que se lleven a cabo las medidas previstas de desmantelamiento de los organismos destinados a la promoción de la investigación y los estudios superiores. Los procesos migratorios de la comunidad científica generan deterioro en la estructura académica y científica del país, pero incluso se han demostrado ineficaces los escasos intentos por repatriar científicos que se han intentado ejecutar en las últimas décadas.
Tal es el caso del programa Raíces, creado desde el año 2003 en el ámbito del entonces Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y posteriormente reconocido por la ley 26.421 del año 2008. Este logró algunos avances en sus objetivos de difundir las actividades científicas mediante la repatriación de investigadores argentinos que residían en el extranjero, ofreciéndoles la oportunidad de retornar y continuar su actividad profesional en instituciones nacionales.
Pero si bien este programa lleva más de 20 años con magros resultados, de nada vale invertir en la promoción de actividades científicas si tiempo después un gobierno neoliberal vuelve a la carga en el interés de retroceder todo lo avanzado. No resulta sustentable en el tiempo el proyecto de vida de una persona que dedicó años y quizás décadas al estudio y la investigación, pero que por los vaivenes políticos corre el riesgo cualquier día de ver truncado su trabajo a causa de la insensibilidad de un gobierno. Es por eso que quienes residen en el exterior a menudo eligen no regresar, temerosos ante la incertidumbre que reina en nuestra sociedad.
Los días del régimen mileísta pasan y el argentino todos los días se levanta sin saber qué le van a quitar, en qué medida le desorganizarán más la vida. Pero no solo en lo inmediato lo están empobreciendo. Lo dramático es que al país le están quitando su capital científico, condición sine qua non del crecimiento con desarrollo como Estado-nación. Ante este panorama desolador surge la necesidad de incentivar una conducta rebelde que organice a la comunidad con el fin de frenar esta avanzada saqueadora, que actualmente no cuenta con una fuerte oposición que defienda los intereses mayoritarios de los ciudadanos.
