De lo que se desprende de la crónica deportiva, Sebastián Villa es un futbolista colombiano que se destaca en Boca Juniors y cotiza en el mercado de pases por varios millones de dólares. Villa es lo que puede caracterizarse como una estrella del fútbol, un jugador que está por encima del promedio y así es valorado en el mundo del balompié, que es hoy mucho más un negocio que un deporte. Sebastián Villa es la fama y es la fortuna, ambas encarnadas en un joven que no llega a aún sus treinta años de edad.
Por esas razones que son todas de público conocimiento, el joven Villa ha desatado en las últimas semanas una inaudita histeria colectiva al verse imputado en una causa penal en la que se lo investiga por presunto abuso sexual. Causas como la del jugador de Boca Juniors son abundantes en los tribunales de nuestro país, aunque ninguna toma semejante estado público ni mucho menos y tampoco genera una fracción de la conmoción que ha generado la que tiene como lamentable protagonista a este futbolista cuyo pie derecho se cotiza en los millones de dólares.
En la causa penal contra Sebastián Villa hay un lugar común donde prácticamente todos opinan, algunos para condenar al futbolista y otros para declarar que se trata de un santo incapaz de cometer el delito aberrante del que se lo acusa. Todos opinan en un debate que se da fundamentalmente en las redes sociales, cuyo marco es ideológico y es donde el problema propiamente dicho empieza: por el altísimo perfil del imputado, se ha transformado una causa judicial que lógicamente pertenece al ámbito de los tribunales en una trifulca a cielo abierto de ideología de género entre civiles en la que los machistas exigen que a Villa se lo absuelva de culpa y cargo y los feministas lo quieren empalar, de ser posible.
De un lado, la ideología de género que automáticamente sostiene la falsedad por razones de oportunismo económico y/o mediático de cualquier denuncia hecha por una mujer contra un presunto abusador; de otro, la ideología de género diametralmente opuesta según la que una mujer, por serlo, es incapaz de mentir y que por eso mismo el solo testimonio de la acusadora es suficiente para condenar a un acusado. Siempre es ideología de género en uno y en otro lado de esta grieta típica de nuestro tiempo y el resultado siempre es un juicio previo con motivaciones ideológicas. En este y en todos los casos similares la inocencia o la culpabilidad vienen determinadas por el gusto ideológico de quien opina. Y nada más.
Pero eso supone un problema práctico muy serio y es que, por lo menos desde los albores del Estado moderno, juzgar y absolver o condenar es una facultad exclusiva de uno de los poderes de ese Estado que es el poder judicial. No existe ni podría existir el juicio previo de la opinión pública para decidir la suerte del que acusa y del que es acusado, no es así como se resuelven en la modernidad las causas judiciales. Por más que de uno y del otro lado griten sus argumentos ideológicos y, lo que es aún peor, por más que el caso en su resolución sea una obviedad ululante por sobreabundancia de pruebas y evidencias, una causa judicial no termina hasta que el poder judicial da su veredicto.
¿Por qué eso es así? Por varias razones, pero básicamente para que estén aseguradas las premisas heredadas del derecho romano y que son la base de nuestro sistema legal: el acceso del individuo al debido proceso y la presunción de inocencia, según la que más allá de la gravedad de las denuncias un hombre es inocente hasta que el propio proceso demuestre lo contrario, todo eso dentro de las quisquillosas reglas que el sistema se impone a sí mismo. En otras palabras, el sistema legal existe para evitar el linchamiento público de un acusado y además se basa en el principio jurídico del in dubio, pro reo o, en castellano, de que en caso de duda la decisión deberá ser favorable a la parte acusada.
Es por eso que en casos como el de Sebastián Villa la ideología es una cosa contraproducente e induce al error. En vez de exigirle al poder judicial las debidas celeridad y eficiencia para la resolución del caso —que sería lo deseable para todos, incluso para la querellante y para el acusado, quienes esperan recibir justicia para seguir adelante con sus vidas— lo que hace el ideologizado es adelantarse al poder judicial dictando una sentencia de opinión que, por otra parte, no tiene ningún valor práctico en nuestro actual sistema legal. Más allá de lo que opinemos los civiles, los jueces no van a fallar para satisfacer a la opinión pública. Pueden hacerlo para impartir justicia o para satisfacer intereses inconfesables, pero jamás para agradar a los de la tribuna.
Entonces la opinología ideologizada y apasionada no mueve el amperímetro en las causas judiciales, pero sí tiene impacto en la política. Es en la política donde los linchamientos simbólicos o las absoluciones automáticas terminan haciendo mella cuando en base a la opinión pública los dirigentes se precipitan y cometen errores gravísimos. Ese fue el caso del titular del poder legislativo Sergio Massa, quien optó por subirse al oportunismo adelantándose a la decisión judicial. Massa dijo públicamente a los medios que “lo que hizo Villa lo tenemos que condenar como sociedad” y dio así por sentado que el acusado cometió efectivamente el delito del que es acusado.
Esa es una clara interferencia del poder legislativo en asuntos que son propios del poder judicial, puesto que Sergio Massa no puede deslindarse de su responsabilidad institucional cuando declara su opinión públicamente. Pero es algo aún peor, es la garantía de que, en la eventualidad de que no sea posible demostrar su culpabilidad en el debido proceso y Sebastián Villa sea sobreseído o absuelto, Massa quedará expuesto de mínima en el futuro a una bonita causa por injurias y calumnias, lo que nunca es bueno para un dirigente político. No es lo mismo que un civil anónimo grite las locuras de su trance ideológico en Twitter y que lo haga el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación frente a los micrófonos de la prensa. Y Sergio Massa debió saberlo.
Los errores individuales de dirigentes oportunistas como Massa no son ni mucho menos el único impacto que tiene la ideologización de las causas judiciales sobre la política, hay mucho más. Resulta que los feministas que exigen la marginación e inmediata detención de Sebastián Villa son en su mayoría progresistas “de izquierda” y son, por lo tanto, militantes o simpatizantes del Frente de Todos actual, espacio político conducido por Cristina Fernández. Son los mismos que se rasgan las vestiduras frente al llamado “lawfare” y denunciaron apasionadamente las detenciones preventivas que se dieron contra dirigentes políticos kirchneristas durante el gobierno de Mauricio Macri en el marco de la Doctrina Irurzun.
He ahí la contradicción, la incoherencia de la ideología cuando el sujeto ideologizado no comprende el sistema de ideas al que elige adherirse: al exigir la detención de Villa por sobreabundancia de evidencias en su contra y para satisfacer su gusto ideológico de género, los progresistas “de izquierda” que se identifican como kirchneristas apelan a la Doctrina Irurzun exigiendo su aplicación. No podrán quejarse más tarde, cuando dicha doctrina se vuelva a aplicar para detener a dirigentes amigos solo porque en los medios se anuncia que contra ellos hay muchas evidencias de culpabilidad, aunque no haya sentencia judicial en su contra.
Blandiendo todavía la Doctrina Irurzun sin ver que es una espada de doble filo, los progresistas “de izquierda” también le exigen al empleador de Sebastián Villa, el club de fútbol Boca Juniors, que lo margine preventivamente de la actividad futbolística. Pero los dirigentes del club parecerían ser mucho más inteligentes que el imprudente oportunista que preside el Congreso de la Nación y no pican. Boca Juniors se limitó a declarar por sus voceros que no va a castigar a Villa hasta que lo haga la Justicia. ¿Qué otra cosa pudo haber hecho el club sin exponerse a una millonaria demanda futura en la eventualidad de que Villa sea sobreseído o absuelto? No es atribución de un club de fútbol dictar sentencia ni castigar y los dirigentes de Boca Juniors lo saben, por lo que le niegan a Villa la posibilidad de hacerles luego un juicio millonario.
Las leyes de un tiempo son las que son y las nuestras quizá sean malas, nuestro poder judicial parece ser corrupto y además es ineficiente, aunque no es el único en el mundo. En países como los Estados Unidos, por ejemplo, delincuentes y peligrosos criminales cuya culpabilidad estaba a la vista de todos —algunos habiendo incluso confesado sus pecados— fueron sobreseídos o absueltos a lo largo de la historia por algún error técnico en la investigación, simplemente porque un policía modificó involuntariamente la escena del crimen o por errores cometidos por los propios jueces tanto en la instrucción del proceso como en el juicio. La “duda razonable” (“reasonable doubt”, en inglés) es todo un clásico del sistema legal de los anglosajones de un modo general y no por eso el poder judicial allí se cuestiona con tanta intensidad como en los países hispanos.
Esas son las leyes de ellos y aquí tenemos las nuestras, su “duda razonable” es nuestro in dubio, pro reo y así Sebastián Villa podrá ser culpable de toda culpabilidad, hay buenas razones para creer que eso es así y también está la reincidencia. Pero Villa aún no ha sido condenado por la Justicia en un debido proceso con todas las garantías que lo asisten como ciudadano, la fiscalía debe probar su culpabilidad y no al revés. Las pruebas tienen que ser conclusivas, no puede haber margen de duda. Solo así Sebastián Villa podrá ser condenado para recibir todo el castigo previsto en la ley, a la que deberá someterse cumpliendo la totalidad de su condena.
La ideología es una cosa peligrosa cuando nubla la razón e induce al individuo ideologizado a cometer errores en la política. Invocar la nefasta Doctrina Irurzun, exigirle a un club de fútbol que usurpe las atribuciones exclusivas de la Justicia y a la Justicia que convalide un linchamiento son errores políticos graves, son como abrir una caja de Pandora tan solo para que en el futuro a mediano plazo lo que de allí salga termine volviéndose en contra del ideologizado que la abrió. El Estado por su naturaleza burocrática es una cosa kafkiana bajo la que cualquiera de nosotros puede caer por error y nadie en ese lugar desearía que en tal circunstancia se suspendieran las garantías del debido proceso y de la presunción de inocencia. No conviene militar nada de eso ideológicamente.
Hay que tomar decisiones en base a la coherencia, no es posible ser defensor de la legalidad y luego de la ilegalidad midiendo con una vara distinta según la identidad o a la pertenencia del que cae bajo el sistema. Si Cristina Fernández, cualquier dirigente político o uno mismo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, entonces también deben serlo Sebastián Villa y todos los demás a quienes se les acusa de haber cometido un delito o un crimen. Y eso solo se logra evitando la locura ideológica que hoy enloquece y enferma al cuerpo social en todo el mundo cuando se difunde por las redes sociales. No vaya a ser cosa que Umberto Eco termine teniendo la razón y seamos al fin y al cabo una legión de idiotas cibernéticos.
