Discutir la defensa en la Argentina contemporánea exige una ruptura epistemológica radical con el consenso biempensante que ha tutelado la materia en las últimas cuatro décadas porque seguir discutiendo en esos términos sería un suicidio político frente al escenario internacional del siglo XXI, caracterizado este por la transición hacia un orden multipolar inestable, la obsolescencia de los organismos de derecho internacional y la descarnada disputa por bienes comunes estratégicos (agua dulce, minerales raros, hidrocarburos y proyección polar).
Los términos actuales del debate son los de la indefensión y esa no es una postura ética. La defensa nacional no puede seguir siendo abordada como una temática sectorial, un gasto presupuestario o un apéndice de la seguridad interior. Debe, por el contrario, considerarse como el eje transversal e indispensable para la subsistencia de la soberanía en todo su conjunto.
Cuando el entonces coronel Juan Domingo Perón dictó su histórica conferencia el 10 de junio de 1944 en la Universidad Nacional de La Plata, dejando inaugurada la Cátedra de Defensa Nacional, fijó una doctrina preclara: la defensa no es un problema estrictamente militar, sino un fenómeno integral de la comunidad organizada. La soberanía, concebida desde el pensamiento nacional, no se fragmenta. La soberanía se defiende de manera simultánea en cinco dimensiones imbricadas que componen el tejido de la comunidad.
La primera de ellas es la soberanía territorial, entendida esta no solo como la delimitación cartográfica tradicional sino como la capacidad efectiva de control, vigilancia y disuasión sobre la totalidad del espacio terrestre, aéreo, fluvial y el vastísimo sector marítimo y subacuático.
Luego está la soberanía social allí donde una comunidad fragmentada, sumergida en la miseria o carente de un destino compartido es incapaz de defenderse. La justicia social es la primera trinchera de la defensa, es la cohesión del pueblo, es el sustrato humano indispensable para cualquier esfuerzo estratégico.
La enumeración continúa por la soberanía económica con la autonomía financiera, la administración soberana de los recursos naturales y la capacidad de planificar el desarrollo sin condicionamientos externos. Un Estado deudor y primarizado carece de la musculatura logística para sostener una política de defensa autónoma.
También es necesaria la soberanía tecnológica, el dominio de los resortes críticos de la producción industrial moderna. En la era de la guerra híbrida y la obsolescencia programada, depender del aprovisionamiento extranjero para los sistemas de armas o los componentes críticos de la infraestructura estatal equivale a delegar la rendición de antemano.
Finalmente está la soberanía cognitiva, que es la dimensión más sutil y, a la vez, la más determinante. Es la capacidad de un pueblo de pensarse a sí mismo a partir de sus propias categorías intelectuales, su propia historia y sus propios intereses estratégicos, rechazando las anteojeras conceptuales dictadas por los centros de poder global.
Para cartografiar la parálisis estratégica que arrastra nuestro país es imperioso desarmar el entramado político-cultural edificado tras el conflicto del Atlántico Sur en 1982, temática que ha sido abordada en esta columna y en otros espacios junto (y sobre todo) al examen crítico de Juan Rattenbach arrojando luz sobre un fenómeno que excede lo estrictamente militar: la instauración del régimen de la posguerra de Malvinas como un proceso sistemático de desmalvinización.
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