En anteriores ediciones de esta Revista Hegemonía hemos iniciado un recorrido por la política económica del primer peronismo haciendo hincapié en la continuidad que el gobierno de Juan Perón mantuvo respecto de la revolución de 1943, cuyas medidas en materia económica en muchos casos constituyeron la base necesaria para encarar las transformaciones que el peronismo como movimiento revolucionario se proponía realizar. Además, describimos cómo era la estructura económico-financiera del país que asistió a la asunción de Perón como presidente en 1946.
Hemos visto también que Perón asumió como presidente en una etapa de transición, apenas finalizada la II Guerra Mundial, lo que supuso para el nuevo gobierno el planteo de un dilema importantísimo a nivel de la política económica que pretendería encarar: ¿Se debía, una vez reconstituido el comercio internacional tras los acuerdos de paz, volver a dar impulso al modelo agroexportador que había permanecido vigente por más de sesenta años, afianzado en su práctica y en sus bases ideológicas impulsado por la Generación del ‘80? ¿O, por el contrario, atendiendo a la incipiente industrialización silvestre, anárquica, que había tenido lugar por causa de fuerza mayor durante los años de entreguerras, se debía dar impulso a un proceso de diversificación de la actividad económica?
A partir del momento de su elección Perón decidió que la economía del país debía diversificarse, entendiendo además que para ello eran precisas herramientas legales, económicas y financieras que un gobierno nacido débil no estaría en condiciones de establecer sin granjearse una brutal oposición en el camino, por lo que fueron en buena medida pactadas con el gobierno de facto y sancionadas a través de decretos-ley. Dicha debilidad inicial del peronismo era el resultado de décadas de gobiernos oligárquicos fraudulentos con apenas un interregno radical a partir de 1916. La misma fue sorteada hábilmente por Perón en virtud de su estrecha relación con el gobierno de Edelmiro Farrell, que por supuesto él había integrado hasta octubre de 1945.
Todo eso en una apretada síntesis de los aspectos que ya habíamos descrito en la primera parte de este artículo. La pregunta que nos interesa responder en esta segunda parte es cuáles fueron las principales de esas herramientas financieras y económicas que el peronismo utilizó para dar impulso a la diversificación de la actividad económica y para qué sirvió cada una de ellas. Claro está que no nos será posible abarcar la totalidad de ellas, por supuesto, por eso hemos resuelto centrarnos en dos de las más importantes, que hasta los días de hoy resultan emblemáticas e ineludibles en cualquier estudio superficial de la economía peronista: el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI) y el Banco de Crédito Industrial Argentino.
Con respecto al primero, Enrique Manson y Fermín Chávez afirman: “Como antecedente del IAPI, justo es recordar el decreto 10.107 del año 1944 que declaró de utilidad pública y sujeto de expropiación el uso de los elevadores de granos, los buques mercantes, cargadores, galpones, etcétera y otras dependencias de los puertos susceptibles de ser utilizadas para el almacenamiento y embarque de granos, declarándose la caducidad de los arrendamientos y cesiones, disponiéndose que su explotación quedaría reservada la Comisión Nacional de Granos y Elevadores. Con el dictado de dicho decreto culminó el privilegio de algunas firmas exportadoras que abonaban precios ínfimos por las locaciones de esas instalaciones y cobraban altísimos alquileres a la Junta Reguladora de Granos por el depósito que se realizaba en los mismos. Pero la propiedad y el control de las instalaciones antedichas no era suficiente para el cumplimiento de la nueva política económica argentina”.
Hemos señalado en la primera parte de este artículo que nos basamos como fuente en el tomo 14 de la Historia Argentina de José María Rosa, escrito por Enrique Manson y Fermín Chávez una vez fallecido el veterano historiador, autor de los primeros trece tomos. En esa obra los autores señalan: “Era ya conocido que los países beligerantes organizaron su abastecimiento de alimentos mediante la creación de entes de compra, eliminando la competencia de compradores y realizando la posterior distribución”. Países como Canadá, Australia y los Estados Unidos se contaron entre aquellos que desarrollaron entidades cuya función fue la centralización de la compra de productos primarios para abastecer a su mercado interno en tiempos de guerra.
En el caso del IAPI, este funcionó como un organismo del Estado dedicado a centralizar no ya la compra para el abasto interno como en los casos que hemos mencionado, sino la compra a los productores para su posterior venta al exterior como un único vendedor. Dicho sea de paso, este mecanismo tan denostado por “totalitario” o “estatizante” desde la época misma de su implementación guarda vinculación con otro ente estatal dedicado a la misma función de operar como único comprador de las cosechas para la posterior venta unificada a través de un único vendedor estatal. La Junta Nacional de Granos fue un mecanismo que buscaba garantizar a los productores locales un piso de estabilidad de los negocios en una época de gran volatilidad de los mercados internacionales posterior al quiebre financiero de Wall Street. Esta operó en 1933, durante el gobierno de Agustín P. Justo, uno de los presidentes más reconocidos por los historiadores argentinos por su marcado liberalismo.
Entonces el IAPI no fue demasiado innovador y tampoco significó una medida ajena a la batería de medidas que los gobiernos de todos los colores políticos estaban dispuestos a tomar en épocas de necesidad de estabilización de las variables económicas. A partir de su creación, el Estado argentino se convirtió en el único comprador de las cosechas de cereales y oleaginosas y vendedor de los mismos en el exterior, actuando asimismo como comprador de los productos que se importaban.
“En su actuación como único comprador con los precios fijados por el Estado y luego de cubrir las necesidades del consumo interno” —cuentan Manson y Chávez—, “realizaba la venta de los saldos exportables negociando con los representantes de las entidades estatales de gobiernos compradores, coexistiendo también un sistema privado que se manejaba comprándole al IAPI los exportadores particulares para luego exportar a los mercados de destino. La compra a los productores y su posterior venta dejaba a este organismo buenas ganancias que antes usufructuaban las firmas que canalizaban estas operaciones. Entre ellas, Bunge y Born, Louis Dreyfus, La Plata Cereal y otras, que operaban más del 80% de las exportaciones de cereal”.
De manera tal que, de acuerdo con la interpretación de estos autores, en su carácter de comprador de cereales y oleaginosas y de negociador de la venta de los saldos exportables, el Estado peronista a través del IAPI perjudicó a los intermediarios que hasta ese momento se habían dedicado al comercio de granos, haciéndose al mismo tiempo de ingentes remesas para las arcas estatales. No parecería en este esquema verificarse un perjuicio a los productores argentinos sino meramente a empresas que en la mayoría de los casos no eran nacionales, pero sí se habían enriquecido por décadas estableciendo los términos de intercambio en nuestro país.
En relación con el IAPI, el histórico dirigente y funcionario peronista Antonio Cafiero expresó en su libro Cinco Años Después, escrito precisamente al cumplirse un lustro del golpe de 1955: “Ninguna de las instituciones y sistemas creados para ejecutar el programa de independencia económica abordado por el gobierno peronista ha sufrido más ataques ni diatribas que el IAPI. Desde los viejos monopolios de importación y exportación que de antigua han actuado impunemente en el comercio exterior argentino, pasando por las enfáticas afirmaciones de los sirvientes de los monopolios hasta llegar a las voces interesadas de los clientes exteriores del país, un coro concertado ha anatemizado las funciones y la acción desplegada por el IAPI en los tonos y con los argumentos más variados, muchos de ellos colindantes con la procacidad”.
Y agregaba Cafiero lo siguiente: “Al productor de campo se le ha dicho que el IAPI se quedó con el fruto de su esfuerzo. A los usuarios de materias primas importadas, que el IAPI encarecía artificialmente los precios de importación. Se ha denunciado en términos melodramáticos el despilfarro en la adquisición de algunos elementos, se le ha atribuido el déficit arrojado por el organismo en los últimos tres años de su existencia, el origen de la inflación y finalmente se lanzó la especie de los negociados cometidos por funcionarios y allegados a la institución”.
No obstante, a pesar de las fuertes críticas de las que el organismo era blanco, desde el IAPI se dieron nuevas modalidades a los convenios bilaterales, por ejemplo, mediante las operaciones de compensación. Los saldos provenientes del intercambio no se pagaban en divisas, se compensaban con el aumento de las exportaciones hacia el país acreedor, esto es, eran pagaderos en mercadería. En cuanto a la influencia interna, el Instituto transfería a la industria beneficios derivados de la exportación agrícola. Cafiero en su obra resume una lista de operaciones de nacionalización realizadas mediante dicho instrumento: la compra de los ferrocarriles ingleses y franceses, la adquisición de la Unión Telefónica y de buques para la flota mercante y petrolera, para YPF y la construcción del gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires.
Por otra parte, hemos de entender este proceso como inserto en un clima de época. Desde la inversión de los Estados Unidos en su infraestructura durante la época de posguerra como medio para fomentar el desarrollo industrial, pasando por las políticas sociales implementadas por el New Deal de Franklin Delano Roosevelt o las propuestas de John Maynard Keynes, incluso el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, todos esos procesos dan cuenta de un fuerte intervencionismo estatal independiente de la orientación ideológica de los gobiernos. Por eso resultan llamativas las críticas al peronismo por su presunto estatismo en un contexto en el que los Estados nacionales debieron encarar grandes obras que los privados no estaban en condiciones de llevar a cabo, aun con el objetivo de dinamizar la economía para el ejercicio de la actividad privada.
Pero además el IAPI tuvo por interés salvar otro problema endémico de nuestra estructura de exportación que fue la extrema dependencia de la buena voluntad de un único comprador prácticamente monopólico. Valiéndose de la tercera posición ideológica que ponía en cuestión el alineamiento automático con determinadas potencias, el gobierno de Perón insistió en la necesidad de establecer relaciones comerciales con países de todo el orbe, incluso con potencias orientales como la Unión Soviética. En la misma línea de esa política de diversificación de los mercados se encuentra la Declaración de Independencia Económica, celebrada el 9 de julio de 1947 en San Miguel de Tucumán. A través de ese acto simbólico el gobierno demostraba su intención de no permitir la intromisión de agentes foráneos en la toma de decisiones de política económica de un país soberano.
Con respecto al segundo de los instrumentos que analizaremos aquí, el Banco de Crédito Industrial y Fomento, dicen Manson y Chávez: “Este banco que empezó a operar el 2 de septiembre de 1944 había sido impulsado anteriormente por el economista Alejandro Bunge, fallecido en 1943, quien hasta 1940 había apoyado la creación de un Ministerio de Industrias. Entre la fecha de su fundación y 1955, este banco otorgó préstamos por un monto de 31.343 millones de pesos concedidos a 277.000 particulares. En el lapso comprendido entre 1946 y 1951 contribuyó a financiar instalaciones y ampliaciones a más de 20.000 industrias”.
Para finalizar este recorrido por la política económica del primer peronismo es válido también mencionar que el gobierno de Juan Perón encaró la construcción de obras de infraestructura trascendentales. Veíamos anteriormente, citando a Cafiero, el gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires. Estas obras hacen parte no solo de transformación de un país de estructura pastoril en uno con una matriz productiva diversificada orientada al fomento de la industria nacional, sino también del proceso de inclusión masiva de la población ociosa al mercado de trabajo.
Entre las más destacadas es posible mencionar el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, que toma su nombre del funcionario que lo impulsó y el que llegó a ser el más importante de toda América del Sur. La Fábrica Militar de Aviones en Córdoba, que si bien había sido fundada en 1927 alcanzó durante el gobierno de Perón niveles de excelencia internacional llegando a ser nuestro país el tercero a nivel mundial en fabricar aviones a reacción, tecnología de punta para la época, con los diseños de los aviones nacionales Pulqui I y Pulqui II. Más adelante, esta fábrica se diversificaría logrando producir el Rastrojero, vehículo utilitario de fabricación nacional y largamente extendido a lo largo y a lo ancho del país. Completan la lista los innumerables y bien reconocidos centros de salud integral, de atención de ancianos, hospitales, guarderías, escuelas normales y especiales, barrios obreros de estilo californiano y hasta centros recreativos vacacionales en ciudades turísticas, destinados a su utilización por parte de la clase trabajadora.
La pregunta entonces que nos surge para cerrar este repaso es por los límites, por qué no se completó el proceso de industrialización integrada de nuestro país a pesar de las señales favorables y de los avances que a lo largo de la década peronista tuvieron lugar impulsadas de arriba hacia abajo por el propio Estado. El historiador que encuentra una respuesta más sencilla y por lo tanto más verosímil es Marcelo Gullo, quien observa que el talón de Aquiles del modelo peronista es la propia población del país. Y no por tratarse de una población sin calificación ni nada parecido, sino más bien por su escasez.
Tratándose de un país tan extenso como el nuestro, la población relativa era y sigue siendo pequeña en proporción, lo que presenta límites a la industrialización tanto por carencia de mano de obra como por ausencia de un mercado interno capaz de absorber la totalidad de la producción. Perón supo ver el problema e intentó de manera embrionaria una política de integración regional, el llamado bloque ABC ―Argentina, Brasil y Chile―, precursor del Mercosur y cuya implementación se vio frustrada tanto por el suicidio del presidente brasileño Getulio Vargas en 1954 como por el golpe de Estado que finalmente derrocó al propio Perón.
Sin embargo, la visión estratégica del líder justicialista resulta llamativa e incluso digna de admiración intelectual aún en nuestros días, a más de siete décadas de distancia del comienzo de la revolución peronista. No caben dudas de que a cada uno de los inconvenientes producto de la propia práctica política Perón se adelantó a buscarle una resolución en muchos casos completamente original y novedosa.
Más allá de los límites del peronismo, entre los que por supuesto cabe destacar la propia aparición en el camino de enemigos políticos, los que finalmente terminaron volteando un gobierno democrático electo y revalidado en las urnas por voluntad popular, resulta sorprendente para cualquier observador imparcial el grado de transformación social que este proceso implicó. De haber heredado un país exportador reconocido como “granero del mundo”, el peronismo fue capaz de transformar en el curso de tan solo una década la estructura económica y la infraestructura de todo el país.
Al finalizar su mandato por la fuerza brutal de las armas, el primer peronismo dejó a la Argentina con una economía diversificada y fuerte estímulo a la industria nacional, una sociedad organizada, con virtual pleno empleo, con sindicatos fuertes y condiciones laborales inéditas para la época. Y sobre todo, habiendo gestado en su seno el máximo movimiento nacional-popular de masas no solo de nuestro continente sino uno de los más importantes del mundo, cuyos efectos aún no terminan de ser desbaratados luego de más de setenta años de intentos por desperonizar el país.
