Miserable la sociedad, diría algún sabio a la vista del hecho consumado, en la que las cuestiones fundamentales de su organización se reducen a un asunto de opinión. De nuevo es la cuestión platónica de “doxa” o “episteme” emergiendo desde el fondo de la historia, claro, allí donde la “doxa” sería lo opinable y la “episteme”, por el contrario, referiría a lo que no se discute porque la conclusión es evidente y viene hasta científicamente dada. Pese a la máxima zoncera de la posmodernidad occidental según la que todo es relativo y, por lo tanto, opinable dependiendo del punto de vista de cada individuo, la realidad efectiva indica que existen las verdades absolutas sobre las que no debe haber opinión ni discusión. Lamentablemente existen sociedades que no parten de este principio al determinar su organización, donde todo asunto es opinable y todo termina naturalmente cayendo en una grieta.
Ese es el caso de la Argentina actualmente y desde hace algún tiempo. No se salvan ni siquiera las cuestiones de soberanía nacional, de las que depende la mismísima existencia del pueblo-nación como tal. Todo es opinable y se discute en términos de izquierda y derecha, encuentra quienes opinan de una forma y quienes lo hacen de la forma radicalmente opuesta porque ese es el mandato ideológico de las parcialidades en la grieta. “Es la democracia, estúpido”, gritan los frenéticos desde la tribuna, omitiendo desde luego la verdadera acepción de “democracia” como poder popular, de acuerdo con los griegos que la crearon. La “democracia”, para los opinólogos frenéticos que gracias a las redes sociales están en su salsa ahora como nunca a lo largo de toda la historia de la humanidad, es el caos. Los resultados están todos a la vista, desde luego.
Pero en la Argentina todo se discute y sobre todo se opina, incluso aquello que no debería ser materia de discusión u opinión. Esto es lo que sucede con las modificaciones que el régimen mileísta pretende introducir a la ley de tierras Nº. 26.737 de diciembre de 2011, la que técnicamente se denomina el régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales. A instancias de su verdadero mandante —que no es el pueblo-nación argentino, sino el poder fáctico global llamado aquí por nosotros, sin cariño, la sinarquía internacional—, Javier Milei quiere facilitar el acceso de los extranjeros al latifundio y para ello debe hacer pasar en el Congreso otra pieza de legislación, una más en el andamiaje jurídico neocolonial que vino a imponer: la quita de las limitaciones dispuestas por la ley de tierras Nº. 26.737.
¿Qué ocurre entonces? Pues que en vez de ponerse todos de acuerdo en que la tierra en Argentina debe pertenecer a los argentinos por una simple razón de soberanía territorial, se arma nuevamente la grieta con los unos a favor y los otros en contra de lo propuesto por Milei. Uno es, de pronto, de izquierda, progresista o kirchnerista si no quiere la extranjerización del territorio o de derecha, liberal, libertario y mileísta si la quiere. Los libertarios mileístas, por cierto, se ponen el sayo con gusto y salen a repetir como loros que la “libertad” es que cada cual haga lo que quiera en este cabaret a cielo abierto que hoy es el país después de una década infame, aunque eso implique la adquisición de territorio soberano por parte de unos tiburones únicamente interesados en especular, en desguazar y en romper lo poco que queda de una Argentina en vías de extinción.
Claro, esos son los mismos libertarios mileístas que durante el también nefasto régimen de Alberto Fernández salieron enloquecidos a gritarle “cipayo” a Eduardo de Pedro por haberle entregado este el control del agua a Mekorot, la multinacional israelí que va por América del Sur apropiándose de este recurso esencial. Eduardo de Pedro es un cipayo sionista, en eso tienen toda la razón los libertarios mileístas. Lo es al igual que el propio Milei. ¿Pero por qué no era entonces la “libertad” que cada cual hiciera lo que quisiera? ¿Acaso Mekorot no hizo todo lo que quiso a expensas del pueblo argentino y con la complicidad de Eduardo de Pedro? Ahí queda expuesta la hipocresía, está a la vista el hecho de que en la grieta los asuntos en sí realmente no tienen importancia alguna y que el individuo agrietado siempre va a opinar lo que le convenga a la parcialidad a la que cree deber su lealtad.
Sea lo que fuere, no importa qué, la opinión del individuo en la grieta será siempre la que venga revelada en la bajada de línea orgánica. Nadie está realmente interesado en resolver los problemas ni en ordenar la sociedad, aquí lo único que importa es ganar las elecciones y tener ese efímero placer de ver simbólicamente derrotados a los infelices que están del otro lado de la grieta, a quienes el grietero ve como enemigos y no como compatriotas. Los de aquel otro lado de la grieta, dicho sea de paso, que ahora hacen un escándalo por la extranjerización de las tierras son los mismos que en el albertismo cerraron bien el pico frente al cipayismo de Eduardo de Pedro y hasta lo quisieron justificar. De Pedro era ministro de Alberto Fernández, el régimen era la obra de la “jefa” y había que tragar sapos.
Menudo sapo se tragó entonces el cristinista degenerado en albertista con Eduardo de Pedro. “Wado es un compañero valioso, la policía lo maltrató en el 2001. Y si quiere entregar el agua del país a Mekorot alguna razón tendrá”, decían entonces los albertistas. Cipayo sí, pero de izquierda, feminista y deconstruido, no como esos libertarados mileístas que quieren eliminar la figura legal del femicidio. ¡Qué barbaridad! La diferencia ya no es entre cipayos y patriotas, sino entre cipayos progresistas y cipayos conservadores. Pero bien mirada la cosa esto es lo más natural que puede haber, pues no es posible que exista la política en las colonias. En una colonia las decisiones vienen siempre de otra parte y los “dirigentes” locales no lo son verdaderamente, sino meros administradores cipayos que solo pueden elegir el color de la ideología hipócritamente declamada y no mucho más que eso.
Sí, Eduardo de Pedro es un administrador cipayo por izquierda y Javier Milei es un administrador cipayo por derecha. El uno está en desacuerdo con el otro, pero no en las cuestiones fundamentales del interés nacional. Estas no existen, como se ve, ya que vienen digitadas por el poder neocolonial en la metrópoli. De Pedro y Milei pueden diferir en feminismo, en racismo, en putismo y en todo lo que no pase ni cerca de la cuestión de pesos y centavos. Y así es toda la grieta en consecuencia, pues los dirigidos siguen naturalmente a sus dirigentes. ¿Por qué habrían de ser coherentes y repudiar de igual manera la entrega del agua a Mekorot y la extranjerización de las tierras en Argentina, si la primera se hizo en un régimen “progre” y la última se da durante un régimen “facho”? No se le puede exigir lógica ni coherencia al que ha optado por la obsecuencia partisana.
Pero todavía queda el pescado sin vender, esto es, la cuestión de soberanía territorial implicada en las modificaciones que pretende introducir el régimen mileísta hoy a la ley de tierras Nº. 26.737. La actual legislación prevé limitaciones a la cantidad de tierra que puede tener un extranjero en la Argentina —lo que ya en sí es una inmoralidad, porque esa cantidad debió ser exactamente ninguna— y eso no les gusta a las grandes corporaciones interesadas en desguazar el séptimo territorio más extenso y el quinto más rico del planeta. Aquí no importan la izquierda ni la derecha, lo único que hay para analizar es si conviene entregarles legalmente la llave del territorio a los tiburones que, en plena guerra de reordenamiento del mundo, deben saquear la mayor cantidad posible de recursos en los países débiles para caer bien parados como ganadores en el nuevo ordenamiento internacional de cara a lo que queda de este siglo.
No, en los países dichos serios, que son las potencias centrales de Occidente, China y Rusia, los extranjeros no pueden poseer tierras. Pero aquí cabe la aclaración de siempre y es que por “extranjero” no se entiende el vasco del tambo ni el paraguayo que tiene su chacra en Corrientes. Estos, de acuerdo con la ley y las costumbres argentinas, son argentinos porque viven aquí y al hacerlo son solidarios con los demás argentinos tanto en las buenas como en las malas. Por “extranjero” se entienden los grandes grupos económicos trasnacionales, los fondos de inversión apátridas que hasta hace no mucho solían llamarse “buitres”, los magnates aburridos que no saben ya dónde meter sus fortunas y las aplican en la destrucción de las naciones para pasar el rato un poco más entretenidos. Esos son los extranjeros que no deberían poseer ni un palmo de tierra en el país si aquí hubiera soberanía.
Pero no hay soberanía, Argentina es una semicolonia donde los extranjeros pueden hacerlo. Los Lewis, los Benetton y muchos otros muchachos muy, pero muy jodidos ya controlan una parte importante del territorio, no pequeños tambos perdidos en la geografía de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe ni chacras de subsistencia: estancias, latifundios de cuya extensión muy pocos tienen conciencia. El enemigo del pueblo-nación argentino hoy posee y controla extensas tierras que incluyen (o son lindantes con) cursos y reservas de agua, están en zonas sensibles de frontera y, en una palabra, de ninguna manera podrían estar en manos de quienes impulsan el proyecto neocolonial de desguace y remate de los países débiles en favor o bien de potencias centrales rapaces como los Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, o bien directamente del poder fáctico global que ni siquiera bandera tiene.
Las limitaciones actualmente existentes no son suficientes, pero ponen algo de orden en medio al desorden. Las zonas de frontera, por ejemplo, son lugares sensibles y muy codiciados por grupos que organizan el delito internacional o mínimamente juegan al fleje cuando se trata de cumplir las leyes nacionales de los países donde se instalan para hacer chanchullos. Con el dominio de zonas fronterizas esos grupos pueden llevar a cabo sin control por parte del Estado prácticamente cualquier actividad que implique el tránsito de bagayos o individuos, tráfico de drogas, de armas, de personas o contrabando común y silvestre, lo que impacta negativamente sobre la vida de la gente que vive en los países afectados. El Estado existe y controla (al menos teóricamente) las fronteras por una razón y eso es lo que quieren evitar quienes pretenden poseer tierras en zona de frontera.
Por otra parte y quizá aún más importante, las tierras que incluyen cursos o reservas de agua dulce son un caso que en un mundo ideal ni tendría que explicarse. Pero el mundo dista muchísimo de ser ideal, razón por la que muchos no entienden que el control de los cursos de agua puede resultar en la modificación del régimen de los ríos e incluso en la calidad del agua que llega a los centros urbanos. Basta que se utilice esa agua por el camino en algún emprendimiento muy contaminante, de gran consumo hídrico o se la retenga para que eso ocurra. ¿Quién en su sano juicio permitiría que esa posibilidad quede en manos de individuos o grupos foráneos que no están en el país y por lo tanto no están comprometidos con el destino del pueblo-nación que es el legítimo dueño del territorio?
Solo un estúpido o un infeliz tragado por la grieta, por cierto. El que piensa en su propio bienestar y en el de sus pares comprende al instante que la prohibición de poseer tierras a los extranjeros es una obviedad ululante, es la verdad absoluta que no admite opiniones ni relativización. Todas las limitaciones que el régimen mileísta pretende suprimir con la introducción de modificaciones a la ley de tierras Nº. 26.737 existen en beneficio del pueblo-nación argentino y solo deberían ampliarse, hacerse más rigurosas. Las modificaciones propuestas por Milei son una maldad que en sus últimas consecuencias podría estar rozando el genocidio y aquí el pueblo tendrá al menos la posibilidad de constatar la profundidad de la degeneración de sus dirigentes políticos. La única forma de que maldades como esta tengan estatus legal es con grieta, que es la forma más acabada de degeneración en la política.
