Una de las zonceras repetidas a menudo en la política argentina consiste en presuponer que todo lo fabricado por las manos de un nacido en esta tierra es poco eficaz y que solo genera costos al país, no así rédito alguno. A partir de esa premisa, desde el siglo XIX y hasta los días de hoy se ha venido demonizando a la mano de obra industrial, generando como consecuencia en algunos sectores de la sociedad un rechazo a la idea de la necesidad de industrializar el país como motor del desarrollo económico y el progreso.
En paralelo, el imaginario de la industria argentina como ineficiente y atrasada viene de la mano de un impulso a la extranjerización del capital, el que se pone de manifiesto en el ingreso al país de empresas radicadas aquí a partir del establecimiento de conexiones espurias con la estructura política del país. Esta última oficia como socia y partícipe necesaria del accionar de intereses distintos a los propios de un país soberano, formando parte del entramado toda clase de personajes asociados a la política, desde un simple diputado que vota afirmativamente una ley aunque esta atente contra el interés nacional, hasta la cúspide del poder ejecutivo, encarnada en la persona de quien se sienta en el sillón de Rivadavia, quien deja hacer y deja pasar.
En este artículo nos referiremos en particular a la suspensión del Proyecto del Primer Reactor nuclear, más conocido como CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares), cuyo anuncio tuvo lugar en el mes de abril de este año, afectando a más de quinientos empleados. No puede ser casualidad que un proyecto de avanzada como este, reconocido internacionalmente por su importancia, resulte desmantelado sin mediar palabra apenas cuatro meses luego de asumido un gobierno que se jactó de ser el topo que vendría a destruir el Estado argentino. Resulta obvio que la mentalidad libertaria se corresponde con un modelo neocolonial cuyas directivas son dictadas por alguna metrópoli ajena a nuestro país, según la cual es preferible que todo activo de este nivel se promocione como inservible y generador de un gasto público innecesario. Pero, ¿por qué este planteo es una contradicción?
Veamos un antecedente reciente sucedido hace apenas algunos años, durante el periodo de gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). Se trata del satélite Arsat-3, cuyo desmantelamiento significó una pérdida millonaria para el Estado argentino no solo porque implicó una merma en los ingresos del país sino también porque requirió de la intervención del Estado para el alquiler de un satélite en su reemplazo, con la finalidad de evitar a nuestro país una sanción por parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la consiguiente pérdida de derechos sobre una posición orbital.
El argumento para aquel desguace del patrimonio soberano de los argentinos en materia de comunicaciones fue el mismo de siempre: la presunta ventaja de asociarnos con inversores privados y obtener recursos provenientes del endeudamiento a riesgo de resignar una empresa nacional. De hecho, en 2017 se dio a conocer que Arsat tenía firmado un preacuerdo con la empresa norteamericana Hughes con el objetivo de crear una nueva empresa cuyo interés sería, supuestamente, finalizar el ya cancelado satélite.
En el caso que nos ocupa, el CAREM, situado en la localidad bonaerense de Zárate, es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado en Argentina con una posición de privilegio en el segmento de reactores de baja y media potencia y al igual que Arsat en 2017 con el macrismo, está sufriendo las consecuencias de la aplicación del “plan motosierra” de Javier Milei. ¿Pero por qué debería frenarse una industria nuclear que promueve el uso de la tecnología de fisión, libre de dióxido de carbono y capaz de garantizar al país el abastecimiento eléctrico a través de volúmenes masivos; industria por otra parte perfectamente integrada a otra empresa estatal rentable como lo es el INVAP?
El interrogante no encuentra más respuesta que una vocación entreguista por parte de las autoridades. El modelo de saqueo nos propone indignarnos ante un supuesto gasto público excesivo en un contexto en el que “no hay plata”, pero jamás se nos anoticia de las ventajas de poseer empresas estratégicas como CAREM. En la misma línea, otros activos públicos se desfinancian con la finalidad de aducir su falta de eficiencia como antesala de la privatización y un ejemplo de esa mecánica lo constituye Aerolíneas Argentinas, empresa que si bien había sido ya privatizada en la década de 1990 con el modelo de Carlos Menem, se recuperó y se reestatizó demostrando su potencial como aerolínea de bandera tanto en vuelos de cabotaje como en vuelos internacionales.
En el caso de Aerolíneas, el argumento para justificar de cara a la sociedad las intenciones de privatizar una empresa que nos pertenece al conjunto de los argentinos se basa en la cualidad combativa de los trabajadores del gremio de los aeronáuticos, quienes “ponen palos en la rueda” para entorpecer el normal funcionamiento de la aerolínea. También se esgrime como justificación el presunto déficit de la empresa, la que supuestamente no es rentable y no genera ningún tipo de ingresos al país, aunque paradójicamente al mismo tiempo se sugiera que la solución más conveniente sería volver a venderla al sector privado, dando a entender implícitamente que la empresa constituye un negocio lo suficientemente rentable como para encontrar comprador. Mientras tanto, se presenta a la sociedad la pérdida de un activo nacional como una ventaja, como la liberación de un lastre.
Pero aquí pasa algo ligeramente distinto, no se puede aducir que sea un lastre una empresa estatal como INVAP, que hace más de 40 años es probadamente rentable y no solo genera puestos de trabajo para argentinos, sino que compite con gigantes del mundo como la General Electric, Lockheed Martin, Boeing o Airbus. Tampoco se puede esgrimir el argumento del déficit fiscal cuando la empresa ni siquiera ha recibido subsidios. Por lo tanto, la creación del reactor CAREM no encontraría motivos válidos para no llevarse a cabo, mucho menos tomando en consideración que de su existencia dependen los puestos de empleo de cientos de trabajadores.
De manera tal que el cronista no puede sino sospechar con el lector que en este caso también, como reza el buen sentido popular, hay gato encerrado. Mientras se nos dice que el Estado gasta plata innecesariamente sosteniendo proyectos ineficientes y se nos convence de que todo lo que venga de afuera del país siempre es mejor, incluso los profesionales, pingües negociados se firman en las sombras, respondiendo quién sabe a qué terminales de poder.
Pero eso no es todo, porque el desmantelamiento de empresas estratégicas como CAREM e INVAP responde no solo al interés rapaz de hacer negocios apropiándose del patrimonio común a todos los argentinos, sino que implica además el interés subyacente de impedir al país el desarrollo de áreas estratégicas para la soberanía energética y fundamentalmente, para la defensa nacional. La Argentina es un bocado demasiado apetitoso para que los poderes fácticos globales nos concedan siquiera una posibilidad de emprender un proyecto de país soberano e independiente. Para ello hacen uso de la clase política local, se sirven de ella ofreciendo dádivas a cambio de que se les permita convertir al octavo país más extenso del planeta, uno de los más ricos del mundo, en el patio trasero de alguna metrópoli nacional o supranacional, pero siempre ajena al interés del pueblo argentino. El modelo neocolonial no sería posible sin la connivencia de la política que de manera homogénea, de izquierda a derecha se comporta como casta.
Nuestro país cuenta con algunos proyectos de reactores nucleares que demuestran el poderío científico y tecnológico de la Argentina, como el reactor multipropósito RA-10 ubicado en Ezeiza, cuya construcción se prevé que finalice hacia 2026 y que se dedicará a la producción de radioisótopos de uso médico y de silicio dopado para la industria electrónica, ambos insumos destinados abastecer al mercado interno y exportar los excedentes. No obstante, el panorama que abre la destrucción del proyecto CAREM tiende un manto de duda sobre la continuidad de la construcción de este y otros reactores de similares características, bajo los viejos argumentos de la ineficiencia de lo estatal y el déficit fiscal.
La pregunta sigue siendo la misma: por qué habría de detenerse la construcción de enclaves estratégicos en materia de energía. La respuesta, claro está, sigue resultando incierta. No se explicarían estas medidas por otro motivo que no sea la voluntad política de rifar el patrimonio del Estado y favorecer la recolonización del país.
Lejos quedó en el tiempo aquel proyecto de nación soberana inaugurado en la década de 1950 por el general Perón, con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), cuyo objetivo fue promover el desarrollo para el posterior estudio y aplicación pacífica de la energía nuclear. Testimonio de aquella etapa son las centrales nucleares situadas en Bariloche, en Constituyentes y en Ezeiza. Este proyecto soberano se mantuvo por décadas a pesar de las veleidades propias de la inestabilidad política posterior a la década peronista y llegó incluso a encontrar su correlato a nivel regional en la década de 1970, en una corriente de pensamiento americano promotora de la ciencia y tecnología, que destacaba la necesidad de que los Estados nacionales generaran políticas activas de financiamiento de la infraestructura y la ciencia para superar en conjunto, como bloque, el subdesarrollo al que la América Hispana había sido condenado.
En la actualidad, tristemente, el panorama es distinto. Ya en la década de 1990 el proyecto neoliberal del menemismo implementó políticas de ajuste fiscal que sometieron a la industria nuclear a recortes presupuestarios responsables de la minimización de gastos operativos, envejecimiento del equipamiento y pérdida de personal científico y técnico. Además, a partir del alineamiento geopolítico con los Estados Unidos posterior al Consenso de Washington, el país adhirió al régimen de no proliferación nuclear, lo que en la práctica significó la resignación de avances en el campo de los estudios de la energía atómica, incluyendo todo lo atinente al desarrollo de armas nucleares.
El interregno kirchnerista de la llamada década ganada pareció significar una nueva etapa de avances, con un presidente que entendió a la industria nuclear como un área de importancia estratégica. Así, Néstor Kirchner hizo caso omiso de las supuestas normas de seguridad orientadas a evitar la proliferación nuclear y defendió tanto en el discurso como en la acción de gobierno el desarrollo tecnológico y científico, considerando a ambos como derechos de Estado. A lo largo del periodo que va desde 2003 hasta 2015, se reactivó la actividad nuclear en obras que previamente habían sido abandonadas, como las centrales Atucha I y II, antecedentes del proyecto CAREM.
Pero el retroceso al que hemos asistido a partir del advenimiento del macrismo nos da cuenta de la ausencia de voluntad por parte de nuestra clase política actual para sostener proyectos de desarrollo soberanos y defender el interés nacional. Argentina se destaca en su capacidad nuclear por encima de numerosos países subdesarrollados que no cuentan con la posibilidad de fabricar esta clase de insumos, ya sea porque no poseen las herramientas económicas para sustentarla o simplemente porque no existe ni ha existido a lo largo de su historia la vocación política de impulsarla.
Tenemos capacidad instalada suficiente para impulsar proyectos de envergadura que garanticen entre otras ventajas la soberanía energética de nuestro país. Sin embargo, no deja de resultar llamativa la pasividad de la supuesta oposición política ante los evidentes intentos por desmantelar esa capacidad instalada y entregar nuestros recursos al mejor postor. La única conclusión posible es que esa autoproclamada oposición no lo es en los hechos sino meramente en las formas, mientras la realidad efectiva demuestra que forma parte del mismo pacto hegemónico funcional a la recolonización de la Argentina.
Pero no todo el panorama es tan sombrío en el horizonte. El caso argentino demuestra sin embargo que aun en el marco de un régimen internacional que condiciona las políticas de desarrollo del país, a nivel de la sociedad prevalece un pensamiento de autonomía interesado en defender la causa nacional en el campo de lo nuclear. Así, este ha logrado históricamente encontrar su camino propio para avanzar a pesar de los reiterados intentos de parte de los gobiernos entreguistas por eliminar cada uno de los proyectos vinculados a la energía nuclear.
Fabricar un reactor nuclear no es cosa sencilla, es una puerta para asegurar la soberanía del país a niveles mucho más profundos que la mera garantía del suministro eléctrico. El desarrollo nuclear será fundamental el día que venga un criollo a mandar esta tierra, con los cojones lo suficientemente bien puestos para plantarse ante los poderes fácticos y fabricar armamento nuclear. La libertad, la verdadera libertad de una nación pacífica como la argentina solo puede fundarse en la capacidad para hacer la guerra. Los países que poseen armamento nuclear no tienen la necesidad de arrodillarse cual vasallos ante nadie, son libres y mandan soberanamente al interior de sus fronteras.
La pregunta que queda responder es si no será precisamente para cercenarnos desde el germen esa vocación de nación libre y soberana que nos obligan a resignar políticas de las que estamos orgullosos por su valor estratégico. La respuesta, tristemente, se revela como una evidencia. ¿Ud. qué cree, querido lector?
