En su constante afán por privatizar cada una de las empresas del Estado, el neoliberalismo vuelve a la carga en un nuevo intento de desmantelar Aerolíneas Argentinas. A menos de un año de asumido el gobierno de Javier Milei no son pocos los rumores que sugieren una pronta enajenación de la aerolínea de bandera, claramente destinada a favorecer los negocios de los empresarios amigos y cometer una nueva estafa contra los ciudadanos argentinos. El mecanismo no es novedoso: algo similar ya sucedió en la década de 1990 y demandó posteriormente ingentes esfuerzos para recuperar la empresa.
Aerolíneas Argentinas es una compañía nacional de aeronavegación fundada en el año 1950 por el entonces presidente Juan Domingo Perón y fue por años la principal compañía de transporte aéreo en un país extenso como lo es el nuestro. Es por ello que desde antaño ha resultado un botín interesante para los ambiciosos del poder, quienes han visto en Aerolíneas una oportunidad rentable para hacer negocios a través de su privatización y la posterior estatización de sus deudas a costas del bolsillo de los argentinos.
Como estrategia para lograr la aceptación social de una propuesta de privatización, el gobierno y los medios de comunicación apelan a la repetición sistemática y falaz de los mismos argumentos de siempre a la hora de poner a la venta una empresa del Estado: “Lo privado es más eficiente que lo público”, “una aerolínea de bandera constituye un gasto público monumental en un contexto de crisis económica”, “se roban la plata”, “con ese dinero se podría hacer algo mejor”, “para qué tener aviones que la mayoría de los argentinos no utilizamos si necesitamos otras cosas con mayor prioridad” y un largo etcétera. No obstante, por debajo de la mesa los interesados ya están contando los miles de millones que van a meterse en los bolsillos.
Pero entre todas esas falacias sobresale la persecución, banalización y exposición ante los medios de difusión de los reclamos sindicales por parte de los trabajadores contratados por la empresa. Esta sobreexposición tanto por parte de los medios como por parte del gobierno difiere por ejemplo de la escasa cobertura mediática de la que gozaron los reclamos de los empleados de AFIP y ANSES, quienes fueron víctimas de una brutal reducción del personal en esas oficinas de la administración pública.
El objetivo es evidente: exacerbar el natural descontento de la población ante manifestaciones sindicales que le generan contratiempos. Un claro ejemplo de esta operatoria resulta la actitud frente a los reclamos llevados adelante por parte de los empleados de la empresa Intercargo, dedicada a proveer servicios de embarque de pasajeros, carga y descarga de equipajes y limpieza de las aeronaves, entre otros. Esta fue blanco de todo tipo de críticas por la realización de un paro sorpresivo que fue ampliamente replicado por los medios de difusión pero no para visualizar el conflicto laboral sino para estigmatizar a los trabajadores y generar más descontento ante los usuarios.
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