Los costos en vidas humanas para Ucrania, el peso de la derrota para la OTAN

La guerra en Ucrania avanza en medio a un invierno riguroso en el que la escasez de energía pone en jaque a los países europeos. Con los resultados aún inciertos, lo único seguro es que los ucranianos van a pagar los costos en vidas humanas, en destrucción material de infraestructura y en pérdida de territorio soberano, mientras que a la OTAN —la alianza militar imperialista de los Estados Unidos, Inglaterra y demás halcones globales— le tocará cargar con el peso geopolítico de la humillante derrota a manos de Rusia.

Basta una simple observación de los hechos de la historia para descubrir que, por regla general, todo conflicto armado tiene básicamente un instigador principal: el complejo industrial-militar y sus socios dedicados al negocio de la guerra. En cuanto a los perdedores, por lógica son quienes deben oficiar de carne de cañón durante las batallas los que tienden a llevar la peor parte, aunque de acuerdo con la sabiduría popular la primera víctima de toda guerra siempre es la verdad.

En el caso de la campaña militar de Rusia sobre el territorio de Ucrania esta definición se corrobora una vez más pues a casi un año del inicio de los enfrentamientos los negocios siguen multiplicándose y la verdad permanece enterrada bajo una montaña de escombros que parecería imposible de remover. Si hiciéramos caso de los medios de desinformación y la narrativa de la guerra que han hecho desde febrero del año pasado, deberíamos estar hoy en condiciones de anticipar sin temor a equivocarnos una rendición incondicional de las tropas rusas a la brevedad.

Sin embargo, la constante retahíla acerca de los terribles daños materiales y humanos presuntamente sufridos por Rusia a lo largo de estos once meses, la supuesta furia de un presidente Putin descontrolado al estar “contra las cuerdas” y el descrédito de la operación quirúrgica en Ucrania que los medios de comunicación aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) atizan y malinterpretan interesadamente en Occidente (y Argentina no es la excepción) no serían del todo coincidentes con la realidad efectiva que al parecer está teniendo lugar en el escenario de los hechos. O ello al menos puede deducirse a partir de una publicación que la titular de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen realizó a través de sus redes sociales oficiales el pasado 30 de noviembre.

El General Dwight David Eisenhower, 34º. presidente de los Estados Unidos. El popular “Ike” Eisenhower es el autor de la categoría de complejo industrial-militar para describir el monstruoso entramado que implicaba el negocio de la guerra. En su discurso de despedida en 1961, Eisenhower advirtió a los estadounidenses acerca de los peligros de tener gastos militares descontrolados y del impacto negativo de dichos gastos en la economía nacional al generarse un enorme déficit fiscal para hacer la guerra. Eisenhower evidentemente no fue escuchado, puesto que desde los años 1960 hasta el presente los Estados Unidos han multiplicado varias veces su inversión en armamento. Y el complejo industrial-militar se hizo más rico y poderoso que nunca.

En dicha publicación, la comisionada europea declara en un video que el número de soldados ucranianos muertos hasta ese momento en las diferentes etapas de los enfrentamientos ascendería a unos cien mil hombres. Esto último, contrastado con estimaciones oficiales publicadas por el Ministerio de Defensa del gobierno de Vladímir Putin, arrojaría algo así como una proporción de ocho soldados ucranianos caídos por cada soldado ruso o bien alrededor de doce mil quinientos soldados rusos en total, una cifra considerablemente inferior a la correspondiente a las tropas ucranianas.

Por otra parte, lo declarado por Úrsula von der Leyen permaneció a la vista de todo el mundo por unos momentos antes de que el video en cuestión fuese convenientemente eliminado y reemplazado por un segundo extracto en el que se omitía aquella onerosa cifra. No obstante, el inoportuno dato publicado por la funcionaria jamás fue desmentido por las propias autoridades de la Comisión Europea o por el Parlamento continental, ni siquiera por el gobierno Volodímir Zelenski o por ninguna de las instituciones oficiales con sede en Kiev. El gobierno ucraniano apenas dejó saber su molestia por la filtración de aquel dato, pero jamás se ocupó en negarlo o aportar datos para su refutación.


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