Perón tiene que volver

El desconocimiento, la desvirtuación o el ocultamiento deliberado de la doctrina nacional justicialista por quienes deberían esgrimirla como arma inseparable de su praxis política, enseñarla e inculcarla a sus cuadros dirigentes y al pueblo pone en evidencia graves desvíos de larga data. Esos desvíos explican por qué toda propuesta electoral que se autoproclama peronista termina siendo una estafa que, al avanzar en sentido opuesto a la línea doctrinaria, se vacía de contenido y se vuelve funcional al enemigo, lo que equivale lisa y llanamente a traicionar al pueblo cuyos intereses dice representar.

El impacto de estas distorsiones se refleja en la pérdida de coherencia política, porque sin doctrina como referencia las propuestas se tuercen hacia cualquier ventajismo. También se manifiesta en la disolución del sujeto político peronista al diluirse la identidad del movimiento y debilitarse la construcción de poder. Y en la manipulación interesada cuando la dirigencia invoca el nombre del peronismo para justificar políticas contrarias a sus principios.

En este escenario se está a un paso de caer en la subordinación a agendas ajenas y dejar espacio para que primen las recetas liberales o progresistas, sobre las cuales el justicialismo debía situarse. Solo queda ser espectadores de la ruptura entre dirigencia y pueblo, porque si la doctrina no se transmite se fractura la continuidad política entre cuadros y bases. Las semejanzas con el presente claudicante del peronismo no son casuales.

Desde 1943, Juan Domingo Perón fue desarrollando una doctrina que se enmarca en la tercera posición, concebida como síntesis superadora del capitalismo y del comunismo. Su enfoque estratégico rechaza la explotación del hombre por el hombre y la del hombre por el Estado, así como el abandono del hombre al individualismo y la anulación de toda autonomía individual y social. Como afirmaba Perón, ambos sistemas “insectifican” a la persona humana.

La doctrina está integrada por un cuerpo sistemático de principios y de normas de acción fundado en las tres banderas del peronismo —soberanía política, independencia económica y justicia social— y propone un modelo de gobierno que, con el auxilio del Estado, conduce a la comunidad organizada. Reconoce la función social de la propiedad, considera al trabajo como núcleo de la vida social y tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Integra los valores materiales y espirituales junto con los derechos individuales y sociales. No surge como un simple programa de gobierno, sino como una filosofía política que ofrece una respuesta autóctona a los problemas fundamentales del país.

Esta doctrina nacional justicialista no se limita a interpretar la realidad como haría una ideología ni a describirla como haría una teoría, sino que prescribe un modo concreto de organizar la nación y orientar al pueblo en la realización de su destino histórico, manteniendo como columna vertebral sus tres postulados básicos y adaptando sus formas a las exigencias de cada época. Plantea los múltiples desafíos que la comunidad nacional tiene por delante y, a la vez, funciona como una guía general que indica qué se debe hacer y cómo.

Ignorar la doctrina no admite excusas, a menos que las causas sean “otras”. Está al alcance de cualquiera y solo requiere voluntad de leerla y ponerla en práctica. Sus fuentes abarcan desde la obra escrita por Perón, sus discursos, conferencias, entrevistas y cartas desde el exilio, hasta documentos oficiales, la Constitución Justicialista de 1949 e incluso manuales de adoctrinamiento que el propio movimiento impulsó y publicó para que nadie pudiera alegar desconocimiento.

Una de las 20 verdades peronistas establece que “Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma”. Por ende, la doctrina —que es el alma del gobierno surgido del pueblo y la que orienta su acción—debe traducir la voz del alma popular. Sin ella, el gobierno se reduce a un mero aparato administrativo, a una gestión burocrática improvisada o extraviada en intereses circunstanciales, fácilmente confundible con cualquier otro gobierno. Y deja de ser peronista. Puede presentarse como popular, pero en la práctica queda subsumido en lógicas importadas y contradictorias. Si la doctrina fue brújula, en la historia reciente hubo quienes prefirieron navegar con mapas de otro puerto.

En consecuencia, se quebranta también otra de las 20 verdades peronistas, la que afirma que “La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo”. La adopción de un demoliberalismo por izquierda —esquema ya superado, como señalaba Perón en La hora de los pueblos— condujo al fracaso de los pretendidos gobiernos “nacionales y populares” de la etapa reciente. En nombre del pueblo terminaron haciendo lo que el poder quería.

Los cuadros auxiliares de la conducción y la militancia deben estar doctrinariamente formados, de lo contrario carecerán de los argumentos necesarios para enfrentar al enemigo con eficacia. Cuando el gobierno ignora la doctrina, no solo pierde el rumbo, sino que deja a la militancia vulnerable frente a los ataques ideológicos del adversario y la defensa de las mayorías populares queda reducida a prácticas incoherentes y superficiales, incapaces de sostener el proyecto nacional justicialista.

En clave dialéctica, conocer en profundidad la doctrina le permite al militante peronista pasar del plano reactivo al plano creador en cualquier debate político. Es decir, no limitarse a responder o defender posiciones circunstanciales, sino establecer el marco conceptual desde el cual se interpreta la realidad. Le permite pensar con cabeza propia a partir de su cosmovisión y metodología.

A la inversa, deja de ser sujeto de la contradicción para convertirse en objeto de ella. Es decir, no sabe desde dónde habla ni hacia dónde conduce su acción. El militante ya no interpreta ni dirige la disputa, sino que reacciona a lo que hace su interlocutor, siguiendo su agenda, su lenguaje y su lógica. Es pasivo, manipulable y condicionado por la iniciativa del otro. Termina jugando con las reglas que le imponen, sin lograr establecer un soporte propio de discusión que solo la doctrina puede proporcionarle.

En términos prácticos, el militante sin doctrina repite consignas como “justicia social” o “redistribución” sin poder articularlas dentro de un proyecto nacional y popular, por lo que frente a un liberal terminará atrapado en sus categorías —eficiencia, mercado, competencia— y defendiéndose según ellas. En cambio, el militante formado comprende los fundamentos del justicialismo —la centralidad del hombre, la comunidad organizada, la independencia económica y la justicia social— y puede reformular el debate desde su propio proyecto de país, desnudando los límites del pensamiento liberal. De ese modo mantiene la iniciativa, interpreta y conduce la discusión, conservando la ofensiva en el debate y la autoridad del discurso.

Resulta alarmante constatar la precariedad de las herramientas de que dispone la militancia autodefinida como peronista, reducidas a una rutina defensiva: movilización callejera y sindical cada vez más ritualizada, estructuras clientelares y territoriales desgastadas, un aparato partidario sin conducción nacional, símbolos que funcionan más como reliquias que como impulsores de acción y una presencia digital fragmentaria que perdió toda conexión con el sentido común, dominada por un fanatismo ciego que insulta y descalifica pero no persuade ni organiza. Calle, aparato, clientela y relato solo sirven para sostener una estéril trinchera, no para avanzar firmes sobre el terreno enemigo.

El pueblo es el otro gran destinatario de la doctrina, aunque se lo haya mantenido alejado de ella no por falta de aptitud, sino por cálculo para evitar que la haga valer o exija rendición de cuentas. Y en esa sola acción se desmoronaría el tutelaje político que vive de administrarle el relato redentor como anestesia a su rehén más silencioso.

Al desconocer la doctrina, el pueblo pierde el lenguaje preciso para interpretar la realidad. Sin categorías propias para pensar el poder, la justicia, la comunidad o el trabajo, su pensamiento se reduce a malas imitaciones del peronismo o a vocablos prefabricados por los medios y la academia liberal. En esa orfandad semántica, el ciudadano no puede nombrar lo que le falta ni exigirlo. La pérdida del lenguaje político propio conduce a la atrofia del pensamiento y a la anulación de toda capacidad de reflexión crítica y compleja.

Conocer la doctrina no es una simple opción, sino una necesidad de defensa colectiva. Es el antídoto frente al engaño sistemático del discurso dominante y de quienes, aunque aparenten defenderla, terminan traicionándola: gorilas e impostores. Un pueblo doctrinariamente consciente no espera al salvador providencial ni a la “buena conducción”. Sabe discernir y exigir por sí mismo. Sin orientación, el ciudadano queda a merced de los significantes vacíos que manipulan su pensamiento y su acción. Toda posibilidad de construir una comunidad organizada conforme a la directriz de la tercera posición nacional justicialista se vuelve imposible.

En efecto, con el kirchnerismo el ideal peronista expuesto en La comunidad organizada —donde Estado, pueblo e instituciones se articulan para posibilitar una justicia social real— quedó frustrado. La organización popular fue reemplazada por el aparato y por redes de asistencia, subsidios y movimientos sociales dependientes del Estado. Esto no prepara al pueblo para la lucha política, sino que lo somete a la lógica humillante de la limosna clientelar y del seguidismo ciego.

Cuando la noción de comunidad es desplazada por la del individuo ilusoriamente empoderado, la sociedad se disuelve en una suma de minorías que compiten por demandas particulares. El kirchnerismo tardío alentó esa fragmentación identitaria creyendo que la diversidad garantizaba inclusión, pero terminó debilitando la cohesión nacional. En ese esquema, politizó la moral en lugar de moralizar la política. Eso derivó en una convivencia social tóxica y en un pueblo emocionalmente manipulado, más víctima de un relato progresista de laboratorio que artífice de un proyecto de raíz nacional y popular, no como etiqueta legitimadora sino como contenido real.

Es el “mal del sectarismo” —esa deformación del arte de conducir que Perón advirtió con tanta claridad en Conducción Política— que sigue cobrándole un precio muy alto al pueblo argentino. Mientras la doctrina peronista establece la organización del pueblo en función de una causa nacional orientada al bien común, el sectarismo divide, excluye y dogmatiza por intereses personales, ideológicos o de grupo, transformando al movimiento en un conjunto de facciones enfrentadas. Una muestra más del antiperonismo dentro del peronismo, que además desconoce otras de las verdades doctrinarias, según la cual “todo círculo político es antipopular y, por lo tanto, no es justicialista”.

Este sectarismo se manifestó en dos planos complementarios. Hacia afuera, como ya se señaló, fracturó al movimiento y extendió la exclusión a la sociedad, polarizando a la Argentina según un criterio ideológico ajeno al peronismo. Hacia adentro, impuso un “cristinismo” autorreferencial como criterio de pertenencia y quien no se alineaba sin matices con la conducción era considerado opositor. Así se sustituyó la causa por la persona, dando lugar a una causa sin doctrina, como Perón alertaba.

El kirchnerismo, en su deriva engañosa, desnaturalizó la conducción y la lealtad, rebajándolas a imposición y obsecuencia, rompiendo el equilibrio que Perón consideraba esencial entre conducción, organización y comunidad. Al prescindir de una doctrina compartida —y por ende de una conducción estratégica— se perdió la unidad de concepción y de acción y ese vaciamiento produjo varias consecuencias. Se quebró el principio de organicidad interna, lo que redujo la unidad a un plano meramente formal, incapaz de armonizar los intereses y aspiraciones del conjunto. La idea de un proyecto nacional cedió ante el cortoplacismo y el cálculo electoral. Y la militancia se degradó, convertida en un simple aparato repetidor y aplaudidor de la bajada de línea, “muy politizada, pero sin cultura política”, como observaba Perón del propio pueblo argentino.

La Constitución de 1949 cristalizó jurídicamente los tres pilares del justicialismo, con los cuales el peronismo trascendió su carácter de movimiento de masas y se convirtió en un proyecto constituyente de liberación nacional decidido a poner fin a la condición semicolonial heredada y a revertir la creciente injusticia social.

El falso peronismo en el poder desconoció esos principios fundamentales por falta de anclaje doctrinario. Resulta especialmente revelador contrastar la obra magna de Perón con lo hecho por los gobiernos kirchneristas autoproclamados como peronistas, incluido el mandato de Alberto Fernández bajo la influencia de ese espacio, aunque con profundas tensiones internas, donde la figura de Cristina Fernández, arquitecta de la fórmula y garante de la continuidad del núcleo duro, operó como centro de gravedad del poder. Las medidas diametralmente opuestas a la doctrina justicialista adoptadas durante la era menemista eximen de análisis en este texto, dada su obviedad y el carácter extinto del menemismo como corriente política.

La soberanía política se expresó no solo en un profundo sentimiento antiimperialista, en el no alineamiento automático con ninguno de los dos bloques durante la Guerra Fría y en la defensa del principio de no intervención en los asuntos internos de otros países, sino también en la recuperación de la capacidad de decisión del Estado y del poder detentado por el pueblo y ejercido a través de sus representantes, conforme al interés nacional y popular.

Pese a ciertos gestos soberanos o puramente discursivos que no pasaron del atril, los gobiernos identificados como kirchneristas incurrieron en contradicciones o desviaciones respecto del postulado justicialista de la soberanía política. Algunas de ellas se evidencian con claridad, mostrando la distancia insalvable entre las intenciones declamadas y los resultados.

En política exterior se mantuvieron vigentes los tratados bilaterales de inversión firmados en los ‘90, que habilitan a empresas extranjeras a demandar al Estado argentino ante tribunales internacionales de arbitraje como el CIADI. No se los denunció ni se los renegoció en mejores condiciones, pese a que ya se conocían sus consecuencias, bajo la excusa de que sin ellos no llegarían nuevas inversiones. Lo mismo ocurrió con la Ley de Entidades Financieras de la última dictadura militar, que permanece intacta, subordinando la estructura económica del país a los dictados del capital financiero global.

En política interior se siguió incurriendo en esos vicios que, como sostenía Perón, corrompen a la verdadera democracia; entre ellos el electoralismo, que reduce la política a una mera competencia electoral. Lo importante deja de ser la disputa por el poder real y el cambio estructural y pasa a ser el resultado de las urnas, aniquilando la soberanía popular, síntoma visible de la partidocracia. La consecuencia inmediata es una democracia convertida en farsa, donde el pueblo vota pero no elige, pues las corporaciones ya decidieron en la penumbra quiénes integrarán las listas de candidatos de cada lado de la llamada grieta y cómo gobernarán, de manera pendular, esos empleados del mismo patrón: la perfecta conjunción entre “política de círculos” y “cipayismo” que Perón denuncia a lo largo de su doctrina.

La independencia económica se tradujo en acción concreta al reemplazar una economía capitalista dependiente y de explotación por una economía social, subordinando el capital a la economía y la economía al bienestar social. Esto implicaba combatir al capital especulativo internacional y a los grandes monopolios y respaldar al capital productivo como herramienta de trabajo de los empresarios, otorgando al mismo tiempo protección legal a los trabajadores. Todo ello no suponía el aislacionismo de una economía cerrada ni la autarquía económica.

Para ello y desde un rol regulador y planificador del Estado el objetivo era alcanzar la autosuficiencia económica mediante la industrialización sustitutiva, el autoabastecimiento energético, el control de los recursos estratégicos y la nacionalización de los servicios públicos, del comercio exterior, del Banco Central y de la banca privada. Se repatrió la deuda externa, se promovió el consumo interno y se estableció un sistema tributario progresivo. Los créditos se orientaron a la industria, la vivienda y la producción, priorizando a las pequeñas y medianas empresas nacionales, aplicándose un régimen de protección arancelaria.

Muy lejos de encaminar o traslucir un proceso de independencia económica efectiva, las políticas de los gobiernos kirchneristas se apartaron del espíritu justicialista de este postulado, relegándolo o sustituyéndolo por la retórica habitual. Algunos de los hechos más ilustrativos hablan por sí mismos.

El desendeudamiento logrado por el kirchnerismo fue condición necesaria pero no suficiente para alcanzar la independencia económica. Esta depende de un proceso de reconstrucción estructural, no de una maniobra financiera que apenas simula autonomía y se desvanece ante la primera crisis. Para ello es necesario un proyecto nacional consensuado que articule política industrial estratégica, desarrollo tecnológico, integración regional y diversificación productiva sostenida en el tiempo. El modelo basado en la exportación de commodities continuó e implicó una dependencia de los precios internacionales y de la demanda externa, manteniendo al país atado a los ciclos del capital global.

Ni Néstor, ni Cristina ni Alberto avanzaron en la nacionalización de la banca privada ni en la recuperación del control estatal del comercio exterior. La operatoria de este último permaneció en manos de corporaciones exportadoras extranjeras que condicionaron la política cambiaria y alimentaria, perpetuando la dependencia financiera y la fuga sistemática de capitales, en abierta contradicción con el ideario peronista de una banca nacional de desarrollo.

Aunque el Estado recuperó el control mayoritario de YPF en 2012, la política energética posterior mantuvo una fuerte presencia de capital extranjero y contratos regidos por legislación internacional. La pérdida desigual del autoabastecimiento energético y la dolarización parcial de tarifas se contradecían con el control nacional sobre los recursos estratégicos. Si bien los subsidios protegieron la demanda a corto plazo, generaron una creciente carga fiscal, distorsiones en el consumo y la inversión y una trampa política que dañó la eficiencia del sistema energético y la calidad del servicio.

La soberanía política y la independencia económica eran las condiciones indispensables para alcanzar la justicia social. De ninguna manera consistía en caridad estatal ni en ayuda humanitaria. De haber sido así, se habría conseguido con muy poco, sin necesidad de concebir semejante doctrina, sin soportar los cobardes bombardeos de “las bestias” sobre cientos de víctimas inocentes, sin años de exilio y proscripción y sin tanta vergüenza ajena por los infames traidores a la patria.

La justicia social —fundada en la Doctrina Social de la Iglesia— es el principio rector de la comunidad organizada, por el cual esta alcanza su equilibrio y su finalidad humana. Expresa la distribución equitativa de la riqueza nacional mediante la armonía entre economía y sociedad y la conciliación entre un capital humanizado y un trabajo dignificado. De este modo, el Estado garantiza el acceso a la salud, la educación, la vivienda y la realización individual y colectiva de toda la comunidad.

Las políticas económicas kirchneristas, centradas en el consumo y la expansión del gasto público sin reformar la estructura productiva desequilibrada del país, generaron dependencia del capital extranjero y vulnerabilidad frente a la inflación y la deuda, incapaces de enfrentar la recurrente restricción externa. En ausencia de una economía soberana y productiva, la justicia social se redujo a un bolsillo prestado: asistencialismo limitado, planes y subsidios condicionados, clientelismo político, estadísticas cuestionadas y mucha retórica. Donde debía existir doctrina, solo hubo gestos de estéril beneficencia.

Solo la arrogancia del ignorante permitiría descalificar como perimida la doctrina nacional justicialista. Perón, en su innegable carácter de estadista, dejó su testamento político presentado pública y oficialmente el 1º. de mayo de 1974 bajo el título Modelo argentino para el proyecto nacional, documento con el que actualizó aquella doctrina yendo más allá de una simple puesta al día del justicialismo, partiendo del diagnóstico de una Argentina nuevamente dependiente, desindustrializada y socialmente desarticulada. Trazó un camino de reconstrucción fundamentado en la soberanía científica y tecnológica, la concientización ecológica, la recuperación de la dimensión ética individual y social y una reforma educativa, entre otros objetivos.

Reafirmando la plena vigencia de la tercera posición y con la mirada puesta en el siglo XXI, Perón vislumbra la globalización financiera y cultural que denomina “universalismo” y plantea el continentalismo como la integración latinoamericana necesaria —“unirnos para liberarnos”— hacia el estrechamiento de lazos con el Tercer Mundo, poniendo a consideración de la ciudadanía, de los grupos sociales y de los partidos políticos este modelo argentino como punto de partida para la refundación nacional. Una vez alcanzado ese consenso se elaboraría un proyecto nacional, que sería la aplicación práctica e institucional del marco estratégico, para más tarde plasmarlo en una reforma constitucional que asegurara su estabilidad histórica y su obligatoriedad política. Era un itinerario de liberación nacional planificada. Del pensamiento al poder y del poder al derecho.

El kirchnerismo hizo todo lo contrario: no convocó a un acuerdo nacional, sino que construyó poder desde la polarización en clave de conflicto permanente, incluso dentro del propio movimiento popular, sustituyendo consenso por adhesión emocional o ideológica. Mucho menos articuló un proyecto nacional integral, ya que se apoyó en una gestión económica dependiente de las coyunturas externas, sin traducir la bonanza inicial en una estructura productiva autónoma, reemplazando la planificación por simple administración. Así frustró la ruta del proyecto nacional: del pensamiento al relato, del poder a la crispación y del derecho al capricho identitario.

Perón enseñaba en Política peronista —compilación de sus clases dictadas en la Escuela Superior Peronista— que “la carencia de Doctrina Nacional conduce solamente a dos cosas: o a la anarquía o al colonialismo”. Desde la irrupción del kirchnerismo en la política nacional, la palabra doctrina se volvió gradualmente un tabú que, incluso cuando su mención es inevitable, desata polémicas, evidencia limitaciones internas, confronta incoherencias y obliga a enfrentar verdades incómodas.

Cuestionar a quien invoca la doctrina y exige su cumplimiento es tan absurdo como reprocharle a un católico citar la Biblia y los Diez Mandamientos. El fiel a la doctrina que se atreve a recordarla pasa a ser el nuevo hereje, mientras los apóstatas —infiltrados, entristas u oportunistas— que la eluden se parecen cada vez más al intruso sorprendido in fraganti irrumpiendo en propiedad ajena. Parafraseando el Martín Fierro, si no da la medida “es al ñudo que lo fajen”.

El peronismo se reconstruirá únicamente recuperando la doctrina que le dio razón de ser como criterio de unidad, herramienta de conducción y sustento de un proyecto nacional. Quienes lo usaron como máscara o botín político deben apartarse; los que agotaron su ciclo también. Primero la Patria, después el movimiento y luego los hombres. Esa es la jerarquía moral que ordena al justicialismo.

La hora es de los que creen, no de los que especulan. La doctrina no se negocia. Se honra. Solo retomando el legado póstumo de Perón el movimiento volverá a ser orgánico y combativo y con este renacerá una patria justa, libre y soberana. Claro que nada de eso será posible mientras las unidades básicas permanezcan cerradas, quedando solo punteros, clientelismo y consignas vacías.