Peronismo de mentirita

Anteriormente en estas páginas había quedado planteada la afirmación de que el kirchnerismo constituye un falso peronismo. Frente a quienes cuestionan esta lectura crítica y exigen justificarla conviene indicar que la respuesta solo debe buscarse donde opera el poder real. El justicialismo se define por su capacidad de sustituir la matriz dependiente y los mecanismos de control del excedente, no por su retórica, su liturgia ni por políticas redistributivas subordinadas a una lógica externa. Es allí donde se dirime su lugar en la historia. En estas líneas se demuestra tal tesis al analizar los principales resortes estratégicos de la economía nacional, precisamente donde la profundización necesaria fue eludida.

Es habitual que se reivindique a los gobiernos kirchneristas por haber devuelto niveles de consumo y alivio material a amplios sectores de la población. El dato es innegable, pero el criterio es insuficiente. Un proyecto político no se legitima por la expansión coyuntural del consumo, sino por su capacidad de alterar la estructura de poder que lo condiciona. Mientras duró el ciclo favorable se recompuso el poder adquisitivo, pero al revertirse emergieron los límites de un modelo que se agotó. Si el país continúa atado al endeudamiento, la reprimarización productiva y la restricción externa, puede cambiar el discurso o mejorar la superficie, pero no el basamento. El problema es el esquema y no quién lo administra.

La centralidad del consumo grabada en la memoria popular no fue inocente. Durante años el discurso oficial instaló la idea de que ampliar el acceso a bienes y servicios equivalía a un “modelo de crecimiento con inclusión social”, fórmula que más tarde se condensó en la consigna de “la década ganada”. El resultado fue la instalación de un sentido común que asoció bienestar inmediato con cambio estructural. Naturalizado ese criterio economicista y despolitizador, la discusión quedó encerrada dentro de los márgenes del propio mercado y toda referencia a modificar el orden existente fue expulsada de la conciencia social y del debate público.

Conviene detenerse en el crecimiento económico, convertido en categoría explicativa para ocultar las relaciones de poder que organizan la economía. El problema radica en que este crecimiento —medido solo como aumento sostenido del PBI— no garantiza la transformación de la estructura productiva ni una distribución equitativa del ingreso. Confundir crecimiento con desarrollo no es un detalle menor. Una economía puede crecer durante años sin alterar las pautas que reproducen la desigualdad o la dependencia. En ese marco, la apelación a la “inclusión” resulta ambigua. ¿Incluir a quién y en qué condiciones? Sin una definición precisa la inclusión queda reducida a engrosar la masa de consumidores dentro de una estructura económica que perpetúa el statu quo.

Una vez delimitado el problema el análisis debe trasladarse a los puntos neurálgicos donde se organiza el circuito económico del país y se juega la apropiación del excedente. Allí se discute quién controla el comercio exterior, de dónde se obtienen las divisas y qué sector captura la renta agraria, principal fuente de la riqueza nacional. También se establece quién detenta la propiedad de los medios de transporte de las exportaciones y quién percibe la renta derivada de los fletes y los seguros. A esto se suma quién controla la red portuaria y fluvial por la que circula la producción exportable y qué criterios priorizan el sistema financiero, donde se canaliza ese excedente.

Examinar qué ocurrió en cada una de estas dimensiones permite establecer si la estructura heredada fue transformada o simplemente administrada. En una economía primario-exportadora como la argentina el comercio exterior no es un canal secundario de ventas, sino el punto donde se realiza la renta y se decide la soberanía sobre las divisas. Cuando ese circuito queda bajo control de capitales privados, en especial extranjeros, el Estado pierde capacidad para regular volúmenes, influir en los precios, administrar el flujo de moneda extranjera y su disponibilidad interna e invertir esa renta en el desarrollo nacional.

La salida a ese problema consistió en nacionalizar el comercio exterior mediante la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón entre 1946 y 1952. Hasta ese momento la comercialización de los principales productos agropecuarios se hallaba dominada por un reducido grupo de grandes empresas exportadoras, en su mayoría extranjeras, que compraban la producción local a precios internos y la colocaban en el mercado internacional extrayendo la diferencia. Bajo ese régimen el Estado quedaba al margen de la apropiación de la renta agraria y del control de las divisas provenientes de las exportaciones.

El IAPI revirtió esa matriz interviniendo directamente en la comercialización externa y capturando la renta en el momento de su realización, transfiriendo al Estado el control de las divisas generadas por las exportaciones. Además, el IAPI quedó a cargo de la importación de los productos esenciales que el país necesitaba y que no competían con la industria nacional. Esta doble función permitió financiar la industrialización, sostener políticas sociales y garantizar el abastecimiento interno.

Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández desde el 2003 hasta el 2015 no se nacionalizó el comercio exterior ni se recreó un instrumento estatal equivalente al IAPI. La comercialización de las exportaciones agropecuarias continuó en poder de grandes empresas privadas, en su mayoría multinacionales, que siguieron actuando como intermediarias globales entre productores locales y el mercado externo. El grupo conocido como las ABCD de las commodities agrícolas mantuvo un papel dominante en ese circuito. El Estado intervino mediante derechos de exportación, regulaciones administrativas y control de divisas, pero la operatoria permaneció bajo gestión privada. Incluso la cesación de pagos y el posterior concurso preventivo de Vicentín durante el gobierno de Alberto Fernández abrieron la posibilidad concreta de incorporar una empresa cerealera exportadora a la esfera estatal.

La oportunidad fue desaprovechada y así se revalidó un modelo neocolonial que preserva la apropiación privada de la renta estratégica. Ese resultado remite a una cuestión más profunda. El comercio exterior no solo canaliza divisas, es el espacio donde se realiza la renta extraordinaria generada por la producción agropecuaria argentina. Comprender cómo se origina y quién se la apropia requiere mirar de cerca cómo está organizada esa producción.

La renta extraordinaria se forma dentro de un circuito económico en el que intervienen diversos actores. En la base se encuentran los trabajadores asalariados y los productores que organizan la explotación de la tierra, muchas veces bajo la forma de arrendamientos. Se suman los propietarios de la tierra, que perciben ingresos por su uso, las empresas que comercializan la producción en el mercado internacional y el Estado nacional, que regula el comercio exterior, el régimen cambiario y la recaudación fiscal de las exportaciones. La relación entre estos actores define la distribución del ingreso generado en esta cadena.

El problema estructural del agro argentino no es el destino de la renta, sino quién la captura cuando se realiza en el mercado mundial. Esa apropiación define de antemano su destino. En ese proceso se configura una renta extraordinaria, es decir, un diferencial que no proviene principalmente del trabajo ni del capital invertido, sino de la productividad de la tierra y de la posición geoeconómica del país en dicho mercado. La cuestión central radica en qué ocurre con ese diferencial una vez que ingresa al circuito interno. Al tratarse de divisas provenientes de exportaciones primarias su apropiación no depende únicamente de la relación entre propietarios y productores, sino de las regulaciones estatales del comercio exterior, del tipo de cambio y de la captación fiscal de esas operaciones.

Es allí donde se define si el Estado se limita a administrar la renta o si la incorpora a un proyecto nacional. El peronismo histórico enfrentó este problema a través del IAPI. Con el monopolio estatal de las exportaciones, el Estado capturaba la renta extraordinaria en el momento de su realización y además intervenía directamente en su formación, circulación y destino. De ese modo, el excedente dejaba de quedar librado al circuito privado y pasaba a integrarse a una estrategia nacional de desarrollo.

Durante los gobiernos kirchneristas ya en este siglo XXI, no obstante, el Estado intervino mediante derechos de exportación que captaban parte de esa renta, pero el comercio exterior siguió en manos privadas y el excedente quedó fuera de su control. Esto se hizo visible durante el conflicto del año 2008 por la Resolución 125, la que introducía retenciones móviles sobre los principales productos agrícolas. El enfrentamiento con las patronales agropecuarias mostró la magnitud de lo que estaba en disputa, pero no alteró el dominio privado del circuito ni la forma en que el ingreso se realizaba en el comercio mundial.

En el comercio exterior intervienen tres elementos que integran el sistema logístico internacional. El primero es la marina mercante, es decir, la flota de buques destinada al transporte internacional de mercancías. El segundo son los fletes marítimos, que constituyen el pago por el traslado entre puertos. Finalmente están los seguros marítimos, que cubren los riesgos de las embarcaciones, cargas transportadas y tripulación. Quien controla estos servicios determina qué porcentaje de los ingresos del comercio internacional se realiza dentro del país y cuál se escapa al exterior.

Esto revela que una porción puede drenarse incluso después de realizada la exportación. Aunque la producción y la venta internacional se concreten en el país, los costos de transporte, fletes y seguros suelen captarse en el exterior cuando no existe control sobre la estructura logística y esto impide que la economía local retenga el valor producido. El peronismo identificó anticipadamente el segmento vulnerable y avanzó en niveles diferenciados pero concurrentes. Mientras el IAPI centralizaba la comercialización externa, desplazaba a los intermediarios privados y capturaba la renta del intercambio, la flota mercante del Estado intervenía en el transporte internacional reduciendo la dependencia de operadores extranjeros.

De este modo se retenían los ingresos del circuito logístico, bloqueando su transferencia al exterior. Décadas después las políticas de privatización y desregulación del transporte marítimo desmantelaron la flota mercante estatal y trasladaron el transporte del comercio exterior a flotas extranjeras. Durante los gobiernos kirchneristas esta dependencia logística no se modificó. La marina mercante no fue reconstruida ni se impulsaron regulaciones para asegurar participación nacional en los fletes. El país siguió atado a servicios externos, con la consiguiente pérdida estructural de ingresos.

La diferencia con la renta agraria es notable. Allí el excedente nace en la economía nacional y la discusión gira en torno a quién se lo queda. En cambio, cuando el transporte marítimo y los servicios asociados quedan bajo dominio extranjero, una fracción del ingreso vinculado al comercio exterior se va antes de entrar al circuito local. La ausencia de control estatal en este frente habilita una vía estructural de evasión y fuga de divisas. El sistema portuario y el control de las vías navegables constituyen una dimensión vertebral del comercio exterior argentino.

La principal arteria logística es la red troncal navegable del Paraná–Paraguay, mal llamada “Hidrovía”, un corredor fluvial integrado por puertos, terminales y servicios estratégicos por donde circula gran parte de la producción exportable y los flujos se congestionan en un cuello de botella y su organización actual responde a transformaciones iniciadas en la década de 1990. La privatización de la infraestructura portuaria en Rosario fragmentó la conectividad en terminales controladas por grandes empresas del complejo agroexportador, mientras que el dragado y balizamiento de la red fueron concesionados a operadores privados. El problema no es operativo, sino político, porque quien controla el sistema logístico central determina la salida del grueso de la producción exportable y captura un monto considerable de las divisas del país.

El peronismo temprano había comprendido esta dimensión estratégica. Su política buscó articular producción, transporte y comercialización bajo conducción estatal, combinando el control del comercio exterior con una marina mercante nacional y una mayor gravitación pública en los puertos. La lógica era inequívoca. Sin intervención sobre los medios logísticos que canalizan las exportaciones, la independencia económica quedaba forzosamente incompleta.

Durante el kirchnerismo esa conducción estatal nunca se ejerció. El dragado, el balizamiento y el mantenimiento del corredor siguieron a cargo de capitales privados bajo el esquema de concesiones establecido en los años 1990. A eso se sumó la falta de una vía de navegación directa en el Río de la Plata que conectara los puertos fluviales argentinos con el mar abierto sin depender del puerto de Montevideo. Aunque el propio kirchnerismo licitó la apertura del canal de navegación Magdalena, la iniciativa quedó trunca. El Estado conservó facultades regulatorias y de fiscalización, pero no recuperó el control efectivo de la infraestructura que organiza el flujo de mercancías al exterior.

Como la mayor cantidad de divisas se materializa en ese circuito, la retirada estatal dejó incólume otro de los puntos vitales de la anatomía del poder económico. El sistema portuario y la red fluvial forman el último eslabón de un entramado logístico que integra rutas y ferrocarriles de carga por donde converge la producción hacia los nodos exportadores. Con su trazado radial dirigido hacia las terminales portuarias, la red ferroviaria refleja el patrón agroexportador que modeló la economía desde fines del siglo XIX, insertando al país en la división internacional del trabajo como proveedor de materias primas y alimentos y consolidando la posición dependiente de la Argentina.

El recorrido analítico y argumental desarrollado hasta aquí culmina en la dimensión del destino final del excedente en el sistema financiero donde los recursos se nuclean en el sistema bancario y la intermediación. El antecedente más claro de una intervención estructural se encuentra en el primer ciclo peronista, que subordinó el crédito y la banca a los objetivos de la política económica y el desarrollo productivo. La nacionalización del Banco Central y de los depósitos fue acompañada por la creación del Banco de Crédito Industrial Argentino con el fin de canalizar financiamiento hacia la expansión industrial.

La red bancaria diferenciaba la banca comercial, dedicada a la intermediación corriente, de las instituciones que financiaban proyectos de largo plazo, de modo que el crédito no quedara sometido a los criterios de corto plazo de la banca tradicional. Esto permitía aplicar la renta y el crédito hacia la industria, la infraestructura y otras actividades estratégicas, en lugar de subordinar los recursos a la rentabilidad financiera. Durante la tercera presidencia de Perón la legislación reafirmó esta concepción al concentrar los depósitos en el Banco Central y convertir a los bancos en sus mandatarios legales. Esto permitió que el ahorro de millones de trabajadores y pequeños ahorristas pudiera ser absorbido por la economía real y potenciara el crecimiento económico.

La ley de entidades financieras 21.526, sancionada durante la última dictadura militar, desarmó este sistema. Se eliminó la nacionalización de los depósitos y los bancos recuperaron control directo de los fondos, desplazando la asignación del crédito de la política económica hacia la rentabilidad financiera. Se ampliaron los canales de intermediación, se habilitaron distintos tipos de establecimientos financieros y se reguló la participación del capital extranjero, con el ahorro social ya fuera de la órbita pública y nuevamente subordinado a la lógica de las finanzas.

Durante el ciclo kirchnerista no se efectuó una reforma integral del andamiaje financiero pese al amplio respaldo político y popular, sumado a las condiciones económicas favorables. El proyecto de reforma presentado en 2010 por el diputado y cooperativista financiero Carlos Heller proponía redefinir la actividad como servicio público y encauzar el crédito hacia la producción y fue desactivado por el propio oficialismo. La contradicción es evidente: el kirchnerismo construyó casi toda su legitimidad política sobre la crítica al paradigma liberal, aunque en su praxis concreta permitió que el sistema financiero siguiera operando bajo las mismas reglas del programa económico de José Alfredo Martínez de Hoz.

En otras palabras, el kirchnerismo permitió al sistema seguir rigiéndose por criterios de rentabilidad. El crédito se volcó a operaciones de corto plazo y rápida rotación mientras el financiamiento de proyectos productivos de mayor envergadura quedaba restringido. Sin una institucionalidad financiera orientada al desarrollo el crédito dejó de ser palanca de transformación económica y pasó a funcionar como un negocio más del sistema bancario. Intervenir habría implicado atacar el núcleo de la acumulación capitalista, direccionar el ahorro interno hacia la producción, reducir la fuga de capitales y disminuir la dependencia del financiamiento externo. La política económica pudo haber mejorado la distribución del ingreso y ampliado el consumo, pero la estructura de poder que organiza el crédito y la especulación financiera permaneció intacta y con ello una de las causas de la postración a la que fue sometida la Argentina.

Si algo quedó claro a lo largo de las dimensiones analizadas es que la diferencia entre peronismo histórico y kirchnerismo no estuvo en el discurso, sino en el lugar donde se intervino —o se miró para otro lado— sobre el eje medular del poder económico. Allí donde el primero disputó el control del excedente nacional, el segundo optó por resignarse a la arquitectura heredada. En ese contraste se sostiene la caracterización de un falso peronismo. No es casual que estos problemas muy rara vez aparezcan en el debate político actual y mucho menos en la agenda de los dirigentes que hoy hablan de una “renovación” en el justicialismo mediante un frente electoral anti Milei, tardío y oportunista. Es una impostura venir a plantear ahora el “recambio” después de haber esquivado durante años esa pelea.

Poco puede esperarse de cara al escenario electoral en 2027 de quienes convirtieron al movimiento nacional justicialista en una trama de rosca partidaria y resguardo de privilegios. El peronismo no necesita reciclaje en rueda de hámster —endogámico, cosmético y engañoso— sino una depuración profunda que lo libere de esa típica oligarquía política que hoy, desde el propio espacio, usufructúa su nombre y conducción.

El balance final deja una nueva paradoja muy difícil de pasar por alto. El kirchnerismo, durante su gobierno y luego en la oposición, cacareó hasta el cansancio la consigna del “Estado presente”. Pues bien, allí donde debía actuar como Estado empresario sobre los engranajes de la economía para afirmar la soberanía política como base de la independencia económica y la justicia social, el Estado brilló por su ausencia.

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