Peronismo de mentirita

Anteriormente en estas páginas había quedado planteada la afirmación de que el kirchnerismo constituye un falso peronismo. Frente a quienes cuestionan esta lectura crítica y exigen justificarla conviene indicar que la respuesta solo debe buscarse donde opera el poder real. El justicialismo se define por su capacidad de sustituir la matriz dependiente y los mecanismos de control del excedente, no por su retórica, su liturgia ni por políticas redistributivas subordinadas a una lógica externa. Es allí donde se dirime su lugar en la historia. En estas líneas se demuestra tal tesis al analizar los principales resortes estratégicos de la economía nacional, precisamente donde la profundización necesaria fue eludida.

Es habitual que se reivindique a los gobiernos kirchneristas por haber devuelto niveles de consumo y alivio material a amplios sectores de la población. El dato es innegable, pero el criterio es insuficiente. Un proyecto político no se legitima por la expansión coyuntural del consumo, sino por su capacidad de alterar la estructura de poder que lo condiciona. Mientras duró el ciclo favorable se recompuso el poder adquisitivo, pero al revertirse emergieron los límites de un modelo que se agotó. Si el país continúa atado al endeudamiento, la reprimarización productiva y la restricción externa, puede cambiar el discurso o mejorar la superficie, pero no el basamento. El problema es el esquema y no quién lo administra.

La centralidad del consumo grabada en la memoria popular no fue inocente. Durante años el discurso oficial instaló la idea de que ampliar el acceso a bienes y servicios equivalía a un “modelo de crecimiento con inclusión social”, fórmula que más tarde se condensó en la consigna de “la década ganada”. El resultado fue la instalación de un sentido común que asoció bienestar inmediato con cambio estructural. Naturalizado ese criterio economicista y despolitizador, la discusión quedó encerrada dentro de los márgenes del propio mercado y toda referencia a modificar el orden existente fue expulsada de la conciencia social y del debate público.

Conviene detenerse en el crecimiento económico, convertido en categoría explicativa para ocultar las relaciones de poder que organizan la economía. El problema radica en que este crecimiento —medido solo como aumento sostenido del PBI— no garantiza la transformación de la estructura productiva ni una distribución equitativa del ingreso. Confundir crecimiento con desarrollo no es un detalle menor. Una economía puede crecer durante años sin alterar las pautas que reproducen la desigualdad o la dependencia. En ese marco, la apelación a la “inclusión” resulta ambigua. ¿Incluir a quién y en qué condiciones? Sin una definición precisa la inclusión queda reducida a engrosar la masa de consumidores dentro de una estructura económica que perpetúa el statu quo.

Una vez delimitado el problema el análisis debe trasladarse a los puntos neurálgicos donde se organiza el circuito económico del país y se juega la apropiación del excedente. Allí se discute quién controla el comercio exterior, de dónde se obtienen las divisas y qué sector captura la renta agraria, principal fuente de la riqueza nacional. También se establece quién detenta la propiedad de los medios de transporte de las exportaciones y quién percibe la renta derivada de los fletes y los seguros. A esto se suma quién controla la red portuaria y fluvial por la que circula la producción exportable y qué criterios priorizan el sistema financiero, donde se canaliza ese excedente.

Examinar qué ocurrió en cada una de estas dimensiones permite establecer si la estructura heredada fue transformada o simplemente administrada. En una economía primario-exportadora como la argentina el comercio exterior no es un canal secundario de ventas, sino el punto donde se realiza la renta y se decide la soberanía sobre las divisas. Cuando ese circuito queda bajo control de capitales privados, en especial extranjeros, el Estado pierde capacidad para regular volúmenes, influir en los precios, administrar el flujo de moneda extranjera y su disponibilidad interna e invertir esa renta en el desarrollo nacional.

La salida a ese problema consistió en nacionalizar el comercio exterior mediante la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón entre 1946 y 1952. Hasta ese momento la comercialización de los principales productos agropecuarios se hallaba dominada por un reducido grupo de grandes empresas exportadoras, en su mayoría extranjeras, que compraban la producción local a precios internos y la colocaban en el mercado internacional extrayendo la diferencia. Bajo ese régimen el Estado quedaba al margen de la apropiación de la renta agraria y del control de las divisas provenientes de las exportaciones.

El IAPI revirtió esa matriz interviniendo directamente en la comercialización externa y capturando la renta en el momento de su realización, transfiriendo al Estado el control de las divisas generadas por las exportaciones. Además, el IAPI quedó a cargo de la importación de los productos esenciales que el país necesitaba y que no competían con la industria nacional. Esta doble función permitió financiar la industrialización, sostener políticas sociales y garantizar el abastecimiento interno.

Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández desde el 2003 hasta el 2015 no se nacionalizó el comercio exterior ni se recreó un instrumento estatal equivalente al IAPI. La comercialización de las exportaciones agropecuarias continuó en poder de grandes empresas privadas, en su mayoría multinacionales, que siguieron actuando como intermediarias globales entre productores locales y el mercado externo. El grupo conocido como las ABCD de las commodities agrícolas mantuvo un papel dominante en ese circuito. El Estado intervino mediante derechos de exportación, regulaciones administrativas y control de divisas, pero la operatoria permaneció bajo gestión privada. Incluso la cesación de pagos y el posterior concurso preventivo de Vicentín durante el gobierno de Alberto Fernández abrieron la posibilidad concreta de incorporar una empresa cerealera exportadora a la esfera estatal.