Ponerle el cascabel al gato

A principios del mes de mayo una noticia impactó en todo el mundo, pero sobre todo en nuestra Argentina que hoy se ve amenazada por el avance del crimen organizado por el narcotráfico y las mafias relacionadas en Rosario y en otras partes del territorio nacional. La noticia era que El Salvador llegaba a los 365 días sin registrar un solo homicidio, un récord indudablemente muy impresionante máxime teniendo en cuenta que hasta hace no mucho tiempo El Salvador registraba los índices de criminalidad más altos del continente americano y uno de los más altos del mundo. El Salvador fue hasta tiempos muy recientes un país donde campaba la violencia en las calles.

En efecto, las autoridades de ese país centroamericano llegaron a registrar hasta 30 crímenes diarios y en el año 2015, hace tan solo ocho años, fueron contabilizados 6.655 homicidios, escalofriantes 18,2 asesinatos por día en promedio. De esa situación lamentable y extremadamente peligrosa para el pueblo-nación salvadoreño se llega entonces en este bienio 2022/2023 a un año entero sin un solo asesinato en todo el país, ubicando a El Salvador en el segundo lugar de la tabla de países americanos más seguros solo por debajo de Canadá. El hecho se difundió abundantemente en los medios de todo el mundo, aunque a algunos de esos medios, como veremos a continuación, mucho no les gustó dar la noticia.

Lo que pasó en El Salvador para que se produjera semejante cambio fue el advenimiento de un gobierno con voluntad política para resolver un problema concreto que estaba entre las más altas prioridades del pueblo. En pocas palabras, puede decirse que el presidente salvadoreño Nayib Bukele resolvió hacer lo que ninguno antes de él había hecho, a saberlo, poner a disposición del pueblo los recursos del Estado para solucionar una problemática social puntual. Nadie vaya a pensar que en El Salvador todo ahora es una maravilla, eso no es así. Pero concretamente al menos uno de los problemas más graves de esa sociedad parecería haber sido al fin resuelto.

Frente al estado catastrófico de la seguridad pública, Bukele decidió echar mano de aquello que los comentaristas de la realidad gustan llamar despectivamente “mano dura”, es decir, la represión legal sin atenuantes contra el delito. Concretamente, el gobierno nacional de El Salvador lanzó el llamado Plan de Control Territorial el 20 de junio de 2019 y a partir de allí empezó con la ejecución de una estrategia de siete fases, de las que cinco ya fueron puestas en marcha. La primera etapa de esa estrategia, según lo informado por el gobierno salvadoreño, fue la preparación del terreno mediante la retomada de la presencia del Estado en los territorios donde antes estaban los criminales, a quienes Bukele prefiere llamar terroristas por su efecto deletéreo sobre la comunidad, reinaban absolutos.

Una vez logrado eso, El Salvador pasó a una segunda etapa que consistió en generar mejores condiciones de existencia para los jóvenes del país y así evitar que esos jóvenes sigan volcándose al delito. La tercera etapa fue una modernización de las fuerzas de seguridad, la que incluyó una mejora en equipamientos y capacidades para que los efectivos puedan realizar bien su trabajo. La cuarta y la quinta fase fueron las de incursión en los reductos de las mafias y extracción, atacando directamente los bunkers donde los criminales, ya arrinconados, seguían escondiéndose. Hubo en esta etapa operativos en los que sectores urbanos enteros fueron literalmente cercados por las fuerzas de seguridad hasta lograrse extraer de allí hasta el último delincuente.

Todo eso se hizo ya y los resultados son una disminución brusca no solo en términos de criminalidad, sino de actividad delictiva de un modo general. Habiendo ejecutado cinco de las siete etapas de un plan estratégico, en cuestión de meses el gobierno de Bukele les devolvió a los salvadoreños el derecho humano a vivir sin miedo a ser asesinados por el crimen, a poder transitar normalmente por el país para realizar sus actividades cotidianas. Todo el que haya vivido bajo el estado de sitio de facto que impone el crimen organizado allí donde se instala sabrá el valor que tiene el volver a vivir en paz después del trance. Hoy el pueblo de El Salvador tiene esa posibilidad luego de años y décadas de haber estado abandonado por las autoridades.

Entonces los aspectos interesantes a observar en la experiencia de Bukele en El Salvador son, a saberlos, la planificación estratégica y la inversión decidida de los recursos públicos en la ejecución del plan. Esos recursos, por cierto, son bien escasos en aquel país: El Salvador tiene un producto bruto interno (PBI) de unos 30 mil millones dólares, muy inferior por cierto al de la Argentina y también al de todos nuestros vecinos de América del Sur. El PBI salvadoreño equivale a menos de la mitad del de Uruguay, por ejemplo. Y aun así el plan pudo llevarse a cabo hasta aquí con muy buenos resultados. ¿La seguridad ciudadana es entonces una cuestión de abundancia de recursos o de planificación y voluntad política?

Está claro que se trata de lo segundo, se trata de organizar optimizando los recursos existentes, de tener un plan a mediano y largo plazo para resolver el problema y de ejecutarlo en su totalidad, lo que por supuesto requiere de la presencia ejecutiva del jefe de gobierno en cada momento. Nayib Bukele ha supervisado personalmente la ejecución de lo planificado impidiendo que haya desviaciones, no ha tolerado la corrupción entre las fuerzas del orden encargadas de materializar la estrategia en el territorio y, en fin, ha hecho lo que se espera de un presidente, que es gobernar la aplicación de las políticas públicas que él mismo ha propuesto.

Eso es lo que medios de comunicación aquí y en otros países del mundo han dado en llamar “mano dura”, subiéndose a la narrativa de oenegés que supuestamente velan por los derechos humanos. Supuestamente, claro, pues ninguna de esas organizaciones no gubernamentales se acordó jamás de poner el grito en el cielo para denunciar el asesinato de decenas y hasta cientos de miles de salvadoreños a manos de las llamadas maras desde los años 1960 hasta tiempos recientes. El Salvador ha pasado de tener 103 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2015 a tener 17,6 en 2021. Y ahora ha estado todo un año sin tener ninguno. Eso es sin duda cuidar los derechos humanos de más de seis millones de salvadoreños.