La Guerra del Paraná (1845-1850) que sostuvo nuestro país por periodo de cinco años contra la armada anglofrancesa y que tuvo como fecha icónica el 20 de noviembre de 1845, día del Combate de la Vuelta de Obligado sobre el río Paraná, fue cubierta con marcado interés por la prensa internacional y además constituyó tema de permanente debate en los parlamentos tanto de Inglaterra como de Francia. Para comprender los motivos por los que ambas potencias decidieron financiar una armada que superaba el centenar de buques, en su mayoría mercantes, escoltados por una veintena de naves de guerra, debe tenerse en cuenta el contexto internacional de mediados del siglo XIX.
Eran años en los que en varias partes del mundo se asistía a una expansión del colonialismo británico y también del francés, los que por la vía diplomática o por el uso de la fuerza obtenían en todos lados las más variadas concesiones de parte de diversos pueblos sometidos o más precisamente, de parte de las élites locales de esos mismos pueblos. No debe de olvidarse, en este contexto, que se trataba por aquel entonces de las principales potencias militares y económicas a nivel mundial.
Por ejemplo, el primer ministro Lord Robert Peel logró la firma del Tratado de Nankín con China en 1842, por el cual se puso fin a la primera guerra del opio y que le permitió a Inglaterra apoderarse de la célebre isla de Hong Kong, cuyo control retuvo hasta su cesión en 1997. Además, este acuerdo le facilitó a Inglaterra la apertura económica de China a sus productos industriales. Era una época en la que la diplomacia británica no aceptaba de buen grado una negativa a sus demandas por parte de otros países.
Los franceses no se quedaban muy atrás. Y en tren de reivindicaciones territoriales sostenían un vasto imperio colonial en todos los continentes. Al tiempo que inventaban el término “Latinoamérica” jamás usado en los siglos precedentes, no se privaron por ejemplo ni de bombardear el puerto mexicano de Veracruz en 1838, ni de instalar un emperador dócil a la sugerencia de establecer un tutelaje galo sobre México, como fue el caso del desdichado Maximiliano (1864-1867).
Era, por tanto, cuestión de esgrimir una buena excusa para iniciar formalmente hostilidades contra una nación de relevancia estratégica y comercial a nivel regional como la Argentina, que entre otras cosas controlaba la boca del estuario del Río de la Plata, ruta de entrada para la navegación por los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay que eran la llave de ingreso al interior del continente.
Como es de suponer, si los barcos europeos cargados de mercaderías industriales no podían remontar esos ríos, sobre todo el Paraná, sería imposible llegar a importantes mercados compradores como Paraguay, pero también Bolivia y la zona de Mato Grosso en Brasil. El estuario del Río de la Plata era entonces nada menos que la vía de acceso al núcleo del continente no solo en un sentido geográfico y económico sino también demográfico, dado que las zonas de Bolivia que habían constituido el Alto Perú eran en aquella época más pobladas que nuestro Litoral. Se trataba de un botín lo suficientemente rico para facilitar que franceses e ingleses hicieran causa común con la finalidad de asegurarse negocios para ambos.
Pero la región resultaba aún más atractiva a las potencias imperiales debido a la inestabilidad política reinante al interior de las fronteras de la Confederación. Existía un punto débil para la Argentina de aquellos años que habría de ser astutamente aprovechado por los diplomáticos británicos y franceses: la guerra civil entre unitarios y federales que había provocado el exilio de una pequeña multitud de unitarios en Montevideo, desde donde sin vacilar prestarían su ayuda sistemática a los enemigos externos del país.
Así, con la finalidad de generar rispideces entre su gobierno y el argentino, los diplomáticos franceses utilizaron como excusa para peticionar a Juan Manuel de Rosas una concesión otorgada años antes a sus pares británicos por Bernardino Rivadavia, personaje frecuente en esta columna. Aquella norma había establecido como ley un trato privilegiado de parte del país hacia los residentes nacidos en la Gran Bretaña y Francia se valió de ella para solicitar a Rosas el mismo trato para sus ciudadanos. Por su parte, Inglaterra reclamaba que los ríos interiores del territorio argentino fuesen de libre navegación internacional, esto es, que las naves de bandera británica pudieran circular a sus anchas sin la necesidad de solicitar autorización alguna al gobierno argentino.
Pero este último conflicto contaba con un antecedente: años antes, entre 1838 y 1840, el propio gobierno francés había solicitado también ese mismo beneficio. Por aquel entonces, no obstante, la cuestión no había escalado en gravedad y se solucionó con la firma del Tratado Arana-Mackau. Al respecto, señala el historiador Edmundo Heredia en su libro Un conflicto regional e internacional en el Plata. La vuelta de Obligado: “la prepotencia francesa desnudó su imperialismo al mezclar sus pretensiones comerciales con su apoyo a los unitarios proscriptos, entrometiéndose así en una cuestión interna de los rioplatenses. Las concretas intervenciones de fuerzas navales francesas acompañadas de declaraciones y otras actitudes nada amistosas del gobierno de Francia, eran una demostración ostensible de su decisión de mantener siempre una presencia activa en el continente”.
En este punto quizá le resulte necesaria al lector una aclaración sobre la situación institucional de nuestro país durante el período que va de 1845 a 1850. Recordemos que por entonces el nombre más comúnmente utilizado era Confederación Argentina, constituida políticamente a partir del Pacto Federal de 1831, documento al que adhirieron todas las provincias. Cada provincia se administraba a sí misma y todas juntas estaban unidas en forma confederal.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, estaba a cargo del manejo de las relaciones exteriores de toda la Confederación. Es decir que en caso de conflicto internacional Rosas representaba a todas las provincias. De allí que las presentaciones de reclamos por parte de los gobiernos francés e inglés dieran a parar al despacho del gobernador Rosas. Para el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, el caudillo rioplatense contará con Felipe Arana, un abogado porteño que demostrará estar más pendiente de defender los intereses nacionales que de detalles de etiqueta.
De hecho, previo a desatarse el conflicto resultó incesante el intercambio de notas diplomáticas entre el canciller Felipe Arana y los funcionarios europeos y la correspondencia demuestra cómo la postura del diplomático se mantuvo incólume, lo que derivaría más tarde en el inicio del bloqueo. La resistencia militar argentina en la Vuelta de Obligado fue saludada por los pueblos americanos que la reivindicaron al nivel de una segunda guerra por nuestra independencia. Resultó que nuevamente ingleses y franceses habrían de lidiar con uno de los pocos pueblos del planeta dispuestos a hacerles frente.
Dice Vicente Sierra en su Historia de la Argentina que “ya en enero de 1846 en el Parlamento inglés se hizo escuchar la voz de la oposición liberal ante un desarrollo de los hechos del Plata que no se ajustaba a lo que la mayoría había supuesto”, dando a entender que los británicos estaban más que seguros de un triunfo sencillo y sin contratiempos. Y agrega respecto de las bases para una salida negociada a la crisis, propuesta formulada por Rosas a través del representante argentino en Londres, Manuel Moreno, que “Lord Aberdeen dijo ante la Cámara de los Lores, el 19 de febrero de 1846, que si bien se trataba de proposiciones inadmisibles, podían muy prontamente conducir a un arreglo amistoso de toda la cuestión”.
El 23 de marzo de 1846 Lord Peel fue interpelado en el parlamento, sitio en el que tuvo que responder las preguntas del vocero de la oposición, Lord Aberdeen, quien por otra parte tiempo después pasaría de la oposición al gobierno, reemplazando a Peel como primer ministro. En la interpelación se le preguntó a Peel por el estado de la cuestión del Plata, a saber, si existía un estado de guerra entre Gran Bretaña y la Confederación Argentina y fundamentalmente por las perspectivas que razonablemente tendría el asunto en caso de haberlo.
Lord Peel respondió: “¿Estamos en guerra con Buenos Aires? No ha habido declaración de guerra. Hay un bloqueo de ciertos puertos del Río de la Plata pertenecientes a Buenos Aires, pero no entiendo que el establecimiento de un bloqueo importe necesariamente un estado de guerra. La segunda pregunta del noble Lord es si las operaciones de carácter más hostil en las márgenes del río Paraná tenían la sanción previa del gobierno. Dije ya que no había dado instrucciones ningunas al representante del gobierno o al comandante de las fuerzas navales además de las que fueron comunicadas a la Cámara y aunque parezca singular hasta hoy no se ha recibido aún una explicación amplia o satisfactoria de los motivos que hubo para la expedición del Paraná (…)”.
Sostiene Edmundo Heredia que “las razones por las cuales, entre otras alternativas, la flota conjunta decidió forzar el paso fluvial en lugar de atacar un puerto o llevar a cabo alguna otra medida de fuerza, o hasta declarar la guerra, son por ahora objeto de conjeturas. Resulta extraña la pretensión de colocar mercaderías contenidas en casi una centena de barcos, en un mercado incierto y de escasa población. Es poco creíble que comerciantes y fuerzas armadas creyeran realizar un buen negocio en términos estrictamente comerciales. La hipótesis que parece más plausible, que puede inferirse por los hechos ocurridos, es que la opción procuraba movilizar en contra de Rosas a las provincias situadas al Norte (Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes) y al Paraguay, es decir, producir un hecho detonante que provocara una reacción generalizada contra Rosas.”
En favor de la interpretación de este autor, que como vemos matiza significativamente la interpretación habitual de la guerra como provocada por un interés puramente comercial, puede citarse la existencia de varios documentos y testimonios de la época que dan cuenta del interés por parte del Brasil de sacar ventajas de la intervención europea en perjuicio de la Argentina, procurando su debilitamiento en combinación con el Paraguay. Llegó a manejarse la posibilidad de crear una artificial República de la Mesopotamia, es decir, el desmembramiento del territorio argentino, todo bajo la vieja y conocida fórmula del “divide y reinarás”. El interés subyacente al conflicto con Rosas no habría sido entonces meramente comercial, aunque sin lugar a duda no dejaría de existir una motivación económica, sino sobre todo política, en el sentido de perpetuar e institucionalizar el dominio extranjero sobre la Confederación Argentina.
Tan importante resultaba a las potencias invasoras hacerse con ese dominio colonial que las tensiones parlamentarias en Francia estaban a la orden del día a raíz de los sucesos en Sudamérica. En ese contexto, François Guizot, ministro de relaciones exteriores francés que sería poco tiempo después primer ministro coincidiendo con el reinado de Luis Felipe, compareció ante la Asamblea Nacional y fue duramente interpelado por un viejo adversario, Adolfo Thiers, en línea similar a la de los parlamentarios ingleses.
Al respecto, expresa Vicente Sierra que “Guizot no podía defenderse muy eficazmente, pues su política rioplatense distaba de ser coherente, revelaba contradicciones, de manera que se limitó a exponer que no se podía aún hablar de que la intervención hubiera fracasado. La verdad era, en cambio, que ni Guizot ni Aberdeen lograban explicarse cómo no habían triunfado”. Las potencias europeas no estaban acostumbradas a resultar vencidas ni en el campo de batalla ni mucho menos en el plano de la diplomacia.
Sin embargo, el argumento de nuestro país era lógico, coherente con el derecho internacional y hasta de sentido común: la navegación de un río que corre por territorio de un país no es libre como pretendían ingleses y franceses, sino que debe estar sometida a la reglamentación que establezcan las autoridades nacionales, tal como lo eran la navegación por el río Támesis o el Sena, ambos interiores y que no podían ser surcados por barcos que no fueran ingleses y franceses, respectivamente, salvo expresa autorización de esas naciones. No es que Argentina rechazara la navegación de sus ríos interiores, sino que en ejercicio de su soberanía sostenía que la misma debía ser previamente permitida por nuestras autoridades. Y para el caso del río Uruguay, toda vez que la República Oriental del Uruguay era un estado independiente, la autorización debía ser de común acuerdo entre esta y la Confederación Argentina.
Así, a pesar de las pataletas de los parlamentarios británicos y franceses, la Guerra del Paraná constituyó en el mediano plazo una enorme victoria militar y diplomática de nuestro país que garantizó al menos en lo atinente a la política de navegación de nuestros ríos un proyecto de país soberano e independiente, doblegando la voluntad de las dos principales potencias militares, políticas y económicas de la época.
De hecho, la primera en enviar un embajador plenipotenciario a negociar las condiciones del cese al fuego fue Inglaterra, en uso del proverbial pragmatismo de su élite política. El 24 de noviembre de 1849 Enrique Southern, enviado del gobierno británico a Buenos Aires, firmó con el canciller Arana el célebre tratado por el que Inglaterra se comprometía a devolver los pertrechos tomados durante la lucha, desocupar la isla de Martín García, saludar en desagravio a la bandera argentina y reconocer que la Argentina como país soberano posee el derecho de reglamentar como lo considere apropiado la navegación de sus ríos interiores. No se incluyó la ya por entonces espinosa disputa por Malvinas, ocupadas por Inglaterra desde 1833, aunque la Argentina por documento separado volvió a reclamar su soberanía sobre el archipiélago.
Para finalizar, resultaría de importancia señalar que constituye un lugar común en ciertos sectores de nuestra historiografía guiados más por prejuicios que por rigor y exhaustividad históricos, considerar a la actitud argentina de resistir las demandas extranjeras como un capricho personal de Rosas. Además de omitir esas interpretaciones que el conflicto culminó con una victoria diplomática de nuestro país, la historiografía canónica olvida que la del Paraná no fue simplemente una guerra internacional, sino que también fue regional, un conflicto en el que por una suma de intereses y circunstancias se jugaba nuestro destino.
Las opciones eran dispares: salvaguardar nuestra integridad territorial y nuestra dignidad soberana o atomizarnos en un mosaico de pequeños Estados irrelevantes en el tablero internacional. A casi dos siglos de aquella gesta, no puede ser casual que incluso a pesar de los sucesivos intentos por someternos a intereses ajenos a los de nuestros pueblos, ninguna potencia extranjera ha logrado del todo reducir a este continente a una situación de colonia formal.
