La Argentina se encuentra una vez más en la encrucijada de una historia cíclica: debe acordar con sus acreedores el pago de una deuda externa que no posee la capacidad material de enfrentar y decidir en el camino qué rumbo económico va a implicar este condicionamiento externo. En ese contexto, se sabe inminente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que el país entabló un compromiso por cincuenta y siete mil millones de dólares, aunque esa cifra finalmente no llegó a ser desembolsada por completo, alcanzando los depósitos de hecho los cuarenta y cuatro mil millones en moneda extranjera.
En ese estado de situación, el gobierno de Alberto Fernández sugiere una quita en los intereses o el capital del crédito concedido o un alargamiento de los plazos y fechas de pago, so argumento de que el préstamo en cuestión habría sido otorgado por el organismo para financiar la campaña política de la alianza Juntos por el Cambio en el año 2019. Una de las banderas que el Frente de Todos levantó a lo largo de esa campaña, justamente, fue la necesidad de investigar el origen de la deuda externa, el destino de los fondos otorgados y la legalidad de un crédito que el FMI concedió a contramano de sus propios estatutos, de un volumen inédito y a un país que no demostraba capacidad de pago.
Pero independientemente del discurso quisquilloso del oficialismo que habla de la “gula” del FMI, lo cierto es que difícilmente el Fondo vaya a admitir la supuesta ilegalidad del préstamo, por lo que se sabe que hay que pagar, que el tiempo apremia y que las cláusulas del acuerdo se habrán de anunciar previsiblemente entre el fin del corriente año e inicios de 2022, aunque también es posible que se extienda a lo largo del mes de enero.
En ese clima de expectativa, a comienzos del mes de diciembre el periodista del Diario La Nación y del canal televisivo homónimo Carlos Pagni hizo un extenso comentario en el que esbozaba la posibilidad de que el acuerdo de parte del Estado argentino con el Fondo Monetario Internacional implique más que el “simple” sometimiento de la economía del país a la égida de ese organismo a través de la imposición de un programa económico de ajuste tendiente supuestamente a la reducción del déficit fiscal y el achicamiento del gasto público para el pago de los intereses y el capital adeudados, sino que directamente pueda exigir del Estado argentino un alineamiento geopolítico del país dentro de la órbita de los Estados Unidos en el marco de la guerra económica que esta potencia sostiene con Oriente y en específico con la República Popular China y la Federación Rusa.
En ese editorial, Pagni planteaba que ya se sabe que los términos del acuerdo van a implicar un ajuste fiscal y que obligarán al gobierno a definir por primera vez su orientación económica abandonando la ambigüedad que lo caracterizó a lo largo de los dos primeros años de su mandato. La definición de un programa económico sería la condición sine qua non de un acuerdo que permita al país hacer frente a los compromisos establecidos con el organismo multilateral de crédito, pero también lo sería la toma de posición del gobierno argentino respecto de los bloques de poder que incluyen a las principales potencias miembros del propio Fondo: los Estados Unidos y China.
Este es un contenido exclusivo para suscriptores de la Revista Hegemonía.
Para seguir leyendo, inicie sesión o
suscríbase.