Revolución pasiva y coloniaje

La soberanía es la facultad de una nación para decidir por sí misma, libre de tutelas externas. Un pueblo sin soberanía es como un individuo sin libertad: su destino queda sometido a la voluntad ajena. En la historia argentina la pérdida de soberanía ha sido consecuencia de un bloque histórico de larga duración que implica a las élites locales asociadas con intereses foráneos en articulación con un aparato estatal garante de sus beneficios en detrimento de la autonomía nacional. Este bloque opera bajo la lógica de la revolución pasiva, un mecanismo que canaliza las demandas sociales generando la ilusión de cambio sin alterar sustancialmente las estructuras de poder. Así, la dominación hegemónica se impone más bien mediante reformas parciales impulsadas “desde arriba” que por la fuerza, utilizando los dispositivos materiales de lo institucional, lo legal, lo financiero y lo diplomático. A estos se suman dispositivos culturales e ideológicos de dominación cuya narrativa, investida de autoridad simbólica, encubre, naturaliza y legitima la subordinación externa. Revelar y comprender ambos entramados es condición indispensable para toda estrategia de recuperación soberana.

La pérdida de soberanía constituye un fenómeno transhistórico, un patrón persistente de subordinación estructural que se reconfigura a lo largo de los siglos. Aunque adopta formas nuevas —más o menos encubiertas—, reaparece con fuerza ante cada ensayo de reivindicación nacional. No se trata de una categoría abstracta o atemporal: ocurre en la historia, se inscribe en procesos concretos y muta con el desarrollo de las relaciones de fuerza. Su continuidad evidencia un conflicto de poder irresuelto, el tira y afloje entre el bloque oligárquico-transnacional y el bloque nacional-popular soberanista, encarnado históricamente en el federalismo artiguista, el rosismo, el yrigoyenismo y el peronismo. Existe una hegemonía en disputa, no un dominio consolidado. Si el conflicto estuviera resuelto plenamente no sería necesario recurrir a la revolución pasiva (cuya función es contener, cooptar o desviar los intentos emancipatorios) como forma de neutralización. Pero la ofensiva por el dominio total no se detiene. Enfrentarla exige una respuesta política de raíz, sin más dilaciones.

La crisis de soberanía encierra la paradoja de ser regresiva en lo político, pero progresiva en lo histórico. La pérdida de lo que alguna vez se proclamó como principio fundante no sólo persiste, sino que se institucionaliza con el paso del tiempo y lo que nació como una afirmación de soberanía popular derivó en una cadena de renuncias legalizadas: una ficción jurídica sostenida por una sucesión de concesiones estructurales. No es un retroceso puntual, sino una degradación acumulativa de la autonomía política iniciada en los orígenes mismos de la formación del Estado argentino.

La entrega de soberanía avanza por capas como una metástasis imperceptible. Comienza por una célula enferma —una reforma legal, un tratado, un pacto financiero— que se reproduce sin ser detectada. Luego infiltra los órganos vitales desde la educación y la economía hasta la cultura y las fuerzas armadas. Es un proceso asintomático que debilita la voluntad nacional sin generar reacción inmunológica, pero con efectos devastadores cuando ya es tarde para extirparlo sin riesgo sistémico. La conciencia nacional parece anestesiada, domesticada por retóricas conformistas y promesas de toda índole cuya eficacia radica en disimular la entrega. Más que metástasis, parece una enfermedad autoinmune en la que el propio organismo ataca sus defensas. Son argentinos quienes firman la entrega, gobiernos nacionales los que desarman al Estado, instituciones patrias las que justifican el vasallaje. Y la dependencia se vuelve así dolencia crónica, regenteada por entreguistas de turno.

La Revolución de Mayo de 1810 es un ejemplo paradigmático de esta lógica de revolución pasiva. Aunque formalmente inició el proceso independentista, no transformó el orden social ni alteró la estructura de poder vigente. Fue una revolución sin revolución. Las clases subalternas fueron excluidas mientras la oligarquía criolla reemplazaba a los funcionarios españoles sin alterar el modelo económico dependiente. En vez de conducir a una emancipación efectiva, la ruptura con España habilitó una nueva forma de sometimiento bajo la tutela británica que afianzó el dominio económico y político de Londres en la región.

La dependencia se institucionalizó a través de prácticas que la naturalizaban y más tarde se la legalizó formalmente. Así se conformó un bloque histórico en el que actores locales y foráneos sellaron un doble frente de poder hegemónico destinado a garantizar la continuidad de la dependencia bajo una fachada distinta. Fue el comienzo de un nuevo pacto colonial.

Se multiplicaron desde entonces los estatutos legales al servicio del coloniaje. El empréstito con la banca Baring Brothers (1824) marcó el hito inaugural del endeudamiento como dispositivo estructurante de la dependencia argentina. El Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Gran Bretaña (1825) fijó condiciones desiguales e inmunidades extraterritoriales, aún antes de la consolidación estatal. La Ley de Enfiteusis (1826) habilitó la concentración y extranjerización de tierras. La llamada Organización Nacional (1853-1880), fundada sobre la Constitución de 1853, adoptó un modelo agroexportador sin desarrollo industrial propio, funcional a las élites porteñas y al capital británico. El Pacto Roca-Runciman (1933), de carácter abiertamente leonino, convalidó privilegios británicos en comercio, transporte y finanzas, legalizando una nueva cesión de soberanía económica.

El ascenso del peronismo en 1946 interrumpió de forma orgánica la hegemonía del bloque oligárquico, cimentada en una revolución pasiva. A diferencia de otros intentos reformistas, el peronismo no se limitó a redistribuir dentro del mismo modelo, sino que buscó transformar la estructura dependiente. Su proyecto de desarrollo autónomo —basado en la tercera posición— enlazó industrialización, justicia social y soberanía política. La Constitución de 1949 institucionalizó esa voluntad con expresiones concretas: la nacionalización de los ferrocarriles, el control del comercio exterior y la consagración de derechos sociales. Tras el derrocamiento del General Perón en 1955, la resistencia peronista mantuvo vivo ese horizonte emancipador aún en condiciones de proscripción.

El golpe militar de 1955 reabrió el ciclo de revolución pasiva, aunque las conquistas populares no se destruyeron de inmediato. Comenzó un proceso paulatino de políticas que las vaciaron hasta hacerlas irreconocibles y se conservó el andamiaje estatal mientras se reinstalaba la dependencia. En 1956 se formalizó el ingreso al Fondo Monetario Internacional (FMI), un prestamista cuyo objetivo no es cobrar su crédito sino eternizar la deuda. El retorno del peronismo en 1973 abrió un nuevo margen de disputa antes del golpe de 1976, el que finalmente instaló el modelo neoliberal que habría de perdurar con la destrucción de la industria nacional, el endeudamiento planificado y la especulación financiera. La Ley de Entidades Financieras (1977) sigue intacta y fue el instrumento legal que sentó las bases jurídicas del modelo rentístico-financiero, privilegiando la especulación sobre la producción y el trabajo y bloqueando toda posibilidad de desarrollo soberano. Desde 1983, bajo una democracia formal, la estructura económica continuó subordinada a los dictados del capital financiero global.

Este patrón histórico se profundizó en tiempos recientes. Las Leyes de Reforma del Estado y Emergencia Económica (1989) aplicaron el “recetario milagroso” del Consenso de Washington, intensificando la dependencia a través de un proceso veloz de privatizaciones. Los Acuerdos de Madrid (1990), ocultos tras un pacto de silencio, entregaron soberanía y traicionaron la causa Malvinas. La Reforma Constitucional de 1994 consolidó este rumbo al jerarquizar los tratados internacionales sobre las leyes nacionales, convirtió la apertura económica en un principio constitucional. Desde entonces, toda regulación soberana choca contra dispositivos jurídicos blindados, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y otros tribunales multilaterales de arbitraje.

El pago de la deuda al FMI en 2005 fue un gesto relevante de independencia económica al liberar al país de su tutela directa. Sin embargo, la matriz agroexportadora y la dependencia del precio de los commodities no fueron modificadas. En 2018 el macrismo reanuda el endeudamiento masivo y luego, con el DNU 70/25 y la Ley Bases del mileísmo, se consuma un salto cualitativo en la desposesión. el Estado es desmantelado como instrumento de soberanía, se habilitan privatizaciones sin control parlamentario y se transfieren funciones estratégicas bajo el camuflaje discursivo de la eficiencia, categoría central de la neolengua tecnocrática.

Desde el siglo XIX, cada estatuto legal del coloniaje ha sido un eslabón de un proceso sistemático, acumulativo y regresivo, instrumentado mediante reformas que resguardan jurídicamente la dependencia estructural. El presente argentino debe interpretarse como una fase avanzada de revolución pasiva: el malestar popular es hábilmente encauzado hacia una lucha contra enemigos internos caricaturescos —“la casta”, “el comunismo”, “los planeros”, “los adoctrinadores”— mientras se acelera la destrucción del Estado, se contraen deudas externas impagables y se normaliza un régimen de posdemocracia colonial. En este nuevo orden, el marco democrático y la legalidad se reducen a envoltorios formales del vaciamiento estatal y la anulación de la soberanía como continuidad agravada de una tendencia de largo aliento.

Pero no basta con la arquitectura jurídica, también la cobertura simbólica ha sido una herramienta clave de legitimación, operando en discursos académicos, escolares, periodísticos e incluso políticos. Tanto la historiografía liberal clásica como la institucionalista niegan el conflicto, despolitizan los procesos históricos y naturalizan la dependencia. La pedagogía escolar edulcora el pasado, omite la correlación de fuerzas, disimula los intereses materiales en juego y oculta las dinámicas de dominación propias de un país periférico. La acción sistemática de los grandes medios desfigura el carácter estructural de la dependencia o la reduce a un episodio excepcional. Aun desde el progresismo, la soberanía ha sido desplazada como cuestión nodal, en virtud de su propia agenda globalista. Todo estatuto legal se amparó en una matriz justificadora desde el discurso dominante y sus eufemismos que son la modernización, la inserción internacional, la urgencia económica, la inversión, la conciliación, el salvataje nacional y la transparencia, entre otras. Se revistió de necesidad lo que en realidad fue entrega.

A la luz de estas coordenadas históricas, jurídicas y discursivas, una eventual recuperación de soberanía no puede apoyarse únicamente en gestos ilusorios ni en actos de voluntarismo político. Requiere comenzar por desmontar el colonialismo jurídico, subordinando el derecho a un proyecto nacional desde una lógica inversa a la dominante. Este despliegue transformador, lejos de agotarse en un recambio gubernamental, impone una reformulación integral de las bases legales, económicas y culturales sobre las que se estructura el sistema político argentino. Sería el inicio de una contrahegemonía nacional-liberadora.

Ahora bien, antes de pensar en su recuperación es necesario comprender, aunque sea de modo sintético, la trayectoria histórica que permitió que la dependencia se instalara en nuestro país. La dependencia, en primer lugar, se institucionaliza naturalizándose como práctica regular del Estado. Luego, esa práctica ya arraigada se legaliza asumiendo una forma jurídica y se cristaliza en normas con validez legal. Y finalmente se acumula de manera regresiva a lo largo del tiempo, consolidando una ingeniería institucional que refuerza el despojo de soberanía y torna cada vez más difícil su reversión.

Lo peligroso y perturbador no es sólo la pérdida de soberanía en sí —que aún puede ser reconocida a tiempo y revertida—, sino que la soberanía misma sea reemplazada inadvertidamente por un régimen legal de sometimiento que, al estar socialmente legitimado, no se percibe como tal y se vuelve incuestionable al apoyarse en un consenso fragmentario e imponerse como un destino inevitable. Aun sin hegemonía plena la soberanía puede perderse y alcanzar un punto de no retorno pues, una vez cruzado dicho límite, volver atrás exige una ruptura histórica de gran envergadura, cada vez más difícil de realizar y políticamente improbable. El relato dominante logra entonces borrar toda conciencia de esa pérdida, eliminando del lenguaje común cualquier alusión a su existencia. Ahí reside el corazón de la revolución pasiva.

En este contexto cobra un sentido brutal aquella definición recientemente dada por Javier Milei y apenas disfrazada de provocación, pero que desnuda el proyecto en curso: “Amo ser el topo dentro del Estado, yo soy el que destruye el Estado desde adentro”. No fue una metáfora. Fue una declaración de guerra.

¿Proyecto de país o modelo de colonia? No hay punto medio. El primero exige coraje político, visión soberana y planificación orientada al bien común. El segundo impone un esquema exógeno y dependiente, ejecutado por élites locales serviles al saqueo (grupos empresariales concentrados, dirigencia política cooptada o aliada funcional, burocracia sindical, sectores del poder judicial, servicios de inteligencia, universidades y centros académicos alineados, intelectuales orgánicos, consultoras, think tanks, fundaciones y oenegés, etc.). No alcanza con definir el rumbo, sostenerlo exige decisión, conocimiento y estrategia. Identificar las reglas ocultas del juego de suma cero es esencial. Comprender quiénes diseñan esas reglas y qué obstáculos impiden avanzar resulta imprescindible.

La máscara de Fernando VII fue en 1810 un ardid táctico al servicio de una estrategia revolucionaria, la de simular fidelidad a la corona española mientras se gestaba un proceso emancipador. Hoy, dos siglos después, aquella maniobra retorna en su forma invertida: se invocan la república, la libertad y la democracia para entregar la soberanía, el trabajo y los recursos. Se canta el himno mientras se pacta con el FMI, se agitan banderas mientras se demuele el Estado. Es la máscara de Fernando VII al revés con actores que exhiben su condición de argentinos para legitimar una nueva colonización. Quitarles la máscara a los agentes del colonialismo interno no es sólo una acción disruptiva. Es un deber histórico.

La eficacia de esta praxis colonizadora reside en su capacidad para reproducir, con nuevos ropajes, el viejo guion de dominación. Se trata de destruir la identidad nacional, de fragmentar el campo popular en conflictos internos irreconciliables y evitar la conformación de un foco de resistencia unificado. Para comenzar a desactivar la trampa colonizadora es crucial distinguir también entre las contradicciones principales y las secundarias que atraviesan a toda sociedad nacional. Las primeras definen el destino de un país, centralizan la lucha fundamental y aseguran la supervivencia de la nación. Las segundas, en cambio, remiten a diferencias internas que deben resolverse sin sobredimensionarlas ni poner en riesgo la cohesión nacional ni la articulación estratégica de la disputa por la liberación. Lejos de ser un gesto nostálgico o anacrónico, urge revalorizar aquellas olvidadas contradicciones principales que hoy recuperan vigencia y sentido que son patria o colonia y liberación o dependencia.

El desafío es existencial y político, o se asume el protagonismo de una historia nacional que no sobrevivirá sin ciudadanos comprometidos con una defensa común de su soberanía o no quedará más que aceptar el rol de apéndice funcional de intereses ajenos. La decisión es colectiva, pero el tiempo no espera. El juicio de la historia es implacable y no absuelve la inacción. El presente exige respuestas, no resignación.