Cristinismo de microclima

La reciente condena firme a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner —privada de su libertad bajo régimen de prisión domiciliaria e inhabilitada para ejercer cargos públicos— inaugura un escenario inédito de alta intensidad y ruptura cuyas implicancias políticas, institucionales y sociales ameritan un análisis integral. Al tratarse de un hecho sin precedentes en la historia política argentina, las conclusiones aquí esbozadas no pueden ser más que parciales y provisionales, orientadas a formular interrogantes más que a enunciar certezas y a captar las primeras tendencias en el marco de una dinámica que muta día a día.

Dicha intensidad aparece manifiesta en la activación inmediata de una cadena de tensiones que reconfigura el tablero de poder, acelera los realineamientos forzados y obliga a todos los actores a posicionarse sin margen para las ambigüedades. La ruptura, por su parte, desestabiliza equilibrios previos, clausura un ciclo histórico y abre otro aún incierto marcado por un aparente vacío de liderazgo y la necesidad urgente de redefinir el mapa político con nuevas coordenadas internas y externas.

El efecto principal de una pena privativa de la libertad es la restricción del derecho ambulatorio de la persona condenada, ya sea que la cumpla en una unidad penitenciaria o bajo la modalidad domiciliaria. La libertad se restringe mucho más en una unidad penal que en el propio domicilio. En este último caso, el condenado no está sujeto a controles por parte del servicio penitenciario ni comparte alojamiento con otros reclusos, sino que se encuentra únicamente sometido a controles judiciales y sistemas de monitoreo electrónico. La prisión domiciliaria le otorga a Cristina Fernández un margen más amplio de libertad y conserva para ella un recurso esencial para cualquier dirigente de su envergadura, que es la posibilidad de sostener principalmente una comunicación directa y permanente con su base social, así como con su círculo político y su militancia.

Efectivamente, tras la confirmación de su condena, Cristina Fernández reaparece con renovado protagonismo y recupera un capital simbólico que parecía haberse erosionado. Su prisión domiciliaria le permite mantener el canal de comunicación necesario para reactivar su discurso, concentrar mayores expectativas en sus apariciones públicas y suscitar cierta conmiseración en el imaginario militante, dada su condición de mujer, viuda e injustamente privada de su libertad. Al mismo tiempo, reafirma su presencia, forzando a todos —también a sus detractores— a volver a escucharla. De haber sido confinada en una unidad penal, el aislamiento habría sido absoluto, su voz prácticamente silenciada y con ella también se habría apagado buena parte del impulso de su militancia.

Pero más allá de su alejamiento físico no perderá su centralidad al contar con múltiples herramientas tecnológicas para seguir interviniendo. Además de salir al balcón de su departamento para saludar a sus seguidores podrá grabar un mensaje o una entrevista y subirlos a las redes, registrar discursos para transmitirlos en las marchas, hablar en vivo por celular, aparecer en reportajes por streaming o ejercer su liderazgo a través de videollamadas. Sin falsas ilusiones, puede afirmarse que este recurso tecnológico no operará como aquellas emisiones insurrectas de Radio Rebelde en la Sierra Maestra, sino que se configurará como una Radio Cristinista producida en el barrio de Constitución, pensada para seducir a la franja central con un libreto de su habitual narrativa épica y tono autorreferencial.

Parte de ese libreto lo integra la palabra “proscripción”, hábilmente instalada en el discurso kirchnerista tras la condena judicial contra su jefa política. A Cristina Fernández el Tribunal Oral Federal N.º 2 le impuso dos penas a cumplir: prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ambas, situadas en el plano jurídico, cuentan con base legal, procedimiento formal, pruebas, defensa y sentencia.

La proscripción, en cambio, no pertenece al orden jurídico sino al político e histórico. No es una sanción penal sino una estrategia política de exclusión, propia del poder real, que margina a un adversario político mediante censura, represión o restricciones formales sin ningún derecho a defensa. El caso paradigmático fue el del peronismo entre 1955 y 1973, habiéndose prohibido por medios extralegales y administrativos la existencia del partido, el uso de sus símbolos, la mención del nombre de Perón y de Eva y cualquier posibilidad de competir electoralmente.

Juan Domingo Perón efectivamente sufrió la proscripción sin juicio previo ni sentencia. Cristina Fernández, en cambio, recibió una pena de inhabilitación dictada por un tribunal ordinario bajo condiciones que —al menos en lo formal— cumplieron con las garantías legales del debido proceso. Las cuestiones de fondo que motivaron su condena quedan fuera del alcance del presente análisis.

El artificio del relato consiste en borrar deliberadamente la frontera que separa lo jurídico y lo político. Esa confusión no es ingenua, sino una maniobra discursiva que permite reconfigurar el sentido de una situación aún en disputa. Cristina Fernández podría ser inocente y eventualmente, haber sido víctima de una maniobra persecutoria. En tanto no se demuestre con pruebas concluyentes ante instancias competentes, lo único innegable es el uso político de su situación judicial.