Estalló el escándalo entre la militancia de la virtud y del buen comportamiento al publicarse las últimas cifras de vacunación en Argentina. Aparentemente, o al menos así lo informa el Diario Clarín con el tono alarmista de siempre, en 2024 menos de la mitad de los chicos recibió las vacunas del calendario previsto para la primera infancia. Según la opinión de los expertos que el diario de la corneta afirma haber consultado a discreción, la caída en los índices de vacunación expone a la población al retorno de enfermedades que habían sido erradicadas como la polio, el sarampión, la coqueluche y el temido meningococo. Un panorama que sin lugar a duda mete miedo incluso en las conciencias menos científicas o menos adictas a la narrativa que se presenta como la ciencia.
Lo que los expertos no dicen y Clarín omite son las razones para esta caída sin precedentes en la historia, aunque desde luego para averiguarlo bastaría con hacerse una pregunta que es de lo más elemental: ¿Por qué después de más de cien años de estabilidad en los niveles de vacunación infantil ahora, en pleno siglo XXI, esos niveles se desploman? La respuesta sería sencilla si allí estuviera mediando una desfinanciación estatal en la adquisición de vacunas, pero eso no es ni podría ser así porque el Estado en todos los países no ajusta en gastos del rubro del complejo industrial militar-farmacéutico. Hay dos cosas que los Estados jamás dejan de comprar, ni aunque estén hundidos en la crisis y en la recesión: armas y fármacos.
Eso funciona así porque el poder de lobby de la industria que fabrica y vende las armas y los fármacos es descomunal, ese es uno de los poderes fácticos más poderosos del mundo y no hay gobierno —ya sea de signo socialista o liberal— con la capacidad para decirle que no a esa industria. Entonces la caída de los niveles de vacunación en Argentina no se debe a la escasez de vacunas. No faltan ni faltarán jamás vacunas en las salitas más remotas del territorio, lo que ya de movida permite descartar esta hipótesis como explicación posible para este fenómeno que es la propia rebelión del rebaño. El ganado no quiere inmunizarse y las autoridades no saben qué hacer con el problema.
El problema es sanitario, evidentemente, pero además económico. Hay poderosos con mucho poder perdiendo dinero en la volteada y la presión sobre el Estado es ahora apremiante, hay que convencer a los retobados a entrar en razón. El asunto es cómo se hace eso porque hay algo más que Clarín, los expertos y las autoridades omiten en su narrativa y es que se produjo una crisis de confianza después de la llamada pandemia del coronavirus. Hay mucha gente de a pie que ha dejado de confiar en la capacidad o en la buena fe del Estado para todo lo que es regular y controlar la actividad de los privados interesados en hacer negocio con la salud de la población. En una palabra, quienes se niegan a vacunar hoy a sus hijos lo hacen más bien por avivados.
Este es un tema que de no mediar la locura de la propaganda ideológica sería de muy sencilla comprensión. En realidad, la crisis de confianza en el Estado actualmente existente —la que además es una de las razones del advenimiento de Javier Milei, dicho sea de paso— la generó el propio Estado al arrodillarse ante el complejo industrial militar-farmacéutico durante ese enorme experimento de ingeniería social que fue el coronavirus. Al permitir la inyección masiva de fármacos cuya efectividad y sobre todo seguridad no habían sido técnicamente probadas, el Estado se expuso a que las consecuencias de los efectos negativos de las vacunas del coronavirus generaran esta crisis de confianza que hoy nadie parecería saber resolver.
Eso fue precisamente lo que pasó. Quienes hoy se retoban y no quieren llevar a sus hijos al pinchazo lo hacen después de tener a la vista una infinidad de casos de efectos adversos de la vacuna del coronavirus. Entonces el razonamiento que hacen es lógico por donde se lo mire: el Estado tiene la capacidad (que los individuos no tienen) para determinar si un producto es apto para el consumo humano, pero no sabe o no quiere saber qué hay en las jeringas. Y si eso fue cierto con las vacunas del coronavirus, ¿por qué no podría serlo con todas las demás, incluso con las que nadie jamás había cuestionado? Ante la duda, concluyen los desconfiados, mejor es no arriesgar.
Y de hecho no arriesgan, es decir, dejan de hacer aquello que durante generaciones los argentinos hicieron sin pensarlo dos veces o sin pensarlo en absoluto. El calendario de vacunación infantil no solo nunca estuvo en tela de juicio, sino que además ni se hablaba de eso. Hasta esta crisis de confianza el calendario oficial fue parte del paisaje, una cosa que estaba allí para realizarse mecánicamente de acuerdo con lo indicado en una libreta provista precisamente por un Estado que el hombre de a pie creía capacitado e interesado en la seguridad y en la salud de la ciudadanía. Esto fue lo que se perdió cuando el Estado permitió que los gigantes del negocio sanitario ingresaran con vacunas que no fueron debidamente probadas ni podrían haberlo sido por una cuestión de tiempo.
Hasta el más ignorante de los hombres sabe que el proceso de prueba de una nueva vacuna lleva al menos diez años, pero en los tiempos del coronavirus grandes tiburones como Pfizer, Johnson&Johnson y Moderna, entre otros, sacaron de la galera una “vacuna” en cuestión de unas pocas semanas. No había que ser científico ni tener siquiera demasiado estudio para comprender que aquello era imposible, que era técnica y lógicamente imposible. ¿Qué debió haber hecho la autoridad estatal aquí y en casi todos los demás países? Pues decirles a los tiburones que a otro perro con ese hueso, que exponer al pueblo a un experimento no estaba entre las atribuciones de un Estado-nación que se supone es el guardián último de la moralidad cuando todo se cae a pedazos.
Pero no, el Estado no fue guardián de nada ni de nadie, dejó hacer y dejó pasar. Casi nadie hizo preguntas y quienes las hicieron fueron rápidamente silenciados o destituidos de sus cargos. La buena fe de los gerentes de Pfizer, Johnson&Johnson y Moderna, entre otras, fue prueba suficiente de que no había riesgo alguno en aquellas vacunas del coronavirus. Algunas de ellas venían con el llamado ARN mensajero o la propiedad de alterar el ADN humano. Palabras mayores, véase bien, que no les hicieron ruido a quienes autorizaron la entrada de los tiburones al mercado de fármacos y no solo eso, sino que pagaron el producto con el dinero de los contribuyentes y obligaron a estos a inyectarse la cosa.
¿Cómo no va a generar todo eso una crisis de confianza, máxime cuando a las pocas semanas y a los pocos meses empezaron a verse consecuencias nefastas del experimento en la salud de muchos individuos? La militancia de la virtud y del buen comportamiento —los famosos borregos— no entienden o fingen no entender esta obviedad a gritos y siguen ladrando en Twitter que los “antivacunas” son unos irresponsables, etc. Son dementes o fingen demencia, pues si existe tal cosa como un antivacuna es precisamente porque el Estado los creó al obligarlos a consumir un fármaco que no estaba científicamente probado y, al hacerlo, se expuso a esta debacle política que es una crisis de confianza.
Los más memoriosos recordarán que graciosamente, o quizá no tanto, durante el trance del coronavirus se les enrostraba la “ciencia” a quienes se atrevían a cuestionar. Si uno hacía preguntas sobre la seguridad del fármaco no probado que los tiburones del complejo industrial militar-farmacéutico estaban aplicando alegremente y en sucesivas dosis con la anuencia del Estado, la militancia de la virtud y del buen comportamiento rápidamente esgrimía con lengua filosa el mote de “anticiencia” al preguntón atrevido. Solo un “anticiencia” podía dudar de esa ciencia tan científica que es el negocio multimillonario de las corporaciones, un negocio defendido y garantizado entonces, por izquierda, por la militancia de la virtud y del buen comportamiento.
La confianza en la autoridad política estatal es una cosa que no se obtiene sino a lo largo de muchos años y décadas, pero puede perderse en un santiamén. El Estado moderno resultante de la revolución burguesa de 1789 no se hizo en un día ni en una hora, fue necesario todo un proceso de ajuste cultural para que el hombre de a pie llegara automáticamente a la conclusión de que un sello de aprobación estatal es garantía suficiente de la calidad y la seguridad de un producto para el consumo. Eso fue lo que el Estado posmoderno en manos de improvisados y/o felpudos del poder fáctico global rifó en una sola volteada. Y ahora toca volver a empezar, porque una generación que deja de creer en la autoridad no vuelve a hacerlo en su tiempo de vida.
