“Nos quitaron el oro, la plata, los diamantes y los minerales. Ahora quieren colonizarnos de nuevo”. Con esta definición se pronunciaba el presidente de Brasil “Lula” da Silva el pasado 21 de marzo en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Es una sentencia que podría ajustarse perfectamente a nuestra realidad nacional de estos días, aunque la participación de capitales extranjeros en la explotación e industrialización de nuestros recursos no resulte tan preocupante como que la clase política, empresarial, gremial e intelectual de la Argentina no tenga un plan para que ello se realice asegurando nuestra soberanía política y económica con el respectivo bienestar del pueblo.
Siglos antes de la conclusión de “Lula” da Silva, en 1816, las Provincias Unidas del Río de la Plata declararon la independencia de España y apenas diez días después, respecto a “toda otra dominación extranjera”. El 21 de septiembre de 1863 se firmó un tratado de reconocimiento, paz y amistad entre España y la Confederación Argentina. Hoy, tanto tiempo después de aquellos acuerdos, el alineamiento incondicional del gobierno nacional y de la clase política argentina con los intereses de los Estados Unidos y de Israel borra en forma inconsulta la vocación soberana de esos actos fundantes en nuestra historia.
En la etapa de la organización nacional coincidente con el auge económico del modelo agroexportador y los inicios del proceso de industrialización por sustitución de importaciones nuestro país carecía de los recursos financieros y de la infraestructura necesarios para convertir la producción primaria en manufacturas, incrementándose en ese contexto la influencia británica a partir de inversiones directas colocadas en sectores estratégicos. A partir de esa influencia extranjera, la Argentina tardó casi cien años en conseguir una trabajosa soberanía política y una relativa independencia económica. Pero estas no surgieron espontáneamente ni tampoco el proceso resulta lineal ni homogéneo, sino que su desarrollo puede dividirse en tres momentos clave para la soberanía y la independencia económica.
El primero de esos momentos es el que va desde la década de 1860 hasta aproximadamente 1939 y se caracteriza en primer lugar por la expansión de la red ferroviaria a lo largo y a lo ancho del país, llegando a extenderse unos 34.000 kilómetros y conectando las capitales de provincia y los puertos interiores con el puerto de Buenos Aires. En el mismo sentido, la inversión en infraestructura de transporte implicó la construcción de puertos estratégicos, asociados al modelo agroexportador. Entre ellos se cuentan el puerto de Rosario, Puerto Madero, Bahía Blanca, La Plata y Mar del Plata, todos construidos entre 1860 y 1913.
En esta etapa se creó Obras Sanitarias en 1912 para brindar los servicios de agua potable y cloacas a la ciudad de Buenos Aires y a otras ciudades importantes de la provincia y el territorio. Se construyeron grandes edificios públicos y obras urbanas, entre ellas la ciudad de La Plata y la ciudad balnearia de Mar del Plata. Además, se crearon la Junta Nacional de Carnes y de Granos, el Registro Civil y una moneda única nacional, se construyeron escuelas primarias laicas y gratuitas bajo la ley 1.420 de Educación Común. Con estas obras monumentales el Estado argentino actuó a lo largo de todo el periodo como gran planificador, inversor y administrador de la obra pública.
La segunda etapa es la que va de 1940 a 1955 y se caracteriza por un impulso a la industrialización por sustitución de importaciones y la nacionalización de sectores estratégicos que hasta ese momento habían estado bajo el dominio de capitales extranjeros, especialmente británicos. Datan de este momento la nacionalización del Banco Central y de los depósitos bancarios, de los ferrocarriles británicos y franceses y de la ITT con la creación de Teléfonos del Estado, principal antecedente de Entel.
También se fortalecieron empresas estatales existentes y se crearon nuevas entre 1946 y 1952, destacándose entre ellas la siderúrgica SOMISA, Gas del Estado, YPF y Aerolíneas Argentinas. Se expandió la flota mercante del Estado, se crearon la Dirección Nacional de Industrias del Estado (DINIE) y las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME), dedicadas a la fabricación de aviones, automóviles y motocicletas. Se creó el Instituto Argentino de Promoción de Intercambio (IAPI) y se modificó la Carta Orgánica del Banco de Crédito Industrial para promover créditos industriales y expandir el mercado interno a partir de la consolidación de la industria liviana metalúrgica y textil.
El impulso a la industria pesada siderúrgica, petroquímica y energética se fortaleció a partir de la creación en 1940 del Instituto Tecnológico, luego INTI, mientras que el sector primario evolucionó luego de la fundación del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, luego INTA. Este periodo se caracterizó además por el fomento a la obra pública con fines sociales y de reafirmación nacional, como hospitales, viviendas, escuelas técnicas, hogares materno-infantiles, establecimientos para turismo social, o casas de estudios superiores como la Universidad Obrera Nacional, actualmente conocida como Universidad Tecnológica Nacional. A través de la obra pública y la estimulación del trabajo a partir de la expansión de la actividad industrial el país avanzó en materia de defensa mientras que la población alcanzó estándares de vida inéditos hasta ese entonces.
El tercer momento clave para la soberanía y la independencia económica es la ruptura total con el anterior y su corolario más reciente lo representa el gobierno de Javier Milei, quien supo declarar en junio de 2024 ser “el topo que viene a destruir el Estado desde dentro”. El proceso de industrialización y nacionalización de recursos estratégicos que había tenido lugar a lo largo de la década del primer peronismo se frenó a partir de la caída de Perón, aunque la consiguiente pérdida de soberanía que implicó el golpe de Estado de 1955 se profundiza en la actualidad, devolviendo de facto al país a fines del siglo XVIII.
Por citar apenas algunos hitos que representan la profundidad del proceso de preperonización del país podría enumerarse el paquete de leyes económicas sancionadas a lo largo de la dictadura del llamado Proceso de Reorganización Nacional, que redujeron el control del Banco Central, encarecieron el crédito y dieron inicio a un sistema financiero concentrado extranjerizado y especulativo. La llamada “tablita” de José Alfredo Martínez de Hoz produjo un atraso cambiario y la quiebra de empresas exportadoras, fenómeno que se profundizó con la congelación del tipo de cambio propiciada por el ministro Juan Vital Sourrouille durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín.
La “reforma del Estado” promovida en primer lugar por Roberto Dromi y Rodolfo Barra y más tarde por Domingo Cavallo se conoció popularmente como “la venta de las joyas de la abuela” debido a que significó en resumidas cuentas el desbaratamiento del patrimonio del Estado y su entrega a capitales privados. Durante esa etapa se sancionaron en 1989 las leyes 23.696 y 23.697 destinadas a privatizar o concesionar Entel en 1990, Tandanor en 1991, Seguros del Estado y SOMISA en 1992, YPF, Aerolíneas Argentinas, Obras Sanitarias, Gas del Estado y SEGBA entre 1990 y 1993, los ferrocarriles en 1995 y el Correo Argentino en 1997, además de otras empresas estatales.
Todas esas eran empresas estratégicas cuyo funcionamiento había perdido en muchos casos eficiencia, sin que por ello la solución más sana en materia de soberanía e independencia económica debiera ser la entrega en manos privadas. Así, el período menemista se caracterizó por el desmembramiento del Estado, la descentralización y el debilitamiento de las políticas públicas de sanidad y educación y la desinversión en rutas y redes ferroviarias, una destrucción final que vendría a concluir con la sanción de la llamada Ley de Bases, ya durante el presente régimen de Javier Milei, en 2024. Esta última pieza de legislación implica también una serie de condiciones que facilitan la colonización total del país y la desestructuración del Estado Nacional y se complementa con una serie de otras leyes destinadas a institucionalizar la desinversión y el desfinanciamiento de todo lo público.
Durante el menemismo se firmaron los llamados Acuerdos de Madrid entre 1989 y 1990, los que al generar obligaciones en perjuicio de Argentina no fueron ratificados jamás por el Congreso de la Nación. Aunque sí fueron ratificados por los pactos de Foradori-Duncan (2016) durante el gobierno de Mauricio Macri y Mondino-Lammy (2024), ya en la etapa mileísta. Todo ese paquete de acuerdos es, además de lesivo de la soberanía nacional, completamente ilegal pues viola la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional.
La ley 23.968 de 1991 derogó la Ley 17.094 que establecía el territorio marítimo de 200 millas y lo redujo a apenas 12. La ley 24.093 de 1992 facilitó la privatización de los puertos sin reservar al Estado la administración, la defensa y la seguridad en los puertos estratégicos, debilitando la soberanía marítima y antártica. La ley 24.184, también de 1992, de Protección y Promoción de las inversiones británicas en Argentina, le otorgó un régimen de excepción al Reino Unido a pesar de constituir el ente invasor de millones de kilómetros cuadrados del territorio nacional.
La ley 24.922 de 1997 establece las transferencias de cuotas y autorizaciones de pesca, quitando la administración plena al Estado, concentrando y extranjerizando la actividad. Esto facilitó a China la pesca ilegal en alta mar y a España la pesca en Malvinas para su comercio en la Unión Europea. En el año 2000 se aprobó por ley el Acuerdo de Nueva York, el que reconoce el estatus de “Estado ribereño” al Reino Unido en Malvinas, en una flagrante violación de la Constitución Nacional.
Finalmente, la Ley de Glaciares 26.639 sancionada en 2011 se encuentra en la actualidad en proceso de modificación, lo que pone en riesgo la soberanía del pueblo argentino sobre este recurso fundamental, mientras se encuentra suspendida cautelarmente la Ley de Protección del Dominio Nacional sobre las Tierras, promulgada en 2011 para prohibir la extranjerización del territorio. Los ejemplos de legislación destinada a desbaratar la soberanía nacional pueden ampliarse hasta el infinito, aunque alcanza con estos ejemplos para demostrar la sistematización de una política activa de pérdida de autonomía en el manejo de las políticas estratégicas nacionales.
En la misma línea, el gobierno argentino dejó pasar la oportunidad de una integración a los BRICS, perdiéndose la posibilidad de fortalecer la soberanía económica y territorial del país y de colocar nuestras exportaciones en los mercados de un bloque cuyo PBI nominal total es de alrededor de 30 billones de dólares. Por el contrario, el régimen de Milei —motivado por cuestiones meramente ideológicas— ha preferido alinearse casi incondicionalmente a la política de los Estados Unidos e Israel, incluso metiéndose en una guerra contra Irán, cuestión que al margen de la connotación económica y política que implica debilita la posición argentina en los apoyos respecto al reclamo por las Islas Malvinas.
A lo sucedido entre los años 1976 y 1982 y a lo largo de la década de 1990 se agregan las políticas del presente gobierno de apertura indiscriminada de las importaciones (no solo de insumos para la producción), que junto a los bajos salarios y un dólar subvaluado les quita rentabilidad a las exportaciones. Otra consecuencia de este modelo económico aperturista es la baja importante en el comercio minorista y la consecuente quiebra del sector industrial argentino con pérdida de empleos en el sector industrial y en el comercio y los servicios.
En este estado de situación la gran parte de los recursos naturales argentinos son explotados por empresas extranjeras, con el agravante de que la mayoría de los contratos se aprueba con prórroga de jurisdicción internacional o acuerdo de foro extranjero y, eventualmente, con arbitrajes internacionales. La explotación del petróleo y del gas la realizan mayormente empresas de capitales estadounidenses, árabes, chinos, británicos, holandeses o italianos, entre otros. En el área de Malvinas invadida por el Reino Unido, operan la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Por su parte, el servicio de distribución de gas natural por redes está concesionado a ocho empresas, varias de ellas de capital español, italiano, suizo y en su minoría, nacionales.
La minería de oro, plata, cobre, litio y otros minerales estratégicos está dominada por empresas australianas, británicas, chinas y estadounidenses. La Argentina ha abandonado la explotación de uranio e importa el concentrado de uranio para sus centrales nucleares. La exportación de granos y aceites está concentrada en unas pocas multinacionales extranjeras que manejan la mayoría del volumen a través de terminales portuarias propias en Rosario y otros nodos. Operan en ese sector capitales estadounidenses, suizos, chinos, franceses y holandeses. Las exportaciones de carne, por otra parte, están concentradas en multinacionales brasileñas que dominan buena parte del negocio.
La explotación de la pesca, que hasta la década de 1970 estuvo en manos de empresas nacionales, en la actualidad está enajenada. Siete de las diez empresas exportadoras del sector son de capital extranjero. Además de ello el Reino Unido otorga unas 120 licencias ilegales a pesqueros españoles, coreanos y taiwaneses. En alta mar, unos 450 buques chinos, españoles, taiwaneses y coreanos pescan los recursos migratorios originarios de la zona económica exclusiva argentina.
El sector de generación de electricidad está dominado por una serie de empresas privadas nacionales y extranjeras. Las mayores generadoras privadas son argentinas y las empresas de capital estadounidense, europeo y chino representan una porción significativa en la actividad. En lo que respecta al manejo del agua ya operan en Argentina capitales israelíes y, en paralelo, el gobierno modifica la Ley de Glaciares transfiriendo a las provincias la decisión de explotar los periglaciares con la finalidad de seguir facilitando el avance de la extranjerización de nuestros recursos.
En el Monte Agradable de Malvinas está emplazada la base aeronaval y de misiles de los británicos, mientras el gobierno nacional mantiene a Tierra del Fuego inerme en relación a la capacidad militar del Reino Unido. Aunque todavía no existe concretamente una base naval de Estados Unidos en Ushuaia, en abril de 2024 el presidente Milei anunció la colaboración con ese país, entendiéndose por “colaboración” la concesión de permisos para el uso logístico del puerto por buques o aviones estadounidenses.
Con la sanción de la ley 24.093, los puertos pasaron al ámbito privado o bien son administrados por consorcios mixtos público-privados y el capital extranjero es muy significativo en las operaciones. La reciente intervención nacional del Puerto de Ushuaia, más allá de las deficiencias, podría estar motivado por las tensiones entre Estados Unidos y China.
La comisión técnica mixta del frente marítimo del Tratado del Río de la Plata y el Estado Rector del Puerto poco hicieron para combatir la pesca ilegal que afecta los recursos migratorios originarios de las zonas económicas exclusivas tanto de la Argentina como de Uruguay, aunque ha admitido que el Puerto de Montevideo cobije y provea logística a cientos de buques mercantes y pesqueros ilegales. Este organismo fue aprobado por el Senado argentino, enajenando la soberanía en las aguas territoriales y facilitando que los buques que pescan ilegalmente blanqueen sus capturas en los puertos uruguayos, donde los controles son lábiles.
La tercerización de la administración del Río Paraná y Paraguay es otra de las políticas que resignan la soberanía nacional. Allí la mayoría de las empresas mercantes y fluviales son extranjeras. El tráfico fluvial de granos, minerales, contenedores, etc. en el Río Paraná-Paraguay, en el Río de la Plata y el Atlántico Sur se realiza mediante empresas de bandera extranjera. A través de estas vías navegables se transporta el 80% de las exportaciones argentinas y en la salida oceánica desde el Río de la Plata el flete marítimo está dominado por armadores globales con buques mercantes extranjeros.
¿Qué dirían Juan Manuel de Rosas y Lucio Mansilla al respecto? Ya en el siglo XV los portugueses comprendieron que la Banda Oriental y la Cuenca del Plata eran estratégicas por su proyección al Atlántico Sur y acceso al Paraná. No por nada esa cuenca fue objeto de disputa entre brasileños, ingleses y rioplatenses ya en la época colonial. Y sin embargo, desde la década de 1980 a la actualidad el transporte fluvial a través del Paraná-Paraguay pasó de realizarse en un 70% por parte de buques con bandera argentina a un magro 10%, con una abrumadora mayoría de buques de bandera extranjera.
El gobierno nacional ha anunciado el llamado a una nueva licitación para otorgar por treinta años, con una prórroga de otros treinta, la explotación de la importante red fluvial Paraguay-Paraná y el Río de la Plata. ¿Y las provincias del litoral, cuyos ríos son de su jurisdicción? ¿Y la integración territorial? Por su parte, la congelación de la construcción del Canal de Magdalena atenta contra la reducción de los tiempos de traslado y el costo de fletes, además de impedir la conectividad directa entre los puertos fluviales y marítimos sin el paso obligado por el Puerto de Montevideo. La construcción de esa vía navegable fluvial-marítima implicaría nada menos que la recuperación de la integralidad y la soberanía de nuestras aguas.
La ausencia de toda estrategia para llevar adelante, en consonancia con lo anterior, acciones que den cumplimiento a la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional —que ratifica la soberanía irrenunciable e imprescriptible sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos y define su recuperación conforme al derecho internacional como un objetivo permanente del pueblo— implica una claudicación inaceptable por parte de los sucesivos gobiernos y un incumplimiento del acta definitiva de la declaración de nuestra independencia de toda dominación extranjera. La falta de políticas de integración con Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y los países de África occidental resulta claramente una acción que atenta contra los intereses nacionales en el Atlántico Sur.
En materia de defensa y comunicación pueden enunciarse políticas puntuales como la eliminación de la Misión Cóndor II, con presencia de radares y satélites extranjeros. La eliminación del misil Cóndor II, previo desmantelamiento del programa de igual nombre entre 1990 y 1993, se debió a fuertes presiones de parte de los Estados Unidos. La Argentina adhirió al régimen de control de tecnología misilística en 1993, comprometiéndose a no desarrollar misiles de cierto alcance y carga útil. Ello dispersó a científicos e ingenieros, subutilizó la infraestructura, eliminó la capacidad argentina de desarrollar vectores balísticos propios y como consecuencia atentó contra la soberanía tecnológica y para la defensa nacional.
El congelamiento de la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM), un reactor modular desarrollado íntegramente por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en colaboración con empresas locales, se realizó bajo el inconsistente argumento de la inviabilidad comercial y económica, provocando la parálisis de las obras y nuevamente, despidos de trabajadores, ingenieros y científicos formados.
También hubo ajuste presupuestario en ciencia y tecnología, incluyendo la CNEA, mientras que se proyecta asociarse a programas internacionales con empresas de los Estados Unidos, lo que implicará una pérdida de soberanía tecnológica y la exportación de tecnología nuclear argentina. Estos proyectos se presentan como colaborativos, pero implican concesiones territoriales o acceso limitado. El control extranjero se concentra en estaciones terrestres para seguimiento satelital, radares de vigilancia espacial y equipos de teledetección. En Neuquén ha sido instalada la Estación Espacial China, en Mendoza la Estación Agencia Espacial Europea y en Tierra del Fuego el radar espacial estadounidense de LeoLabs. Este último podría ser funcional al control del Reino Unido en área austral, según lo denunciado por el entonces jefe de las Fuerzas Armadas Juan Martín Paleo.
En la Argentina hay pistas de aterrizaje privadas en manos de capital extranjero, especialmente en la Patagonia. Entre ellas la de Bahía Dorada en Río Negro —propiedad de un jeque de los Emiratos Árabes Unidos, apta para los Boeing 737 y ubicada cerca del mar y de Malvinas—, la pista de Joe Lewis en Lago Escondido y las pistas privadas en Patagonia de mineras extranjeras canadienses y británicas.
Como corolario de un diagnóstico oscuro, el último condicionante a la soberanía nacional lo constituye la deuda. De acuerdo con los datos oficiales más recientes, la deuda pública de la administración central se sitúa en el orden de los 460.934 millones de dólares, una cifra en aumento desde fines de 2025. El endeudamiento externo deja a la Argentina expuesta a presiones por parte de organismos internacionales de crédito y dificulta la cohesión social y el desarrollo económico nacional.
Frente a la extranjerización de los recursos naturales, de las capacidades y de los insumos estratégicos para la soberanía, la única salida posible es la exigencia de la implementación de un nuevo plan de independencia nacional. La clase dirigente, el empresariado nacional, las organizaciones sindicales y los intelectuales nacionalistas deben encabezar el reclamo en defensa de este país que nos pertenece a todos los argentinos. Si la tendencia entreguista y colonial se sostiene en el tiempo, resultará lamentablemente imposible que la Argentina se libere de la dominación de toda potencia extranjera.
En ese sentido, bien mirada la cosa, nuestra independencia formal firmada por las Provincias Unidas del Río de la Plata el 9 de julio de 1816 es hoy en la práctica apenas letra muerta y una expresión de deseo. La Argentina debe independizarse realmente, no es libre una nación cuyas riquezas y cuya actividad se encuentren completamente en manos de extranjeros.
