Política neocolonial simulada

El atento lector que todavía tiene el hábito de consumir el contenido de los medios de comunicación ciertamente ha advertido la existencia de un gran desfasaje entre la narrativa que difunden esos medios y la situación política mundial, que está en la etapa terminal del actual ordenamiento jurídico inaugurado por los yanquis en 1945. La verdadera política es la geopolítica, pero no en la narrativa de esos medios. Aquí la geopolítica apenas aparece y siempre como una cosa exótica que ocurre bien lejos y no tiene por lo tanto relación alguna con la realidad del lector. El resultado de un conflicto en la región del petróleo que va a terminar con el orden unipolar y va a modificar todas las relaciones internacionales se presenta en los medios locales como una guerra más de los Estados Unidos en Medio Oriente o como pretexto discursivo para reforzar la victimización de siempre que hacen los sionistas. Y eso es todo, porque para los medios tradicionales de acá lo verdaderamente importante es la rosca del cabotaje en la que van a definirse las listas de los candidatos de cara a las elecciones del próximo año.

Suena ridículo y en efecto lo es. Aunque algo exagerada o caricaturizada, la descripción es la de un aislacionismo utópico en el que el periodismo omite la explicación de lo que realmente va a ocurrir en la Argentina una vez que queden contados los porotos en la región del petróleo, del gas natural y de los fertilizantes, omite esa explicación y la reemplaza por una narrativa a todas luces falsificada que presenta a los protagonistas con voluntad propia cuando, en realidad, todos esos personajes responden a los intereses que en este momento se encuentran luchando en Irán por el privilegio de imponer el orden mundial al menos para lo que queda de este siglo. Todo esto ocurre porque los medios de izquierda a derecha responden en mayor o en menor medida a los intereses de las corporaciones y existen, por lo tanto, con el solo fin de que el pueblo jamás sepa de qué se trata. El pueblo en Argentina y en todas las semicolonias como Argentina no puede llegar a comprender que su sistema electoral de representación llamado “democracia” es una farsa en la que las decisiones están tomadas ya de antemano.

De antemano y por personajes cuyas caras no están expuestas en el circo que los medios presentan como la política, lo que en sí ya se puede caracterizar como una involución de al menos dos siglos. Allá por mayo de 1810 el pueblo sabía a ciencia cierta que el poder real estaba en manos del rey Fernando VII y al enterarse de que este rey había caído prisionero de Napoleón Bonaparte fue a exigirles inmediatamente explicaciones a los delegados del poder imperial que recibían órdenes desde Madrid y las administraban. El pueblo ya sabía que no había independencia, sabía en 1810 que el poder estaba en otra parte y por eso pudo exigir saber cómo iba a venir la mano al enterarse de la caída de dicho poder foráneo. En el presente, en cambio, el pueblo no entiende que el poder no está en Casa Rosada y no puede estar interesado en saber de qué se trata simplemente porque ni siquiera sospecha que algo pasa. Es más o menos como si en 1810 el pueblo no supiera que el poder estaba en Madrid y siguiera ponderando al virrey como si este tuviera la autoridad para tomar decisiones políticas.

Para eso están los medios de comunicación del poder, precisamente, para venderles a las mayorías populares una narrativa falsificada en la que el poder fáctico de las corporaciones no existe —puesto que de ese poder no se habla jamás—, las tensiones geopolíticas no tendrán impacto aquí y que, finalmente, todo se reduce a saber si el régimen mileísta llega a octubre de 2027, si Javier Milei resulta reelecto o si es reemplazado por otro muñeco con distinta cara y distinto apellido. La conclusión que se le escapa a la mayoría hoy es la que en 1810 se caía de madura: el poder está en otra parte y al representante local de ese poder solo corresponde presionarlo para que dé explicaciones, no ponderarlo ni proponer su reemplazo por otro virrey con distinto nombre. La política nacional no existe como tal y el escenario es el mismo que en 1810 en este sentido, pero con la diferencia de que hoy las mayorías no saben que viven en una colonia, no saben que el poder no está aquí sino en cualquier otra parte y no entienden que por “política” se les vende una simulación neocolonial.

La comprensión de estas situaciones es solo una cuestión de lógica, de tener la capacidad de razonar lógicamente y de conocer el contenido de ciertas categorías. Por ejemplo, el de la categoría “política”. De acuerdo con esta definición maquiavélica, la que por su parte es la más universal, la política es la lucha por el poder en el Estado, a lo que podría agregarse que la finalidad última de ese poder es (o debería ser) la modificación de la realidad social. Únicamente puede existir la política allí donde por lo menos dos o más individuos luchan por el poder en el Estado, que es el poder político. Esto equivale a decir por simple contraste que no puede existir la política si en el Estado no hay poder real para modificar la realidad social. Puede haber tal vez escaramuzas, tensión entre los individuos y los grupos por razones de rivalidad o enemistad puntual, etc. Pero no puede haber política porque no hay objeto político, esto es, poder en el Estado. El poder no está en disputa, no puede modificarse la realidad social y lo único que hay es una simulación que se asemeja a la política sin llegar jamás a serlo.

Todo esto puede parecer abstracto hasta que hace síntesis en la conclusión de que en las colonias y en las semicolonias no existe la política en tanto y en cuanto esos territorios son gobernados desde otra parte y los individuos que ocupan puestos ejecutivos en el Estado no hacen más que eso mismo, a saberlo, ejecutar. El poder ejecutivo sigue siéndolo en un sentido estricto, pero lo que ejecuta no surge de una decisión propia. Aquí de nuevo es útil la imagen del virrey, del que está inmediatamente por debajo del rey no como un “vice rey”, como parecería desprenderse naturalmente, sino como un rey subrogante en ausencia del titular y sin la potestad de tomar decisiones. Es cierto que hace dos siglos —debido al estado precario de la comunicación en esos días— el virrey tomaba decisiones en la práctica e incluso podía imponer el “se acata, pero no se cumple” para suspender la aplicación de leyes inconvenientes o inejecutables en el contexto de la realidad americana, muy distinta a la europea, también es cierto que eso solo existió informalmente. En lo legal, un virrey únicamente puede ejecutar las órdenes del rey.

En los tiempos que corren las comunicaciones son muy avanzadas, en tiempo real, razón por la que la vigilancia del rey sobre las acciones de sus virreyes en los territorios coloniales y semicoloniales es total. No existe posibilidad alguna de meter el sello de “se acata, pero no se cumple” a las órdenes enviadas por la metrópoli. Hoy los dirigentes políticos son como virreyes en presencia virtual del rey y cumplen a rajatabla lo que se les ordena y es la aplicación de un proyecto político determinado. Y si el proyecto político ya está fijado de antemano, la política no existe. En los territorios coloniales y semicoloniales hay una lucha por el dudoso privilegio de liderar a los demás cipayos y de hacer la administración colonial, de ejecutar las órdenes de un poder superior (y extrínseco al pueblo-nación) disponiendo de los recursos del territorio en la forma que más le convenga a ese poder, nunca al pueblo-nación que está sentado sobre el territorio. Ahí está la definición más precisa de lo que es una administración colonial mediante la imposición de un régimen virreinal que nada tiene que ver con la política real e imposibilita su existencia.

Aquello que sigue apareciendo en la narrativa mediática como “política” no es más que una vulgar pelea entre cipayos candidatos a virrey por ese privilegio —otra vez, muy dudoso como tal— de administrar una ocupación colonial sobre su propio país y contra los intereses de su propio pueblo-nación. Los dirigentes en un país semicolonial como la Argentina acordaron ya aceptar los términos del proyecto político fijo impuesto por ese poder fáctico global que el General Perón solía llamar la sinarquía internacional. No hay política alguna, ningún dirigente está proponiendo un proyecto político alternativo a la imposición neocolonial y esto puede corroborarse mediante la simple observación de que de un tiempo a esta parte la alternancia en el sillón presidencial no ha significado asimismo un golpe de timón. El rumbo está prefijado y aunque vayan alternándose “democráticamente” cada cuatro años los dirigentes de todo el espectro hacen una misma administración colonial mediante el sostenimiento y hasta la ampliación del ordenamiento jurídico neocolonial. La “democracia” que debió significar poder popular se redujo a la práctica mecánica de votar al candidato a cipayo de turno contra los intereses del pueblo que lo vota.

Esto se ha visto muy claramente a partir del advenimiento de Mauricio Macri y sus sucesores, que fueron Alberto Fernández y Javier Milei, aunque una observación más detenida arrojará el que este asunto empezó más bien al producirse el golpe de 1976. Hay ciertas piezas coloniales del ordenamiento jurídico impuestas de facto por la dictadura resultante de ese golpe que ningún régimen de gobierno dicho “democrático” se atrevió a modificar y menos que menos derogar. Una de esas piezas es la Ley Nº. 21.526, la ley de entidades financieras que es central en el sostenimiento del orden colonial en Argentina por castigar la producción y, por otra parte, premiar la especulación. La ley de entidades financieras impone la prohibición a la producción y al trabajo que son la base de cualquier proyecto de soberanía nacional. Varios regímenes de distinto signo ideológico supuesto pasaron desde la imposición de la ley de entidades financieras por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz y a ninguno se le ocurrió ni siquiera poner en tela de juicio, para que hubiera al menos debate, esta pieza de legislación tan nefasta para el pueblo-nación.

Hay más continuidad que ruptura desde 1983 a la fecha, por supuesto, eso es algo que incluso los más inocentones sospechan desde hace rato. Entonces es una quimera hablar de política porque, a menos que desde Alfonsín hasta los Kirchner hayan estado todos ideológicamente de acuerdo con Martínez de Hoz, la alternancia dicha “democrática” nunca viene con la posibilidad de que un nuevo gobierno rompa con los esquemas neocoloniales impuestos anteriormente, no hay poder en el Estado para modificar la realidad social. Un individuo gana las elecciones y llega a ser presidente de la Nación, pero no tiene en sus manos la llave para presidir. Puede hacer cambios más bien cosméticos e incluso puede lanzar alguno que otro desafío al statu quo en la forma de un discurso y una praxis disruptivos en este o aquel aspecto. Lo que no puede hacer es tocar los engranajes de la máquina y, por lo tanto, la máquina en sí sigue y seguirá funcionando tal como la programó el poder fáctico colonial aunque el pueblo-nación vote “libremente” eligiendo entre las limitadas opciones existentes en la boleta electoral.

Néstor Kirchner y Cristina Fernández, por ejemplo, hicieron algunos cambios cosméticos y también lanzaron sendos desafíos al statu quo. Estatizaron donde la propiedad privada y foránea era un valor sagrado, democratizaron el acceso a bienes que el sistema había definido como exclusivos. Todo eso es cierto y también es cierto que en lo sistémico no pudieron introducir modificación alguna sobre lo impuesto por la dictadura cipaya entre 1976 y 1983. No solo no modificaron la ley de entidades financieras, sino que tampoco avanzaron sobre el resto del andamiaje jurídico del neoliberalismo que desde 1976/1977 hasta el presente viene castigando a quienes intentan producir y premiando a los que especulan con las finanzas. En los doce años de régimen kirchnerista hubo innegables logros desde el punto de vista del interés colectivo del pueblo-nación, pero tampoco nadie podrá decir que hubo una ruptura decisiva respecto al ordenamiento jurídico que con el golpe y la dictadura el poder fáctico global impuso en la Argentina con el aspecto ideológico neoliberal y la finalidad concreta de obturar el camino hacia la independencia y la soberanía mediante la destrucción del aparato productivo del pueblo-nación.

Lo verdaderamente dramático en este punto es que si ni el kirchnerismo, el que más abiertamente se opuso a la dictadura y más la denunció en medio siglo, fue capaz de plantear una ruptura real con el ordenamiento jurídico neocolonial que esa dictadura instaló entonces la conclusión no podrá ser para nada buena para las mayorías populares. La conclusión es que una simulación ocurre y es presentada como política, aunque no hay política al no haber oposición respecto al proyecto político dominante. Nadie plantea luchar por el poder en el Estado para derogar el andamiaje jurídico que sostiene el orden colonial, nadie quiere hacer eso. Todos quieren ganar las elecciones para ponerse a la cabeza de una administración neocolonial, no para tomar decisiones sino para ejecutar lo que decidan otros. El régimen kirchnerista con Néstor Kirchner y sobre todo con Cristina Fernández fue el que en medio siglo más planteó discursivamente esa ruptura y no la pudo concretar en la praxis. ¿Qué queda para todos los demás? ¿Por qué sería lícito suponer que después de Milei un Sergio Massa, un Dante Gebel u otro títere genérico habría de hacer aquello que ni el kirchnerismo pudo?

De aquí se desprende el que presentar la rosca del cabotaje como la política haciendo creer a las mayorías que en esa rosca se decide algo es de una inutilidad nociva, es decir, no solo no sirve para nada sino que además hace daño, si es que tal cosa fuera posible. Mientras los dirigentes siguen con la simulación de pelearse los unos contra los otros estando efectivamente de acuerdo en lo esencial y los medios insisten en instalar a los Dante Gebel como el “outsider” que va a superar al “outsider” que está sentado hoy en el sillón, nadie explica con qué finalidad, lo que ocurre es que el destino del pueblo-nación sigue no estando en manos del propio pueblo-nación. Nadie le explica al hombre de a pie que las decisiones se toman fuera del país y que, por lo tanto, es mucho más importante el resultado de la guerra del imperialismo yanquisionista en Irán que la definición del nombre propio que va a encabezar la lista de candidatos para las próximas elecciones. ¿Por qué? Básicamente porque todos los nombres propios responden al poder fáctico que hace la guerra en Irán: el yanquisionismo.

Se llega entonces a lo que ningún periodista/operador podrá decir jamás en ninguno de los medios de difusión existentes, puesto que todos los medios pertenecen directa o indirectamente a ese poder fáctico y los operadores que se hacen llamar periodistas trabajan para esos medios, para el poder al que no pueden ni siquiera nombrar. No es que todos los periodistas y todos los dirigentes sean empleados directos del yanquisionismo, sino más bien que de alguna forma ninguno está en condiciones de subsistir en el juego sin presentar al menos un nivel suficiente de obediencia. Dicho de otra forma, incluso aquellos que en apariencia parecen rebeldes y en ocasiones incluso denuncian, por ejemplo, el genocidio de Israel contra el pueblo-nación palestino, tienen prohibido decir que en la Argentina gobierna de facto y sin oposición el mismo poder fáctico que lleva a cabo ese genocidio. Lo que no se puede decir es que Argentina es una colonia no de los Estados Unidos ni de Israel —pues estos también son colonias—, sino de un poder fáctico supranacional e invisible para las mayorías en todo tiempo y lugar. Ese es el poder del sionismo internacional.

Además de las cuestiones de dependencia económica en el caso de quienes cobran para hablar y por eso nunca van a hablar en contra de quien paga el sueldo existe una amenaza extra, en la forma de extorsión, para quienes se atrevan a decir lo que no hay que decir. El poder fáctico sionista ha logrado blindarse contra la crítica y la denuncia homologándose a sí mismo y de un modo claramente indebido con una religión o una etnia. No es posible en Argentina y en muchos otros países denunciar al sionismo sin incurrir en el mal llamado “antisemitismo”, el que en todo caso sería —aunque tampoco lo es— antijudaísmo. Gracias a décadas de instalación de la idea de que Israel es el país de los judíos, en la actualidad el poder judicial argentino tiende a homologar judaísmo y sionismo castigando la crítica y la denuncia al último como un ataque al primero. Por razones históricas que tienen que ver con la II Guerra Mundial y su narrativa posterior la judía es la única religión o etnia de la que nada negativo puede decirse pues ha sido revestida con el estatus permanente de víctima.

Por carácter transitivo y gracias a la operación de homologación lo mismo vale para el sionismo. Es indebido, como veíamos, porque el sionismo es un proyecto político y no una etnia ni una religión, pero funciona. El sionista es judío, el judío es víctima y entonces el régimen sionista israelí puede hacer básicamente lo que le venga en gana, en Palestina, en el Líbano, aquí y en todas partes, sin que nadie pueda decir una palabra al respecto que no sea de aplauso o loor. Cada tanto este statu quo se manifiesta reforzándose en la forma de persecución y castigo contra el atrevido de turno. A principios de enero de este año la locutora Marcela Feudale debió disculparse de rodillas por haberse animado a levantar la hipótesis de que los incendios del pasado verano en nuestra Patagonia y en la de Chile habían sido iniciados por israelíes. Feudale no dijo “judíos” ni nada de eso, dijo “israelíes”, como quien dice, por ejemplo, “belgas” o “australianos”. Habló de una nacionalidad, aunque igualmente debió retractarse de su comportamiento profundamente antisemita y todo lo que ya se sabe.

El resultado es que si el sionismo como proyecto político y como imposición colonial tuviera alguna vez la brillante idea de enviar soldados israelíes a devastar un determinado territorio para luego adquirirlo —esto es, véase bien, precisamente lo que hace el sionismo en Palestina y en el Líbano todos los días— nadie podría denunciarlo sin incurrir en “antisemitismo”. Ahora está permitido denunciar los atropellos en Palestina y en el Líbano, pero ya es tarde para hacerlo porque el sionismo allí ya está instalado, lo que en sí puede proyectarse hacia el futuro para obtener la siguiente conclusión: las operaciones sionistas en la Patagonia solo podrán denunciarse una vez que los sionistas ya estén instalados de manera estable sobre el territorio, pero desde luego que entonces ya será tarde para hacerlo como lo es para los palestinos y los libaneses. En otras palabras, si el Plan Andinia realmente existe los periodistas solo podrán denunciarlo cuando el propio plan sea ya irreversible. El que intente hacerlo antes, como Marcela Feudale, con el fin de frenarlo mientras es posible hacerlo, será acusado de hacer teorías de la conspiración contra los judíos, acallado y humillado por “antisemita”.

Marcela Feudale vio que iba a quedarse sin trabajo y sin fuente de ingreso, que ningún medio jamás volvería a contratarla. Eso es lo que les pasa a quienes dicen algo negativo respecto al sionismo y no se retractan ni piden perdón de rodillas. Feudale tiene que comer y pagar las facturas del hogar, todo lo que hizo es comprensible y uno no puede exigirle una valentía que no esté dispuesto a tener uno mismo en iguales circunstancias. La cuestión aquí es otra y es que si alguien insinúa que los sionistas tienen el control de todos los medios de difusión, de los tradicionales y de los nuevos, eso es hacer teorías de la conspiración en perjuicio de los judíos y se castiga, pero ocurre al mismo tiempo que las puertas de todos los medios se cierran para el que se atreva a denunciar al sionismo y no pida perdón de inmediato retirando lo dicho. Se trata de una contradicción a los gritos. El sionismo insiste en que no tiene el control de los medios mientras destierra de esos mismos medios y de por vida al que diga que eso es así.

Es una contradicción similar a la del General Juan Bautista Figueiredo, aquel militar que a principios de los años 1980 estuvo a cargo de la transición en Brasil de la dictadura a un régimen de representación con elecciones. Frente a las cámaras y los micrófonos, Figueiredo respondió a un notero sobre las críticas existentes en ciertos círculos, fundamentalmente militares de línea dura, contra el proceso de apertura y transición que venía llevando a cabo. “Voy a hacer la apertura democrática y al que no le guste lo meto preso y lo reviento”, decía Figueiredo en una de esas frases que suelen quedar para la historia. Lo de Figueiredo es por cierto más bien simpático, es la expresión de un militar que ya para ese momento se sabía sin poder real para sostener su propio régimen. Muy distinto es el caso de un sionismo que castiga a quienes sugieren la existencia de un control sionista sobre los medios con la prohibición perpetua de trabajar en esos mismos medios. ¿De qué otro modo se supone que debe interpretarse esto, si no es como una gigantesca contradicción y una mentira escandalosa?

La libertad de expresión es amplia en Argentina, pero no es absoluta. Aquí uno puede decir cualquier cosa sobre cualquiera, puede difamar incluso a los dirigentes más encumbrados de la política, a los jueces y a los fiscales sin mayores consecuencias. Pero no puede hablar del esquema neocolonial del sionismo en el que todos esos personajes están implicados, razón por la que para reproducirse y perpetuarse lo único que debe hacer el sistema es una rotación de figuras. Esta es la política neocolonial simulada, un concurso de personalidades cada vez más pintorescas en el que al pueblo-nación se le otorga el “derecho” a elegir cada cuatro años entre dirigentes que responden todos a un mismo interés. A esto se le llama “política” y hasta “democracia”, aunque no hay política porque la cuestión de quién va a tener el poder en el Estado ya queda resuelta de antemano y la democracia es una entelequia porque el pueblo no tiene poder alguno. No hay política ni democracia, solo hay un régimen predeterminado y extrínseco al pueblo-nación, impuesto por un poder fáctico trasnacional cuyo proyecto político es el coloniaje.

Las probabilidades de revertir esta nefasta situación son remotas porque la política de representación no se hace sin representantes y hoy el pueblo no los tiene, no tiene referentes en la política con la voluntad y/o la libertad de cantar las cuarenta diciendo lo que realmente es y todo el mundo ya sabe o al menos intuye que es. Ningún dirigente político puede señalar al que manda, todos los dirigentes políticos deben seguir simulando postularse a un cargo desde el que van a poder tomar las decisiones y hacer aquello que prometen en campaña. Es una farsa. Al igual que los demás países de esta región, la Argentina es una colonia y no tiene política, está gobernada desde lejos a control remoto. Tampoco puede haber democracia porque no hay poder popular. Alguien manda y no es el pueblo-nación ni son los dirigentes de la política que simulan hacerlo. “Si Ud. quiere saber quién manda de verdad, solo tiene que observar a quién Ud. no puede criticar”. Voltaire no lo dijo, se le atribuye la frase y no lo dijo. Pero debió haberlo hecho porque esa es una definición atemporal y universal, una de esas fórmulas infalibles para conocer la única verdad que es la realidad.

Dícese de Milei que le queda poco tiempo y que su régimen no llega en una sola pieza a las elecciones de 2027. También se dice que esas elecciones en realidad van a adelantarse, que al “outsider” fracasado lo van a reemplazar con otro “outsider” que es pastor evangelista aunque ahora dice no serlo o que ha llegado el momento de que Sergio Massa escriba su nombre en el bronce gracias a una nueva maniobra genial, esta vez infalible, de la señora Fernández de Kirchner. Muchas cosas se dicen en esta simulación loca de política que hacen en nuestra Argentina neocolonial. Lo que jamás nadie dice es la verdad y entonces —a menos que un pequeño grupo de patriotas se resista a ser conquistado, como diría Seineldín— la suerte está echada.