Plan económico peronista

Con la devaluación que realizó Axel Kicillof en 2014 se inició en nuestro país un ciclo económico asentado en un esquema especulativo-rentístico que, continuado por Mauricio Macri y por Alberto Fernández, fue configurando un escenario en el que convergen los desequilibrios fiscales de 1989 con los del sector externo de 2001. Ambos fenómenos se potencian mutuamente generando las condiciones de la “supercrisis” que se sigue profundizando. Pero, para el peronismo, la resignación a la decadencia de la Patria y la exclusión de los sectores populares siguen siendo opciones inaceptables.

Por su parte, ha comenzado el 2023 y las fuerzas políticas se están reordenando de cara a un año electoral. Las alianzas Frente de Todos —de orientación socialdemócrata— y Cambiemos —de orientación neoliberal—, como ha sucedido en el plano internacional con la globalización, han sostenido este esquema económico que ha fracasado. Por eso, hoy más que nunca es el peronismo el único que está en condiciones de presentar un plan económico que genere las condiciones para que el pueblo sea feliz y la patria grande, con la firme convicción de nutrir el necesario debate alrededor de un proyecto de nación que tendrá que anteceder a la presentación de los candidatos. Así, dejamos atrás aquel lamentable concepto que circuló en elecciones anteriores de “primero ganemos y después vemos”.

De la actual “supercrisis” que se asemeja a un laberinto solo se sale por arriba, mediante la mancomunión conceptual de la dirigencia sindical, empresaria, religiosa, política y social que construya la prevalencia de la idea, tantas veces vertida por Su Santidad Francisco, de que “el todo es superior a la partes”.

Retomando aquello que decía el Gral. Perón, hoy todo es política internacional que incide en la vida de las naciones y de los pueblos en forma decisiva. Por lo tanto, resulta imprescindible comprender qué sucede en ese terreno para contextuar nuestra propuesta. Asistimos al fin de la globalización neoliberal-socialdemócrata y por tanto de su paradigma expresado en el Consenso de Washington, y sus instituciones regulatorias, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Este Nuevo Orden Internacional (NOI) se caracteriza por: a) La orientación “America First” que tomó Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, a partir de la puesta en valor de su revolución energética; b) El resurgimiento de la Federación de Rusia, con Vladimir Putin, como potencia energética-militar; c) La representatividad que de los pueblos sin voz ejerce el Papa Francisco, para que el nuevo esquema resulte más justo que el anterior.

En este contexto, más temprano que tarde, estos tres protagonistas, a semejanza del Acuerdo de Yalta, establecerán áreas de influencia y diseñarán las instituciones multilaterales que expresen la nueva realidad. Asimismo, se va determinando quiénes son los ganadores o perdedores, en virtud de si las competitividades de sus economías puedan o no garantizar el trabajo para sus pueblos.

Otro rasgo relevante del NOI son las políticas de administración del comercio exterior. Entre otros casos se destaca EE.UU., que las aplica invocando incluso cuestiones de seguridad y defensa nacional, impactando en la penetración comercial de terceros países en su mercado. Esta situación presenta una excepcional ventana de oportunidades para el entramado productivo local y la instalación del Modelo Argentino, ya que el mundo actual facilita los modelos de desarrollo nacional a partir de la puesta en valor de sus propios vectores de competitividad.

Si las crisis que atraviesan las economías de Iberoamérica son tratadas con los antiguos manuales de la globalización, los fracasos tenderán a perpetuarse o darán a luz proyectos de nacionalismo de exclusión, que desplacen, reconfiguren o reemplacen a las actuales representaciones políticas. En sentido contrario, se erige el sendero de un Modelo de Desarrollo Económico Permanente y Sustentable (MoDEPyS) orientado a la producción, capaz de objetivar un nacionalismo de integración e inclusión.

La patria, concebida como un pueblo en un espacio con una historia y un destino común, en la que todos los hombres y mujeres que quieran habitar en territorio argentino son incluidos, se da de bruces con las concepciones restrictivas de nación que se fortalecen en otros lares y ubican como enemigos del propio bienestar a minorías o extranjeros. Ya ha sido suficientemente probado como falaz el razonamiento de que el individualismo es el motor del mejoramiento colectivo. Así, en un modelo de desarrollo exitoso debe prevalecer la solidaridad, entre otros principios y valores, por sobre la competencia y la indolencia.

Equilibrar adecuadamente los diferentes yo con un nosotros es la búsqueda de la expresión de cada una de nuestras individualidades en entidades de orden superior (pueblo y nación) que no las anule y que, por el contrario, las potencie y les otorgue la trascendencia de los objetivos perdurables en el tiempo. Por su parte, el Estado cuenta entre sus obligaciones la promoción y el fortalecimiento de los lazos comunitarios, al igual que la articulación de la acción (entre sí y con las distintas instancias estatales), de las organizaciones intermedias representativas de todos los segmentos del quehacer nacional.

La comunidad como principio, y su realización como valor, deben ser el continente y el destino de la práctica social, erigiéndose en la clave de la consolidación del MoDEPyS.

Ante el agotamiento del esquema económico basado en la valorización especulativa-rentística del capital, las decisiones de política económica que orienten la recuperación de la actividad definirán si solo tendremos crecimiento o si este irá acompañado con la redistribución del ingreso para convertirse en desarrollo. Allí se define el carácter del modelo que vendrá: si será de exclusión o de inclusión.

Ante todo, para el nuevo Modelo Argentino, el trabajo debe volver a ser la vía de inclusión y de movilidad social ascendente para las grandes mayorías de la patria. Que todos los empleos sean productivos, formalizados, protegidos, en condiciones que preserven la salud y la dignidad de las personas y permitan el mejoramiento persistente de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias son los objetivos de primer orden en nuestro plan económico y social.

A su vez, en materia alimentaria y energética, y a efectos de valorar la importancia de desacoplar a la baja los precios internos de los internacionales, invitamos a reflexionar sobre cuál sería el comportamiento de algunos sectores productivos bajo los diferentes esquemas posibles.

Cuando la comercialización se realiza a “precios de paridad de exportación” lo que termina sucediendo es que las familias y las empresas locales compiten con las extranjeras por el mismo bien. En la mayoría de las grandes producciones agropecuarias, por ejemplo, el desempeño de la actividad es indiferente respecto del consumo realizado en el mercado interno, ya que lo que no se vende aquí se comercia en el exterior, especialmente en los casos en que la demanda es más elástica que la oferta.

Examinemos lo sucedido durante la gestión de Cambiemos en el mercado de la carne vacuna, esquema que no ha sido revertido por la actual administración. Cuando la categoría “vaca buena”, consumida fundamentalmente por los sectores populares, comenzó a ser masivamente exportada (especialmente desde la incorporación de China como comprador relevante), su inevitable consecuencia fue que la satisfacción de la demanda externa se realizó a expensas de contraer la doméstica, vía el aumento de los precios internos.

Lo propio sucedió en el mercado de la leche, y así caso por caso, por ejemplo, el precio del pan finalmente también depende de la comercialización internacional del trigo. Es en este orden de las decisiones económicas, donde se va determinando la capacidad de adquirir o no los componentes elementales de la mesa de las familias argentinas.

Algo equiparable sucede con los precios de la energía, que a su vez representan un costo de significación para una gran parte del entramado industrial. El gas natural extraído de nuestros yacimientos tanto podría orientarse al consumo interno como al externo. Pero si el precio de comercialización doméstico es idéntico al de paridad de exportación, no queda posibilidad alguna de que complejos industriales energo-intensivos, como los del acero o el aluminio, puedan resultar competitivos frente a sus pares extranjeros, así como tampoco lo podrán ser los siguientes eslabones de las cadenas manufactureras.

Para establecer un modelo de inclusión es indispensable ampliar la frontera de posibilidades de la producción. Así, es necesario: a) Asociar el precio de la energía con los costos de exploración y explotación (contemplando una ganancia justa y razonable para los eslabones intervinientes), permitiendo la baja de los costos unitarios de todos los sectores productivos; b) Dotar a los ingresos populares de un alto poder adquisitivo —esencialmente se logra disminuyendo el peso de los gastos alimentarios de las familias— de modo que además puedan realizar otros consumos, cuestión que principal, pero no exclusivamente, depende de los niveles de retenciones a las exportaciones vigentes.

Si bien los valores de los alimentos y la energía constituyen las vigas maestras del esquema por venir, es necesario recordar que en todos los sectores de la producción existen tensiones similares. Por ejemplo, la industria de la construcción tanto puede fortalecerse en el desarrollo inmobiliario del segmento ABC1 (countries y barrios exclusivos, por ejemplo) como en la infraestructura y las viviendas para el conjunto de la población. En cada rubro, las compañías que producen bienes y/o servicios deberán decidir si se orientan a los consumidores del segmento “premium” (o directamente extranjeros), o a la totalidad del mercado doméstico.

Las medidas instrumentales que presentamos a continuación son necesarias tanto para la resolución de fondo de los desequilibrios macroeconómicos, como para que los precios de la energía y de algunos alimentos sean la clave de un salto cuantitativo y cualitativo para la producción de la inmensa mayoría de las empresas domésticas, extendiendo sus efectos beneficiosos sobre el poder adquisitivo de los ingresos populares.

Consideramos que el camino para la erradicación de la pobreza no pasa por “entregar billetes”, sino por garantizar la suficiencia y la accesibilidad de los bienes y servicios para que todas las familias tengamos una vida digna y seamos un pueblo feliz. Asimismo, consideramos que cualquier enfoque que difiera del nuestro será incapaz de transponer los estrechos márgenes a los que queda condenado nuestro aparato productivo si no se distribuyen los beneficios redundantes expresados en las rentas extraordinarias.

He aquí nuestra propuesta:

• Modificar la Ley de Arrendamientos Rurales (con límites estrictos a los que se puede cobrar por el alquiler de las tierras), que posibilitará un aumento importante de los derechos de exportación a la producción primaria en la Zona Núcleo de la Pampa Húmeda, sin afectar la rentabilidad de los productores, entregándose en compensación, a los propietarios, un bono a largo plazo, en moneda dura, con un retorno adecuado y negociable en el mercado secundario.
• Incrementar la recaudación, a partir del auspicioso proceso reactivador, que se generará cuando los equilibrios macroeconómicos (fiscal y externo) conseguidos aumenten sustancialmente la rentabilidad empresarial y el poder adquisitivo de los ingresos populares.
• Suscribir un nuevo pacto fiscal que, modificando de cuajo al vigente basado en las recomendaciones del Consenso de Washington, se impregne del nuevo paradigma de incentivo a la producción y al trabajo, consolidando y equilibrando las distintas regiones productivas del país.
• Establecer los mecanismos ad hoc que permitan cancelar la deuda de cortísimo plazo (letras, pases, etc.) tomada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para esterilizar la emisión monetaria provocada por el “fondeo” del déficit fiscal total.

• Conformar la “estructura de dirección del BCRA” (cambiando los intereses que representan y los saberes que portan) con representantes de la Nación, de las provincias (organizadas por región), de las gremiales empresarias y de la Confederación General del Trabajo (CGT) y priorizando el trabajo y la producción: reconvirtiendo los préstamos del sistema para financiar, mayoritariamente, los proyectos de inversión del sector privado.
• Articular armoniosamente los agregados constituyentes de la oferta monetaria con la demanda monetaria.
• Garantizar, por la espiralización ascendente del nivel de actividad y el auspicio al flujo inversor del ahorro en moneda local, para que el crédito financiero (de corto, mediano y largo plazo) fluya naturalmente hacia las familias y empresas, una vez modificadas las bases del actual esquema especulativo rentístico.
• Limitar la administración pública nacional a ocho ministerios (destacando, por su centralidad, el de Desarrollo Económico y el de la Comunidad), de forma tal que aumente contundentemente la eficiencia y eficacia administrativa.
• Reducir los subsidios energéticos, consecuencia “natural” de la mutación del concepto que supone que “cuesta lo que vale” por aquel en el que prima el análisis de costos, más una tasa de ganancia justa y razonable para los eslabones participantes en la cadena de producción y comercialización.

Para ello se requiere de una alianza indisoluble entre el Capital y el Trabajo, en un Magno Acuerdo Social que establezca: a) Los mercados de referencia plausibles con nuestro buen vivir; b) Las tecnologías convenientes a utilizar, procurando el mejor “estado del arte”; c) Una nueva distribución funcional del ingreso que impida el incremento de la plusvalía relativa, perjudicial para la gobernanza del todo social, cuya meta sea, en lugar del antiguo fifty-fifty, una relación de 60-40 entre el Trabajo y el Capital.

De esta manera se respetará, finalmente, la correcta causalidad entre lo privado y lo público. No es un aparente “Estado presente” (que termina ausente) el que generará una economía dinámica, con un alto grado de “emprendedurismo”, una economía innovadora, competitiva, con plena ocupación de los factores de producción y justa distribución del ingreso. Todo lo contrario: un Estado fuerte es el que se deriva de los recursos que puede obtener de un aparato productivo eficiente y eficaz.

*Con la colaboración de Adriana Ghitia

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