Armas: ¿Para qué las queremos?

Entre todas las controversias secundarias con las que los dirigentes y los periodistas en los medios de comunicación copan la agenda ideológicamente todos los días una se destacó hasta generar un debate interesante, más bien por sus potenciales implicaciones en el ordenamiento social a nivel global que por el rédito que los llamados “libertarios”, impulsores del debate, quisieron hacer en lo electoral al poner el asunto sobre el tapete. Ese asunto es el de la libre portación de armas por parte de civiles, lo que hoy no existe en nuestro país en los términos propuestos por los “libertarios” y por eso generó una minigrieta más hacia el interior de la grieta general de la política argentina.

El debate en sí se hizo público precisamente por haberse dado al calor de las noticias que llegaban desde los Estados Unidos, donde una nueva masacre había ocurrido. Armado con un rifle AR-15 de uso militar con capacidad de hacer hasta 750 disparos por minuto, un tirador de 18 años de edad llamado Salvador Ramos había abierto fuego en una escuela primaria de la localidad de Uvalde en el estado de Texas. Ese día, Ramos mató a 21 personas e hirió a otras 17, casi todos niños estudiantes, antes de ser abatido por la policía. La noticia se difundió rápidamente por todo el mundo y generó gran conmoción, como suele suceder en estos casos de un modo general, siempre y cuando ocurran en Occidente.

Fue bajo el impacto global de esa conmoción que los “libertarios” eligieron introducir en el debate público de nuestro país la libre portación de armas como un derecho que la ciudadanía argentina no tiene y debería tener, siempre según la opinión ideologizada de esos mismos “libertarios”. No obstante esa importación de agenda, aquí la cuestión se planteó en un contexto de gran inseguridad ciudadana en los centros urbanos del país, esto es, se introdujo a partir de un problema local real para el que la ideología “liberal” de los “libertarios” plantea como solución que los civiles estemos armados para defendernos de los delincuentes sin depender de la intervención de las fuerzas del orden del Estado.

Los llamados “libertarios” están muy atentos a lo que pasa en los Estados Unidos y en Occidente de un modo general, esa es una de las condiciones fundamentales de su ideología: la ponderación de los países dichos de “primer mundo” o desarrollados donde el sistema capitalista de libre mercado existe de un modo mucho más fáctico que teórico. Y por eso mismo argumentan que si en los Estados Unidos, que son la meca del liberalismo, existe la libre portación de armas como garantía a la propiedad y a la vida de los individuos, pues el liberalismo de aquí también tendría que tener esa libre portación como un horizonte.

Más allá de si las armas en manos de civiles son o no garantía de seguridad personal o de la propiedad privada de esos individuos, la argumentación de los “libertarios” ya empieza con un problema: es precisamente en los Estados Unidos donde la libre portación de armas más se discute en la actualidad, pero para limitarla. Es cierto que los estadounidenses de un modo general están fuertemente armados incluso con armas que deberían ser de uso exclusivo de los militares y también que pueden comprar libremente más armas en prácticamente todas partes si así lo desearan, esa es la realidad de los Estados Unidos hoy en ese sentido. Pero también es verdad que entre los liberales de allá hay controversias respecto a si eso es deseable o si deberían imponerse algunas limitaciones.

Ese es un debate recurrente que se da en los Estados Unidos cada vez que un enajenado sale a disparar contra terceros y termina haciendo una masacre, cosa que ocurre muy a menudo. Siempre que se produce un hecho de estas características, en los Estados Unidos se manifiestan voces según las que el problema sería una ausencia del Estado en el rol de regulador de la posesión de armas por parte de los individuos. En otras palabras, el modelo que quieren importar aquí nuestros “libertarios” es un modelo que en su origen se cuestiona fuertemente y cada vez más, incluso por algunos conservadores estadounidenses que ya no tienen tantas certezas respecto a la conveniencia de vivir en un país donde hay unas 120 armas por cada 100 habitantes.

Los conservadores de los Estados Unidos son los homólogos en términos ideológicos a nuestros liberales criollos, o casi. Esa es la corriente ideológica que más ha sostenido históricamente la ausencia del Estado en todos los aspectos, salvo en cuestiones de justicia, seguridad y poco más que eso. Según la opinión de estos conservadores, en todo lo demás el Estado debe dejar hacer y debe dejar pasar, son liberales en los términos de la revolución burguesa de Francia en la que nos inspiramos en nuestro país para hacer la taxonomía de las ideologías. Y son ellos mismos los que sostienen o han sostenido aquí que filosóficamente el individuo debe estar armado, por razones que veremos más adelante.

La pregunta inicial es la siguiente: ¿Por qué en los Estados Unidos no se prohíbe o se limita la libre portación de armas, si se reiteran los hechos luctuosos a cada masacre y la opinión pública de un modo general parecería inclinarse a aceptar la intervención del Estado en el asunto para evitar esos hechos? Puede parecer algo extraño e incomprensible para un hispanoamericano en general y para un argentino en particular, pero la relación entre más armas y más muertes no existe en la conciencia del estadounidense promedio. Y más bien todo lo contrario: por razones históricas en su constitución tanto política como cultural, el yanqui sabe que las armas son un hecho de la realidad, sabe que siempre alguien las va a tener y, en consecuencia, prefiere tenerlas también para evitar ser víctima de ellas.

Ese es en realidad un ejercicio lógico bastante sencillo que dará como resultado el que en una sociedad donde la mayoría o todos tienen armas son más bajas las probabilidades de que ocurra un enfrentamiento a los tiros. Es la lógica de la bomba atómica, corroborada por los hechos históricos a partir de los años 1950. Cuando dos o más países llegaron a tener su arsenal nuclear, en ese momento el uso de la bomba atómica pasó a ser una imposibilidad simplemente porque usarla resultaría seguramente en un holocausto. Así, en los Estados Unidos un civil promedio aplica esa lógica para concluir que al estar bien armado inhibe al otro que también lo está, pero piensa dos y más veces en las probables consecuencias de avanzar sobre sus pares.

He ahí donde la argumentación de nuestros “libertarios” coincide con la de los conservadores estadounidenses. El problema de la inseguridad se resuelve, en estos términos, cuando los delincuentes sepan que avanzar contra un ciudadano podría costarles la vida a los propios delincuentes al portar ese ciudadano un arma de fuego. Claro que eso es meramente teórico, nadie sabe si un delincuente piensa así ni nadie sabe si las calles de los Estados Unidos son relativamente más o menos seguras porque en ese país hay más armas que gente, si es porque la policía hace bien su trabajo o por cualquier otra razón socioeconómica.

Pero el argumento existe y es fuerte, pues resuelve en el discurso el problema de la inseguridad y entonces tiende a conquistar buena cantidad de adeptos en un país donde el delito es un flagelo, como es el caso de la Argentina. Pero la razón por la que a los Estados Unidos les cuesta muchísimo limitar la portación de armas por los civiles es más bien política y, si se quiere, histórica y cultural, que es cosa aún más profunda. Poco después de constituirse como país independiente, en 1791 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la segunda enmienda a su Constitución, según la que el derecho a poseer y portar armas es inalienable del ciudadano. Esa es la ley pétrea fundacional de los estadounidenses y no podría modificarse sin mediar la refundación del Estado.

Ahora bien, el por qué en 1791 eso les pareció importante a los representantes del pueblo reunidos en el Congreso hasta el punto de convertirse en una enmienda específica es una cuestión cuyas razones están en la propia naturaleza de los Estados Unidos como país. Es sabido que, al llegar a América, los colonos anglosajones se encontraron con un territorio muy vasto, muy nuevo y aún muy lejos de poder ser enteramente controlado por ninguna autoridad estatal o autoridad a secas. Las películas del género western dan un testimonio tardío de eso, de la enorme dificultad que hasta bien entrado el siglo XIX el Estado tenía para aplicar la ley e impartir justicia adecuadamente en un territorio sobre el que no estaba entonces técnicamente en condiciones de controlar y quizá tampoco lo esté ahora. En ese contexto, la libre portación es un hecho que surge directamente del sentido común.

Pero también es conveniente no perder de vista que esos colonos anglosajones tenían una moral protestante, lo que en la práctica se tradujo entonces y se traduce hoy en un individualismo que los católicos de América hispana nunca tuvimos. De hecho, la segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos consagra en su breve y objetivo texto que “siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido” y luego, en el comentario acerca de los propósitos específicos de esa posesión y esa portación, se habla de la disuasión a cualquier intento de establecer un gobierno autoritario, de facilitar el acceso al derecho natural de defensa propia y de, véase bien, la participación popular en la aplicación de la ley.

Los dos primeros propósitos remiten evidentemente a esa moral protestante con la que los primeros estadounidenses venían equipados de origen: siempre es una cuestión de garantizar que el individuo pueda defenderse frente a un potencial despotismo por parte del Estado, o la priorización del individualismo en la política que es un clásico del liberalismo desde el siglo XVIII e incluso desde mucho antes. Pero el tercer propósito es el más interesante en lo que aquí se analiza porque prevé —al menos teóricamente— una limitación impuesta por los civiles al mismísimo Estado en todo lo que tiene que ver con la seguridad pública y la aplicación de la ley.

Además de no tener el monopolio de la violencia porque muchos civiles están legalmente armados, el Estado yanqui debe garantizar la participación de la sociedad en cosas que aquí y en la enorme mayoría de los países se consideran como propias y exclusivas de una autoridad estatal. Quizá esa sea una de las razones por las que la política en los Estados Unidos se cuida muchísimo de no tomarle demasiado el pelo a la ciudadanía: en ninguna parte aquello de “hacer tronar el escarmiento” es más real que en un país en el que los civiles tienen más armas que las fuerzas de seguridad del Estado y las fuerzas armadas combinadas.

Como se ve, la ley en los Estados Unidos no solo garantiza que la libre portación de armas en un derecho inalienable, sino que además limita teóricamente la autoridad del propio Estado en aspectos de la administración de lo público que nuestro sentido común hispanoamericano ni sueña en cuestionar. Entonces limitar la tenencia y la portación de armas en los Estados Unidos parece ser una imposibilidad si en ese país no tiene lugar una conmoción interna tal que resultara en una refundación, no hay perspectiva de que cambie el statu quo. Y es partir de esa certeza que los llamados “libertarios” de aquí y un sector “halcón” del cambiemismo afín a Patricia Bullrich impulsan la libre portación de armas en nuestro país como la panacea universal.

Al no negar su afiliación ideológica a los Estados Unidos y a todo lo que eso significa, esos “halcones” y eso “libertarios” terminan siendo coherentes y teniendo la razón filosóficamente en sus propios términos, no hay contradicción interna en su discurso y en su praxis. Lo mismo, sin embargo, no puede decirse de la izquierda y del progresismo, que inmediatamente y sin reflexionar mucho se posicionaron en las antípodas de los “libertarios” para hacerles la contra y abrir más grietas. En vez de argumentar la inconveniencia cultural, el que no somos anglosajones y que realmente estamos histórica, cultural y políticamente constituidos de una manera muy distinta a la moda yanqui, nuestros progresistas apelaron al viejo argumento pacifista de siempre. Y ahí pisaron el palito.

El progresismo y la izquierda tienen un origen ideológico común: el del marxismo que a partir de mediados del siglo XIX nació para representar en la política los intereses de la clase subalterna que no era propietaria de los medios de producción, de los obreros que hoy llamamos comúnmente trabajadores, siempre en oposición a la clase dominante propietaria que ya se representaba políticamente en el liberalismo. Liberalismo y marxismo, primera y segunda posiciones ideológicas respectivamente durante prácticamente toda la modernidad industrial, enemigos acérrimos y a la vez hermanas nacidas de un mismo vientre. Dos ideologías que se contradicen mutuamente en casi todo, salvo en el asunto de armar a los civiles.

Cuando en un acto reflejo la izquierda y el progresismo optaron por ponerse en la “vereda de en frente” respecto a la propuesta de libre portación de armas de los “libertarios” solo porque esos “libertarios” son la odiosa derecha, la izquierda y el progresismo incurrieron en una contradicción ideológica. Junto al liberalismo y aun con más intensidad, el marxismo ha insistido históricamente sobre la necesidad de tener bien armados a los civiles de la clase subalterna. ¿Y para qué? Precisamente para garantizar la defensa adecuada de los trabajadores frente a cualquier intento despótico del Estado contra sus derechos.

Exactamente como plantea la Constitución liberal de los Estados Unidos, es cierto, pero con una diferencia sustancial en la propia orientación filosófica de la cosa. Si el liberalismo yanqui piensa en el individuo frente al Leviatán, el marxismo tiene la perspectiva de la clase obrera frente a los atropellos del Estado burgués. Ambos se basan por distintas vías en un principio antiautoritario, en la eventualidad de estar preparados para luchar con el despotismo en cualquier momento, pero acuerdan al fin en que la ciudadanía desarmada es un inconveniente. Y tanto el progresismo como la izquierda vernácula pasaron por alto ese detalle. Para contradecir a Javier Milei en una minigrieta de cabotaje terminaron negando a Carlos Marx y negándose en el proceso a sí mismos, porque esa es su naturaleza ideológica.

En la Circular del Comité Central a la Liga Comunista del año 1850, a pocos meses del nacimiento del socialismo con la publicación del Manifiesto Comunista en 1848, Marx y Engels dejaron escrito que “bajo ningún pretexto (los obreros) entregarán sus armas y sus municiones; todo intento de desarme deberá ser rechazado por la fuerza de las mismas armas, de ser necesario”. Ya en el siglo XX, Vladimir Lenin haría la revolución rusa afirmando que “la única garantía de democracia es un fusil en el hombro de cada obrero”, es decir, que no sería posible construir el socialismo sin armar muy bien a los civiles para que estos lucharan en defensa propia. De Marx y Engels a Lenin, el socialismo siempre estuvo de acuerdo con el liberalismo en que el monopolio de las armas no lo puede tener el Estado sin que haya allí un riesgo latente de despotismo muy indeseable.

Ese acuerdo, que parecería ser contra natura, se explica fácilmente al corroborar que tanto el liberalismo como el socialismo son hijos jacobinos de la ilustración burguesa que resultó en la revolución de Francia, en toda la modernidad. La derecha y la izquierda son jacobinas, hicieron la revolución con las armas en la mano y por eso, lógicamente, no pueden querer ideológicamente otra cosa que garantizarse para sí el poder de las armas. Ambas entienden que el Estado es un arma de clase social, puede aplastar a los obreros si está en manos de la burguesía y puede aplastar a la burguesía si cae en manos de los obreros, ambas situaciones tuvieron lugar a lo largo de la historia desde 1789. Y entonces nadie quiere estar en el lugar vulnerable del desarme.

El atento lector podría aducir que todo eso pertenece más bien a los siglos XIX y XX, que ya transitamos un nuevo tiempo en el que la izquierda debe “aggiornarse” dejando un poco de lado la rigidez dogmática del marxismo, etc. Ese es un argumento que se ha generalizado en los últimos años, aunque no en todas partes lo compran: en Venezuela la revolución bolivariana entendió sin mayores dificultades que un pueblo desarmado necesariamente es vulnerable frente a los cambios de coyuntura al no estar en condiciones de defender efectivamente sus conquistas sociales y sus avances políticos. Entonces en Venezuela se inspiraron en Lenin para crear las milicias populares bolivarianas que pusieron un fusil en el hombro de cada obrero y así se hace muy difícil llevarse puesto al pueblo, sin lugar a dudas. En Venezuela son los trabajadores armados quienes garantizan el orden socialista, le guste a quien le guste.

En realidad, la libre portación de armas por parte de los civiles es un asunto mucho más práctico y pragmático que ideológico, no respeta mucho las grietas, va a tener adherentes en cualquiera de los dos campos hegemónicos de la política en Occidente y aquí en las colonias. Se equivoca, por lo tanto, el que intenta ideológicamente apelar al monopolio de la fuerza en manos del Estado para tener la razón en un debate, la propia discusión no se da en esos términos. El monopolio estatal de la fuerza o de la violencia es una cosa weberiana, netamente moderna y por eso reciente en la historia de la humanidad que se da como un fenómeno de la naturaleza o poco menos que eso en países como el nuestro, que culturalmente es hispano y católico, muy distinto al de los anglosajones en la vastedad territorial americana del norte.

Nuestra realidad cultural e histórica impone en el sentido común que no esté muy bien vista la autodefensa, el hispanoamericano en general prefiere delegar las tareas de seguridad en el Estado. Pero la idea de armar a la ciudadanía permitiendo la libre portación de armas empieza a tener adeptos tras varias décadas de inacción del Estado frente a una inseguridad creciente. Eso que se percibe como una incapacidad estatal para garantizar la seguridad pública, como marcan la ley y la cultura, hace crecer el discurso de los “libertarios”, quienes hacen de ello una bandera proselitista y van conquistando la voluntad de gente que tiene miedo y no va a dudar en acompañar con el voto al que plantee una solución concreta al problema cotidiano, aunque no haya garantías de que la propuesta lo vaya a resolver efectivamente.

Es poco probable que lo haga, por cierto. Algunos expertos en la temática señalan que las armas en manos de civiles no preparados para usarlas terminan haciendo más mal que bien, allí donde la impericia del civil sumada al factor sorpresa —que siempre está de parte del atacante, del delincuente— hacen que sea inútil y a veces contraproducente en la mayoría de los casos tener un arma para sortear una situación delictiva. Son opiniones y es todo teoría, por supuesto, aunque la argumentación pisa fuerte en la conciencia del que nunca manipuló un arma y se coloca hipotéticamente en el lugar del que tiene que usarla en una situación de desborde. Nadie va a ignorar que el delincuente tiene la ventaja y que, al encontrarse con una víctima que también está armada, por ejemplo, en una situación de robo, puede verse conminado a cometer un crimen que no pretendía cometer.

Por otra parte, es sabido que las armas suelen utilizarse en la resolución de diferendos personales de poca monta e incluso en episodios de violencia intrafamiliar, por lo que normalmente resultan en agresiones a los tiros que de otro modo no deberían haber tenido lugar. Existe la emoción violenta y puede darse en un contexto tan prosaico como el de una discusión de tránsito. Es evidente que poniendo un arma en la mano de quien pasa por una situación semejante se incrementan las posibilidades de generarse desenlaces lamentables en episodios que en condiciones normales deberían resolverse con un intercambio de insultos o incluso una pelea a golpes, sin jamás pasar a mayores.

Y tampoco conviene perder de vista que en el fondo este es un asunto económico en el que alguien siempre saca tajada. Aquellos que siempre ven un negocio detrás de cada necesidad encuentran en el proyecto de legalizar la libre portación de armas una oportunidad dorada de hacer, como hacen en los Estados Unidos, pingües ganancias con la venta de armamento que hoy por hoy en la Argentina apenas tiene una demanda muy marginal. De hecho, la principal promotora de la vigencia de la segunda enmienda a la Constitución estadounidense es la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), una organización de derechos fundada hace 150 años y que tiene alrededor de cinco millones de socios. Pero la NRA no financia su intensa actividad con el aporte modesto de esa multitud de pequeños asociados, sino con las multimillonarias “donaciones” que recibe del complejo industrial-militar-farmacéutico, de los fabricantes de armas y drogas legales que lucran con vender armas a los militares en tiempos de guerra, con la venta de armas a los civiles en tiempos de paz relativa y con el tráfico legal de fármacos en todos los tiempos.

Esas son las corporaciones y son las mayores interesadas en que se legalice la libre portación de armas, son quienes realmente dirigen el juego más allá de la controversia ideológica, la que aquí funciona como una diversión. El debate es inconducente porque ambos flancos extremos sirven a los mismos intereses al perder de vista lo esencial poniéndose a argumentar mal sus posiciones. La derecha dicha libertaria deja de insistir en mayor represión contra los delincuentes armados y la izquierda dicha progresista se niega a abandonar el garantismo utópico para darle al pueblo la seguridad que el pueblo exige. Todos favorecen la difusión de la defensa por mano propia y pavimentan el camino a la concreción del negocio. Como todo en la Argentina de la actualidad, alrededor de la libre portación de armas todos gritan y se discuten de todo, menos de lo que es esencial para que se pueda resolver un problema sin generar otro problema nuevo de cara al futuro.

Eso es así y no se trata de un accidente, es la propia descripción del oportunismo que es la regla general en la política argentina. Sin propuestas para resolver los problemas reales del pueblo argentino, la política construye consignas de altísimo impacto para ganarse el favor electoral de muchos sin ponerse a trabajar demasiado por el pueblo en sus demandas genuinas. Los “libertarios” proponen la panacea en materia de seguridad, mano dura y armas para todos, mientras la izquierda progresista sigue con la idea de la solución a través de políticas sociales que ya fracasaron. Todo es ideología, no hay voluntad de transformación de la realidad y así los problemas van perpetuándose mientras decae la fe de las mayorías en que un futuro distinto es posible.

La solución tendrá que venir del pie y de un modo no ideológico, tendrá que ser el pragmatismo del sentido común el que gobierne en el Estado con voluntad real de transformación social. Si eso no pasa, tanto en la problemática de la inseguridad como en todos los demás temas de interés público el argentino vivirá como en el día de la marmota: vivirá viendo repetirse las controversias, viendo la reiteración de los discursos y la no resolución de los problemas de fondo. No será haciendo la mímesis ideológica decadente como lo vamos a lograr, sino desplazando a los que la hacen para hacerse con ella de un núcleo duro electoral y flotar indefinidamente en la política sin cazar el ratón. El color del gato es irrelevante, el asunto es que el gato ya se acostumbró a mantenerse vigente sin hacer lo que tiene que hacer y eso sencillamente no puede ser.