¿Con qué nos defendemos nosotros?

La intervención militar estadounidense que culminó con la cuestionada captura —o, según se prefiera, la extracción y el secuestro— del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa constituye un punto de inflexión geopolítico y jurídico para América hispana y para el derecho internacional. La dificultad para interpretar estos hechos se explica no solo por su complejidad intrínseca y la circulación de información parcial y sesgada, sino también por la irrupción constante de nuevos hechos, conexos o no, que enturbia aún más la elaboración de hipótesis. Aun así, es necesario un análisis sobre el impacto de este reordenamiento regional en diálogo con la tesis estratégica de Juan Domingo Perón acerca de la defensa nacional frente al imperialismo y sus mecanismos de penetración política, económica y militar.

La incursión en territorio caribeño combinó una lógica de aplicación extraterritorial de la justicia penal, jurídicamente discutible, con una maniobra estratégica dirigida a reconfigurar los equilibrios de poder a escala continental. No fue una acción meramente judicial, fue una operación político-estratégica ejecutada bajo cobertura jurídica. El derecho sirvió de justificación secundaria de una intervención destinada a disciplinar a los gobiernos que se apartan de los intereses de Washington. El lawfare reaparece cuando la herramienta penal se convierte en instrumento de coerción geopolítica. La acción eludió al Congreso al presentarse como procedimiento policial-judicial y no militar. Tampoco se coordinó con Interpol ni con la policía local, como exigen los protocolos internacionales de cooperación.

Los medios masivos al servicio del imperio, a su vez, instalaron la narrativa de una Venezuela sometida a una dictadura, reforzada por el relato del éxodo de millones de venezolanos y por la idea de una urgente restauración democrática. A ello se sumó, desde el Departamento de Estado, la bandera del combate al narcotráfico y la denuncia de un presunto Cártel de los Soles que habría actuado bajo la protección del régimen de Maduro. De este modo, la opinión pública internacional terminó aceptando que el restablecimiento democrático y el combate al narcotráfico justificaban una violación alevosa de la soberanía venezolana y de los principios más elementales del orden jurídico internacional. La democracia y el crimen transnacional se convirtieron así en argumentos para otorgar carta blanca a una intervención neocolonial ilegal. La operación incluyó fuerzas especiales, ataques aéreos, despliegue naval, pérdidas humanas, el secuestro de un jefe de Estado y su esposa y la comparecencia forzada de ambos ante un tribunal extranjero, acto viciado de nulidad absoluta.

Sin embargo, una vez concretada la aprehensión de Maduro, el mismo gobierno que le negó legitimidad y lo secuestró, inmediatamente reabrió canales diplomáticos con la vicepresidente Delcy Rodríguez. En cuestión de días, el Departamento de Justicia retiró de la acusación la mayor parte de las referencias a la mencionada organización narcoterrorista y eliminó la imputación que presentaba a Maduro como su líder. Fue una artimaña descarada, una invocación al estilo de las supuestas “armas de destrucción masiva” en Irak, que acabó en una farsa funcional a un fin inconfesable.

Los análisis críticos de la aventura imperialista y de su relato oficial no tardaron en aparecer. La hipótesis principal gira en torno al petróleo y a su eventual apropiación por parte de los Estados Unidos. Una primera variante apunta al control del mercado internacional del crudo con el objetivo de condicionar a Rusia como potencia productora y a China como gran consumidora. Otro enfoque sugiere una posible manipulación de los precios del hidrocarburo para contener presiones inflacionarias internas en un año electoral. Una tercera interpretación se refiere a un saqueo inmediato para obtener beneficios rápidos, poco verosímil si se considera la costosa inversión que exige la reconstrucción de la infraestructura petrolera venezolana, hoy paralizada tras más de una década de bloqueo a las exportaciones sobre una estructura industrial ya debilitada por años de desinversión y deterioro progresivo.

Una mirada geoestratégica indica que el detonante fue la convergencia operativa de China, Irán y Rusia en Venezuela. China controlaba minerales clave para la industria armamentística, Irán había instalado fábricas de drones de alcance ofensivo y Rusia proporcionaba inteligencia, defensa aérea y guerra electrónica. No se trataba de una presencia simbólica, sino de una plataforma militar integrada a tiro del territorio estadounidense. Los ataques no apuntaron al petróleo, sino a bases, radares y comunicaciones. La intervención tenía por objetivo desmantelar amenazas a la seguridad nacional derivadas de alineamientos con potencias extrahemisféricas. El núcleo del conflicto no era el crudo, sino el control de minerales estratégicos, base material de la proyección militar y tecnológica en la disputa por el poder global.

No menos relevante es la opinión que interpreta el secuestro como una cortina de humo destinada a tapar el escándalo del caso Epstein, en el que el presidente Donald Trump estaría profundamente implicado. La hipótesis no resulta descabellada si se recuerda que en 1998, durante el escándalo sexual entre el entonces presidente Bill Clinton y la becaria Mónica Lewinsky, surgió una sospecha similar. Mientras Clinton enfrentaba un proceso de impeachment en el Senado, se desplegaron acciones militares de alto impacto con bombardeos sobre Sudán y Afganistán ese mismo año y, al siguiente, sobre Kosovo, en el marco de la guerra en la ya extinta Yugoslavia.

La reacción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante la flagrante violación de la Carta y de los principios del derecho internacional —igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, prohibición del uso de la fuerza, solución pacífica de controversias, autodeterminación de los pueblos, no intervención en los asuntos internos de otro país e inmunidad de los jefes de Estado— se limitó a expresar su profunda preocupación y a constatar el incumplimiento de los principios legales que rigen el sistema internacional. De manera paralela, la Organización de los Estados Americanos (OEA), subordinada a los intereses estadounidenses, guardó un silencio sospechosamente cómplice.

¿Qué otra cosa podría hacer un organismo multilateral atado de manos por el sistema de veto del Consejo de Seguridad, el que bloquea cualquier resolución efectiva cuando uno de sus miembros permanentes es parte directa o indirecta del conflicto? ¿Qué alternativa ofrece una Asamblea General cuyas resoluciones, al no ser vinculantes, se reducen a gestos políticos sin capacidad real de corrección o sanción? La ONU queda así atrapada entre su función declarativa y su impotencia ejecutiva, dejando en evidencia que el problema no es la ausencia de normas sino la asimetría de poder que condiciona su aplicación. ¿Está destinada la ONU a correr la misma suerte que su antecesora, la Sociedad de las Naciones?

No conforme con el atropello perpetrado en Venezuela, el envalentonado Donald Trump redobló su apuesta y prometió repetir la hazaña en Cuba, Colombia, Nicaragua, Groenlandia y tal vez México. Esas amenazas no sorprenden. Lo sucedido en Venezuela encaja con lo anticipado en la “Estrategia de Seguridad Nacional” de fines de 2025, que hace referencia al resurgimiento de la Doctrina Monroe y a su “Corolario Trump” como reinterpretación agresiva y ampliada de la misma.

La Doctrina Monroe de 1823 fue una declaración unilateral y defensiva de política exterior del presidente James Monroe dirigida al Congreso de los Estados Unidos, posteriormente sintetizada en la eficaz fórmula elíptica “América para los americanos”. Advertía a España, Portugal, Holanda, Francia, Gran Bretaña y la Santa Alianza que se abstuvieran de interferir en los asuntos del continente americano, ya fuera mediante recolonización o intervención sobre repúblicas en proceso de independencia. Confirmaba la lógica redentora y expansionista del llamado “destino manifiesto”, que consagraba a las Américas como patio trasero exclusivo de Washington, algo que Perón condensó con crudeza al afirmar que “Latinoamérica sería el caballo y Estados Unidos el jinete”.

El nuevo documento estratégico de los Estados Unidos sitúa al hemisferio occidental como su principal esfera de influencia —potencialmente tutelar—, ya no para desplazar a los imperios coloniales europeos como en el siglo XIX, sino para reafirmar su control sobre el continente americano y excluir de ese espacio a China como competidor estratégico y a Rusia como rival geopolítico, mediante la coerción política y diplomática, económica o militar sobre los países de la región, no como repliegue o aislacionismo, sino como parte de una arquitectura de proyección hegemónica global.

En esta reconfiguración, el punto de inflexión no radica en el uso de la fuerza, un recurso al que Estados Unidos ya había apelado en el pasado, como en la invasión a Panamá de 1989 y la captura y traslado del presidente Manuel Noriega, sino en la forma en que ese uso se inscribe y se comunica. Mientras aquellas intervenciones eran presentadas como acciones excepcionales, justificadas por motivos circunstanciales y desvinculadas de una doctrina regional explícita, el nuevo documento incorpora y sistematiza esa coerción como herramienta doctrinaria permanente para garantizar la exclusión de potencias extrarregionales. No cambia la práctica, se la oficializa y normaliza, institucionalizando la presión como regla de acción ordinaria.

En 1989 Estados Unidos actuó primero y justificó después. En 2025 avisó antes. No solo para disuadir al adversario, sino para disciplinar al entorno regional. El mensaje no se dirige únicamente al enemigo, sino también a aliados y a Estados intermedios. Por eso, la referencia al retorno de la Doctrina Monroe no es nostálgica, sino un instrumento para convertir la fuerza en control hemisférico legítimo. Monroe siempre habilitó la fuerza, pero el nuevo encuadre la vuelve programática, la exhibe sin pudor ni eufemismos y la ajusta a un escenario de competencia global abierta. El giro fundamental está en su confesión doctrinaria, en su inscripción explícita como política de Estado y en su transformación en alerta estructural para Hispanoamérica.

La dimensión y el alcance del nuevo marco doctrinario del poder norteamericano solo se comprenden a partir de su principio ordenador fundamental, “America First”. La preeminencia estadounidense garantiza su poderío, su supervivencia y su seguridad nacional. Para ello se aplica una política realista en la que el interés vital es la prioridad. El multilateralismo, con sus normas y organismos internacionales, se subordina o se rechaza si contradice la agenda estadounidense y el sistema internacional se concibe como un campo de disputa entre Estados, no como una comunidad armónica. Economía, seguridad y soberanía se integran en un único dispositivo de poder estratégico. El hemisferio occidental, por su parte, queda protegido de toda interferencia externa. Este esquema permite comprender por qué el secuestro impune, sin freno ni escrúpulos, del presidente venezolano constituye una consecuencia directa del orden supremacista impuesto por “America First”.

Una hipótesis adicional permite completar el cuadro. Aun admitiendo la vigencia renovada de la Doctrina Monroe, la Estrategia de Seguridad Nacional, el proyecto geopolítico “America First” y el silencio permisivo de la ONU y de la OEA, todo ello podría resultar insuficiente para explicar la libertad absoluta con la que se ejecutó el secuestro de Maduro sin costos visibles ni pronunciamientos de peso por parte de otras potencias.

Desde esa perspectiva, no existen pruebas concluyentes de que la seguridad operativa y la osadía con las que actuó Estados Unidos contaran con un respaldo previo. Sin embargo, la ausencia de cuestionamientos internacionales relevantes sugiere la probabilidad de un entendimiento tácito. La Cumbre de Alaska de agosto de 2025 entre Trump y Putin, señalada por algunos analistas como una suerte de Yalta sin guerra, pudo haber funcionado como instancia informal de delimitación de áreas de influencia. De haber sido así, ese entendimiento habría otorgado a Estados Unidos luz verde para actuar en América sin obstáculos externos, con Venezuela como teatro inicial de la ofensiva.

Lo analizado hasta aquí muestra que el panorama actual marca el comienzo de un ciclo neoimperialista continental y anticipa un despliegue de mayor envergadura. No es un imperialismo de ocupación territorial, sino de control sobre los márgenes de decisión de los Estados periféricos. Condiciona y subordina para asegurar obediencia dentro de límites prefijados. Opera mediante coerciones indirectas —materiales y simbólicas— y, llegado el caso, puede escalar hacia la coerción militar legitimándose en nombre de la seguridad hemisférica.

Este nuevo imperialismo gira en torno a la posibilidad permanente de la guerra. No toda situación neoimperial deriva de inmediato en un conflicto abierto, pero siempre lo presupone como horizonte y garantía última de su eficacia. No es la guerra clásica sino su mutación contemporánea, una modalidad difusa y asimétrica, híbrida en su forma pero cognitiva en su sustancia. Aquí, la guerra no continúa a la política como sostenía Carl von Clausewitz. En cambio, la política es una condición latente de la propia normalidad política. Imperialismo y guerra dejan de ser fenómenos separados para constituir dimensiones de una misma lógica depredadora.

En este contexto, la guerra se convierte en la atmósfera de la política. Ya no aparece únicamente cuando la expansión neoimperial encuentra resistencia, sino que está inscrita desde su origen en el modo en que el poder se organiza y se proyecta. La política del mundo actual funciona en un régimen de coerción permanente. Para ello se vale no solo de la disuasión como demostración periódica de fuerza y primacía, sino también de un amplio repertorio de coerciones que son las sanciones financieras, los bloqueos comerciales, los sabotajes tecnológicos, las operaciones de inteligencia, la extraterritorialidad jurídica y las guerras informacionales. La guerra no desplazó a la política: la política la integró para consolidar un orden atravesado por la guerra.

Si en el imperialismo decimonónico la guerra se desplegaba como instrumento visible de expansión revestida de una “misión civilizadora” y el orden internacional surgido de la segunda posguerra necesitó sostener la ficción de un sistema regulado bajo la prohibición formal del uso de la fuerza, en la fase imperial actual la coerción se normaliza como condición del orden, dejando al descubierto la inseparabilidad entre imperialismo y guerra.

No basta pensar la defensa como preparación ante conflictos eventuales, se impone concebirla como respuesta a una dinámica de presión estratégica continua. Es un error creer que sin combate no hay guerra. La guerra ya empezó y muchos siguen esperando los tanques. La soberanía no se protege solo en la esfera militar. En un entorno de guerra latente, la defensa pasa a ser estructural. La doctrina nacional justicialista lo anticipó con lucidez al concebir la función defensiva del Estado en términos de nación en armas, noción que el propio Perón retomó y adaptó de la teoría del militar alemán Colmar von der Goltz, formulada en 1883.

Entender la defensa de la patria como dimensión estructural de la comunidad política no introduce una idea nueva en el pensamiento estratégico. En 1944, en el discurso inaugural de la cátedra de Defensa Nacional en la Universidad Nacional de La Plata, el entonces ministro de Guerra Perón sentó las bases de una doctrina que situaba la seguridad de la Nación no exclusivamente en las Fuerzas Armadas, sino en la capacidad de organización, de toma de conciencia y cohesión del pueblo. Nación en armas no implicaba militarizar la sociedad ni era una consigna meramente defensiva, sino un principio de movilización integral desde el cual la defensa de la soberanía solo puede sostenerse mediante una responsabilidad colectiva arraigada en un proyecto de país.

Para que la nación en armas sea efectiva no basta con la existencia de estructuras formales de defensa. Para Perón la guerra moderna ya no es solo bélica, es total. Cada sector de la sociedad debe integrarse a un proyecto estratégico común en el que producción, educación y cultura dejan de ser actividades neutras para convertirse en factores directos de poder nacional. La industrialización y la ciencia no son fines en sí mismos, sino extensiones de la potencia defensiva del país que permiten reducir la dependencia externa y fortalecer la soberanía política. En este sentido, esta concepción peronista trasciende la mera defensa militar y obliga a concebir la soberanía como una condición estructural de la Nación, no como un atributo declamado.

De notable eficacia didáctica es la imagen que Perón propone para comprender un país en lucha como un arco tensado hasta el límite de la resistencia de su cuerda y de la elasticidad de su madero, concentrado en un solo objetivo: ganar la guerra. Las fuerzas armadas constituyen la piedra o el metal que forma la punta de la flecha, mientras que el arco, la cuerda y el resto de la estructura son la nación entera movilizada hasta la última reserva de su energía y poderío. La defensa nacional no es un área del Estado, es un principio organizador de la comunidad cuando la soberanía entra en juego.

La nación en armas funciona como fuerza disuasiva. Un pueblo consciente de sí mismo y organizado alrededor de un bloque nacional cohesionado envía un mensaje claro al desalentar cualquier intento de sometimiento externo, porque el costo sería demasiado alto. Perón lo sintetizó con claridad al afirmar que “si se quiere la paz, el mejor medio de conservarla es prepararse para la guerra”. Un país desarmado política, económica y culturalmente está condenado a la subordinación, aunque disponga de un aparato militar. Solo es posible la nación en armas allí donde existe un pueblo con conciencia nacional y cultura política capaz de resistir la influencia extranjera, el colonialismo económico y la penetración cultural. El arma principal no es el fusil, sino la organización, la doctrina y la lealtad a un proyecto nacional. No hay nación en armas con una sociedad fragmentada o colonizada ideológicamente.

Perón vincula esta idea de manera indisoluble con la industrialización, la autosuficiencia energética, el comercio exterior e interior, los medios de transporte y las vías de comunicación, el desarrollo científico y la justicia social. Un país dependiente no puede defenderse. Fábricas, sindicatos y universidades son pilares del dispositivo defensivo, lo cual exige una estructura nacional integrada. De ahí su insistencia en la comunidad organizada como condición previa. Un pueblo trabajador, explotado y sin acceso a educación y salud, no produce buenos soldados. La implementación de la Doctrina de Defensa Nacional basada en la nación en armas exigía garantizar la felicidad del pueblo y la grandeza nacional, lo que confirma que no hay doctrina de defensa sin doctrina social y que toda doctrina social redistributiva vuelve inevitable el enfrentamiento entre el proyecto nacional-popular y el orden oligárquico. Conflicto que la reacción fusiladora de 1955 resolvió mediante represión sangrienta, exilio y proscripción.

La mutación del orden internacional no vuelve obsoleta la doctrina peronista de defensa nacional, por el contrario. La somete a una prueba de actualidad que revela su densidad estratégica. Perón la planteó en una etapa histórica en la que la política todavía conservaba prioridad formal sobre la guerra. El neoimperialismo contemporáneo ha corrido ese límite. La coerción ya no irrumpe como ruptura del orden, sino que se integra a su propia normalidad. Leída desde este desplazamiento, la premisa de Perón —no hay soberanía sin capacidad integral de defensa— adquiere un alcance aún más radical. En la era de la coerción difusa la frontera ya no se limita al territorio: se extiende al aparato productivo, al sistema financiero, a la autonomía tecnológica y, de modo decisivo, a la cohesión interna. No fue el tiempo el que superó la doctrina, fue el mundo el que avanzó silenciosamente hacia ella.

Es en ese escenario donde el caso Maduro cobra relieve y debe interpretarse como el primer acto de guerra del neoimperialismo estadounidense en suelo americano. Se trata de una señal de inicio que, como toda señal, exige una decodificación correcta. Cuando la agresión contra un pueblo hermano se naturaliza, se justifica o se ignora, se establece un precedente que erosiona la soberanía nacional y prepara la derrota futura de cada nación. Ningún desarme comienza en el plano material, empieza en el plano moral cuando el ataque no provoca un acto reflejo colectivo capaz de transformar la vulnerabilidad en conciencia defensiva.

Aquí alcanza pleno sentido la advertencia categórica de Perón, que conserva una vigencia intacta, al afirmar que “los pueblos que, absorbidos por sus luchas internas, apelan al auxilio de poderes externos, abren el camino al vasallaje”. Sin cohesión, cualquier Estado queda expuesto a divisiones que fuerzas extranjeras pueden explotar. En Venezuela, las profundas fracturas políticas internas, mantenidas durante años, facilitaron que una intervención externa fuera instigada por sectores opositores como una salida legítima, demostrando que ninguna soberanía resiste sobre una comunidad políticamente desarticulada.

Al referirse a los imperialismos, las oligarquías y la “hora de los pueblos”, Perón trae a colación la “parábola de la gallina” y la eleva a instrumento doctrinario por su potencia explicativa. Señala que “(…) a este noble animal se lo puede matar, desplumar, meter en el horno, asarlo y aun comerlo. Todo eso puede hacerse con él. Lo que no se puede es hacerle poner un huevo a la fuerza. Lo que los imperialismos necesitan de los pueblos son sus ‘huevos’ y ésos no se los podrán hacer poner a la fuerza”.

La parábola fija así un límite infranqueable para toda pretensión imperial. La violencia puede someter territorios, disciplinar poblaciones y arrancar obediencias transitorias, pero fracasa allí donde no logra producir voluntad colectiva. Por eso la nación en armas no se agota en la acumulación de medios defensivos ni en la exhibición de fuerza material. Nombra, ante todo, a una comunidad organizada cuya conciencia nacional vuelve estéril cualquier tentativa de dominación. Cuando un pueblo alcanza ese umbral, la ecuación del poder se invierte, porque lo que el imperialismo requiere no es sumisión sino cooperación que jamás podrá obtenerse por la fuerza y esa inversión se vuelve irreversible.

Precisamente por eso la parábola contiene también un llamado de atención para las élites locales. Si colaboran con esquemas de sometimiento que asfixian a la comunidad, terminarán socavando la propia base de la que dependen. No hay extracción indefinida sobre una sociedad exhausta. Toda dominación que debilita la potencia productiva encuentra, tarde o temprano, su límite natural. El próximo gobierno nacional-popular deberá tener los pantalones peronistas bien puestos y las agallas necesarias para impedir desde la comunidad organizada que cualquier imperialismo se atreva a secuestrar la soberanía argentina. Este desafío no admitirá simulaciones, consignas vacías ni caprichos identitarios y exigirá la decisión histórica de transformar en realidad el sueño de Perón: la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación.