¿Con qué nos defendemos nosotros?

La intervención militar estadounidense que culminó con la cuestionada captura —o, según se prefiera, la extracción y el secuestro— del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa constituye un punto de inflexión geopolítico y jurídico para América hispana y para el derecho internacional. La dificultad para interpretar estos hechos se explica no solo por su complejidad intrínseca y la circulación de información parcial y sesgada, sino también por la irrupción constante de nuevos hechos, conexos o no, que enturbia aún más la elaboración de hipótesis. Aun así, es necesario un análisis sobre el impacto de este reordenamiento regional en diálogo con la tesis estratégica de Juan Domingo Perón acerca de la defensa nacional frente al imperialismo y sus mecanismos de penetración política, económica y militar.

La incursión en territorio caribeño combinó una lógica de aplicación extraterritorial de la justicia penal, jurídicamente discutible, con una maniobra estratégica dirigida a reconfigurar los equilibrios de poder a escala continental. No fue una acción meramente judicial, fue una operación político-estratégica ejecutada bajo cobertura jurídica. El derecho sirvió de justificación secundaria de una intervención destinada a disciplinar a los gobiernos que se apartan de los intereses de Washington. El lawfare reaparece cuando la herramienta penal se convierte en instrumento de coerción geopolítica. La acción eludió al Congreso al presentarse como procedimiento policial-judicial y no militar. Tampoco se coordinó con Interpol ni con la policía local, como exigen los protocolos internacionales de cooperación.

Los medios masivos al servicio del imperio, a su vez, instalaron la narrativa de una Venezuela sometida a una dictadura, reforzada por el relato del éxodo de millones de venezolanos y por la idea de una urgente restauración democrática. A ello se sumó, desde el Departamento de Estado, la bandera del combate al narcotráfico y la denuncia de un presunto Cártel de los Soles que habría actuado bajo la protección del régimen de Maduro. De este modo, la opinión pública internacional terminó aceptando que el restablecimiento democrático y el combate al narcotráfico justificaban una violación alevosa de la soberanía venezolana y de los principios más elementales del orden jurídico internacional. La democracia y el crimen transnacional se convirtieron así en argumentos para otorgar carta blanca a una intervención neocolonial ilegal. La operación incluyó fuerzas especiales, ataques aéreos, despliegue naval, pérdidas humanas, el secuestro de un jefe de Estado y su esposa y la comparecencia forzada de ambos ante un tribunal extranjero, acto viciado de nulidad absoluta.

Sin embargo, una vez concretada la aprehensión de Maduro, el mismo gobierno que le negó legitimidad y lo secuestró, inmediatamente reabrió canales diplomáticos con la vicepresidente Delcy Rodríguez. En cuestión de días, el Departamento de Justicia retiró de la acusación la mayor parte de las referencias a la mencionada organización narcoterrorista y eliminó la imputación que presentaba a Maduro como su líder. Fue una artimaña descarada, una invocación al estilo de las supuestas “armas de destrucción masiva” en Irak, que acabó en una farsa funcional a un fin inconfesable.

Los análisis críticos de la aventura imperialista y de su relato oficial no tardaron en aparecer. La hipótesis principal gira en torno al petróleo y a su eventual apropiación por parte de los Estados Unidos. Una primera variante apunta al control del mercado internacional del crudo con el objetivo de condicionar a Rusia como potencia productora y a China como gran consumidora. Otro enfoque sugiere una posible manipulación de los precios del hidrocarburo para contener presiones inflacionarias internas en un año electoral. Una tercera interpretación se refiere a un saqueo inmediato para obtener beneficios rápidos, poco verosímil si se considera la costosa inversión que exige la reconstrucción de la infraestructura petrolera venezolana, hoy paralizada tras más de una década de bloqueo a las exportaciones sobre una estructura industrial ya debilitada por años de desinversión y deterioro progresivo.

Una mirada geoestratégica indica que el detonante fue la convergencia operativa de China, Irán y Rusia en Venezuela. China controlaba minerales clave para la industria armamentística, Irán había instalado fábricas de drones de alcance ofensivo y Rusia proporcionaba inteligencia, defensa aérea y guerra electrónica. No se trataba de una presencia simbólica, sino de una plataforma militar integrada a tiro del territorio estadounidense. Los ataques no apuntaron al petróleo, sino a bases, radares y comunicaciones. La intervención tenía por objetivo desmantelar amenazas a la seguridad nacional derivadas de alineamientos con potencias extrahemisféricas. El núcleo del conflicto no era el crudo, sino el control de minerales estratégicos, base material de la proyección militar y tecnológica en la disputa por el poder global.

No menos relevante es la opinión que interpreta el secuestro como una cortina de humo destinada a tapar el escándalo del caso Epstein, en el que el presidente Donald Trump estaría profundamente implicado. La hipótesis no resulta descabellada si se recuerda que en 1998, durante el escándalo sexual entre el entonces presidente Bill Clinton y la becaria Mónica Lewinsky, surgió una sospecha similar. Mientras Clinton enfrentaba un proceso de impeachment en el Senado, se desplegaron acciones militares de alto impacto con bombardeos sobre Sudán y Afganistán ese mismo año y, al siguiente, sobre Kosovo, en el marco de la guerra en la ya extinta Yugoslavia.

La reacción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante la flagrante violación de la Carta y de los principios del derecho internacional —igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, prohibición del uso de la fuerza, solución pacífica de controversias, autodeterminación de los pueblos, no intervención en los asuntos internos de otro país e inmunidad de los jefes de Estado— se limitó a expresar su profunda preocupación y a constatar el incumplimiento de los principios legales que rigen el sistema internacional. De manera paralela, la Organización de los Estados Americanos (OEA), subordinada a los intereses estadounidenses, guardó un silencio sospechosamente cómplice.

¿Qué otra cosa podría hacer un organismo multilateral atado de manos por el sistema de veto del Consejo de Seguridad, el que bloquea cualquier resolución efectiva cuando uno de sus miembros permanentes es parte directa o indirecta del conflicto? ¿Qué alternativa ofrece una Asamblea General cuyas resoluciones, al no ser vinculantes, se reducen a gestos políticos sin capacidad real de corrección o sanción? La ONU queda así atrapada entre su función declarativa y su impotencia ejecutiva, dejando en evidencia que el problema no es la ausencia de normas sino la asimetría de poder que condiciona su aplicación. ¿Está destinada la ONU a correr la misma suerte que su antecesora, la Sociedad de las Naciones?