Cui bono

Escándalo, estupor y conmoción generalizada. La impactante imagen de un arma apuntada contra la cabeza de la vicepresidente, la dirigente con mayor centralidad en el escenario político nacional, en lo que hasta aquí se define política y mediáticamente como un intento de magnicidio. En un país como la Argentina esta es por definición la instancia en la que toda la política y toda la opinión pública se movilizan dramáticamente, el punto de convergencia de los opinólogos en los medios tradicionales y también en las redes sociales. No se habla de otra cosa: al momento de escribir estas líneas, varias horas después del suceso, la agenda del debate público se encontraba todavía copada por toda suerte de especulación sobre un magnicidio que afortunadamente no fue.

De una manera o de otra, la sociedad argentina entera seguía movilizada bajo el influjo de la conmoción del debate emocional impuesto por los dirigentes y por los formadores de opinión en los medios. En una metáfora deportiva, la situación se asemejaba a un hipotético partido de fútbol en el que, tras la sanción de un polémico penal, los comentaristas se dedicaran en lo sucesivo a discutir esa sanción y abandonaran el relato del propio juego, que naturalmente sigue. A casi 72 horas del intento de magnicidio, los fijadores de agenda en el país abundaban aún en detalles sobre el fracasado tirador y sus miserias personales, insistían con el análisis exhaustivo del funcionamiento de las armas de fuego y con la opinión especulativa de un sinnúmero de “expertos” o, en una palabra, llenaban la agenda con los más minuciosos detalles de esos segundos dramáticos en los que un tal Fernando Sabag Montiel tuvo bajo la mira de lo que parecería ser una pistola a Cristina Fernández de Kirchner.

Todo el debate de lo público consagrado a especular sobre lo que será ahora materia de una investigación judicial. Y es entendible que así sea, máxime si se tiene en cuenta que un intento de magnicidio no es cosa que ocurra todos los días, es algo que impacta en la consciencia colectiva al no ser normal que los civiles atenten contra los dirigentes. Es entendible y aun así no deja de ser el comentario reiterado sobre una falta cuyo tiro libre ya se ejecutó y no sobre las consecuencias de esa ejecución en un partido que sigue disputándose. Es el viejo problema de los medios de difusión en su propósito de siempre, el de generalizar la confusión: al concentrarse en un hecho particular y no en sus múltiples consecuencias, los operadores mediáticos logran el objetivo de ocupar la totalidad de la agenda con lo trivial y, lo que es más grave, invisibilizando lo realmente esencial. Todo eso sin la necesidad de mentir.

Eso es así y no porque un intento de magnicidio sea menor, sino porque la especulación no aporta en la dilucidación del caso. En realidad, las horas y horas de programación televisiva y radial y los ríos de tinta que hacen correr en la prensa escrita se reducen finalmente a dos hipótesis, dos posibilidades que podrían expresarse en una sola línea. O bien Sabag Montiel actuó solo o lo mandaron a hacer. De ser cierta esta última opción, es probable que jamás sepamos la verdad sobre quienes fueron los instigadores y los autores intelectuales del fallido atentado, ya que el poder con la capacidad para armar estas operaciones es el mismo que controla tanto la justicia como los medios. Y entonces ni la una ni los otros permitirán jamás que se sepa la verdad.

El problema de las consecuencias empieza por la posibilidad de que sea verdadera la primera hipótesis, a saberla, de que Sabag Montiel es un “lobo solitario” que motu proprio resolvió un buen día apuntar un arma o similar contra la cabeza de la primera dirigente de un país, vaya uno a saber con qué finalidad. Si eso hubiera sido realmente así, entonces la Argentina estaría envuelta ya en un clima de época al que diez de cada diez dirigentes y periodistas oficialistas optaron por describir como el resultado del “discurso de odio”. He ahí la primera consecuencia política que los formadores de opinión evitan todavía abordar con la estrategia de poner todo el foco sobre un hecho de cinco segundos, porque si hay un cambio en el clima de época el intento de magnicidio contra Cristina Fernández no marca el final, sino el comienzo de una etapa violenta de la política argentina.

De acuerdo con la tesis oficial, el “discurso de odio” habría hecho mella en la conciencia del tirador fracasado, motivándolo al hecho. El intento de instalar dicha tesis con valor de verdad se ve claramente, por ejemplo, en la ocurrente expresión del dirigente Luis D’Elía. Utilizando como de costumbre la red social Twitter, D’Elía compuso una especie de poema en el que desmenuzó un crimen y distribuyó sus partes entre operadores a los que considera enemigos. “La Bersa es de Lanata, el cargador es de Leuco, las balas son de Feinmann. La mira es de Viale, la empuñadura es de Majul, el cañón es de TN. La portación es de Etchecopar, el gatillo es de La Nación, la instigación es de Clarín. El plan es de la embajada (claramente, la de los Estados Unidos), el brasileño (en alusión al tirador fracasado) es un perejil”.

Todos los demás dirigentes y operadores mediáticos del oficialismo actual se expresaron más o menos en la misma tesitura, todos insistiendo en el “discurso de odio” como motivador de un magnicidio que, por suerte, por incompetencia del perpetrador o porque ese no era el plan, jamás se concretó. Esa instalación sería conveniente para el sector kirchnerista de la grieta en su eterna pelea contra los medios de difusión dominantes pues podría ser el preludio del avance hacia una “ley de medios” más bien orientada al control de los contenidos que a la gran concentración de la propiedad privada de las empresas mediáticas que estaba prevista en la ley de medios original, hundida ya en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri. Si se impone esta interpretación del “discurso de odio” como disparador de hechos violentos, podría hacerse un consenso social alrededor de la necesidad de limitar la cantidad de basura, pescado podrido y humo que venden los operadores mediáticos tanto en los medios de siempre como en las redes sociales.

Pero la tesis del “discurso de odio” tiene pocas probabilidades de lograr un consenso social porque oculta una enorme hipocresía, tornándose inconducente. Lo que los dirigentes políticos y los operadores rentados del oficialismo gritan que es “discurso de odio” no es exclusividad de ningún sector político, sino la regla general. Si se da por válida la vulgata de que un “discurso de odio” por definición es cualquier expresión pública de agresividad discursiva contra un determinado grupo social o parcialidad política, entonces toda diatriba (de las que en la política argentina son moneda corriente) será “discurso de odio”, resultando en la inviabilidad de nuestro debate público en sus términos actuales.

La verdad es que en la Argentina y prácticamente en todo el mundo no hay quienes no se expresen agresivamente contra el que piensa distinto y tampoco faltan quienes manifiesten su deseo de suprimir al otro, sin que nada de eso llegue a concretarse ni mucho menos. Bien mirada la cosa, ese es un comportamiento constante en la historia, aunque no es preciso ir muy lejos para encontrar sendos ejemplos de “discurso de odio” social y políticamente validado. Durante la excepción del coronavirus se consideró aceptable la agresividad contra todo aquel que no comulgaba entonces en la narrativa oficial de la ideología sanitaria a ultranza, los llamados “antivacunas”, “antibarbijos”, “anticuarentena”, etc. Esos eran disidentes a los que, con o sin razón en lo que expresaban, se les podía dirigir diatribas de cualquier tipo, incluso las más agresivas que se pueda imaginar. Pero a nadie se le ocurrió poner esas diatribas en la categoría de “discurso de odio”.