El poder de la extorsión

En la política que no se ve porque los medios de difusión la ocultan, los servicios de inteligencia y espionaje juegan un rol fundamental. Mediante la producción de “carpetazos” con fines de extorsión posterior los poderes fácticos del mundo cooptan la voluntad de los dirigentes políticos y así garantizan su obediencia, asegurando en el proceso la aplicación de un proyecto político nocivo para las mayorías populares. Lo que se suele llamar democracia no pasa de un sistema electoral fallido de representación en el que los dirigentes se hacen votar por el pueblo y luego representan los intereses de las minorías privilegiadas por temer la revelación de sus secretos más oscuros. Y en ese sentido el caso Epstein es paradigmático, pues revela la subordinación de Donald Trump al sionismo israelí y el sometimiento de la primera potencia global a espurios intereses foráneos.
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A lo largo de toda la campaña electoral y aun semanas tras haber logrado el triunfo sobre una desconcertada Kamala Harris, Donald Trump repitió como un mantra la fórmula discursiva de la guerra como nociva para los intereses del pueblo trabajador estadounidense. Trump prometió terminar con todas las guerras que entonces estaban en curso y además no iniciar ningún conflicto bélico nuevo en lo sucesivo. En la retórica trumpista, el único enemigo de los intereses nacionales de los Estados Unidos iba a ser China en el terreno de la economía, la tan mentada guerra comercial que se libra mediante la imposición de tarifas o aranceles cuya finalidad es dificultar las importaciones y así favorecer la producción industrial local. Esta retórica sonó como música a un pueblo estadounidense ya muy golpeado por la desindustrialización y además cansado de ir a morir en cada aventura del complejo industrial militar-farmacéutico sobre territorios que un yanqui promedio no sabría señalar en el mapa, razón por la que Trump ganó las elecciones con cierta comodidad.

Pero claro, el problema de los dirigentes políticos en cualquier latitud es el mismo: esa tendencia a incumplir sus compromisos de campaña una vez que llegan al poder político. Los dirigentes prometen para conseguir el voto y luego olvidan lo prometido, hacen cualquier otra cosa y el ciclo se reinicia a cada nueva elección. Eso, como se ve, ocurre en todas partes y también en los Estados Unidos. Y ocurrió con Trump pocas semanas después de asumir el cargo de presidente de los Estados Unidos. El dirigente que venía a terminar con todas las guerras y a no iniciar ninguna nueva no solo no pudo poner un punto final en la locura de Ucrania, sino que además fue a meterse otra vez en Oriente Medio a instancias de Israel. Esta es en pocas líneas la síntesis de los primeros seis meses del gobierno de Trump, quien ha logrado hasta aquí avanzar muy poco en su proyecto de reindustrialización de los Estados Unidos (el que, por otra parte, puede argumentarse como una cosa a mediano y largo plazo) y también fracasó en su propósito antibelicista.

De no tener demasiadas ganas de averiguar las razones detrás de lo visible, el atento lector podría simplemente concluir aquello que antes quedó enunciado, a saberlo, el que los dirigentes políticos prometen para ganar las elecciones y luego, una vez alcanzado ese objetivo, no cumplen lo que han prometido. Trump podría entonces caer en la vulgar categoría del demagogo que lo es porque sí y se trataría entonces de una simple estafa electoral como las que abundan en el llamado “tercer mundo” ante una sociedad que no está habituada aquí a exigirles a los dirigentes el cumplimiento de sus compromisos. Pero esa conclusión sería insuficiente y además estaría reñida con la lógica allí donde resulta difícil entender la razón del incumplimiento que es una renuncia gratuita a la gloria. ¿Por qué un dirigente como Trump, ya en el ocaso de su carrera y de su vida, habría de incumplir renunciando a escribir su nombre en el bronce de la historia? ¿Por qué?

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Fanáticos trumpistas festejan emocionados el triunfo electoral de un Donald Trump que en el prospecto venía con una revolución bajo el brazo. Pero tan solo seis meses después de la asunción del mandato cunde ya la decepción de un electorado que no ve el cumplimiento de los compromisos de campaña. Más allá de ciertos anuncios rimbombantes en temas secundarios como la inmigración y la ideología de género, Trump no hizo lo que había prometido para ganar las elecciones: terminar con las guerras.

No tiene ningún sentido. Por lógica, si a un dirigente le es dado optar entre cumplir y no cumplir lo prometido va a elegir siempre lo primero si el hacerlo no implica costo alguno, esto es, si para cumplir lo único que debe hacer es ejercer el cargo público para el que fue electo. En el caso específico de Trump el contraste es muy claro: si terminar con las guerras en curso y no iniciar ninguna nueva dependiera de una simple cuestión ejecutiva que es siempre una decisión política autorizada por el cargo político, entonces el no cumplir ese compromiso no podría explicarse de forma alguna salvo apelando a esa brujería muy utilizada por la historiografía liberal que es la psicología de los dirigentes. Dicho de otra forma, si Trump no termina con las guerras actuales y encima inicia guerras nuevas pudiendo hacer todo lo opuesto es porque está loco, tiene incorporado el mal en su personalidad, no está interesado en el bronce o todas las anteriores.

Esa es evidentemente una estupidez porque nadie procede así y tampoco hay locos en la política. La lógica indica que si Trump no hace aquello que prometió en campaña no es porque no quiere, sino porque no puede hacerlo. Y entonces la investigación empieza a ser más conducente al partir del principio ya bien conocido a esta altura de que el poder político no es ilimitado ni mucho menos y más bien todo lo contrario. La conciencia del poder fáctico de tipo económico por encima de las decisiones políticas tendrá que orientar cualquier argumentación a la hora de averiguar el porqué de ciertas decisiones que no parecen tener sentido o son directamente contradictorias respecto al discurso. De un modo general, la conclusión es que cuando un dirigente incumple sus promesas es porque algún poder superior no le permite cumplirlas.

El poder fáctico de tipo económico es, no obstante, una suerte de entelequia si no se puede identificar y definir. Durante el kirchnerismo —que hizo innegablemente mucho para empezar a develar la existencia de ese poder de naturaleza antidemocrática—, los argentinos tuvieron quizá por primera vez conciencia de las limitaciones del poder político legítimo, aunque mucho más no se avanzó desde allí. Con tan solo decir “poder fáctico” ya quedaban resueltas muchas cuestiones y se eximía a los dirigentes de las decisiones que no tomaban para favorecer al pueblo e incluso de las que sí tomaban, pero para favorecer a las minorías privilegiadas. “Es que hay un poder fáctico superior al poder político”, se usaba decir entonces. “Muchas cosas no se pueden hacer porque ese poder ilegítimo no lo permite”. Es una nebulosa, un ser misterioso que no hace avanzar mucho la cuestión y muy a menudo es utilizado por los propios dirigentes como excusa para deslindar responsabilidades.

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En su día de mayor gloria, Néstor Kirchner se hizo enormemente popular al denunciar desde la presidencia a los poderes fácticos que condicionaban y siguen condicionando las decisiones de la política. En esos tiempos de inocencia el pueblo-nación argentino volvía por primera vez desde Perón a sospechar de la existencia de un poder ilegítimo superior al de la democracia y esa concienciación fue el gran logro del kirchnerismo, aunque mucho más no se avanzó con ello desde allí.

El poder fáctico que condiciona a la política e incluso la toma como rehén puede y debe definirse en cada caso. Aún en el caso del kirchnerismo, ese poder primero fue el Grupo Clarín y luego corporaciones trasnacionales como Chevron, Barrick Gold y Monsanto, por ejemplo, las que estuvieron siempre detrás de omisiones y decisiones en los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Las grandes contradicciones de esos dos gobiernos autodefinidos como populares fueron forzadas cuando alguna de esas corporaciones exigió la representación de sus intereses particulares sobre los intereses colectivos del pueblo. El atento lector con unos años de más y una memoria relativamente buena recordará lo que en esos días se percibió como una letanía interminable del trotskismo en la que Chevron, Barrick Gold y Monsanto aparecían siempre como protagonistas. Hubo en esos años algunas falencias de los gobiernos populares y dichas falencias fueron forzadas invariablemente por las corporaciones mencionadas.

La cantinela trotskista venía cargada de verdad, por lo tanto. ¿Qué fue eso en realidad? ¿Por qué en determinados aspectos de la gestión de lo público aquellos gobiernos populares de Kirchner y de Fernández de Kirchner no representaron la voluntad popular y sí los intereses de las corporaciones? Ciertamente no fue así porque Kirchner y quien sería luego su viuda hayan querido ese desenlace, nadie puede querer el chanchullo teniendo la posibilidad de hacer el bien. Eso fue así porque esas corporaciones tenían y siguen teniendo más poder que el Estado en cualquiera de sus niveles. “Es la correlación de fuerzas, estúpido”, gritan los politólogos adiestrados por el sistema para naturalizarlo. Gobernar, por lo tanto, es hacer economía de la claudicación frente a poderes superiores a los que no conviene enfrentar si lo que un dirigente quiere es sobrevivir en la política.

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El trotskismo y su eterna letanía contra el sistema capitalista fue hasta el año 2015 el gran talón de Aquiles que señalaba las contradicciones del gobierno popular kirchnerista y sus negociados con corporaciones como Chevron, Barrick Gold y Monsanto, entre otras. El kirchnerismo observaba la correlación de fuerzas para garantizar su propia supervivencia política, pero lo cierto es que algo de razón tenían los trotskistas pues la connivencia con el poder fáctico global limita la aplicación de un proyecto político nacional.

Hasta aquí no hay nada realmente novedoso para un argentino que tenga cierta memoria de los primeros 15 años de este siglo y toda la explicación sirve únicamente para demostrar la importancia de identificar y definir la naturaleza del poder fáctico que condiciona a la política y, en ciertos casos, con cada vez más frecuencia, la toma directamente de rehén. Chevron, Clarín, Barrick Gold y Monsanto fueron algunas de las corporaciones que condicionaron al kirchnerismo entre 2003 y 2015, aunque no fueron las únicas. Lo cierto es que Néstor Kirchner y Cristina Fernández hicieron ese posibilismo navegando en aguas agitadas y claudicando allí donde vieron el límite de su poder político para hacer una gestión más bien favorable a los intereses colectivos de las mayorías. Y eso es todo. ¿Pero qué hay de un régimen imperial como el de Donald Trump en la presidencia de la primera potencia a nivel global? ¿Cuáles son los poderes fácticos capaces de condicionar a dicho poder político?


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