Farsa de gorilas

Pese al colosal esfuerzo que hacen todos los días los operadores mediáticos en los medios tradicionales y en las redes sociales por presentar la rosca del cabotaje como si se tratara de lo que hay de más serio en el mundo, la política argentina ha llegado a un estado de ilegitimidad y desprestigio que parecería ser en este punto irreversible si no mediara en el corto plazo una revolución o poco menos que eso. Utilizando una expresión muy propia del buen sentido popular criollo, podría decirse graciosamente que los mal llamados “periodistas” la reman todos los días en dulce de leche haciendo de cada anuncio, de cada gesto y de cada furcio de los dirigentes un escándalo y una cuestión de vida o muerte. Y así van agregándole más y más dramatismo a la narrativa mientras decae la fe de una opinión pública que está al borde de la anomia. La creciente abstención electoral es el primer síntoma visible de un sistema de representación que terminó de hacer crisis y parece estar finalmente roto, pero no es el único.

Lo que hoy se ve como un producto terminado es el resultado de un proceso de al menos una década en el que la clase dirigente abandonó el lugar de la representación de las mayorías, rompió el contrato tácito con la ciudadanía o simplemente dejó de hacer aquello que le correspondería si hubiera una relativa normalidad: representar al elector. Pero no hay normalidad alguna y en diez años desde el advenimiento de Mauricio Macri los dirigentes de la política argentina se dispusieron a impulsar todo el catálogo de agendas ideológicas de minorías con la finalidad de ocultar el hecho de que en la gestión política concreta, que es la administración de los recursos en un sentido económico, no hubo nunca una representación de los intereses colectivos del pueblo-nación. Desde el mentado Macri, pasando luego por Alberto Fernández y hoy todavía más intensamente con Javier Milei, los dirigentes han representado en una década únicamente los intereses particulares de las élites y, más precisamente, los de la sinarquía internacional.

Los dirigentes lo hicieron, como se ve, mediante la utilización deshonesta de la ideología para disimular lo que es a todas luces una traición y que luego de diez años está al fin toda a la vista del que sepa observar. El argentino promedio hoy comprende ­—o al menos intuye— que el discurso ideológico no se refiere en absoluto al objeto expresado y que tiene por único fin la distracción mientras en la gestión se hace cualquier otra cosa nociva a los intereses populares. Después de diez años de subirse apasionadamente a todas y cada una de las polémicas lanzadas al tapete por una política sin proyecto real, la opinión pública empieza a comprender que a los dirigentes no les interesan realmente el aborto, el feminismo, la homosexualidad, el indigenismo, los desaparecidos en la dictadura ni ninguno de los asuntos ideológicos que se usaron para llenar la agenda en una década. Lo único que los dirigentes quieren es disimular y hacer la plancha.

El atento lector que es un buen observador de la realidad verá claramente ese uso deshonesto de la ideología en asuntos que generaron polémicas intensas en su momento, pero luego cayeron en el olvido reemplazándose por otros temas hasta el infinito. En todas y cada una de esas ocasiones se abrió la grieta entre conservadores y progresistas, hubo discusiones acaloradas, hubo cancelaciones e incluso persecución judicial al disidente por parte de quienes tenían el poder para llevar a cabo esa maldad. Hubo de todo en diez años de grieta entre la derecha y la izquierda alrededor de asuntos de comportamiento individual, de moral sexual, racial o religiosa, de humo en un sentido estricto. Una década ha pasado y tanto los progresistas como los conservadores siguen en el mismo lugar, cada cual anotándose modestísimos triunfos simbólicos aquí y allí. Pero en una década nunca hubo lugar en el debate para la discusión sobre el proyecto político y esto es exactamente lo que querían los dirigentes.

Todo esto puede parecer algo sorpresivo a los ojos del desavisado. Al fin y al cabo, se habla de una política que no hace política, de dirigentes que no gestionan ni están interesados en hacerlo. No es ni mucho menos un asunto fácil de abordar y desarrollar pues toca la sensible fibra de la fe en el sistema. ¿Cómo aceptar el hecho inaudito de la existencia de una clase dirigente que se hace votar y se da la gran vida con el dinero público para no solo no trabajar por el pueblo al que representa, sino además obrar en su contra representando los intereses de minorías privilegiadas que tienen de todo menos votos? Es un asunto complicado, por cierto, aunque desde luego la simple observación del comportamiento de los dirigentes de la política en la última década debería ser suficiente para comprender a esta altura la magnitud de la traición perpetrada contra un pueblo que con mucha razón cree cada vez menos en lo que ya empieza a percibir como una farsa. Una farsa de gorilas por derecha y por izquierda.

El argumento quizá esencial para darle sentido a la hipótesis de una clase dirigente que no representa al pueblo y, por el contrario, trabaja silenciosamente para el enemigo del pueblo es el de la claudicación. Es bien sabido que desde que se independizó políticamente de España a principios del siglo XIX, la Argentina ha estado debatiéndose alrededor de su independencia real, la que nunca pudo lograr aunque haya estado en vías de hacerlo en períodos muy específicos de su historia como durante el rosismo y durante el peronismo. Lo cierto es que la Argentina fue en lo económico una colonia británica hasta la II Guerra Mundial y luego cayó bajo la hegemonía de unos Estados Unidos que emergieron de ese conflicto como única superpotencia global. En una palabra, en 215 años de historia nuestro país ha sido una colonia luchando por su segunda y definitiva independencia y el reconocer este hecho es fundamental para empezar a revertirlo a partir de su comprensión.

Lo que ocurre en Argentina es lo que ocurre en cualquier colonia, a saberlo, no existe realmente la política local sino como un apéndice de la gran política de la metrópoli. Esto equivale a decir que salvo durante los gobiernos de Juan Manuel de Rosas entre 1829/1832 y 1835/1852 y de Juan Domingo Perón entre 1946 y 1955, con raras excepciones más bien meritorias por la buena voluntad que por sus logros concretos, todos los gobiernos han sido meras administraciones neocoloniales en la órbita de un poder foráneo que los controló remotamente. Esto es muy claro, por ejemplo, en la llamada década infame (1930/1943), en la última dictadura cívico-militar (1976-1983) y, por supuesto, en la última década de los Macri, los Fernández y los Milei. Pero también gobiernos considerados populares por el sentido común como el de Raúl Alfonsín (1983-1989) y los de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015) respondieron en mayor o en menor medida al poder foráneo en esta o en aquella terminal.

Esto es así precisamente por el carácter colonial o neocolonial de un país que no ha logrado independizarse de hecho. Para que se configure un gobierno con reales intenciones de liberación nacional, uno que no responda al poder foráneo, debe aplicarse un proyecto político nacionalista en el sentido de avanzar con decisión sobre los resortes legales y económicos del coloniaje. Dicho proyecto político se vio claramente dos veces en nuestra historia: la primera con Rosas y su voluntad de soberanía que lo llevó a enfrentarse militarmente con las dos superpotencias de su tiempo que fueron Francia e Inglaterra. La segunda, con un Perón que ya de movida puso en fuga al embajador estadounidense y además plasmó su proyecto de soberanía nacional-popular en la brillante constitución de 1949. Tanto Rosas como Perón debieron afrontar el costo de su atrevimiento a punta de pistola, fueron derrocados mediante la guerra y el golpe, lo que viene a confirmar que sus regímenes fueron verdaderamente subversivos desde el punto de vista del poder establecido.

Alguien argumentará que en este siglo XXI los gobiernos de Kirchner y Fernández de Kirchner también tuvieron esa característica de liberación nacional al menos en grado de tentativa porque en el periodo se hizo mucho por el pueblo y mejoraron considerablemente las condiciones de existencia del argentino. Todo eso es cierto y solo un tonto, un loco o un sobreideologizado podrían negar los logros de gestión del kirchnerismo entre 2003 y 2015, máxime considerando que el punto de partida de esa coyuntura fue la crisis sistémica del 2001. Pero conviene no olvidar que en 12 años de gestión no se avanzó sobre el andamiaje jurídico impuesto por Martínez de Hoz en la última dictadura, esto es, no hubo voluntad o coraje para romper el esquema neocolonial cristalizado en el marco del Plan Cóndor. Ahí está intacta hasta los días de hoy la ley de entidades financieras 21.526 como evidencia incontrastable de esa falta de voluntad o de coraje del kirchnerismo, pero también del menemismo y del alfonsinismo desde 1983 en adelante.