Luego de amenazar durante días con imponer aranceles a los productos que Brasil exporta a los Estados Unidos como represalia por lo que considera una persecución judicial contra Jair Bolsonaro, Donald Trump anunció el pasado miércoles 30 de julio que pospondría en una semana esa imposición y, además, lo que es más importante, declarando exentos de esos aranceles del 50% a unos 700 productos. Entre estos quedaron el petróleo y sus derivados, el mineral de estaño, el hierro, los metales raros, el silicio, los fertilizantes, el jugo de naranja, la celulosa, los aviones fabricados por la Empresa Brasileña de Aeronáutica (EMBRAER) y sus respectivos repuestos, esto es, básicamente todo lo que Brasil exporta regularmente desde siempre a los Estados Unidos. Una vez más parecería que a Trump se le fue la mano en la bravuconada tan solo para encontrarse con la realidad de que en un mundo tan globalizado como el actual las sanciones económicas contra cualquier nación suelen impactar negativamente también en el país que las impone.
Claro, la globalización en sí misma es una creación de los Estados Unidos y estas son las consecuencias de ella en el largo plazo, las que Trump ahora debe afrontar cada vez que intenta imponer su voluntad pretendidamente imperial sobre otros mediante la extorsión económica. Trump lo intentó con Rusia, China y otros, normalmente con los mismos resultados. Y en el caso de China la llamada guerra comercial no es otra cosa que la comprobación fáctica de que las sanciones económicas en la forma de aranceles solo dan como resultado necesario un impacto negativo sobre la economía propia. Cada vez que se quiso usar la presión económica para extorsionar a Beijing bajo el liderazgo de Trump los Estados Unidos debieron retroceder en chancletas al ver las consecuencias de ello en el plano local. Esto fue lo que ocurrió también en el caso de Brasil y la respuesta está en la globalización.
En realidad, la amenaza de imponer aranceles sobre las exportaciones de las grandes economías es lo que en lengua inglesa se llama un bluff, es una simulación hecha con el fin de meter miedo a ver si el otro cede primero. Los estadounidenses saben que si la contraparte se pone dura y resiste durante algunos días la presión de la opinión pública —que es asustadiza y suele reaccionar muy mal—, al final los aranceles no pueden aplicarse y deben ser retirados de la mesa de negociaciones. El bluff de los aranceles solo podría funcionar en economías muy modestas, en países donde el Estado está en manos de una clase dirigente cipaya y de una diplomacia inexperta o quizá timorata, jamás en China, en Rusia, en Australia o en Brasil. Además de existir la conciencia y cierto consenso alrededor de los intereses nacionales, en esos países la capacidad productiva es grande y la diplomacia tiene la conducta necesaria para transitar el proceso sin dejarse extorsionar con humo.

Ese es el caso de Brasil, ese extraño país subdesarrollado que, no obstante, tiene una economía importante, cierta burguesía nacional y nacionalista y una diplomacia de escuela británica, de las que no suelen espantarse al oír el primer tiro. Por potencial económico en todo lo que es el agronegocio, la minería y la producción de combustibles, Brasil tiene para empezar una inserción enorme en la economía de los Estados Unidos con todo lo que allí exporta, de modo que cualquier trastorno en las relaciones comerciales habituales impacta en el mercado local de los estadounidenses ya sea en la forma de inflación, de escasez o de ambas. En una palabra, Washington sabe perfectamente que no debe perturbar las relaciones comerciales con Brasilia y mucho menos por razones de ideología. Y si lo hace es únicamente como un bluff, nunca con intención real de ejecutar el objeto de la extorsión.
Por otra parte, en Brasil existe en el rol de clase dominante y dirigente una burguesía nacional. Eso significa que las decisiones políticas y más aún la orientación geopolítica resultan básicamente de los intereses económicos de dicha burguesía, la que tiene un carácter agroindustrial. Para que se tenga una idea, cuando en febrero de 2022 los Estados Unidos le exigieron a Jair Bolsonaro —quien hasta entonces se había presentado como un fiel lacayo suyo— la condena pública a Rusia por lo que quedó caracterizado como una invasión sobre el territorio de Ucrania, la burguesía agroindustrial de Brasil comprendió de inmediato que la escasez de fertilizantes rusos afectaría profundamente sus intereses y Bolsonaro fue obligado a viajar a Moscú y a darle la mano a Vladimir Putin para garantizar el suministro del insumo a cambio de no decir palabra alguna sobre la invasión. En el apremio de tomar una decisión, Bolsonaro optó por llevarle la contra a Washington y no ponerse en frente a su propia burguesía.
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