La detención de Facundo Jones Huala en el Río Negro disparó otra vez una intensa discusión sobre la controversia “mapuche” en nuestro país. Intereses, ideología y confusión se entremezclan en el debate infinito para que ninguna postura termine de imponerse en la resolución de un problema que insólitamente sigue emergiendo y caldeando a la opinión pública cada vez que la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) hace un atentado en el vasto territorio de la Patagonia o, como en este caso, cuando aparece un Jones Huala prófugo del poder judicial chileno, capturado por accidente en nuestro país.
La cuestión de los autodenominados “mapuches” y sus pretensiones territoriales ya cayó en la grieta de la política argentina, tornándose una clásica controversia de derecha a izquierda. Típicamente, es “de izquierda” considerar como premisa la reivindicación de los pueblos originarios sobre tierras que les fueron arrebatadas por el hombre blanco a partir de la conquista de América. Esos pueblos originarios tendrían así el derecho “natural” a reclamar la posesión de esas tierras y, por lo tanto, los “mapuches” serían legítimos propietarios de todo lo que ellos mismos afirman que fueron sus dominios antes de la llegada del español a estas latitudes.
En cambio, por otra parte, sería “de derecha” negar todo lo anterior poniendo a los “mapuches” en la categoría de terroristas, proscribiéndolos y encarcelándolos por serlo. No solo no debería garantizárseles el acceso a ninguna tierra, sino que en un ideal de justicia “de derecha” se los debería perseguir con las fuerzas del orden hasta que no quede uno solo de pie o en libertad. Las tierras pertenecen a sus actuales propietarios y el que cuestione ese ordenamiento jurídico estaría atentando contra la propiedad privada que es la base del sistema vigente. Según esta opinión ideológica los autodenominados “mapuches” no son más que usurpadores, delincuentes a los que se les debe reprimir con la fuerza de la ley.
Y así, a los gritos en una conversación de locos donde todos hablan y nadie escucha a nadie, se debate la relación entre los pueblos originarios y el territorio. Es evidente que ninguno de los dos bandos tiene el más mínimo interés en la resolución del diferendo, que lo usan descaradamente para ensanchar una grieta en la que ambas parcialidades quieren tener la razón, creen que son el bien y creen, además, que el disidente es el mal. A nadie le importan realmente los “mapuches” ni nadie está preocupado por el bienestar de los pobladores en las tierras que la RAM ataca y reclama. Como casi todo en la política argentina, el diferendo solo se usa para cristalizar núcleos duros de opinión ideológica.
Eso se ve claramente porque la resolución práctica del diferendo es una cosa que ya está enteramente prevista en la ley de nuestro país, es decir, no requiere para resolverse de mucha creatividad y mucho menos de soluciones mágicas. Esta es una simple cuestión de definiciones, o de definir claramente qué es un “mapuche” respecto a la nacionalidad argentina. Y también de dar definiciones subsidiarias como las de “extranjero” y “pueblo originario” de una manera tal que genere el consenso suficiente para superar de una vez el diferendo.
Ya están claras en la legislación argentina las limitaciones a la propiedad o posesión de tierras rurales por extranjeros en nuestro país: los extranjeros solo pueden poseer el 15% del total de tierras rurales en el territorio nacional o de cualquier provincia y personas extranjeras de una misma nacionalidad no pueden tener más del 30% de ese 15% total. Tampoco pueden tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o equivalente productivo y, muy importante, no pueden poseer ninguna tierra que incluya cuerpos de agua importantes y permanentes, que sean ribereñas a cuerpos de agua importantes y permanentes o que estén ubicadas en zonas de seguridad de frontera.
Con alguno de esos criterios o con varios de ellos ya podemos cuestionar seriamente la propiedad privada de los Lewis, los Benetton y los demás europeos, estadounidenses, israelíes y chinos, entre otros, que claramente incumplen la ley. Eso es fácil, absolutamente no ideológico y deberíamos concentrar toda la atención en ello, puesto que esos extranjeros lo son en cualquier definición que se le quiera dar a la categoría de “extranjero”. No hay forma de que Lewis, Benetton o las corporaciones multinacionales con extensas propiedades rurales en nuestro país sean considerados argentinos. No lo son.
Eso es legalmente así porque la propiedad privada se fomenta y se defiende, los argentinos no somos comunistas, pero también se limita en beneficio de la colectividad o los intereses colectivos permanentes del pueblo-nación. El suelo y el subsuelo son recursos naturales estratégicos del país administrados por el Estado en representación política y legal del pueblo, razón por la que el Estado debe garantizar el derecho a la propiedad privada previsto en la Constitución, pero de ninguna manera puede permitir que ese derecho vaya en desmedro del interés colectivo del pueblo-nación argentino. Ahí está el equilibrio legal necesario para que cualquier país exista, los derechos del uno no pueden impactar negativamente sobre los derechos del otro.
Pues bien, todo eso es muy fácil, no sujeto a discusión —de no mediar, por supuesto, una profunda reforma constitucional— aunque aquí empieza a complicarse un poco pues sería necesario determinar ahora qué es un “mapuche” respecto a la nacionalidad argentina. Como se sabe, al menos en su discurso, un sector muy ruidoso de los autodenominados “mapuches” habla del establecimiento de una nación propia, es decir, afirman la nacionalidad mapuche en oposición a las nacionalidades ya existentes sobre los territorios que ellos mismos reclaman como propios por reparación histórica. Aquí están las nacionalidades argentina y chilena establecidas soberanamente en los límites conocidos. Y esa es, sin lugar a duda, la definición de un extranjero tanto respecto a la Argentina como respecto a Chile.
La izquierda dice que no es así, dora la píldora y miente diciendo que los autodenominados “mapuches” no quieren ser extranjeros, sino argentinos con los mismos derechos y obligaciones que los demás argentinos. Pero aquí surge la primera pregunta incómoda: ¿Qué argentino común y criollo tiene derecho a poseer tierras en este esquema de propiedad privada sin comprarla y pagarla? Dicho de otra forma, si el “mapuche” es un argentino como cualquier otro, con las mismas obligaciones y derechos, ¿en base a qué premisa exige que el Estado le entregue tierras que hoy son privadas o fiscales?
Claro que no, el autodenominado “mapuche” no es ni quiere ser argentino y tampoco chileno, pues fundamenta su reclamo en una nacionalidad distinta y preexistente a ambas. De no afirmar eso, el “mapuche” tendría que comprar sus tierras o pagar un alquiler como cualquier mortal nacional, exactamente lo que no sirve para el curro ideológico. Definidos como argentinos o chilenos, los mapuches quedan políticamente desactivados y eso no es conveniente para quienes lucran con la controversia ideológica por izquierda y por derecha. Aquí hay que sostener la precariedad, no pueden permitirse las definiciones claras para que no se caiga toda la narrativa conveniente a los intereses particulares de alguien.
Entonces el autodenominado “mapuche” es un argentino o es un extranjero respecto a la Argentina, hay que definirlo bien. Si optara por ser un extranjero, entonces no podría poseer las tierras que reivindica ni aunque las comprara y las pagara, sería un ciudadano de otra nación intentando usurpar el territorio de la Argentina y estaría, por lo tanto, incurriendo en un delito penal, como mínimo, o invadiendo la soberanía nacional, como máximo. En este último caso debería ser reprimido y derrotado directamente por las fuerzas armadas por tratarse de una nación extranjera violando los límites territoriales de la nación, caso típico para que actúen el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada.
Pero nadie quiere eso y entonces los “mapuches” van a ser argentinos, los vamos a ordenar en fila para que vayan a tramitar el documento nacional de identidad y tengan los mismos derechos y obligaciones que tienen los demás 47 millones de argentinos. A partir de eso, a modo de reparación histórica, si se quiere, el Estado podrá asignarles reservas indígenas en las que podrán vivir argentinamente usufructuando de lo que haya allí: podrán cazar y pescar, podrán usar el agua y la tierra, podrán hacer exactamente lo que hacían aquellos que reivindican como sus ancestros, pero no podrán de ninguna manera hacer negocios con las riquezas del suelo y del subsuelo. El monopolio del comercio exterior de los recursos naturales lo tiene el Estado en representación política y legal de la totalidad del pueblo.
Ese es, precisamente, el núcleo de este embrollo. De haber entre los “mapuches” individuos de buena voluntad cuyo interés es el de preservar las tierras que culturalmente consideran sagradas para un pueblo originario del que, a su vez, afirman ser legítimos herederos, entonces la propuesta será aceptada de buen grado, esos individuos van a seguir el trámite legal y van a instalarse como argentinos —con los mismos derechos y obligaciones que le corresponden a cualquier otro argentino— en una reserva indígena bajo el control soberano del Estado nacional. ¿Qué más les da la titularidad del terreno, si finalmente se les permite usufructuar de sus recursos libremente y sin más limitaciones que la de no poder negociar esas riquezas con terceros países o privados?
Esto también es un “patear el chancho a ver si aparece el dueño” porque, de confirmarse una sospecha muy difundida, algunos “mapuches” no son hombres de buena voluntad y no quieren ninguna reserva indígena, sino la secesión del territorio para establecer allí una nación distinta a la nuestra. Aquí vamos a saber finalmente si existe algún interés oculto sobre los recursos naturales de los riquísimos territorios reclamados como “ancestrales” por los “mapuches”, sabremos de una vez por todas si hay voluntad de secesión territorial con fines de saqueo bajo la movida ideológica o si allí hay argentinos reclamando un derecho razonable.
No es una cuestión ideológica entre las convicciones de izquierda y de derecha, es una cosa mucho más sencilla y a la vez más seria. Es un asunto de definiciones legales necesarias, urgentes, un tema que puede ocultar una peligrosa trampa para la soberanía territorial argentina. De validar legalmente la autodeterminación de los “mapuches” como una nacionalidad diferente clavada sobre el territorio de la nación argentina, estaremos sentando el precedente jurídico que los británicos quieren para legitimar de una vez y para siempre la presencia de los kelpers en nuestras Islas Malvinas. Si la Argentina va a ser plurinacional, ¿por qué no habría de tolerar una nación malvinense compuesta por individuos de origen británico en posesión de las Malvinas?
Habría de tolerarlo, por supuesto, esos son los costos de la plurinacionalidad: la tolerancia al uno debe ser la tolerancia al otro, no hay diferencia legal entre una nacionalidad “mapuche” y una malvinense ocupando partes del territorio de una Argentina plurinacional, es total normalidad. Pero a los argentinos que hoy se narcotizan con la ideología y no ven el peligro es preciso decirles que mañana no lloren si los “mapuches” hacen como los kelpers administrando en beneficio de terceros las riquezas naturales de unos territorios que debieron ser argentinos y tendrían que redituar favorablemente a los 47 millones de habitantes del país.
Vamos a ser “buenudos” y tolerantes con la diversidad a costa del bienestar de nuestro pueblo o vamos a defender la integridad territorial de la nación para hacer de nuestro país una potencia global en el nuevo “concierto de las naciones”, esa es la cuestión aquí en la octava extensión territorial del planeta. No es un asunto de derechas e izquierdas, es la disyuntiva final para la más pura tercera posición nacional justicialista. Y el que fuere un buen patriota que elija de una vez: patria o colonia, entendiendo que esta última puede darse por derecha y también por izquierda con un discurso que suena muy bien en las oficinas de las corporaciones globalistas, pero mata de hambre al hombre de a pie. Vamos a tener que optar, en realidad, entre patria e ideología. Optemos y asumamos las consecuencias.
