Política neocolonial simulada

El atento lector que todavía tiene el hábito de consumir el contenido de los medios de comunicación ciertamente ha advertido la existencia de un gran desfasaje entre la narrativa que difunden esos medios y la situación política mundial, que está en la etapa terminal del actual ordenamiento jurídico inaugurado por los yanquis en 1945. La verdadera política es la geopolítica, pero no en la narrativa de esos medios. Aquí la geopolítica apenas aparece y siempre como una cosa exótica que ocurre bien lejos y no tiene por lo tanto relación alguna con la realidad del lector. El resultado de un conflicto en la región del petróleo que va a terminar con el orden unipolar y va a modificar todas las relaciones internacionales se presenta en los medios locales como una guerra más de los Estados Unidos en Medio Oriente o como pretexto discursivo para reforzar la victimización de siempre que hacen los sionistas. Y eso es todo, porque para los medios tradicionales de acá lo verdaderamente importante es la rosca del cabotaje en la que van a definirse las listas de los candidatos de cara a las elecciones del próximo año.

Suena ridículo y en efecto lo es. Aunque algo exagerada o caricaturizada, la descripción es la de un aislacionismo utópico en el que el periodismo omite la explicación de lo que realmente va a ocurrir en la Argentina una vez que queden contados los porotos en la región del petróleo, del gas natural y de los fertilizantes, omite esa explicación y la reemplaza por una narrativa a todas luces falsificada que presenta a los protagonistas con voluntad propia cuando, en realidad, todos esos personajes responden a los intereses que en este momento se encuentran luchando en Irán por el privilegio de imponer el orden mundial al menos para lo que queda de este siglo. Todo esto ocurre porque los medios de izquierda a derecha responden en mayor o en menor medida a los intereses de las corporaciones y existen, por lo tanto, con el solo fin de que el pueblo jamás sepa de qué se trata. El pueblo en Argentina y en todas las semicolonias como Argentina no puede llegar a comprender que su sistema electoral de representación llamado “democracia” es una farsa en la que las decisiones están tomadas ya de antemano.

De antemano y por personajes cuyas caras no están expuestas en el circo que los medios presentan como la política, lo que en sí ya se puede caracterizar como una involución de al menos dos siglos. Allá por mayo de 1810 el pueblo sabía a ciencia cierta que el poder real estaba en manos del rey Fernando VII y al enterarse de que este rey había caído prisionero de Napoleón Bonaparte fue a exigirles inmediatamente explicaciones a los delegados del poder imperial que recibían órdenes desde Madrid y las administraban. El pueblo ya sabía que no había independencia, sabía en 1810 que el poder estaba en otra parte y por eso pudo exigir saber cómo iba a venir la mano al enterarse de la caída de dicho poder foráneo. En el presente, en cambio, el pueblo no entiende que el poder no está en Casa Rosada y no puede estar interesado en saber de qué se trata simplemente porque ni siquiera sospecha que algo pasa. Es más o menos como si en 1810 el pueblo no supiera que el poder estaba en Madrid y siguiera ponderando al virrey como si este tuviera la autoridad para tomar decisiones políticas.

Para eso están los medios de comunicación del poder, precisamente, para venderles a las mayorías populares una narrativa falsificada en la que el poder fáctico de las corporaciones no existe —puesto que de ese poder no se habla jamás—, las tensiones geopolíticas no tendrán impacto aquí y que, finalmente, todo se reduce a saber si el régimen mileísta llega a octubre de 2027, si Javier Milei resulta reelecto o si es reemplazado por otro muñeco con distinta cara y distinto apellido. La conclusión que se le escapa a la mayoría hoy es la que en 1810 se caía de madura: el poder está en otra parte y al representante local de ese poder solo corresponde presionarlo para que dé explicaciones, no ponderarlo ni proponer su reemplazo por otro virrey con distinto nombre. La política nacional no existe como tal y el escenario es el mismo que en 1810 en este sentido, pero con la diferencia de que hoy las mayorías no saben que viven en una colonia, no saben que el poder no está aquí sino en cualquier otra parte y no entienden que por “política” se les vende una simulación neocolonial.

La comprensión de estas situaciones es solo una cuestión de lógica, de tener la capacidad de razonar lógicamente y de conocer el contenido de ciertas categorías. Por ejemplo, el de la categoría “política”. De acuerdo con esta definición maquiavélica, la que por su parte es la más universal, la política es la lucha por el poder en el Estado, a lo que podría agregarse que la finalidad última de ese poder es (o debería ser) la modificación de la realidad social. Únicamente puede existir la política allí donde por lo menos dos o más individuos luchan por el poder en el Estado, que es el poder político. Esto equivale a decir por simple contraste que no puede existir la política si en el Estado no hay poder real para modificar la realidad social. Puede haber tal vez escaramuzas, tensión entre los individuos y los grupos por razones de rivalidad o enemistad puntual, etc. Pero no puede haber política porque no hay objeto político, esto es, poder en el Estado. El poder no está en disputa, no puede modificarse la realidad social y lo único que hay es una simulación que se asemeja a la política sin llegar jamás a serlo.

Todo esto puede parecer abstracto hasta que hace síntesis en la conclusión de que en las colonias y en las semicolonias no existe la política en tanto y en cuanto esos territorios son gobernados desde otra parte y los individuos que ocupan puestos ejecutivos en el Estado no hacen más que eso mismo, a saberlo, ejecutar. El poder ejecutivo sigue siéndolo en un sentido estricto, pero lo que ejecuta no surge de una decisión propia. Aquí de nuevo es útil la imagen del virrey, del que está inmediatamente por debajo del rey no como un “vice rey”, como parecería desprenderse naturalmente, sino como un rey subrogante en ausencia del titular y sin la potestad de tomar decisiones. Es cierto que hace dos siglos —debido al estado precario de la comunicación en esos días— el virrey tomaba decisiones en la práctica e incluso podía imponer el “se acata, pero no se cumple” para suspender la aplicación de leyes inconvenientes o inejecutables en el contexto de la realidad americana, muy distinta a la europea, también es cierto que eso solo existió informalmente. En lo legal, un virrey únicamente puede ejecutar las órdenes del rey.

En los tiempos que corren las comunicaciones son muy avanzadas, en tiempo real, razón por la que la vigilancia del rey sobre las acciones de sus virreyes en los territorios coloniales y semicoloniales es total. No existe posibilidad alguna de meter el sello de “se acata, pero no se cumple” a las órdenes enviadas por la metrópoli. Hoy los dirigentes políticos son como virreyes en presencia virtual del rey y cumplen a rajatabla lo que se les ordena y es la aplicación de un proyecto político determinado. Y si el proyecto político ya está fijado de antemano, la política no existe. En los territorios coloniales y semicoloniales hay una lucha por el dudoso privilegio de liderar a los demás cipayos y de hacer la administración colonial, de ejecutar las órdenes de un poder superior (y extrínseco al pueblo-nación) disponiendo de los recursos del territorio en la forma que más le convenga a ese poder, nunca al pueblo-nación que está sentado sobre el territorio. Ahí está la definición más precisa de lo que es una administración colonial mediante la imposición de un régimen virreinal que nada tiene que ver con la política real e imposibilita su existencia.

Aquello que sigue apareciendo en la narrativa mediática como “política” no es más que una vulgar pelea entre cipayos candidatos a virrey por ese privilegio —otra vez, muy dudoso como tal— de administrar una ocupación colonial sobre su propio país y contra los intereses de su propio pueblo-nación. Los dirigentes en un país semicolonial como la Argentina acordaron ya aceptar los términos del proyecto político fijo impuesto por ese poder fáctico global que el General Perón solía llamar la sinarquía internacional. No hay política alguna, ningún dirigente está proponiendo un proyecto político alternativo a la imposición neocolonial y esto puede corroborarse mediante la simple observación de que de un tiempo a esta parte la alternancia en el sillón presidencial no ha significado asimismo un golpe de timón. El rumbo está prefijado y aunque vayan alternándose “democráticamente” cada cuatro años los dirigentes de todo el espectro hacen una misma administración colonial mediante el sostenimiento y hasta la ampliación del ordenamiento jurídico neocolonial. La “democracia” que debió significar poder popular se redujo a la práctica mecánica de votar al candidato a cipayo de turno contra los intereses del pueblo que lo vota.

Esto se ha visto muy claramente a partir del advenimiento de Mauricio Macri y sus sucesores, que fueron Alberto Fernández y Javier Milei, aunque una observación más detenida arrojará el que este asunto empezó más bien al producirse el golpe de 1976. Hay ciertas piezas coloniales del ordenamiento jurídico impuestas de facto por la dictadura resultante de ese golpe que ningún régimen de gobierno dicho “democrático” se atrevió a modificar y menos que menos derogar. Una de esas piezas es la Ley Nº. 21.526, la ley de entidades financieras que es central en el sostenimiento del orden colonial en Argentina por castigar la producción y, por otra parte, premiar la especulación. La ley de entidades financieras impone la prohibición a la producción y al trabajo que son la base de cualquier proyecto de soberanía nacional. Varios regímenes de distinto signo ideológico supuesto pasaron desde la imposición de la ley de entidades financieras por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz y a ninguno se le ocurrió ni siquiera poner en tela de juicio, para que hubiera al menos debate, esta pieza de legislación tan nefasta para el pueblo-nación.