¿Quién ganó realmente las elecciones?

Podría justificarse de mil distintas maneras la euforia que se apoderó de la mayoría del pueblo-nación argentino en octubre de 2019 al finalizar el proceso electoral que, con el triunfo del Frente de Todos, desplazó del poder político a Mauricio Macri luego de cuatro años de un desgobierno monumental. Una de las formas de justificar esa euforia sería la perspectiva que en esos días existía alrededor de la asunción de Alberto Fernández, a quien tanto la política como los medios presentaban como un “moderado” que teóricamente traía la posibilidad de un gobierno de reconstrucción nacional con cierre de grieta, un gobierno de consenso orientado por racionalidad de la atención de las necesidades de las mayorías populares y la defensa del interés nacional mucho más allá de las intrigas políticas entre el kirchnerismo y el macrismo duros. El argentino estaba esperanzado en medio a un escenario devastador y esa esperanza se materializó entonces en la figura de Alberto Fernández.

Con la euforia vino la alegría por el resultado electoral y se siguió la no formulación de la pregunta fundamental de aquellos días: ¿Quién iba a pagar los platos rotos de la colosal deuda dejada por Macri y del daño social que ese endeudamiento dejaba? Entorpecidos por el alivio de la despedida de un gobierno que a esa altura ya se percibía como un escollo a la realización del proyecto común de las mayorías, muchos perdieron momentáneamente de vista el hecho de que Alberto Fernández no había ganado en rigor nada más que el derecho a recibir a modo de herencia un descomunal pasivo económico y social, además de la responsabilidad de desactivar la bomba que el gobierno macrista saliente iba dejando al retirarse.

Eufórico y alegre, esperanzado en definitiva, el argentino se abstuvo de cuestionar. Y nadie quiso saber quién iba a pagar la fiesta del macrismo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los 44 mil millones de dólares contraídos en empréstito que la Argentina no estaba entonces y tampoco está hoy en condiciones de pagar. El cuestionamiento quedó sofocado y eso finalmente significó un enorme problema, pues el cuestionamiento en sí era todavía más profundo. Nadie se preguntó en esos días si la deuda macrista se iba a pagar con imposiciones sobre las clases dominantes que apoyaron a Macri o con ajustes contra las clases populares medias y trabajadoras que lo habían padecido. Eso equivalía a preguntarse, en realidad, qué sector del Frente de Todos iba a “tener la manija” para gobernar en la práctica. Más allá de la “unidad” declamada ideológicamente con el fin de ganar las elecciones, la cuestión en octubre de 2019 se resumía a saber a ciencia cierta quién había ganado realmente aquellas elecciones, pero nadie quiso saberlo.

Para quienes ven la realidad en dos dimensiones se trata de una pregunta más bien estúpida, está claro que las elecciones de 2019 las ganó Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner como su vicepresidente y Sergio Massa en el lugar del control del Parlamento. En octubre de 2019 ganó en primera vuelta con el 48% de los votos el Frente de Todos y allí no hay ninguna duda. Las dudas, se sabría más tarde, estarían en definir qué cosa era y es el Frente de Todos en sí mismo, o bien qué es en la práctica un gobierno de coalición entre intereses contradictorios que se unen en una determinada coyuntura con el solo fin de derrotar electoralmente a un tercero. El Frente de Todos ganó las elecciones y hoy, casi tres años después de la asunción de Alberto Fernández, nadie puede decir con seguridad quién las ganó realmente porque nadie sabe quién gobierna.

Los que, por el contrario, ven la realidad en tres dimensiones y desde el reverso de la trama supieron desde siempre que el Frente de Todos era una cosa demasiado heterogénea, una alianza contra natura que se creó así para lograr un objetivo electoral y no mucho más que eso. Es fácil juntarse para ganar elecciones, basta con acordar entre pocos en una mesa chica acerca de la composición de las listas de candidatos. El problema es que esas “unidades” entre dirigentes que representan intereses contradictorios en su praxis política encuentran su límite en la gestión. ¿Adónde ir después de haber triunfado en las urnas?

Claro que el enigma sobre la real naturaleza del gobierno del Frente de Todos se resolvió en el tiempo al observarse los actos concretos de la gestión de Alberto Fernández y la respuesta fue que ganó las elecciones de 2019 la facción representativa de los intereses de las minorías privilegiadas. Con su inacción y con otros movimientos muy extraños para quien gritaba en campaña la necesidad de “volver a poner el asado en la mesa de los argentinos”, Fernández le demostró rápidamente al que sabía observar la política que con el Frente de Todos como nombre de fantasía había triunfado en realidad el poder fáctico.

¿Fue esa una estafa electoral? Depende. Si se concluye que hubo desde el vamos en el seno del Frente de Todos una parcialidad que intentó y no pudo capturar el poder político para hacer algo distinto a lo que finalmente hizo Alberto Fernández, entonces no hay una estafa sino una derrota, la de haber hecho una alianza para ganar las elecciones y no haber logrado luego hacerse con el poder político en una interna con los socios electorales. El Frente de Todos solo podría caracterizarse como una estafa electoral si quedara demostrado el dolo, el que esa parcialidad legítimamente reformista nunca existió, es decir, que jamás hubo de una parte de los socios de la coalición la voluntad real de disputar el poder después de las elecciones para hacer algo distinto. Pero eso es difícil de demostrar.

Entonces solo queda concluir que el Frente de Todos ganó como marca de fantasía y que luego, una vez ya con el poder en el Estado, se impuso en la interna la facción antipopular sobre las demás facciones implicadas. Eso equivale a decir que las elecciones del 2019 realmente las ganó el poder fáctico con el disfraz de una expresión popular. Algo parecido puede pasar hoy en Brasil donde, en un esquema a todas luces frentetodista, Luiz Inácio “Lula” da Silva logró derrotar a Jair Bolsonaro en un ajustado ballotage por poco más de un punto porcentual o dos millones de votos sobre casi 150 millones. Pero para conseguir esa hazaña fue necesario hacer alianzas contra natura con prácticamente todos los enemigos de los intereses permanentes del pueblo-nación brasileño y aquí empieza precisamente el problema del nuevo gobierno de Brasil, que es el problema del gobierno de Argentina y el de todos los países donde la política se resuelve mediante la construcción de frentes electorales diseñados para ganar las elecciones y después ver qué pasa.

Frente de Todos de los trópicos

Ese esquema frentetodista que “Lula” da Silva utilizó para derrotar a Jair Bolsonaro incluyó para empezar la imposición de Geraldo Alckmin, uno de los dirigentes más claramente representativos de los intereses antipopulares de las élites brasileñas, o de lo que vulgarmente allí se suele llamar la “derecha”. De haber sido argentino, Alckmin sería tal vez una mezcla entre Sergio Massa y Mauricio Macri, tanto por la representación de los intereses del poder fáctico de tipo económico —de los que siempre fue uno de los dirigentes más puros en la política— como por su cercanía a las élites globales y globalistas del atlantismo occidental. A Alckmin se lo ubicó directamente en el lugar de vicepresidente, un lugar que sería muy estratégico si se corroborara la hipótesis que se analiza más adelante en este texto, la del magnicidio como método sutil para disimular un golpe de Estado silencioso.

Además de Alckmin como vicepresidente, este frentetodismo brasileño incluyó en cascada un sinfín de alianzas localizadas con los grupos de poder concentrado, los que llegan justamente de la mano de Alckmin. La primera conclusión necesaria es que de ninguna manera ganó el Partido de los Trabajadores las elecciones de este año, que no las ganó “Lula” da Silva en lo que este dirigente representa históricamente y tampoco las ganó una fuerza política con sus contradicciones internas, pero asimismo propia de las mayorías populares trabajadoras y medias. En todo caso, esas expresiones son una parte de la alianza que ganó formalmente las elecciones, apenas una parte que ciertamente es mayoritaria en su aporte de votos en las urnas, pero quizá sea al fin y al cabo minoritaria en el reparto del verdadero poder político. Y ahora es preciso determinar quién ganó realmente las elecciones del pasado 30 de octubre en Brasil.

Geraldo Alckmin como vicepresidente es una rareza quizá de magnitud similar a la de Alberto Fernández en el lugar de presidente y con Cristina Fernández, la dueña de los votos, en una posición subalterna relativa. Alguien podrá decir que, a diferencia del ordenamiento de la fórmula Fernández/Fernández, en Brasil “Lula” da Silva “va a tener la lapicera” y que eso, por lo tanto, sería una garantía de que la alianza lulista no va a terminar estrellada como el Frente de Todos en Argentina. Convendría, no obstante, observar que esa puede ser un arma de doble filo y que el “tener la lapicera” también es tener la obligación de tomar las decisiones. En el hipotético caso de que esas decisiones no sean del gusto de su base electoral, “Lula” da Silva no podría “despegarse” luego del gobierno. Si Cristina Fernández tiene hoy la posibilidad de negar al presidente que gobierna con sus votos, en Brasil lo mismo no podrá pasar simplemente porque “Lula” da Silva es el presidente y en su cuenta se cargarán, para bien o para mal, todas las decisiones de la gestión.

Pero el frentetodismo brasileño tiene además otras características muy marcadas que son observables a simple vista, son de conocimiento público y no requieren de mayores investigaciones ni mucho menos de teorías de la conspiración. Estas característas son básicamente tres: el apoyo apasionado de los grupos mediáticos hegemónicos, las extrañas relaciones de “Lula” da Silva con Washington y el favoritismo de los grandes bancos del país. Esas tres características del llamado Frente Brasil de Esperanza chocan de frente con los principios ideológicos que históricamente supieron defender tanto el Partido de los Trabajadores desde su fundación en el año 1980 como el propio “Lula” da Silva en toda su trayectoria desde el inicio como dirigente sindical en los años 1970. Y son características que al quedar al desnudo a medida que se desenvuelva la gestión de gobierno probablemente entrarán como duros cachetazos contra los militantes y simpatizantes del lulismo.

La primera característica observable es el extrañísimo apoyo a “Lula” da Silva por parte de los grupos mediáticos hegemónicos que hace tan solo seis años fueron partícipes necesarios en el golpe blando que destituyó a Dilma Rousseff y destruyó el gobierno del Partido de los Trabajadores en 2016. El Grupo Globo, por ejemplo, el más grande del país y de todo el subcontinente, hizo campaña abiertamente por la fórmula “Lula” da Silva/Geraldo Alckmin, amén de grandes diarios como el tradicional Folha de São Paulo y otros. Esa campaña consistió en cargar las tintas en la demonización sistemática de Jair Bolsonaro y, por otra parte, en una sorpresiva y abrupta ocultación de la narrativa de la corrupción del Partido de los Trabajadores que esos mismos medios habían creado y difundido intensamente hasta destituir a Dilma Rousseff.

¿Por qué cambiaron de opinión los dueños de esos medios corporativos? ¿Por qué de la noche a la mañana decidieron excluir de su programación la denuncia de los esquemas de corrupción que ellos mismos habían creado a partir del segundo gobierno de “Lula” da Silva y que resultaron luego en un éxito total al lograrse el derrocamiento de Rousseff? A esas preguntas se les suma la muy sospechosa actitud de las grandes redes sociales como Twitter y Facebook, que hicieron de todo para censurar las expresiones de los bolsonaristas cuando estos ponían el dedo en la llaga marcando las contradicciones en el discurso de campaña lulista y categorizando esas expresiones como fake news. ¿No es como mínimo extraño que las grandes corporaciones mediáticas súbitamente hayan estado interesadas en el triunfo electoral de un candidato que en los criterios de ordenamiento de la política brasileña se ubica a la izquierda, al menos en lo simbólico?

Tampoco conviene olvidar que en términos comunicativos en el nivel de la cultura fue decisivo el apoyo de grandes personajes la TV brasileña (los actores de las telenovelas del Grupo Globo militaron activamente la campaña lulista) y del cine hollywoodense que abiertamente llamaron desde los Estados Unidos a votar por “Lula” da Silva, argumentando el pretexto de un “ambientalismo” que, como se sabe hace ya algún tiempo, oculta enormes intereses de las potencias occidentales en la limitación del desarrollo de los países de nuestra región. Desde un idiota como Mark Ruffalo hasta el laureado Leonardo Di Caprio, uno tras otro los millonarios personajes de la farándula estadounidense y global, por lo tanto, declararon su preferencia por “Lula” da Silva desde un lugar “progresista” de opinión particular. Considerando la ascendencia de esos personajes sobre la opinión pública en nuestros países periféricos que miran y admiran prácticamente todo lo que llega desde Hollywood, es lícito suponer que los Ruffalo y los Di Caprio movieron la aguja en una elección que se terminó definiendo por un escaso margen de votos.

Luego están las extrañas relaciones de “Lula” da Silva con Washington. Según lo informado por la cadena de noticias estadounidense CNN el 20 de septiembre de este año, a pocos días de la primera vuelta electoral, “Lula” da Silva se reunió con el representante del Departamento de Estado Douglas Koneff para “asegurar el resultado de las elecciones” y para tratar asuntos bilaterales como la democracia y, por supuesto, el ambientalismo. Todo eso es muy extraño por donde se lo mire, desde la necesidad de contar con Washington para “asegurar” un resultado electoral en una potencia regional que tiene 215 millones de habitantes y está entre las diez mayores economías del mundo hasta el apuro en sentarse a conversar sobre “democracia” con el gobierno del país que históricamente ha atropellado a los tiros a varias decenas de procesos democráticos en todo el mundo durante el siglo XX y en lo que va de este siglo XXI.

Está claro que no, “Lula” da Silva y el Departamento de Estado no se reunieron para hablar de democracia y medioambiente, esas son en todo caso las coartadas. La información de la reunión —que estuvo lejos de ser secreta— fue “filtrada” a los medios tanto por la embajada de los Estados Unidos en Brasilia como por el mismísimo Instituto Lula, organizador de la campaña. ¿Por qué habría de interesarle al lulismo, a pocos días de las elecciones, el trascender el encuentro con uno de los enemigos históricos de la soberanía nacional en nuestra región? ¿Por qué a los Estados Unidos les interesa garantizar la “democracia” con un gobierno del mismo signo político al que ellos mismos, los yanquis con el lawfare, ayudaron a demonizar y a destituir en 2016?

Aparece finalmente como la tercera contradicción insalvable la estrecha relación con la banca privada. Durante la campaña de cara a la primera vuelta electoral, el candidato del Partido Democrático Laborista (PDT, por sus siglas en portugués) Ciro Gomes, más ideológicamente afín al lulismo que al bolsonarismo, puso innumerables veces el dedo en la llaga en estos términos: “Vamos a decirlo en voz bien bajita, que es para no molestar a nadie, pero vamos a decirlo. Los bancos nunca ganaron tanto dinero como en los gobiernos de ‘Lula’ da Silva y de Dilma Rousseff entre el 2003 y el 2016. Y nunca ganaron menos dinero en toda la historia del país que durante el gobierno de Bolsonaro en los últimos cuatro años”, decía Ciro Gomes a quien quisiera escuchar.

La verdad poco conocida por la opinión pública fuera de Brasil es que Jair Bolsonaro se puso en la vereda opuesta a los bancos al favorecer el ascenso de las financieras digitales que en la jerga se llaman “Fintech” y también por haber creado el PIX, un instrumento financiero público del Banco Central que democratizó el acceso a la bancarización en un país donde siempre fue costoso operar con una cuenta bancaria. Millones de brasileños que habían estado excluidos del sistema encontraron en el PIX un método de inclusión mediante la posibilidad de realizar sus transferencias de dinero cotidianas. Dicho así no parece mucho, pero en la práctica con el PIX muchos pudieron al fin bancarizarse y percibir pagos que de otro modo no percibirían, cosa que hizo prosperar la microempresa monotributista liberándola de las pesadas comisiones de los bancos y de la limitación de comerciar solamente en efectivo.

Es evidente que eso hizo desplomarse el lucro de la banca tradicional y suscitó la furia de los banqueros, lo que se tradujo en el apoyo del capital financiero tradicional a “Lula” da Silva. Además del testimonio de Ciro Gomes —el que en su momento fue clasificado como “fuego amigo” y se trató más bien de una verdad que en boca de un opositor pasaría por una vulgar chicana—, están las adhesiones en la segunda vuelta de Simone Tebet y Marina Silva, dos de las más puras representantes del capital financiero en la política. Financiada por María Alice Setúbal, la heredera del Grupo Itaú, Marina Silva abandonó las convicciones de su juventud combativa en el Partido Revolucionario Comunista y en la Central Única de los Trabajadores (CUT) para pasar gradualmente a la defensa de los intereses particulares de los ricos en expresiones políticas ambiguas como el Partido Verde y la Red de Sostenibilidad que, en la práctica, son instrumentos políticos de la banca privada. Desde ese lugar sectorial Marina Silva dio su apoyo “incondicional” a “Lula” da Silva en estas elecciones y eso en sí ya dice mucho de lo que pasa allí.

La sombra de Tancredo Neves

El análisis que hace Ciro Gomes del balance de los bancos en cada una de las gestiones de gobierno es elocuente y aún más elocuente es el entusiasmo con el que Marina Silva y Simone Tebet militaron la fórmula “Lula” da Silva/Geraldo Alckmin. Esas adhesiones son reveladoras para quien conozca la trayectoria de esas dirigentes y sus verdaderas afiliaciones más allá del discurso ideológico, que es humo. Sumado eso a las alianzas estratégicas del lulismo con Washington y con los grupos mediáticos dominantes, esto es, con la casi totalidad del poder fáctico y del imperialismo globalista, todo parecería indicar que habrá a partir del primer día de enero una traición a la voluntad popular al instalarse un gobierno representativo de los intereses de las minorías privilegiadas, aunque los más de 60 millones de electores que optaron por “Lula” da Silva no votaron nada de eso. Parecería estar delineándose en Brasil una reedición del Frente de Todos argentino y lo único que podría evitar dicha catástrofe sería una sublevación del propio “Lula” da Silva contra las fuerzas oscuras que lo elevaron por tercera vez a la presidencia.

Es imposible saber de antemano si el lulismo va a seguir mansamente la huella que le han marcado desde arriba o si va a retobarse y hacer un gobierno para las mayorías sin cuidado de los condicionamientos que se dio para ganar las elecciones, pero hay claros indicios desde luego que el Frente Brasil de Esperanza es una reedición del ya fracasado Frente de Todos o una suerte de frentetodismo tropical que podrá caracterizarse como una estafa electoral a la voluntad de unos 60 millones de electores si el propio candidato ganador no se sacude el yugo del mandato de los poderosos que garantizaron su triunfo. Para no correr la suerte gris de Alberto Fernández, “Lula” da Silva tendría que traicionar cabalmente a los grandes grupos mediáticos, a la banca privada y al Departamento de Estado yanqui al mismo tiempo, haciendo de su gobierno un gobierno auténticamente popular. ¿Podría el presidente electo de Brasil hacer esa patriada?

Podría, por cierto, pero no sin tener en cuenta los peligros de enfrentar al poder fáctico en Brasil, que son similares a los costos de hacerlo aquí en Argentina y en todas partes, pero con tintes bastante más dramáticos. El último antecedente conocido de un intento de sublevación similar en Brasil se remonta a 1985, año en el que culmina el proceso de apertura y democratización iniciado unos años antes por la dictadura militar. A partir de allí el pueblo-nación brasileño tendría un gobierno civil después de más de dos décadas de un régimen antidemocrático y la euforia se veía en las calles, aunque finalmente nada sería tan fácil.

Conscientes de lo que había ocurrido en la vecina Argentina a partir del triunfo electoral de Raúl Alfonsín en elecciones directas y la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que había surgido en el marco de esa apertura democrática no controlada, los militares de Brasil hicieron una enorme ingeniería política para evitar tener el mismo destino de sus pares argentinos. Al retirarse del poder político la dictadura lo hizo estratégicamente, esto es, controlando el proceso para obtener como resultado una democracia tutelada que jamás se atreviera a volverse demasiado “extrema”. La cúpula militar brasileña sabía que para evitarse un “Nunca Más” en su contra y todas sus consecuencias iba a ser necesario dirigir el proceso de apertura democrática para controlar la sucesión, o más específicamente para definir qué sectores de la política iban a participar de dicha sucesión.

En otras palabras, el gobierno militar saliente del General Figueiredo vio la necesidad de condicionar al gobierno civil entrante para no correr la suerte que habrían de correr los jerarcas militares argentinos en los siguientes meses. Para que esa ingeniería política funcionara fue preciso primero vencer el ímpetu del movimiento popular que clamaba por elecciones directas para presidente de la Nación ya en 1985. El pueblo estaba movilizado en las calles exigiendo esas elecciones directas y los militares no podían permitir el triunfo del movimiento democratizador, puesto que de las urnas podría resultar un Raúl Alfonsín abriendo los archivos con el fin de investigar los crímenes del gobierno militar en 21 años de dictadura.

Entonces los militares impusieron las elecciones indirectas en un colegio electoral donde unos pocos cientos de representantes habrían de definir el destino de los que entonces eran 135 millones de brasileños. Así, pensaban los militares, sería posible construir un gobierno “moderado” en un sentido de perdón y olvido, es decir, un gobierno no interesado en esos “extremismos” que son investigar, juzgar y castigar los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1964 y 1985. Eso es técnicamente una democracia tutelada, o un régimen que con el aspecto democrático conserva la representación de los intereses del régimen que lo precede.

Pero colegio electoral y toda la presión de los militares mediante iban a resultar en casi ningún logro al perfilarse como ganador de las elecciones indirectas Tancredo Neves, el líder del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) que, al parecer, ya tenía pensado hacer emular a Raúl Alfonsín con su propio Juicio a las Juntas abriendo los archivos para determinar judicialmente las responsabilidades de militares y también de los civiles en la dictadura. El nombre de Neves creció y fue asimilado por las mayorías como equivalente al movimiento por elecciones directas en una transferencia: si el pueblo no podía votar para darse un gobierno directamente, se trasladaba ese anhelo al triunfo de Neves en el colegio electoral como si se tratara de lo mismo, pero por distintos medios. En el colegio electoral se llegaba al mismo resultado que en elecciones y así la militancia de las “Directas Ya” se transformó automáticamente en una militancia por el triunfo de Tancredo Neves.

Habiendo hecho una apertura democrática progresiva desde 1982, los militares ya no estaban en posición de simplemente quitar del camino a Neves para impedir su triunfo y entonces decidieron jugar el juego de intrigas de la política para lograr su objetivo por otros medios. Bajo la amenaza de cancelar las elecciones indirectas programadas para enero de 1985 y suspender la apertura democrática arreciando el régimen, las cúpulas militares forzaron al MDB a negociar y ahí le impusieron a José Sarney como candidato a vicepresidente de Tancredo Neves.

Sarney era entonces —y sigue siéndolo, pues todavía vive y está a punto de cumplir sus 93 años de edad— un oligarca del estado norteño de Maranhão, una de las unidades de la federación más pobres y atrasadas, en gran parte gracias a la acción regresiva de las familias oligarcas de las que el propio Sarney es un hijo dilecto. Y así, sin ninguna relación ideológica o práctica con el movimiento plebeyo por la democratización de Brasil luego de dos décadas de régimen militar, Sarney fue impuesto como candidato a vicepresidente por el MDB y fue, por lo tanto, un Geraldo Alckmin de aquellos tiempos.

Lo que nadie sabía entonces es que el poder fáctico brasileño ya había tejido una paciente trama para hacer un silencioso golpe de Estado contra la voluntad popular expresada indirectamente en el colegio electoral. Tancredo Neves ganaría esas elecciones con mucha facilidad con el 73% de los votos (480 sobre 686, contra 180 votos para Paulo Maluf, el candidato más puro de los conservadores), pero jamás llegaría a asumir de hecho el mandato constitucional. Pocas semanas después de ganar las elecciones y en pleno proceso de transición, Tancredo Neves fue internado por un cuadro que erróneamente se diagnosticó como de una apendicitis y nunca más dejó el hospital: murió el 21 de abril de 1985, seis días después de tomar simbólicamente posesión del mandato en su lecho de muerte.

Tancredo Neves no gobernó ni un solo día y le cupo a José Sarney —quien le había sido impuesto a Neves y llegó a ser presidente sin haber sido votado por nadie, directa o indirectamente, precisamente porque Neves llegó a asumir— conducir el primer gobierno civil de Brasil en los próximos cinco años hasta marzo de 1990. No hubo entonces ninguna CONADEP, ni Juicio a las Juntas y mucho menos “Nunca Más” en Brasil. Todos los archivos permanecieron cerrados con José Sarney garantizando el olvido y el perdón deseados tanto por los militares como por sus socios civiles del poder fáctico de tipo económico, quienes habían hecho pingües negocios con la dictadura desarrollista y no eran muy afectos a la idea de una investigación sobre ese periodo histórico que va de 1964 a 1985.

Lejos de ser una conspiranoia, la convicción de que Tancredo Neves fue víctima de un magnicidio para ocultar un golpe de Estado es hoy de sentido común en Brasil. Está clásicamente configurado, al menos desde la óptica del brasileño promedio, un escenario en el que el candidato del poder siempre fue José Sarney y que, por otra parte, en los médicos del Hospital de Clínicas de São Paulo —que tampoco fueron objeto de investigaciones más que superficiales— hay complicidad en el crimen. Neves fue sometido a siete procedimientos quirúrgicos mientras estuvo internado y falleció finalmente el 21 de abril de 1985 a los 75 años de edad. Al momento de morir, Tancredo Neves era dos años más joven que “Lula” da Silva hoy.

Nubarrones en el horizonte

El “método Tancredo Neves”, como se ve, es el ardid sutil de las clases dominantes de Brasil para quitar del camino al inconveniente cuando no es posible hacerlo de otro modo más brutal, algo similar habían hecho ya con Juscelino Kubitschek en un sospechoso accidente de tránsito en 1976 y está claro que “Lula” da Silva deberá cuidarse de dicho método en caso de que opte por la patriada de traicionar a los poderes fácticos que conspiraron para su elección para hacer un gobierno netamente popular. Pero aún logrando sortear ese peligro manteniéndose con buena salud por los próximos cuatro años o al menos asegurándose de no caer en manos de médicos golpistas, el gobierno de “Lula” da Silva ya empieza condicionado no solo por esos poderes fácticos, los grupos mediáticos, la embajada estadounidense y los grandes bancos privados. Además de todo eso el lulismo tendrá por delante un escenario político muy complicado en los frentes interno y externo a la vez.

En el frente interno, “Lula” da Silva asumirá el poder ejecutivo con todo un Congreso hostil en ambas cámaras. El Partido de los Trabajadores y sus aliados coyunturales son minoría tanto en el nuevo Senado como en Diputados y eso significa que en la práctica habrá que hacer enormes concesiones a los sectores opositores para gobernar sin apelar al vulgar decreto, recurso que por otra parte sirve apenas por unos meses y no para cuatro años de gestión. Con un Parlamento hostil y con todos los resortes del sistema armados para limitar al poder ejecutivo, cualquier transformación de la realidad tendría que surgir de un consenso con quienes no quieren realmente ninguna transformación y el resultado de eso normalmente es un gobierno paralizado, impotente y forzado al lugar del comentarista de la realidad mientras todo pasa. Exactamente como el de Alberto Fernández con el Frente de Todos en Argentina.

Además, también en el frente interno, “Lula” da Silva asume la gestión con las principales unidades de la federación — São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Río Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás y el Distrito Federal, ocho de las nueve principales economías del país— bajo el control de gobernadores bolsonaristas. En la totalidad de las regiones sur, sudeste y centro oeste, las más productivas y donde se concentra nada menos que el 80% del producto interno bruto de Brasil, fueron electos gobernadores que o bien son directamente aliados de Jair Bolsonaro o, en el mejor de los casos, son ideológicamente afines a este y hostiles a “Lula” da Silva, configurándose una política territorial muy compleja para el nuevo gobierno lulista. Entre las diez mayores economías del país, el lulismo y sus amigos solo se impusieron en Bahía (7º. puesto en el ranking) y Pernambuco (10º. y último). Todos los demás estados son pobres y con índices de desarrollo humano que se comparan objetivamente a los de países africanos.

En el frente externo las cosas no son mucho más auspiciosas. Al cerrar Jair Bolsonaro un acuerdo con Vladimir Putin en febrero de este año, “Lula” da Silva debió por exclusión alinearse con los Estados Unidos, puesto que el bolsonarismo pegó primero y se subió al carro del orden global multipolar que viene pisando fuerte desde Oriente. Esa es una situación demasiado complicada en tanto y en cuanto el avance de Rusia por Europa y el de China por África ponen presión en Washington hacia un repliegue estratégico sobre lo que los yanquis llaman con desparpajo su “patio trasero” a partir de la Doctrina Monroe. Alinearse hoy con los Estados Unidos, desde el punto de vista de Brasil, sería una forma de desentenderse del BRICS para funcionar como un peón en la estrategia de los estadounidenses en su guerra contra los emergentes orientales. Nada de eso podrá caer simpático en Moscú ni en Nueva Delhi, pero mucho menos aún en Beijing, puesto que China es muy dependiente de los productos del agronegocio de Brasil, fundamentalmente de la soja que en China se convierte en proteína en la nutrición animal para darles de comer carne a 1.400 millones de personas.

Y si los yanquis operaron para que gane “Lula” da Silva, es una obviedad la de que vendrán inmediatamente a cobrar el favor del que se hicieron acreedores, a menos que lo hayan hecho por una legítima preocupación con el medioambiente y la democracia, cosa que incluso el más inocente de los hombres sabe que no es real. Cuando los Estados Unidos se meten en la política nacional de un país, sea el que fuere, es con el fin de asegurar un alineamiento automático a nivel de “relaciones carnales” del nuevo gobierno a sus intereses. Beijing observa con preocupación las probables consecuencias de ese alineamiento y le advierte a Brasilia que el BRICS es prioritario en la política exterior de los países miembros del bloque. ¿Cómo hará el frentetodismo brasileño para hacer equilibrio de esa prioridad geopolítica propia con los intereses de los yanquis que ayudaron a derrotar a Bolsonaro?

En todo caso y ya de movida, a partir del triunfo de “Lula” da Silva los Estados Unidos se hacen del recurso necesario para hacer triunfar en Argentina a su agente, que es Sergio Massa, sin la necesidad de meter mano en el bolsillo propio. Por su magnitud económica, Brasil tiene la capacidad de convertir a la Argentina en un vergel florido en cuestión de unas pocas semanas, basta con orientar hacia aquí algunas inversiones y direccionar importaciones para que eso ocurra. De hecho, el único país más o menos serio que importa de Argentina productos con cierto valor agregado y no alimentos o materias primas es Brasil y con tan solo el incentivo fiscal esas importaciones pueden multiplicarse inmediatamente varias veces, con un decreto presidencial que modifique los aranceles en Brasil sobre la importación de productos argentinos ya ingresan aquí miles de millones de dólares y se crean miles de empleos industriales. Exactamente lo que Massa necesita para estabilizar nuestra economía, convertirse en héroe y ganar sin despeinarse las elecciones de 2023.

Esas son las cuestiones del momento en Brasil, que se resumen en una sola pregunta, la que debimos haber hecho los argentinos en octubre de 2019 y nos abstuvimos: ¿Quién ganó realmente las elecciones en Brasil? ¿Qué versión de “Lula” da Silva será la verdadera luego de haber salido de la cárcel viendo cómo misteriosamente se suspendía el lawfare en su contra con la anulación de sus condenas judiciales? Este es un momento de alegría para los militantes y los simpatizantes del lulismo que ganaron las elecciones y es comprensible, pero no les conviene olvidar a ellos ni a nosotros que después de eso llega la hora de ser gobierno. Les tocará asumir esa responsabilidad en aproximadamente seis semanas y ese es un lugar donde el que gana en las urnas aprende, mucho más temprano que tarde, que es fácticamente imposible quedar bien con Dios y el diablo a la vez, por lo que la respuesta al interrogante empezará a aparecer ya el 1º. de enero de 2023. De no proyectarse la sombra de Tancredo Neves sobre su figura, “Lula” da Silva volverá a sentarse en el sillón y será así el primer hombre en gobernar tres veces al país más grande de nuestra región, uno de los más grandes del mundo. Solo resta saber quién será ese “Lula” da Silva.

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