Podría justificarse de mil distintas maneras la euforia que se apoderó de la mayoría del pueblo-nación argentino en octubre de 2019 al finalizar el proceso electoral que, con el triunfo del Frente de Todos, desplazó del poder político a Mauricio Macri luego de cuatro años de un desgobierno monumental. Una de las formas de justificar esa euforia sería la perspectiva que en esos días existía alrededor de la asunción de Alberto Fernández, a quien tanto la política como los medios presentaban como un “moderado” que teóricamente traía la posibilidad de un gobierno de reconstrucción nacional con cierre de grieta, un gobierno de consenso orientado por racionalidad de la atención de las necesidades de las mayorías populares y la defensa del interés nacional mucho más allá de las intrigas políticas entre el kirchnerismo y el macrismo duros. El argentino estaba esperanzado en medio a un escenario devastador y esa esperanza se materializó entonces en la figura de Alberto Fernández.
Con la euforia vino la alegría por el resultado electoral y se siguió la no formulación de la pregunta fundamental de aquellos días: ¿Quién iba a pagar los platos rotos de la colosal deuda dejada por Macri y del daño social que ese endeudamiento dejaba? Entorpecidos por el alivio de la despedida de un gobierno que a esa altura ya se percibía como un escollo a la realización del proyecto común de las mayorías, muchos perdieron momentáneamente de vista el hecho de que Alberto Fernández no había ganado en rigor nada más que el derecho a recibir a modo de herencia un descomunal pasivo económico y social, además de la responsabilidad de desactivar la bomba que el gobierno macrista saliente iba dejando al retirarse.

Eufórico y alegre, esperanzado en definitiva, el argentino se abstuvo de cuestionar. Y nadie quiso saber quién iba a pagar la fiesta del macrismo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los 44 mil millones de dólares contraídos en empréstito que la Argentina no estaba entonces y tampoco está hoy en condiciones de pagar. El cuestionamiento quedó sofocado y eso finalmente significó un enorme problema, pues el cuestionamiento en sí era todavía más profundo. Nadie se preguntó en esos días si la deuda macrista se iba a pagar con imposiciones sobre las clases dominantes que apoyaron a Macri o con ajustes contra las clases populares medias y trabajadoras que lo habían padecido. Eso equivalía a preguntarse, en realidad, qué sector del Frente de Todos iba a “tener la manija” para gobernar en la práctica. Más allá de la “unidad” declamada ideológicamente con el fin de ganar las elecciones, la cuestión en octubre de 2019 se resumía a saber a ciencia cierta quién había ganado realmente aquellas elecciones, pero nadie quiso saberlo.
Para quienes ven la realidad en dos dimensiones se trata de una pregunta más bien estúpida, está claro que las elecciones de 2019 las ganó Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner como su vicepresidente y Sergio Massa en el lugar del control del Parlamento. En octubre de 2019 ganó en primera vuelta con el 48% de los votos el Frente de Todos y allí no hay ninguna duda. Las dudas, se sabría más tarde, estarían en definir qué cosa era y es el Frente de Todos en sí mismo, o bien qué es en la práctica un gobierno de coalición entre intereses contradictorios que se unen en una determinada coyuntura con el solo fin de derrotar electoralmente a un tercero. El Frente de Todos ganó las elecciones y hoy, casi tres años después de la asunción de Alberto Fernández, nadie puede decir con seguridad quién las ganó realmente porque nadie sabe quién gobierna.
Los que, por el contrario, ven la realidad en tres dimensiones y desde el reverso de la trama supieron desde siempre que el Frente de Todos era una cosa demasiado heterogénea, una alianza contra natura que se creó así para lograr un objetivo electoral y no mucho más que eso. Es fácil juntarse para ganar elecciones, basta con acordar entre pocos en una mesa chica acerca de la composición de las listas de candidatos. El problema es que esas “unidades” entre dirigentes que representan intereses contradictorios en su praxis política encuentran su límite en la gestión. ¿Adónde ir después de haber triunfado en las urnas?

Claro que el enigma sobre la real naturaleza del gobierno del Frente de Todos se resolvió en el tiempo al observarse los actos concretos de la gestión de Alberto Fernández y la respuesta fue que ganó las elecciones de 2019 la facción representativa de los intereses de las minorías privilegiadas. Con su inacción y con otros movimientos muy extraños para quien gritaba en campaña la necesidad de “volver a poner el asado en la mesa de los argentinos”, Fernández le demostró rápidamente al que sabía observar la política que con el Frente de Todos como nombre de fantasía había triunfado en realidad el poder fáctico.
¿Fue esa una estafa electoral? Depende. Si se concluye que hubo desde el vamos en el seno del Frente de Todos una parcialidad que intentó y no pudo capturar el poder político para hacer algo distinto a lo que finalmente hizo Alberto Fernández, entonces no hay una estafa sino una derrota, la de haber hecho una alianza para ganar las elecciones y no haber logrado luego hacerse con el poder político en una interna con los socios electorales. El Frente de Todos solo podría caracterizarse como una estafa electoral si quedara demostrado el dolo, el que esa parcialidad legítimamente reformista nunca existió, es decir, que jamás hubo de una parte de los socios de la coalición la voluntad real de disputar el poder después de las elecciones para hacer algo distinto. Pero eso es difícil de demostrar.

Entonces solo queda concluir que el Frente de Todos ganó como marca de fantasía y que luego, una vez ya con el poder en el Estado, se impuso en la interna la facción antipopular sobre las demás facciones implicadas. Eso equivale a decir que las elecciones del 2019 realmente las ganó el poder fáctico con el disfraz de una expresión popular. Algo parecido puede pasar hoy en Brasil donde, en un esquema a todas luces frentetodista, Luiz Inácio “Lula” da Silva logró derrotar a Jair Bolsonaro en un ajustado ballotage por poco más de un punto porcentual o dos millones de votos sobre casi 150 millones. Pero para conseguir esa hazaña fue necesario hacer alianzas contra natura con prácticamente todos los enemigos de los intereses permanentes del pueblo-nación brasileño y aquí empieza precisamente el problema del nuevo gobierno de Brasil, que es el problema del gobierno de Argentina y el de todos los países donde la política se resuelve mediante la construcción de frentes electorales diseñados para ganar las elecciones y después ver qué pasa.
Frente de Todos de los trópicos
Ese esquema frentetodista que “Lula” da Silva utilizó para derrotar a Jair Bolsonaro incluyó para empezar la imposición de Geraldo Alckmin, uno de los dirigentes más claramente representativos de los intereses antipopulares de las élites brasileñas, o de lo que vulgarmente allí se suele llamar la “derecha”. De haber sido argentino, Alckmin sería tal vez una mezcla entre Sergio Massa y Mauricio Macri, tanto por la representación de los intereses del poder fáctico de tipo económico —de los que siempre fue uno de los dirigentes más puros en la política— como por su cercanía a las élites globales y globalistas del atlantismo occidental. A Alckmin se lo ubicó directamente en el lugar de vicepresidente, un lugar que sería muy estratégico si se corroborara la hipótesis que se analiza más adelante en este texto, la del magnicidio como método sutil para disimular un golpe de Estado silencioso.
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